Un análisis de cómo ha evolucionado el tratamiento del cambio climático por parte del Gobierno español en los últimos años. ¿Existe un verdadero compromiso?
El 1 de diciembre se publicó la nueva Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) de España (la anterior era de 2013 y, por tanto, publicada por el mismo Gobierno) y lo cierto es que sorprende ver cómo ha evolucionado el tratamiento del cambio climático en cinco años.
La anterior estrategia cuasi menospreciaba el desafío del cambio climático al definirlo como un mero "factor potenciador de amenazas", y al no incluirlo ni como riesgo, ni como amenaza ni en ninguna línea de acción para terminar con un problema de magnitud global. Resultaba curioso ver que mientras una consecuencia del cambio climático como la vulnerabilidad energética, los flujos migratorios o el aumento de catástrofes eran consideradas "amenazas", el motor de éstas no era considerado como tal.
La nueva estrategia, sin embargo, aporta algo de coherencia y cordura a este tema. Además de ser mucho más sólida y larga que la anterior (tiene el doble de páginas), el cambio climático es mencionado en numerosas partes del documento como un desafío junto con los movimientos migratorios, las epidemias o la inestabilidad económica. Incluso se ha incluido el medio ambiente como una de las 15 líneas de acción estratégica en el ámbito de la seguridad nacional, destacando la necesidad de profundizar en el cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco de la UE en la lucha contra el cambio climático y de fortalecer la lucha contra las agresiones al medio ambiente.
También es una buena noticia la relación entre cambio climático y seguridad que hace la ESN. Esta relación, que a menudo ha sido despreciada desde el realismo teórico, es cada vez más evidente si utilizamos conceptos como el de seguridad humana, popularizado en un informe del PNUD de 1994, y en el que el referente de la seguridad no es el Estado, sino las personas, que necesitan de seguridad económica, política, personal, alimentaria, sanitaria, medioambiental y en la comunidad para sentirse seguras. Si bien la ESN no hace referencia a la seguridad humana, sí que menciona la relación entre cambio climático y la degradación de los recursos hídricos o su impacto a nivel político, económico y social, todas ellas dimensiones del concepto de seguridad humana. Que la preservación de la biodiversidad también esté incluida como un reto importante para la seguridad dentro de la ESN es revolucionario para un país como España, que poco se ha preocupado por el medio ambiente y mucho menos de su relación con la seguridad. De hecho, un informe de Ecologistas en Acción de 2016 constataba que España solo había implementado parcialmente 14 de las 37 acciones establecidas en la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad hasta 2020 (firmado en 2011), que a su vez tiene como objetivo cumplir con las conocidas como Metas de Aichi acordadas en 2010 para preservar el deterioro de la diversidad biológica.
En su capítulo 4, la estrategia distingue entre amenazas y desafíos a la seguridad nacional española. Mientras entre las amenazas se incluyen aquellas que comprometen o pueden socavar la seguridad nacional —como los conflictos armados, el terrorismo o el crimen organizado—, los desafíos (según la ESN) son los que incrementan la vulnerabilidad o pueden provocar el surgimiento de amenazas. Así, deducimos por tanto que un conflicto como el de Siria o la proliferación de armas nucleares en Corea del Norte, que ocurren a miles de kilómetros de nuestro país, son una amenaza para la seguridad nacional española, pero el cambio climático, que ya produce en España muertes (por olas de calor, contaminación…), incendios, sequías, un aumento de la dependencia energética y millones de pérdidas económicas, es solo un desafío y no una amenaza con consecuencias que ya están sintiéndose.
Para más inri, después de leer en distintas partes de la estrategia que el cambio climático es un desafío, decepciona llegar al capítulo 4 y constatar que, en realidad, los desafíos son "los efectos derivados del cambio climático", y no el cambio climático en sí. Por tanto, nos encontramos en esta parte de la ESN sin saber si el cambio climático es un desafío, o lo son sus consecuencias (movimientos de población, aumento de enfermedades, aumento de la desertificación, etcétera). Y más curioso resulta ver cómo el cambio climático en España sigue analizándose desde el Gobierno como algo que tiene grandes consecuencias "globales" y que puede aumentar la competencia por el acceso a los recursos "en regiones como África o Asia-Pacífico". Esto nos lleva a preguntarnos si las movilizaciones y protestas en España pidiendo "Agua para Todos" en Murcia o “No más trasvases” en Cuenca, que veíamos hace unos años y que ahora siguen a través de organizaciones como el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) o la Fundación Nueva Cultura del Agua no serán en realidad una manifestación de la lucha por un recurso limitado como es el agua, y que escasea, entre otras muchas razones, por el cambio climático.
Dice la nueva estrategia que el cambio climático "ocupa un lugar propio en la visión de España como actor internacional y en los compromisos asumidos en el Acuerdo de París en materia de reducción de gases de efecto invernadero". Y habría que preguntarse si el interés por el cambio climático que parece haber surgido recientemente es efectivamente un interés genuino por convertir a España en un actor de peso a nivel regional (no digamos internacional, que tampoco es necesario ser tan ambiciosos), o más bien ese interés surge de una presión constante que proviene de la Unión Europea, quien sí es, de esto no hay duda, actor internacional líder en negociaciones climáticas.
Así, no podemos olvidar el contexto en el que España aprueba esta nueva estrategia: dos años después de la firma del Acuerdo de París, y con una creciente presión por parte de la UE, que se ha comprometido a reducir en un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. La Unión Europea quiere seguir siendo un líder en las negociaciones climáticas, mucho más ahora que Estados Unidos ha vuelto a su tradicional unilateralismo en la lucha contra el cambio climático, después de que Donald Trump haya manifestado su intención de sacar a EE UU del Acuerdo de París. Y la Unión ejerce esa presión constante a los países menos proactivos con la reducción de emisiones y con el aumento de la energía renovable (caso de España, República Checa, Polonia o Rumanía), porque el liderazgo europeo depende en gran parte de que sus miembros sean capaces de cumplir con sus compromisos.
En este sentido, dice la ESN que es importante cumplir y reforzar los compromisos asumidos en organizaciones multilaterales y acuerdos como el de París, y para ello se está elaborando la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que debería llevar a España a luchar de forma seria (y no de perfil) contra el cambio climático. Por ejemplo, el país lleva tres años aumentando sus emisiones de gases de efecto invernadero (principalmente por el incremento en la importación de fósiles) y permitiendo un mínimo aumento en la producción de energías renovables. Otro dato que hace dudar del interés genuino de España en la lucha contra el cambio climático es la sonrojante actuación del Ministerio de Energía ante la reciente intención de Iberdrola de cerrar sus plantas de carbón en línea con el compromiso de reducción de emisiones de CO2 de la compañía y de su apuesta por las energías renovables. En vez de aplaudir la decisión de la compañía, el Ministerio se ha propuesto hacer todo lo posible por evitar su cierre, aludiendo a que esto incrementaría el precio de la luz en 2,5 euros por familia al año. Así, además de admitir el ministro que el Gobierno no piensa que sea necesario eliminar las centrales de carbón, se ha enviado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia un borrador de real decreto que endurece las condiciones para la clausura de instalaciones eléctricas y a través del que podría denegar el cierre si tiene un efecto negativo en el suministro o provoca subidas en el precio de la electricidad.
Está bien recordar en estos casos algunos de los costes económicos de no luchar contra el cambio climático (por no hablar de los costes medioambientales o el número de enfermos crónicos con patologías relacionadas con la contaminación). Por ejemplo, el coste de las 13.119 muertes por olas de calor entre 2000 y 2009 ascendió a 1.093 millones de euros, el de extinguir un gran incendio es de unos 50.000 euros la hora (y llevamos 52 incendios de este tipo en 2017), la restauración (sin incluir reforestación) de la superficie quemada solo este año nos podrían costar 900 millones de euros, y las pérdidas provocadas por las sequías han alcanzado ya los 3.629 millones de euros en 2017. Por tanto, el Ministerio de Energía quizá haría un bien a la economía española apostando decididamente por el cierre de las plantas de carbón, como han hecho otros Estados al unirse a la Alianza Global para Eliminar el Carbón que han presentado Reino Unido y Canadá en la reciente Cumbre del Clima de Bonn.
Finalmente, la ESN aporta otro dato de nuevo sorprendente en un Gobierno decidido a liderar la lucha contra el cambio climático. El Consejo de Seguridad Nacional es presentado en el documento como el órgano encargado de dirigir y coordinar las actuaciones de gestión de crisis, y está compuesto por el Presidente del gobierno, los vicepresidentes, 10 ministerios y otros representantes. Es evidente que la lucha contra el cambio climático debe ser transversal y debe provenir de distintos ministerios (como el de energía, el de sanidad, el de economía o el de justicia), pero lo que no es tan evidente es que entre los ministerios con representación permanente en el Consejo de Seguridad Nacional no esté presente el de Medio Ambiente, máxime cuando una de las 15 líneas estratégicas de la ESN es precisamente la preservación del medio ambiente. Está claro que, a pesar de los avances, las palabras siguen yendo por un lado y las acciones por otro.
