La guerra en Sudán del Sur ha hecho que la ONU declare que 100.000 personas están padeciendo una hambruna y otros 5,5 millones están en peligro de padecerla. Es necesario que se establezcan los parámetros para un alto el fuego. Además, hay que mantener abiertos los corredores humanitarios desde Sudán y los donantes deben dar todo el dinero que pide la ONU para ayuda.
A medida que las guerras en Sudán del Sur, desde su comienzo en diciembre de 2013, se han fragmentado y extendido, la crisis alimentaria se ha agravado y ampliado también. Más del 40% de la población sufre una inseguridad alimentaria grave, un 60% más que en esta misma época del año pasado. El 20 de febrero, la ONU declaró que alrededor de 100.000 personas viven ya en condiciones de hambruna en los condados de Leer y Mayendit. Pero otros 5,5 millones corren el mismo peligro si no se toman medidas urgentes para reducir los conflictos y permitir que los trabajadores humanitarios presten ayuda más seguros.
Las disputas entre las distintas facciones han provocado desplazamientos masivos, que, a su vez, impiden que se practique la agricultura; además, los saqueos y los robos de ganado han destruido el modo de vida de mucha gente. Entre la población civil, existen aproximadamente 1,9 millones de desplazados internos, 224.000 de los cuales han huido a las bases de las fuerzas de paz de la ONU. Otro, 1,6 millones, han buscado refugio en los países vecinos. La depreciación de la moneda, la hiperinflación y la inseguridad hacen que el comercio se desplome y los precios de los alimentos se disparen.
Buscar una solución para esta crisis humanitaria es increíblemente costoso. En su llamamiento de este mismo año, la ONU pidió 1.600 millones de dólares (unos 1.400 millones de euros); hasta ahora, solo ha recibido 439 millones. Asimismo, ayudar a la gente que está pasando hambre es peligroso: han muerto de forma violenta 82 trabajadores humanitarios. Si no se toman decisiones políticas más audaces para acabar con los combates, los miembros de las organizaciones humanitarias seguirán estando en primera línea de los innumerables conflictos internos y, con sus vidas en peligro y unos presupuestos cada vez más escasos, podrán hacer cada vez menos para satisfacer unas necesidades en aumento.
Para mitigar los peores efectos de las guerras, el órgano supervisor del proceso de paz —la Comisión Conjunta de Vigilancia y Evaluación (JMEC por sus siglas en inglés)— y sus interlocutores deben apoyar la aplicación del alto el fuego, el diálogo local y las negociaciones entre el Gobierno y las facciones beligerantes. No obstante, para prevenir la hambruna mientras tanto, es necesario dar todos los fondos solicitados en el llamamiento humanitario. Para asegurarse de que la ayuda llega a los más necesitados, es preciso que todas las partes eviten politizarla. Y, por último, hay que mantener siempre abiertos los dos corredores humanitarios existentes desde Sudán, además de abrir un tercero.
La guerra civil en Sudán del Sur
Los orígenes y las dinámicas de los conflictos que se extienden por Sudán del Sur son muy variados. Al principio de la guerra, había dos grandes bandos: por un lado, el Gobierno y sus aliados, y, por otro, el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán y el Ejército Popular de Liberación en la Oposición (SPLM/A-IO por sus siglas en inglés), con sus grupos asociados. A pesar de la firma, en agosto de 2015, del Acuerdo sobre la Resolución del Conflicto en la República de Sudán del Sur (ARCSS), las disputas continúan creciendo y los grupos de la oposición están cada vez más fragmentados y localizados. El Gobierno ha ofrecido la amnistía a algunos grupos armados, mientras que mantiene la presión militar sobre otros. Aunque los políticos extranjeros han intentado reaccionar teniendo en cuenta todos estos matices, en la comunidad internacional predomina la inercia política.
Por suerte, hay relativamente pocas zonas en las que los combates sean constantes, porque la dinámica militar tiende a interrumpir las luchas durante meses seguidos. Como consecuencia, la mayoría de los desplazados internos y otros civiles se encuentran en campamentos relativamente estables o en otro tipo de refugios, y los trabajadores humanitarios pueden proveer los servicios esenciales. Sin embargo, muchas de las situaciones más graves se producen en zonas de conflicto permanente, en las que se convierte a la población civil en blancos deliberados y se crean las condiciones para que haya una hambruna. Las partes en conflicto suelen considerar a los civiles como elementos indisolubles de la base de apoyo económica, política y social del enemigo. Esa actitud es en especial evidente durante los incidentes violentos por motivos de venganza, en los que no se trata a los civiles como personas a las que hay que proteger sino como miembros de un grupo armado. Después de las operaciones militares del Gobierno y emboscadas contra vehículos oficiales, es frecuente que los soldados tomen represalias contra la población civil. Asimismo, los rebeldes han atacado en ocasiones a personas pertenecientes a otras comunidades étnicas.
La proliferación y la fragmentación de los grupos rebeldes hacen que estas guerras tengan unas características cada vez más locales. La estrategia del Gobierno consiste en presionar militarmente a los diversos grupos para llegar a un acuerdo político. La experiencia de sus responsables en los veinte años de lucha de liberación con el Gobierno de Jartum hace que crean que el desgaste terminará por crear las condiciones necesarias para una solución política. Están dispuestos a aguantar el tiempo que haga falta para llevar el conflicto en una dirección que consideran previsible, aunque con un calendario incierto.
Como los grupos de la oposición están divididos y multiplicados, a menudo, la máxima autoridad rebelde de una zona es el jefe que manda a las tropas sobre el terreno. El Gobierno, en ocasiones, coopta a algunos antiguos líderes, y eso suele producir divisiones en las comunidades y, como consecuencia, una situación todavía más caótica, como ocurre en Mayendit, uno de los condados asolado por la hambruna.
La crisis causada por el hombre en el estado de Leich del Sur
Los habitantes de los condados de Leer, Mayendit y Koch, en el estado de Leich del Sur (el antiguo estado de Unidad), han sido víctima de numerosos depredadores desde que comenzó la guerra civil. Al principio, lo que desencadenó la crisis fueron los abusos por parte de ambos ejércitos y sus aliados. En el último año, el número de facciones beligerantes se ha multiplicado, a medida que el Gobierno ha intentado crear escisiones en la coalición rebelde. El resultado es un gran número de grupos armados, en su mayoría alineados, teóricamente, o con el Ejército gubernamental (El Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán, SPLA) o con una facción del SPLA en la oposición. Sin mando técnico ni control, los asaltos y los saqueos abundan, destruyen comunidades enteras y complican aún más la búsqueda de soluciones políticas locales. Los grupos armados atacan repetidamente a la población civil y le arrebata los bienes de producción, las ciudades no son seguras, y los mercados de comida están destrozados. La inseguridad limita la capacidad de las organizaciones humanitarias de llevar a cabo sus actividades.
La dinámica de género en la violencia hace que las familias y las comunidades tengan que tomar decisiones imposibles para alimentarse a sí mismas y a sus hijos; en estos condados, más del 30% de los niños están malnutridos. Para los hombres es muy peligroso viajar para buscar comida, porque es frecuente que, si se encuentran con fuerzas del otro bando, estas les disparen sin más. Por eso las mujeres se ven obligadas a asumir grandes riesgos por sus familias. En su caso, cuando se encuentran con fuerzas enemigas, es habitual que sufran agresiones sexuales de una violencia espantosa, pero tienen más probabilidades de sobrevivir. Las mujeres que han huido de los combates en unidad hacia la base de la ONU en Bentiu han sido violadas por soldados de varios grupos armados distintos, incluidos algunos del mismo bando al que ellas apoyaban. La violencia en el sur del estado de Leich ha empujado a muchos hacia los pantanos meridionales a orillas del río Nilo, en los que no hay alimentos y atreverse a buscarlos es arriesgarse a ser atacados.
Una sequía y unos problemas económicos agudizados por la guerra
Aparte de Leich del Sur, hay otras zonas, incluso pacíficas como la región de Aweil, al norte, en la frontera con Sudán, que se encuentran en riesgo de hambruna, no solo como consecuencia de la sequía (tanto en Sudán del Sur como en otros países vecinos) y otros obstáculos relacionados con el clima, sino también debido a los combates en otras partes del país. La economía de Sudán del Sur sufrió un drástico deterioro en 2016, con las dificultades del Gobierno para contrarrestar la caída mundial de los precios del petróleo al mismo tiempo que contraía enormes deudas para financiar la guerra. El resultado fue la hiperinflación, mientras que los combates en lugares como Equatorias, hasta entonces pacífico, contribuyeron a que la producción de alimentos descendiera en todo el país, entre febrero y abril de 2017, un 40% respecto al mismo periodo del año anterior. Más en general, la inseguridad ha aumentado los costes tanto para los comerciantes como para los trabajadores humanitarios. Los más pobres, que ya vivían al límite, ahora se encuentran además con la escasez de alimentos por las precipitaciones irregulares y la enorme subida de los precios por la poca comida que se encuentra en los mercados.
Tras largas negociaciones con Jartum, las organizaciones humanitarias abrieron dos de los tres corredores propuestos desde Sudán para intentar que hubiera más alimentos importados y reducir el coste de llevar la ayuda alimentaria a las zonas fronterizas del país. La cooperación de Sudán es el resultado tangible y positivo de dichas negociaciones, en las que Estados Unidos se comprometió a rebajar las sanciones. Ahora es prioritario abrir un tercer corredor para llevar alimentos a Aweil.
Acceso humanitario
En ocasiones, las partes del conflicto han tratado de usar la ayuda humanitaria para adquirir poder sobre las poblaciones civiles, presionando a las organizaciones de cooperación para que lleven alimentos a las zonas que controlan. Otras veces, se han negado a interrumpir la lucha para permitir el acceso a esas poblaciones. Muchos combatientes creen que la ayuda no solo favorece a los civiles sino también a las tropas del bando enemigo, por lo que tanto el Gobierno como los grupos de oposición crean impedimentos burocráticos que complican la actuación de sus trabajadores. Aun así, Sudán del Sur es uno de los pocos países en guerra en la que las organizaciones humanitarias pueden negociar el acceso y a menudo obtenerlo.
No es nada fácil. Además del Gobierno, en las negociaciones deben participar los países vecinos y docenas de jefes rebeldes. Sin embargo, en parte gracias a la presión conjunta de los vecinos —Sudán, Etiopía, Kenia y Uganda— y de Estados Unidos, China, la Unión Africana (UA) y la ONU, todas las partes del conflicto han asumido el principio del acceso imparcial de los trabajadores humanitarios.
Y eso es una prueba más de que el principal obstáculo es la guerra, además de ser la causa de la hambruna. En las zonas con enfrentamientos activos, las organizaciones humanitarias son objeto de saqueos y acosos. A menudo tienen que evacuar a sus trabajadores, que no reciben de los beligerantes la protección especial a la que tienen derecho y que previamente han negociado con el Gobierno y los líderes rebeldes. A veces se les prohíbe directamente el acceso a determinados lugares durante los combates e inmediatamente después, lo cual hace que la ayuda sea insuficiente o se retrase. Algunos habitantes que huyen de la violencia constante no pueden permanecer en un mismo sitio el tiempo suficiente para recibir ayuda prolongada.
Además existen otros obstáculos. No es posible llevar alimentos a las áreas de conflicto con antelación, porque los roban. Para algunos rebeldes, los grupos humanitarios son los únicos contactos internacionales. En unos cuantos casos, los trabajadores humanitarios han hecho de mediadores anónimos en acuerdos locales de alto el fuego para poder distribuir la ayuda. Las negociaciones cuestan tiempo y dinero, pero las opciones más costosas, en general, sí pueden garantizar la seguridad de los cooperantes. Por ejemplo, en ciertos casos no es posible asegurar el acceso a la primera línea de frente, de modo que es necesario entregar la ayuda desde el aire, un método más caro. En esta época en la que los presupuestos disminuyen, las concesiones afectan directamente al número de personas que van a poder recibir ayuda. Por consiguiente, es imperativo que el llamamiento humanitario de la ONU cuente con todo el dinero que necesita.
Parálisis política internacional
Después de los enconados combates de julio de 2016 en Juba, los actores internacionales intentaron cambiar la dinámica del conflicto y lograr la paz interna. Aunque, en general, el consenso político es apoyar al Gobierno, ha habido pocos compromisos reales, aparte de las instituciones internacionales que intervinieron en el acuerdo de paz de 2015. La mayor parte del dinero de los donantes se destina a los organismos internacionales de paz y vigilancia del alto el fuego, que tienen relativamente poca repercusión, mientras que el dinero para las instituciones de Sudán del Sur, como la Comisión Militar Conjunta para el Alto el Fuego, es casi inexistente. Sudán del Sur no tiene soluciones sencillas, y, para avanzar hacia una paz real, son necesarios acuerdos entre las distintas partes del conflicto y entre los actores internacionales y el Gobierno. Dada la gran cantidad de facciones, es muy probable que la paz se consiga a escala local, con buenos resultados en unas zonas y estancamiento en otras. El problema es que, aparte de los vecinos inmediatos del país, hay escasa voluntad de apoyar el diálogo local para promover la paz, la reconciliación ni el acceso humanitario.
Las últimas declaraciones del presidente Salva Kiir y el Gobierno, en apoyo del diálogo y un alto el fuego unilateral, constituyen un cambio retórico positivo. Sin embargo, la puesta en práctica es técnicamente compleja y exige que haya verdadera voluntad política y una ayuda directa de la comunidad internacional. Si se dan esas condiciones, quizá sería posible mitigar los efectos de la crisis actual, siempre que no sea en detrimento de la financiación y los esfuerzos necesarios para las operaciones humanitarias.
Los representantes de la ONU y los diplomáticos de fuera de Sudán del Sur han pedido a los máximos responsables que alcancen un alto el fuego. Pero no han propuesto ideas realistas sobre cómo podría negociarse entre el Gobierno y las distintas facciones de la oposición, y tampoco se está haciendo nada tangible en ese sentido dentro del país. Hasta ahora, lo que más ha interesado es cómo un alto el fuego podría facilitar temporalmente el acceso humanitario. Eso estaría muy bien pero, por definición, tendría una utilidad limitada. Cualquier tregua, ya sea nacional o local, debe entrar en vigor de tal manera que cree las condiciones para el diálogo, con el objetivo de que sea duradera.
Qué hace falta
Para prevenir que se agrave la hambruna y la catástrofe humanitaria en general, es urgente que se tomen algunas medidas. Los donantes deben proporcionar todo el dinero necesario para cumplir el llamamiento humanitario de la ONU.
Sudán y Sudán del Sur han de mantener abiertos y aumentar los corredores humanitarios.
Las partes interesadas, tanto nacionales como internacionales, tienen que evitar que se politice la ayuda humanitaria y respaldar a las organizaciones de ayuda en sus esfuerzos para llevar auxilio a la población civil en lugares en los que esta se sienta segura, con arreglo a un acceso imparcial negociado, y abstenerse de usar la situación humanitaria para influir políticamente.
Con el fin de apoyar al presidente Kiir en su compromiso de anunciar pronto un alto el fuego unilateral y exigirle que cumpla su palabra, el Comité Conjunto de Vigilancia y Evaluación (JMEC) y sus socios deben ofrecer ayuda técnica al Gobierno para desarrollar las modalidades de evaluación, de modo que sea posible ampliar ese alto el fuego a los grupos de la oposición y la tregua acabe siendo permanente.
Los socios de Sudán del Sur deben respaldar el diálogo a nivel local y las negociaciones entre el Gobierno y las partes beligerantes.
El artículo original ha sido publicado en International Crisis Group.
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia
