Una Unión Europea con mayor diversidad ideológica en el Consejo y en la Comisión, con un Parlamento dispuesto a dejarse oír a ambos lados del espectro ideológico, generará más negociación política en un momento complejo debido al Brexit y al actual contexto internacional.
Probablemente la última elección de los altos cargos de la UE de 2019 haya sido la más larga y polarizada vista hasta ahora. Jornadas de negociaciones interminables que tuvieron que ser ampliadas más allá de lo inicialmente previsto. El resultado de estas reuniones no fue satisfactorio ni para los grupos en el Parlamento Europeo ni para los ciudadanos que habían ido a votar a estos representantes. Lejos de haber realizado un ejercicio de profundización democrática, los gobiernos de los Estados Miembros reunidos en el Consejo Europeo optaron por nominar a una persona que no se encontraba entre los Spitzenkandidaten designados por las familias políticas europeas. La causa de tal fractura, la ausencia de una mayoría clara para ninguno de los candidatos originales. La alternativa menos mala, según el criterio del Consejo, fue la elección de una outsider del proceso, la Ministra de Defensa Alemana, de la familia popular. La elección, obviamente no gustó ni a Verdes ni a la Izquierda, puesto que, a pesar de que socialistas y populares habían perdido por vez primera el control de la cámara, sin embargo, no sólo seguían fuera de los principales puestos, sino que continuaban fuera del proceso de toma de decisión al no contar con votos en el Consejo.
Esta decisión generó en sí misma una ruptura entre dos legitimidades enfrentadas, la que representa los intereses de los Estados Miembros, el Consejo y la que representa los intereses de los ciudadanos, el Parlamento. Quedaba en las manos de los líderes, Estados y grupos parlamentarios que ambas convergieran y ofrecer una imagen de solidez institucional y democrática al nombramiento de Von der Leyen. Algunos autores como el politólogo holandés Cas Mudde se atrevieron a pronosticar que esta opción podría llegar a favorecer, aún más, el crecimiento del euroescepticismo entre la ciudadanía europea en tanto en cuanto, se podía entender como una ausencia de potestas por parte del Parlamento elegido de manera directa por los ciudadanos. Ese fue precisamente el argumento empleado por la formación de extrema derecha Alternativa por Alemania para criticar esta opción.
La candidata a presidir la Comisión se enfrentaba a una situación sin precedentes. Tenía que dar su discurso programático para el nuevo ciclo político con una incertidumbre aún mayor a la que se enfrentó Jean-Claude Juncker en 2014. El resultado de la votación final iba a depender de lo que dijera en la cámara y su habilidad para convencer al mínimo de diputados indispensable para alcanzar la mayoría en el Parlamento. Finalmente lo consiguió gracias a las concesiones realizadas a socialistas y liberales, eso sí, con el margen de votos más ajustado de la historia, 383 votos a favor, 327 en contra y 22 abstenciones.
Quizás haya sido gracias a la cintura política demostrada por Van der Leyden la que ha conseguido salvar una crisis de legitimidad en la UE, algo que es, exactamente, lo que ninguno de los actores políticos, sociales y económicos querría ni en el corto, ni en el medio, ni en el largo plazo. Paradójicamente esto se ha conseguido sobre la base del consenso tradicional y la despolitización “a favor del bien común”. El proceso de politización hacia el que inexorablemente debería dirigirse la UE se ha visto bloqueado por causa de una nueva alianza franco-alemana que parecía en sus horas más bajas.
La percepción ciudadana
Sea como fuere, este hecho ha tenido como primer resultado el Eurobarómetro publicado el 1 de agosto. Según los resultados obtenidos en dicha consulta realizada entre los días 7 de junio y 1 de julio a 27.464 personas, la confianza en las instituciones europeas creció a niveles de 2014 y es, de largo, mucho mayor que la que tienen los ciudadanos en sus instituciones y gobiernos nacionales. El 44% de los encuestados afirmaron confiar en la UE, comparado con el 34% que decía hacerlo en sus parlamentos o gobiernos. También la proporción de los que tienen una imagen positiva de la UE (45%) ha aumentado en 23 Estados Miembros, especialmente en Chipre (+11), Hungría (+9), Grecia (+8), Rumanía (+8) y Portugal (+7). Por el contrario, el 17% dice tener una mala imagen de la UE. Además, y de manera sorprendente, el 61% se muestran optimistas ante el futuro de la UE, y el apoyo al euro ha batido todos los records con un 76% de apoyo, nueve puntos más que la última consulta. Estos dos últimos datos, junto con los niveles de identificación con la UE (73%) lo que parece no encajar muy bien con repliegues nacionales o con el crecimiento del euroesceptiscismo.
Por otro lado, los resultados obtenidos por los partidos verdes se corresponden de manera milimétrica con lo que muestra el eurobarómetro de agosto de 2018, dónde aparece como segundo problema el cambio climático (22%) inmediatamente por detrás de la inmigración (36%). La tendencia, sin embargo, nos dice que, mientras la inmigración baja 6 puntos porcentuales respecto al eurobarómetro de otoño de 2018, el cambio climático pasa del quinto al segundo puesto. Estas dos preocupaciones se sitúan a gran distancia de la situación económica, el estado de las finanzas nacionales o el terrorismo que se quedan en el 18%. A la luz de estos datos es comprensible que las propuestas programáticas planteadas por Von der Leyden hayan coincidido casi en su totalidad con las principales preocupaciones expresadas por los ciudadanos europeos, con la salvedad de la igualdad, ya que no aparece en ninguna de las series temporales del eurobarómetro.
Los significantes de la propuesta de Von Der Leyen
Hasta la fecha lo que se conoce son los nombres de las Vicepresidencias y el resto de carteras y las personas propuestas para ocuparlas, y, desde luego, no hay demasiado optimismo en el aire. Von der Leyen propone un Pacto Verde con el que convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro, ignorando que hay países que todavía no son miembros de la UE, y lo llevará Timmermans. También ha planteado avanzar en una economía que funcione para las personas, porque se sobreentiende que, hasta ahora, o no funcionaba o sólo lo hacía parcialmente lo que sería un reconocimiento de su fracaso. O el título más polémico de todos, el de una Vicepresidencia dedicada a la protección del estilo de vida europeo con el conservador griego Margaritis Schinas a la cabeza, en que se incluye la migración junto a la seguridad, el empleo o la educación evidenciando la amenaza que representa la primera. Una señal de que lejos de poner en marcha una política de inmigración integral y comprensiva, la aproximación a la misma se va a mantener en el marco de las políticas de seguridad e identitarias. Era bueno haber sacado la inmigración de la Comisaría de interior, pero no para incluirla en una Vicepresidencia vinculada a lo identitario. A pesar de que se ha comentado que probablemente se cambiaría este nombre, lo cierto es que ha quedado en evidencia cómo los discursos construidos en términos culturales han prendido en los conservadores europeos.
Por supuesto, no se puede ignorar la dificultad de componer un ejecutivo en el conviven no dos, sino cinco sensibilidades diferentes, cuando no antagónicas. Pero eso es, exactamente, lo que han hecho todos y cada uno de los anteriores presidentes de la Comisión, armar un puzle consistente con lo que les llegaba desde los Estados miembros. Efectivamente, es hora de reforzar a la UE, pero no sólo frente al asertividad China, sino también hacia dentro, construyendo desde la coherencia, la defensa del Estado de derecho y de los derechos humanos, un auténtico estilo europeo.
El primer toque de atención a esta propuesta no se ha hecho esperar y el Parlamento ha vetado, incluso antes de comenzar las audiencias públicas de los candidatos y candidatas a comisarios a dos de ellos. El representante húngaro, Laszlo Trocsanyi, que iba a ser el encargado de la cartera de ampliación y a la representante rumana, Rovana Plumb, a la que se atribuía la cartera de transportes. En ambos se han encontrado conflictos de intereses que no parece que se vayan a resolver.
¿Y ahora qué?
Por el momento, y a falta de la aprobación en las audiencias del resto de candidatos propuestos al Parlamento, el único cargo seguro es el de la Presidencia de la Comisión. En plano institucional habrán de ser examinados los candidatos a Alto Representante para la Política Exterior y Presidente del Consejo, junto con el resto de candidatos a formar parte del Colegio de Comisarios y que han sido propuestos por los gobiernos de los Estados Miembros. De nuevo se presenciará la batalla institucional entre los ejecutivos y los eurodiputados y los equilibrios de fuerzas. El Parlamento se encuentra en una posición en la que debe mostrar tanto su auctoritas como su potestas, por lo que no sería descabellado pensar en que estos exámenes a los candidatos sean duros y críticos.
El proceso de politización, frenado en seco gracias a la intervención franco-alemana, podría, ahora sí, hacerse notar en estos debates. Es importante considerar que el contexto político europeo actual es el de mayor diversidad hasta la fecha. Pese a que los gobiernos continúan dominados por socialistas y conservadores, estos grupos no son monolíticos y cuentan con disidencias importantes en sus filas, baste recordar al FIDESz húngaro de Viktor Orban en el grupo popular o al PSR (Partido Socialista Rumano) en el lado socialista, por lo que la política ideológica de bloques se puede dar por sentada. Asimismo, la irrupción del partido de Matteo Salvini en la escena política europea es muy probable que no deje de generar controversias en ese plano, y que busque alianzas tanto en el Consejo como en el Parlamento tal y como se ha ido observando en los últimos tiempos. Por tanto, la situación del proceso de toma de decisiones en la UE para el ciclo político que ahora comienza es mucho más compleja en los equilibrios de fuerzas que durante la Comisión Juncker. Más diversidad ideológica en el Consejo y en la Comisión, con un Parlamento dispuesto a dejarse oír a ambos lados del espectro ideológico, sin duda generará más debate y negociación política que la que se ha observado hasta el momento.
Y todo ello en un entorno general extremadamente complejo. Hacia dentro, con la salida del Brexit (con o sin acuerdo) prevista a finales de octubre y el debate sobre el presupuesto plurianual como primeros temas en la lista de prioridades. En el corto y medio plazo, con el reto de un diseño adecuado de política migratoria y de asilo común que aclare hasta dónde van los Estados a querer actuar de manera conjunta; a más largo plazo la implantación de las medidas legislativas necesarias para combatir con el cambio climático y la consecución de la Agenda 2030. Y, finalmente, hacer todo ello compatible con las expectativas económicas y políticas de la UE en el mundo. En una esfera internacional donde los cambios geopolíticos suceden a una mayor velocidad de la que, hasta ahora, la UE ha sido capaz de alcanzar.
