La lucha de las mujeres y los pueblos del norte y este de Siria por construir un sistema político autónomo y confederal más allá del Estado enfrenta los violentos ataques de Turquía, quien durante los últimos seis años ha ocupado territorios de la región, intervenido militarmente y asesinado a población civil, políticas, activistas y miembros de las autodefensas kurdas que han combatido al autodenominado Estado Islámico.
Recientemente, el Ejército turco dirigió ataques aéreos en contra de Rojava, región del Kurdistán en Siria y de diversas ciudades del norte y este del país. Estas acciones se han cobrado la vida de más de una veintena de civiles y se han dirigido tanto a objetivos militares como a infraestructuras de servicios: escuelas, hospitales, centrales eléctricas, yacimientos de gas y petróleo, gasolineras y silos de grano. Entre los lugares atacados se encuentra la emblemática ciudad de Kobane, epicentro de la lucha por la autonomía de la región y cuna de la resistencia contra el autoproclamado Estado Islámico; en esta ciudad los ataques turcos han destruido escuelas, centrales eléctricas y el hospital destinado a la atención de casos de la COVID-19.
Esta ofensiva se suma a la prolongada campaña de intervención militar que el Gobierno turco ha desarrollado en la zona desde 2016 con los ataques en Jarablus, al-Bab y Azaz; seguidos de la ocupación del cantón de Afrin en 2018; de Serêkaniyê y GirêSpî en 2019; hasta los ataques sistemáticos con drones en 2020 y 2021. Ofensivas militares con las que el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, busca crear una zona de control a lo largo de la frontera turco-siria que le permita desmovilizar a las Unidades de Defensa del Pueblo (YPG), autodefensas que considera aliadas del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), movimiento político insurgente que lucha por la autodeterminación del pueblo kurdo desde los 70 y es calificado de “terrorista” por Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea, situación que ha recrudecido la criminalización del movimiento de liberación de Kurdistán dentro y fuera de las fronteras turcas.
En este contexto, los ataques sistemáticos de Turquía a Rojava y a diversas ciudades del norte y este de Siria demuestran que las luchas políticas de los pueblos por su autodeterminación y la organización autónoma de las mujeres de la región son también objeto de criminalización.
En entrevista con la copresidenta del Partido de la Unión Democrática (PYD), agrupación política clave en el norte y este de Siria, Asya Abdulá, durante su estancia en Madrid, denunció que desde el 20 de noviembre “Turquía ha atacado con aviones y drones de combate infraestructuras clave de la región e instalaciones de servicios en al menos 46 lugares”, lo cual “ha imposibilitado el acceso a servicios básicos y la continuidad de los proyectos económicos que sirven a la población, como una estrategia integral para forzar la migración y el desplazamiento de las comunidades”.
Esta táctica militar conocida como "tierra quemada", utilizada para destruir los medios de subsistencia de la población civil, es sancionada por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en su Artículo 8, el cual señala que serán considerados crímenes de guerra el “dirigir intencionalmente ataques contra bienes civiles, es decir, bienes que no son objetivos militares o contra la población civil”, en esta lógica los ataques deliberados de Turquía contra la población del norte y este de Siria son una clara violación al derecho internacional humanitario.
Organizarse más allá del Estado
Durante la última década, los pueblos del norte y este de Siria han impulsado un modelo de democracia sin Estado sostenido en la organización colectiva de las comunidades. Diez años en los que han transitado de la declaración de autonomía de las regiones kurdas de Kobane, Afrin y Cizîrê a la promulgación de un Contrato Social (2014, 2016), resultado del ejercicio de autodeterminación no solo del pueblo kurdo sino de las comunidades árabe, siriaco-asiria, armenia, circasiana, turkmena, chechena y nawarí presentes en la región. La brújula política que orienta este proyecto de democracia sin Estado se plantea como un modelo de “confederalismo democrático” que abrace las múltiples expresiones políticas, lingüísticas, religiosas y étnicas de la región, sostenido en los pilares, según el artículo 2 del Contrato Social (2016), de un sistema democrático, ecológico y de libertad para las mujeres. La preparación de una nueva versión del Contrato Social estaba en curso previo al inicio de los ataques de Turquía.
Para 2018, la experiencia organizativa de este modelo confederal se extendió a otras regiones del norte y este de Siria, motivando la creación de la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES), la cual, de acuerdo con el Contrato Social, está comprometida a garantizar la copresidencia mixta (hombre-mujer) en todas las estructuras organizativas de la AANES en aras de asegurar el derecho de las mujeres a participar políticamente
Son diversos los retos políticos y económicos que en la última década han enfrentado los pueblos de la AANES, por un lado, el hecho mismo de impulsar un nuevo modelo de organización política en un contexto de guerra que ha sumergido durante más de 11 años al resto de Siria; por otro lado, la lucha de las YPG y de las Unidades de Defensa de la Mujer (YPJ) contra de los ataques del autodenominado Estado Islámico en 2014 que se cobraron la vida de 10.000 personas y dejaron más de 20.000 heridos. A esto se unen las dificultades económicas y comerciales que genera el constante cierre del cruce fronterizo de Semalka por parte del Gobierno Regional del Kurdistán iraquí, sumado a los ataques aéreos y terrestres turcos iniciados desde 2016.
La alianza militar entre Estados Unidos y las fuerzas de autodefensa YPG-YPJ que permitió frenar el asedio del Estado Islámico a la ciudad de Kobane, seguida del fortalecimiento de la autonomía en Rojava, mediante la aprobación de la segunda versión del Contrato Social en 2016, fueron interpretados por Turquía como la consolidación del autogobierno kurdo en Siria, que al considerarlo aliado de su enemigo el PKK, lo convirtió en una amenaza para su seguridad nacional. Según el investigador turco, Cengiz Çandar, la alianza militar entre EE UU y las autodefensas kurdas en Siria fue aprovechada por Ankara para crear un enemigo común, nacional e internacional, que cohesionara las dos corrientes de nacionalismo autoritario en Turquía: el nacionalismo conservador islámico y el nacionalismo de derecha más secular.
De esta forma, el nacionalismo se convirtió en el motor de la política exterior turca en Siria, basado en un sentimiento antikurdo y en la disputa de los territorios bajo su control que, bajo condiciones estables, podrían convertirse en un corredor capaz de conectar Irak o incluso Irán con el mar Mediterráneo. Así, evitar el protagonismo estratégico y geopolítico de los kurdos y del resto de pueblos de la administración autónoma han sido objetivos clave de los ataques turcos en la región en busca de crear una zona bajo su control. A esto se une la búsqueda de un cambio demográfico, tal como lo sugieren las declaraciones de Erdoğan en torno a que “los árabes son más adecuados para esa tierra en lugar del estilo de vida de los kurdos”, en alusión a los refugiados sirios en Turquía que podrían ser expulsados del país para ser trasladados a Rojava tras el desplazamiento forzado de los kurdos. Esta transformación demográfica vendría acompañada de un cambio del sistema político como ha sucedido en el cantón de Afrin tras su ocupación en 2018, el cual pasó de ser una de las regiones más fuertes en términos autonómicos a convertirse en una colonia turca controlada por milicias aliadas desplegadas en la zona.
La violencia ejercida por Turquía tiene múltiples formas, además de la ocupación ha cometido asesinatos selectivos de lideresas sociales, activistas, defensoras de derechos humanos y miembros de las autodefensas YPJ, por mencionar algunos ejemplos: en 2019 durante la ocupación de Serêkaniyê y GirêSpî, la política kurda Hevrîn Xelef fue cruelmente asesinada por Ahrar al Sharquia, milicia financiada por Ankara; en 2020, durante la pandemia de la COVID-19, las integrantes de Kongra Star, confederación de organizaciones de mujeres en Rojava, Zehra Berkel, Emîne Weysi y Hebûn Mela Xelîl fueron asesinadas por un dron turco mientras se encontraban reunidas en el jardín de su casa en Kobane; en 2021 y 2022 continuaron los ataques con aviones no tripulados, en el último año se calculan más de 89, entre ellos los dirigidos contra las comandantas de las YPJ JiyanTolhildan, Roj Xabûr y Barîn Botan, quienes en 2014 habían luchado en contra del Estado Islámico y fueron asesinadas después de su participación en la celebración del décimo aniversario de la revolución de Rojava.
Ante los ataques con drones, la AANES y diversas organizaciones han solicitado a Naciones Unidas el establecimiento de una zona de exclusión aérea (#NoFlyZone4Rojava) en el norte y este de Siria para evitar que los ataques aéreos continúen. Sin embargo, mientras esto no suceda las campañas militares turcas parecen no tener fin, tal como lo demuestra la actual intervención que, además de ser parte de un proceso amplio de ocupación, está siendo justificada por Erdoğan como una “represalia” en respuesta al trágico atentado del pasado 13 de noviembre en Estambul que se cobró la vida de seis civiles y dejó más de 80 heridos. A pesar de que la investigación de estos ataques aún está en proceso, Erdoğan ha responsabilizado a las autodefensas YPG y al PKK de lo acontecido, por su parte, ambas agrupaciones han negado cualquier relación con el atentado. Resulta importante recordar que la intervención de Turquía en el norte y este de Siria ya había sido anunciada por su presidente desde el pasado 23 de mayo de este año, lo cual deja en tela de juicio la actual motivación de su intervención.
La dinámica política en la región se ve afectada por los intereses internacionales: por un lado, ninguna de las intervenciones militares turcas podría haber sucedido sin la autorización de Rusia, quien controla el espacio aéreo de ciertas zonas de la región y promueve el aumento de la presencia militar del régimen sirio en las zonas kurdas, además de impulsar la normalización de las relaciones entre Bashar al Assad y Erdoğan. Por su parte, el régimen sirio ha rechazado, hasta el momento, los intentos rusos por organizar una reunión con Ankara, alegando que no dará ninguna “victoria gratuita” al Presidente turco que le pueda favorecer en las próximas elecciones. A pesar de que públicamente tanto Rusia como EE UU han manifestado su oposición a la incursión turca, la comandanta de las FDS, Newroz Ahmed, denunció en conferencia de prensa que la comunidad internacional, incluido Washington, no estaban haciendo lo suficiente para frenar los ataques.
Por otro lado, el papel protagónico de Turquía, miembro de la OTAN, en la mediación entre Rusia y EE UU y otros países europeos en el marco de la guerra en Ucrania, a quien ha suministrado drones militares, ha permitido a Ankara ejercer influencia y sacar beneficios de dicho escenario, por ejemplo, al exigir a Suecia la entrega de exiliados kurdos supuestamente relacionados con el PKK como condición para su entrada en la OTAN. Este requisito se ha materializado el pasado 3 de diciembre con la primera extradición de un refugiado kurdo a Turquía, detenido tras su llegada a Estambul.
Escenarios a medio plazo
En vísperas de las elecciones presidenciales turcas de 2023, año del centenario de la fundación de la República de Turquía, la popularidad de Erdoğan está seriamente comprometida. De acuerdo con una encuesta realizada por el Yöneylem Social Research Center, el 69,3% de la población turca tiene dificultades para comprar alimentos básicos como resultado del aumento de precios en un 85,51% respecto al año anterior, según cálculos del Instituto de Estadística turco, situación que habla de una crisis económica sin precedentes en los últimos 24 años. En este contexto, el Presidente turco parece buscar revitalizar el apoyo de sus bases nacionalistas frente al 55,6% de los votantes que, de acuerdo con otra encuesta del mismo Yöneylem Social Research Center, dicen estar en contra de su reelección. Esta pérdida de apoyo y popularidad de su formación política, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), está motivada, entre otras razones, por la corrupción de su gobierno, el autoritarismo y la crisis económica reflejada en la pobreza, la inflación y el desempleo generalizado.
Afianzar sus bases nacionalistas y retener el apoyo de los kurdos conservadores que simpatizan con el Ejecutivo por su carácter islamista, y se distancian del PKK, parece ser su única salida. Tras un análisis de las diversas intervenciones militares turcas en el norte y este de Siria (2016, 2018, 2019), el Information Rojava Center ha identificado un aumento de la aprobación política del AKP entre sus bases de apoyo, históricamente posicionadas a favor de la criminalización del movimiento kurdo, lo cual demuestra que la estrategia de combate del “enemigo externo” utilizada por Erdoğan para exaltar el nacionalismo le ha redituado beneficios electorales. Sin embargo, también ha dado argumentos a partidos de la oposición, como el pro kurdo Partido Democrático del Pueblo (HDP) quien tiene al 17% de sus miembros encarcelados, por denunciar la criminalización del movimiento kurdo dentro y fuera del país. Mientras que el Partido Republicano del Pueblo (CHP), sin pronunciarse ante los ataques turcos, parece coincidir con la estrategia de retornar nacionales sirios, pues ha afirmado que, de llegar al poder en las próximas elecciones, establecerá contactos con el Gobierno sirio y agilizará el regreso de los 3,6 millones de sirios a su país de origen.
Un posible escenario de la intervención militar turca, además del aumento de muertes de civiles si los ataques continúan, es la reactivación de los miembros del Estado Islámico tras el debilitamiento de la seguridad del campamento Al hol y la prisión Ghweiran (al Sina) donde se encuentran detenidos junto con sus familias, quienes se caracterizan por mantener rigurosamente el ideario de la organización yihadista. Este debilitamiento se produciría como resultado de los ataques, como el ocurrido el pasado 23 de noviembre, en contra del puesto de control de las fuerzas de seguridad del campamento que se cobró la vida de ocho miembros de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS). En este sentido, Mazloum Abdi, comandante de las FDS ha alertado de las amenazas para la seguridad de la población local y regional que supone la huida masiva de los miembros del Estado Islámico conocidos por su brutalidad, quienes según la comandanta Ahmed, serán los únicos beneficiados de la intervención turca.
A pesar del terror psicológico que producen los ataques, la violencia y la ocupación, la población del norte y este de Siria se mantiene activa políticamente y movilizada, como lo demuestran las manifestaciones callejeras de los últimos días en diversas ciudades de la región como Qamishlo, Raqa, Derik, Kobane, así como los cientos de movilizaciones impulsadas por la diáspora kurda, el Movimiento de Mujeres Kurdas en Europa (TJK-E) y las redes de solidaridad con este movimiento. La violencia de Estado de Turquía es un ataque a las libertades fundamentales de los pueblos y a su derecho a la autodeterminación. así como a la democracia y a la pluralidad política. Exigir el respeto a la voluntad de los pueblos del norte y este de Siria que han decidido construir otras fórmulas políticas más allá del Estado es una tarea para todas las personas que se oponen al autoritarismo y al fascismo en cualquier parte del mundo.
