Lejos de ser un problema, las personas con pasaportes y acentos distintos plantean una oportunidad para el crecimiento económico de los países de destino. Así se muestra en EE UU y Alemania, que lideran la lista de Estados con mayor número de migrantes en términos absolutos, y en Emiratos Árabes Unidos o Qatar, los países con mayor proporción de trabajadores extranjeros.

Sin la movilidad humana, que ha determinado la configuración actual de las sociedades, no podríamos entender la historia de la humanidad. Tanto las primeras potencias mundiales como los Estados con economías más débiles han sido escenarios de movimientos migratorios, que han contribuido a asentar las bases que hoy los sustentan. Así lo recoge el recién firmado Pacto Mundial para la Migración: “La migración […] ha sido una fuente de prosperidad, innovación y desarrollo sostenible en nuestro mundo globalizado, y esos impactos positivos pueden ser optimizados mejorando la gobernanza de la migración”.

Prescindiendo en muchas ocasiones de las evidencias académicas, la gestión de esa fuerza de trabajo y talento genera encendidos debates que llegan a convertirse en temas determinantes en campañas como el Brexit británico o la victoria del estadounidense Donald Trump, que no ha ratificado el Pacto Mundial para la Migración. Tampoco lo han hecho Chile, Austria, Australia, República Checa, República Dominicana, Hungría, Letonia, Polonia y Eslovaquia; mientras que en Bélgica, Bulgaria, Estonia, Israel, Italia, Eslovenia y Suiza están pendientes de emitir su voto final.

A pesar de que algunos medios y fuerzas políticas plantean la inmigración como un grave problema, utilizando en ocasiones argumentos xenófobos, la comunidad académica destaca las aportaciones positivas que traen consigo las personas que cruzan una frontera buscando una nueva vida.

“La inmigración puede aliviar la presión del envejecimiento de la población y contribuir a otros beneficios a largo plazo, como un mayor crecimiento y productividad”, destaca el FMI. Conclusiones similares se desprenden de otras investigaciones como las realizadas por la OCDE o la Escuela de París de Economía, que publicó un estudio este año en la revista Science advances que abarca un marco temporal de 30 años en 15 países.

“Como muestran los informes del Banco Mundial, la migración puede estimular la productividad y generar innovación y especialización —explica la responsable de Desplazamiento Global de Oxfam Intermón, Eva Garzón—. Pero también puede tener un lado oscuro si no se facilita la movilidad y no se garantizan los derechos humanos y laborales”. En un informe sobre migrantes, la Unión Europea ha detectado  que “hay trabajadores que son gravemente explotados laboralmente” en sectores como la construcción, la agricultura y el trabajo doméstico.

 

Estados Unidos y el coste de la política antiinmigración

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Una demostración en contra de las políticas migratorias del Gobierno de Donald Trump, Nueva York. Spencer Platt/Getty Images

EE UU, el país que más migrantes recibe en términos absolutos, aún debate el impacto real de la mano de obra foránea en su economía, la mayor del mundo. Dentro de sus fronteras viven unos 49 millones de migrantes, el 15,3% de su población, según el último informe sobre migraciones de la ONU, procedentes principalmente de México, China, India, Filipinas y El Salvador. La campaña de Donald Trump convirtió a los migrantes en un problema central ante el que el Presidente no descarta recurrir a controvertidas medidas, como el polémico muro con México o proyectos de ley para reducir en una década la migración regular a la mitad.

¿Cómo es posible que este mensaje calara en la opinión pública de un país que tantas veces se ha definido como “nación de inmigrantes”? Argumentos como el que sostiene el economista George J. Borjas de que la migración ha devaluado el salario de los trabajadores no cualificados hasta un 3,1% en dos décadas han sido utilizados exitosamente por los republicanos. Otras tesis, entre las que destaca las del economista laboral David Card, critican estas conclusiones.

El último y prestigioso informe sobre inmigración publicado por las estadounidenses Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina (NASEM en sus siglas en inglés), afirma que “la inmigración tiene un impacto general positivo en el crecimiento económico a largo plazo en EE UU” y “muy pequeño” en el salario de los trabajadores menos cualificados, afectando principalmente a los migrantes más antiguos y a aquellas personas que no terminaron la educación secundaria. De hecho muestra cómo la inmigración de 1990 a 2010 produjo beneficios netos por un valor de 50.000 millones de dólares al año para la población nativa.

Otros estudios como el realizado por la National Foundation for American Policy muestran la relación directa entre migración e innovación: 44 de las 87 las empresas de EE UU valoradas en más de 1.000 millones de dólares han sido fundadas por migrantes y, en promedio, cada una de ellas ha generado 760 empleos nuevos. “El valor colectivo de las 44 empresas fundadas por inmigrantes es de 168.000 millones de dólares, que es casi la mitad del valor de los mercados bursátiles de Rusia o México”, concluye el informe.

Si los planes de Trump para reducir la población migrante siguieran adelante, los estadounidenses tendrían que equilibrar el déficit de más de 200.000 millones de dólares en la Seguridad Social, que se generaría al perder las aportaciones de mano de obra extranjera, pagando más impuestos. Una política de deportaciones masivas reduciría de inmediato el PIB en un 1,4%, aunque podría alcanzar hasta el 2,6%, y, además, como está ocurriendo, la violación de los derechos humanos de muchas personas migrantes.

 

Alemania: dependiente de mano de obra cualificada pero recelosa

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Un hombre pidiendo solidaridad con refugiados e inmigrantes en Frankfurt, Alemania. Thomas Lohnes/Getty Images

El siguiente país en la lista de mayor acogida es Alemania. Con 12 millones de extranjeros (un 14,9% de su población) viviendo en su territorio procedentes principalmente de Turquía, Rusia, Polonia y Estados comunitarios, Alemania no supera por unas décimas el porcentaje de población migrante en EE UU. Alemania es, como han señalado muchos expertos, un país que depende de la migración para prosperar. “Para satisfacer la demanda de empleos en el futuro, se necesita una inmigración de trabajadores cualificados por un monto de seis cifras”, ha asegurado el presidente del Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW, por sus siglas en alemán), Marcel Fratzscher. “El país necesita un saldo migratorio que aumente el número de inmigrantes en 400.000 personas”, calcula Marius Clemens, investigador de esta institución. A corto plazo, el analista destaca una mayor necesidad en el sector de la construcción y servicios; a medio y largo plazo, de personal de enfermería y médicos.

Gobernada por la coalición entre la CDU, partido de la canciller Angela Merkel, y la CSU (con una postura más dura frente a la migración), Alemania quiere atraer esa inmigración cualificada modificando su legislación, al tiempo que busca ofrecer la sensación de que toma en cuenta los recelos de una parte de su población. Por ello, en su nueva legislación, en la que suaviza los requisitos para esos migrantes cualificados, también especifica que no podrán acceder a los servicios sociales en el plazo que tienen para encontrar empleo, seis meses. El tema de la inmigración casi cuesta el puesto a Merkel, que ha visto crecer a la extrema derecha que representa Alternativa por Alemania (AfD) hasta el 12,6% del voto y el avance del movimiento antiislam Pegida.

Las simulaciones del modelo que maneja el DIW muestran que el crecimiento del PIB en Alemania entre 2011 y 2016 habría sido 0,2 puntos porcentuales más bajo en promedio por año sin la inmigración de la UE. “Es importante fortalecer los incentivos a la inmigración, por ejemplo, brindando a los inmigrantes más oportunidades para encontrar un empleo que coincida con sus habilidades —apunta Clemens—. Además de la inmigración de la UE, la economía alemana también puede beneficiarse al facilitar el acceso al mercado laboral para trabajadores cualificados de terceros países”.

Solo en en el primer semestre de 2018, Alemania —haciendo uso de la Convención de Dublín— ha expulsado en vuelos colectivos a otros países de Europa a cerca de 500 personas, más del triple de migrantes que en el mismo período de 2017, según datos del Ministerio de Interior germano.

 

Rusia y Arabia Saudí: caminos opuestos

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Dos obreros migrantes miran a través de una ventana en el centro de Moscú, Rusia. KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images

Rusia, que durante años fue el segundo país con más inmigración en términos absolutos, es ahora el tercero, y plantea a las claras que quiere más extranjeros. La caída del precio del petróleo y la baja natalidad rusa han propiciado un escenario frente al que, para poder asegurar el sistema de pensiones —y no tener que recurrir a medidas muy impopulares, como el ya confirmado aumento de las edades de jubilación—, el presidente ruso, Vladímir Putin, cree que hay que atraer migrantes, sobre todo con cualificación. “Daremos la bienvenida a aquellos que deseen quedarse con nosotros temporalmente y también a aquellos que decidan naturalizarse y tengan la residencia permanente en Rusia”, ha declarado al anunciar que se simplificarán los trámites para conseguir visados, permiso de trabajo o la nacionalidad.

Con esta medida, el Estado ruso planea suplir la falta de mano de obra, impulsar su crecimiento e incluso repoblar ciertas zonas. En Rusia, donde el desempleo ronda el 5,2%, los inmigrantes —procedentes principalmente de países exsoviéticos como Tayikistán, Georgia o Kirguistán o de Asia Central—  son alrededor del 15% de la fuerza laboral y suelen trabajar en industria y servicios. Muchas son personas sin cualificación académica, procedentes de países cercanos como Ucrania o Kazajistán (compatriotas, en tanto que sean rusoparlantes), y tienden a trabajar en empleos con baja remuneración.

La migración ha sido beneficiosa para Rusia. Gracias a la población extranjera, el país pudo compensar casi el 60% de la pérdida de población experimentada tras el colapso de la Unión Soviética, además de beneficiarse de la experticia de muchos de los migrantes y ser un eslabón clave para resistir a la crisis económica. El quinto Estado más alto en el envío de remesas en 2015 fue Rusia (19.700 millones dólares).

Esta apertura convive con una actitud mucho más cerrada para solicitantes de asilo y, además, no implica que muchas de las personas que cruzan la frontera no sean discriminadas. Las encuestas detectan que cerca de 7 de cada 10 rusos son partidarios de limitar la entrada de extranjeros en un país que en el tema de la migración se mueve entre “la necesidad y el rechazo”.

Arabia Saudí, cuarto de la lista en términos absolutos, atraviesa un proceso que ha bautizado como “saudización”, un camino diferente al tomado por Rusia. Con la idea de reducir su dependencia de la industria del petróleo y diversificar las capacidades laborales de los saudíes, el régimen intenta reducir la llegada de migrantes —un tercio de su fuerza de trabajo— exigiendo a los extranjeros y sus empleadores un impuesto o impidiendo que trabajen en doce sectores.

El resultado: muchos extranjeros se marchan, y los saudíes no terminan de reemplazarlos. El desempleo en el país ha llegado al 12,9%, la tasa más alta en una década. “La carga de fuentes alternativas de ingresos del Gobierno parece estar predominantemente en los trabajadores extranjeros”, escribe la experta en los Estados del Golfo Karen E. Young. Mientras que algunas de esas personas optan por irse, muchas otras son despedidas o deportadas. La población migrante procede sobre todo de países vecinos como Siria, India, Egipto, Pakistán o Yemen.

“Tomará una década o más —predice Young— cambiar a la fuerza laboral saudí para que asuma roles de alto rendimiento y de cuello blanco, y para que se cree una clase trabajadora de saudíes dispuestos a realizar trabajos de servicios, minoristas o de construcción”. Ante los resultados, se estima que la monarquía saudí esté planteándose revisar alguna de estas medidas, que además afectarían a otros países como Egipto, que recibe remesas desde Arabia Saudí.

El reino saudí es el único país del Golfo que impone un requisito general a todos los trabajadores migrantes para obtener un “permiso de salida”: necesitan el permiso de su empleador para poder para salir del país.

 

Más extranjeros que nacionales: UAE, Qatar y Kuwait

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Trabajadores migrantes hacer un descanso en una de las playas de Dubai. Brent Stirton/Getty Images

Sin salir del Golfo Pérsico, aparecen los Estados que lideran la lista de aquellos con mayor porcentaje de extranjeros. Manejan cifras mucho menores que EE UU o Alemania, pero su población extranjera es más significativa en términos relativos: para Emiratos Árabes Unidos (EAU), supone el 88,4%; para Qatar, el 65,2%; y para Kuwait, el 75,5%, según la ONU.

Como Arabia Saudí, estos países, que también están en proceso de diversificar su capacidad productiva más allá del crudo, buscan atraer mano de obra bajo el sistema Kafala, aunque Qatar ha anunciado modificaciones. Esto quiere decir que el trabajador llega bajo el patrocinio de una empresa, que fija sus condiciones laborales, lo que con frecuencia han generado violaciones de los derechos humanos y laborales, como la confiscación de pasaportes, algo que ocurre en los tres países.

Mientras en los empleos que exigen cualificación es más habitual encontrar personal de Australia o Reino Unido, el resto de trabajos dependen de los llegados de lugares como India, Pakistán o Bangladesh (también de Malasia, Indonesia y Filipinas). Los sectores tradicionalmente con más demanda han sido la construcción, las actividades petroleras, o la industria manufacturera. También el sector doméstico, en el que están empeadas sobre todo mujeres.

La presión internacional es una de las razones por la que países como Bahréin ha decidido adoptar una “flexivisa”, que permite cambiar de empleo una vez en el país. Una medida que, además de mejorar la situación de los trabajadores, puede estimular a las empresas a ofrecer mejores condiciones y sueldos. Este diciembre la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y los Emiratos Árabes Unidos han firmado un acuerdo sobre directrices orientativas para trabajadores migrantes.

 

Brexit: la migración como argumento estrella

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Una mujer migrante trabaja recogiendo uvas en Hambledon, Reino Unido. Jack Taylor/Getty Images

Reino Unido es el quinto Estado que, en términos absolutos, más migrantes tiene (13,4% de su población), procedentes sobre todo de países de la UE, India y Pakistán. También, uno de los lugares en el que el tema más se ha debatido y más controversia ha causado. Pero lo que debería haber sido un debate complejo y riguroso se transformó en una discusión en la que a veces los eslóganes no reflejaban la realidad. Sin enarbolar datos fehacientes, el entonces Primer Ministro, el conservador David Cameron, aseguró vehementemente en 2013 que iba a “acabar con el turismo de subsidios”. Distintos estudios y las propias cifras oficiales, sin embargo, han desmentido esa tendencia. Su afirmación trataba de evitar la fuga de votos por la derecha. En 2016, la estrategia escapó a su control: Inglaterra votaba, por estrecho margen, que quería abandonar la Unión Europea.

Se había dicho que no contar con la mano de obra comunitaria sería problemático para sectores como la asistencia social y la salud, la construcción, la hostelería y la agricultura, pero desde las campañas del Brexit se prometió un futuro brillante.

Lo que tenía que haber sido una demolición controlada para dejar sin suelo electoral al eurófobo UKIP se transformó en un terremoto que se llevó por delante a Cameron y que aún hace tambalearse a su sucesora, Theresa May; y con ella, a todo el país.

Los inmigrantes en Reino Unido reciben muchos menos subsidios de lo que aportan con sus impuestos, según el último informe del Comité Asesor Migratorio. En 2017, un inmigrante europeo adulto aportó una media de 2.370 libras (unos 2.600 euros) más al Tesoro que la media de los nacidos en Reino Unido.

“Permanecer en la UE es una locura” había declarado Nigel Farage, el líder del UKIP, en 2015. “Gran Bretaña no sólo sobrevivirá, sino que prosperará, una vez libre de las cadenas de Bruselas”, zanjaba. Ahora, asegura que el pacto de salida conseguido por Theresa May es peor que la permanencia.

Ante la evidencia acumulada de los posibles beneficios, está en la mano de las sociedades receptoras saber aprovechar la oportunidad. Aceptar a las personas que cruzan la frontera como algo normal y no como un problema a atajar es clave. Como señala Eva Garzón: “Los beneficios de la migración dependen radicalmente de su gestión. Hay que reformar las políticas migratorias para que estén enfocadas a gobernar y no a detener los flujos de personas”.