Algunas ideas para entender y aplicar mejor las normas y propuestas que permitirían sacar el máximo partido al fenómeno migratorio.
La migración es tal vez el principal factor de desarrollo humano desde el inicio de los tiempos, aunque pueda convertirse en un reto, o llegar incluso a percibirse como amenaza desde el mundo desarrollado, si no sabe aprovechar sus beneficios. Los Estados en el marco de Naciones Unidas han negociado durante dos años el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, que será adoptado en Marrakech (Marruecos) en los próximos días. Aunque éste no establece obligaciones (solo recuerda las que ya existen y propone medidas voluntarias para cumplirlas mejor), los gobiernos de Estados Unidos, Australia y Hungría han decidido no firmarlo.
En el mundo hay cerca de 250 millones de personas que han cruzado la frontera con la intención de no volver. El cambio de residencia con el objetivo de trabajar en otro país es mutuamente beneficioso tanto para el migrante como para la sociedad de acogida, al menos en la gran mayoría de los casos. No debería ser tan difícil que fuera positivo en ambos sentidos y en todas las circunstancias. Para ello es preciso información veraz que sirva de base a la acción política, debate público y cooperación, además de un pequeño esfuerzo inversor y cierto grado de conciencia social sobre la necesidad de aplicar las normas internacionales, y sobre todo las propias leyes, con sentido común. El pacto propone, por un lado, crear rutas regulares para la migración que faciliten la movilidad laboral y, por otro, acabar con las mafias de transporte internacional de personas; pero deberíamos ser conscientes de que no puede hacerse lo segundo sin haberse llevado a cabo antes lo primero.
El problema es que no resulta fácil volver a la senda del sentido común cuando las cosas se han sacado de quicio. El discurso político que impera hoy en Estados Unidos o en Australia, así como en algunos países y sectores de Europa y del mundo, manipula y simplifica ciertos hechos para impedir que saquemos provecho de las migraciones. Algunos se empeñan en que todos salgamos perdiendo, ya se trate de la riqueza que deja de obtener el mundo desarrollado, o de la vida que tienen que arriesgar quienes intentan llegar a ese mundo.
Para aprovechar los beneficios de la migración como vector principal de desarrollo y progreso es preciso aclarar dos o tres conceptos, refutar algunas mentiras o medias verdades y aplicar ciertos principios básicos. Utilizando los párrafos relevantes del nuevo pacto de la ONU como referencia, se ofrecen aquí pistas para entender y aplicar mejor las normas y propuestas que permitirían aprovechar los beneficios del fenómeno migratorio, sobre todo desde la perspectiva de los países desarrollados:
No explotar al migrante. Aprovechar los beneficios de la migración no es, desde luego, aprovecharse del inmigrante. Más aún, haciendo esto no obtendremos jamás beneficios: ¿quién que sea explotado puede desarrollar plenamente sus capacidades y demostrar su valía? Las normas que protegen los derechos humanos básicos y el principio de no discriminación por razón de la nacionalidad son positivas tanto para el extranjero como para la sociedad que lo acoge.
La persona inmigrante que ha cruzado la frontera, no es perseguida en su país de origen y que no está en situación regular, puede ser expulsada al Estado del que es nacional. Mejor esto que explotar. La expulsión tiene que hacerse de modo que la vida o libertad de esa persona no corran peligro. Un refugiado se distingue del migrante porque cruza la frontera escapando de la persecución y no puede ser expulsado al lugar desde donde huye, pero la norma se aplica también a cualquier persona que pueda llegar a ser perseguida como consecuencia de una expulsión. Hay que analizar caso por caso: las expulsiones colectivas (también de inmigrantes en situación irregular) están siempre prohibidas.
Mientras la persona inmigrante no sea expulsada, hay que tratarla según los principios básicos de la dignidad humana. Cuando el/la inmigrante encuentre trabajo, hay que darle los mismos derechos que a cualquier empleado/a, aunque cabe establecer limitaciones si el trabajo es irregular. Cuando el empleo irregular se prolonga en el tiempo, parece razonable regularizar la situación, ya que no cabría negar que exista de hecho necesidad de contratar a esa persona. Y no cabe denegar el acceso a la justicia en casos de explotación o abuso.
Además de reconocer los derechos básicos de los inmigrantes, ¿qué otros recursos permitirían aprovechar los beneficios de la migración?
Invertir, pero no tanto. Para obtener beneficio, hay que invertir. La migración puede ser el negocio universal más rentable en la época del capitalismo global. El migrante va en busca de una oportunidad económica, allí donde la haya; y qué mejor manera de ordenar los recursos productivos sin que la empresa, o el beneficiario del servicio, tengan que moverse del sitio. Es verdad que algunos inmigrantes consumen recursos –asistencia básica, formación, acceso a servicios nacionales–, pero para devolver con creces ese préstamo a la sociedad de acogida. Ellos se sitúan inicialmente en los niveles más bajos de la escala salarial, y de modo casi inmediato permiten que los nacionales suban de categoría laboral.
Las sociedades que envejecen necesitan, además, sangre nueva para seguir progresando. Y en muchos casos, por cierto, la inversión del país de origen en la formación del inmigrante acaba siendo un beneficio neto para la sociedad de acogida. Todos los informes indican que la migración es rentable a medio plazo, puesto que los inmigrantes compensan, a menudo con creces, los recursos invertidos en el proceso de integración.
Esos recursos incluyen formación específica, en la lengua local o en ciertas habilidades técnicas, y acceso a los servicios públicos. Pero, sobre todo, hay que entender la integración como un proceso a dos bandas, en el que la sociedad de acogida también se adapta y se abre a la llegada de nuevos miembros. Siempre se produce un enriquecimiento cultural recíproco, salvo que prevalezcan la xenofobia y el discurso del odio en la sociedad de acogida.
El pacto de la ONU hace hincapié en la necesidad de crear condiciones para la resiliencia y la autosuficiencia de los inmigrantes y propone medidas de empoderamiento tanto de la población inmigrante como de la sociedad de acogida. Para ello, es preciso integrar la migración en los planes nacionales de desarrollo.
Pero si, en el mundo globalizado, el migrante se establece allí donde encuentra una oportunidad económica, ¿por qué, entonces, parece que vienen más de los que un país puede absorber?
Aplicar las leyes propias. No es fácil saber cuántos migrantes necesita un país en cada momento. Sí sabemos que estos se establecen en Estados en los que existen oportunidades de trabajo, sea o no en el marco de la economía formal. Dicho de otro modo: para evitar la inmigración irregular bastaría con cumplir y hacer cumplir las propias leyes hasta acabar con la economía sumergida. Pensemos por un momento –solo para entendernos– en un país en el que la ciudadanía respetase las leyes laborales y fiscales, en el que nunca se contratase mano de obra o servicios sin ofrecer derechos y reclamar facturas. El número de inmigrantes en situación irregular en ese lugar sería insignificante, mientras que el número de aquellos en situación regular sería prácticamente idéntico al número de inmigrantes que su economía necesita. Sí habría en ese hipotético país refugiados mientras persistan las causas de persecución en sus lugares de origen, pero en este caso se trata de un problema internacional que requiere –como veremos– soluciones internacionales.
Si el factor de atracción más poderoso es la economía informal o sumergida, la principal responsabilidad de la migración irregular es, por tanto, nuestra. Los ciudadanos y los gobiernos de los Estados desarrollados prefieren, sin embargo, incumplir las propias leyes y echar la culpa al que viene de fuera y está en una situación de debilidad. Resulta más cómodo creer que la migración se resuelve mediante el desarrollo de los países de origen, aun sabiendo (salvo que prefiramos ignorarlo, como hace el Pacto en su párrafo 18) que nuestra economía sumergida, comenzando por la explotación doméstica, seguirá atrayendo siempre a quienes sean más pobres que nosotros. Además, el inmigrante explotado beneficia poco a la economía.
Si para resolver un problema es necesario primero definir sus causas y consecuencias, y adjudicar las responsabilidades, del modo más objetivo y riguroso posible, ¿por qué no se hace así en el caso de la migración irregular?
Promover la veracidad. El primero de los 23 objetivos del nuevo pacto de la ONU propone obtener y utilizar datos desagregados sobre las migraciones para diseñar políticas públicas con base científica y favorecer un debate público informado que contribuya a acabar con la discriminación. Las encuestas, los indicadores cuantitativos y cualitativos, la medición del impacto y las tendencias, y el análisis de modelos nacionales, así como de los factores de atracción, deben sustituir a los estereotipos y falsedades, y a las incriminaciones delictivas, en el ámbito de la migración.
Hay que poner coto a las noticias falsas que demonizan a los inmigrantes y favorecen la discriminación y la persecución colectiva, equilibrando la libre expresión con el derecho a la información veraz, y desarrollando incluso un derecho colectivo al honor. En vez de lanzar proclamas y eslóganes sobre la migración, ¿no sería mejor que los políticos y los líderes de opinión confiaran en datos veraces y en las valoraciones más objetivas de grupos de expertos independientes? ¿No sería mejor que creasen o impulsasen mecanismos no manipulables de seguimiento integral del fenómeno migratorio?
La persona inmigrante que carece de información veraz sobre dónde hay trabajo acaba poniéndose en manos de mafias para dirigirse al país equivocado. El gobierno que carece de datos contrastados que le permitan destinar recursos a la integración acaba desaprovechando el beneficio de la migración. La sociedad en la que predominan las noticias falsas acaba viendo en cada persona inmigrante a un terrorista. Y aquí arranca un círculo vicioso: tal como está demostrándose en el caso de los refugiados que viven en campos, la radicalización no tiene fundamento en la escasez o la pobreza, sino en la marginalización y la exclusión.
Todos los análisis independientes concluyen que la cooperación internacional es esencial para aprovechas los beneficios de las migraciones, comenzando por la recopilación de datos, que supone armonizar sistemas nacionales y crear centros de análisis regionales y a escala global. No cooperar, también en este caso, es perder oportunidades. ¿Por qué, entonces, la cooperación entre países brilla por su ausencia en el caso de las migraciones?
Cooperar globalmente. El sistema de la ONU carecía, hasta hace apenas dos años, de una organización cuyo mandato se centrase en las migraciones. No es que la inclusión de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) en el sistema de Naciones Unidas sea la panacea, porque carece de capacidad reglamentaria o ejecutiva, pero al menos indica que los Estados comienzan tomar conciencia del alcance y las implicaciones del problema. Según el nuevo Pacto, salvar vidas de personas inmigrantes es una “responsabilidad colectiva”; y los Estados se comprometen a reforzar la cooperación mediante “alianzas globales y solidarias”.
Los países que sufren hoy la embestida de las fuerzas de la globalización están condenados a cooperar, o serán cada vez más irrelevantes. Para devolver a la persona inmigrante a un lugar en que no sea perseguida o para regular las remesas, la cooperación internacional es hoy la única manera de ejercer soberanía. Pero la política migratoria sigue siendo westfaliana; y por ello no aprovecha la dinámica de la globalización, como hace, por ejemplo, la política comercial. Ni siquiera la Unión Europea ha desarrollado una política migratoria común, lo que contribuye en gran medida a la ineficacia de su política común de asilo.
Si se cumpliese el pacto de la ONU y las leyes nacionales para acabar con la economía sumergida, la migración sería segura para las personas migrantes y ordenada y regular para los Estados, y reportaría mayores beneficios a las sociedades de acogida. Los migrantes se dirigirían siempre y de modo previsible allí donde hubiera posibilidades de obtener contratos laborales que mejoren su situación, y por ende crearían riqueza. ¿Por qué no se aplican entonces esos principios internacionales y las legislaciones nacionales que los reflejan?
Innovar, innovar, innovar. Además de compilar obligaciones, el pacto de la ONU sugiere medidas no obligatorias para cumplirlas mejor, pero entre la adhesión a una obligación internacional y su efectivo cumplimiento a veces media un abismo. Hay que forjar consensos nacionales no partidistas y fortalecer la confianza entre Estados, y también hay que acabar con el inmovilismo burocrático y social, para salvaguardar nuestros propios intereses.
La clave está en la innovación. El mundo globalizado va tan deprisa que nos desorienta, pero no por ello podemos quedarnos estancados en soluciones anacrónicas, y menos aún recrear una idea de nación que excluye a quien no la comparte. Si no abordamos el fenómeno de la migración de modo que nos beneficie, estamos poniendo en peligro la convivencia democrática y la esencia misma de la democracia. También estamos, por tanto, condenados a innovar.
El pacto de la ONU propone, por ejemplo, establecer sistemas biométricos de identificación humana, así como mecanismos de reconocimiento de capacidades y habilidades de la persona inmigrante que puedan ponerse en relación con las posibilidades de trabajo en cada país y en cada zona de éste y para lo que ya existen, por cierto, experimentos con algoritmos basados en big data. La tecnología puede ayudar a revolucionar el modo en el que se da respuesta al fenómeno de las migraciones, pero no sirve de mucho si no hay un buen plan. Si las respuestas e incluso las normas vigentes no ofrecen soluciones a un problema tan grave, ¿por qué no buscar nuevos caminos que no sean solo más restrictivos?
No es comprensible que no haya grupos de expertos auspiciados por cada gobierno para pensar cómo sacar provecho de las migraciones. El sector privado debería estar presente, desde luego, en esos grupos y formar parte de la solución, como propone el Foro Global sobre Migración y Desarrollo; pero también todos los actores sociales y los distintos niveles de gobierno, además de los inmigrantes. Las asociaciones público-privadas deben seguir desarrollándose de modo innovador, por ejemplo, para mantener los vínculos entre la diáspora y el país de origen.
La migración circular podría abrir espacios de cooperación, por ejemplo, en los países mediterráneos, o incluso globalmente, permitiendo sucesivas estancias temporales de ciudadanos de los países del sur en los del norte, y evitando que quienes logran entrar decidan no salir nunca para no arriesgar su vida de nuevo.
El pacto de la ONU se refiere, en sentido más amplio, a la necesidad de desarrollar acuerdos regionales y multilaterales de movilidad laboral. Y debería tenerse muy presente que solo se resuelve la cuestión de las migraciones si se soluciona el problema de las personas refugiadas, lo que requiere todavía un poco más de imaginación y de cooperación. Entre las pocas propuestas innovadoras, el profesor James Hathaway, de la Universidad de Michigan, sugiere que los enormes recursos destinados a determinar quién es refugiado en los países desarrollados se redirijan a una organización internacional que les ofrezca protección efectiva en la región de origen, de modo que podríamos cerrar la frontera. Después de cinco años, si el conflicto del que huyen sigue vivo, los países desarrollados estarían obligados a acogerlos, pero la persona refugiada no podría elegir el lugar en el que es protegida o reasentada, como ocurre hoy en la práctica, lo que evitaría la tensión entre los Estados.
Las personas inmigrantes y refugiadas no constituyen nunca, ni siquiera cuando llegan en masa a la frontera, un problema de seguridad. Sin embargo, la falta de respuesta adecuada a la migración y a la persecución puede convertirse, como hemos visto en Europa, en una grave amenaza a la seguridad, así como a la democracia y a la propia identidad europea. Una vez más, la responsabilidad es en gran medida nuestra. Aunque cambiar las percepciones y sentar las bases para aprovechar los beneficios de la migración no fuese tan sencillo como parece, el riesgo es demasiado alto como para escatimar esfuerzos. Y por eso es urgente evitar, como primera medida, que algunos políticos irresponsables en los países desarrollados sigan falseando verdades y atizando el miedo para llevarnos a la ruina.
