Mientras el plan de Naciones Unidas para Libia languidece tras un año de su puesta en marcha, las maniobras políticas de Francia e Italia, apoyando a unos u otros actores del conflicto, dan una vuelta de tuerca más al laberinto libio.
A finales de septiembre de 2017, escasos días después de ser designado nuevo enviado especial de la ONU para Libia, Ghassam Saleme presentó un ambicioso plan diseñado para atajar la inestabilidad política, la crisis económica y la violencia crónica que ensangrientan y paralizan el país desde que en 2011 la OTAN contribuyera militarmente a la victoria de los distintos grupos rebeldes sobre la larga y estrambótica dictadura de Muamar al Gadafi. El proyecto del ex ministro de Cultura libanés, que un año después languidece, descansaba sobre cuatro pilares y tenía como objetivo declarado restablecer la quebradiza armonía legislativa rota tras las aciagas elecciones de 2014. Desde entonces Libia es, de facto, un Estado fallido, un moderno reino de Taifas con varios territorios autónomos y dos gobiernos que no se reconocen mutuamente, uno en el Este bajo la tutela del controvertido mariscal Jalifa Hafter, y otro aislado en Trípoli sostenido por Naciones Unidas y la Unión Europea. Ambos adolecen de legitimidad democrática.
El primero, conocido como Parlamento de Tobruk, emergió de aquellos mismos comicios pero nunca pudo ejercer en la capital. Obligado a refugiarse en la citada localidad oriental a causa de la negativa del antiguo gobierno islamista a abandonar el poder y reconocer su derrota, fue recibido y acogido por el taimado oficial, un antiguo miembro de la cúpula militar que en 1969 aupó al poder a Al Gadafi y ...
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