La libertad de prensa en Israel ha experimentado una preocupante caída durante la última década de gobiernos de Benjamín Netanyahu.
El que es ya el primer ministro más políticamente longevo de la democracia israelí –tras haber superado a David Ben Gurion– puede jactarse de haber mejorado la situación del país en muchos ámbitos. Entre ellos, la situación de seguridad tanto a nivel regional como internacional, la buena marcha de la economía, así como enormes avances en ciencia y tecnología. Por el contrario, esta década prodigiosa de Netanyahu también ha visto como Israel experimentaba una importante regresión en el ámbito de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Especialmente en el de la libertad de prensa.
No por casualidad, los tres casos de corrupción por los que acaba de ser imputado (cohecho, fraude y abuso de poder) y que llevaban siendo investigados desde hace más de dos años por la Fiscalía General del Estado conllevan injerencias de diferente naturaleza en los medios de comunicación social. Según las grabaciones de las conversaciones telefónicas entre Netanyahu y el empresario y editor del Yediot Ajaronot –hasta hace pocos años el diario de mayor tirada en Israel– negociaron un acuerdo simbiótico por el que tanto el periódico como su popular versión digital Ynet pasaran a realizar una cobertura favorable de Netanyahu y de la de su controvertida mujer, Sara, a cambio de ciertos beneficios empresariales.
Entre éstos, la aprobación parlamentaria de una nueva ley de medios de comunicación que obligara al diario de distribución gratuita Israel Hayom a cobrar un precio mínimo por ejemplar y a posponer la salida de su edición de fin de semana. Este periódico fue fundado en 2007 por el multimillonario estadounidense Sheldon Adelson, y es conocido popularmente como el Bibiton (fusión del apodo del primer ministro, Bibi, y la palabra Iton, periódico en hebreo), dado que siempre ha apoyado sus políticas y mostrado una clara amnesia selectiva ante las acusaciones de corrupción que penden sobre él.
Acusaciones de soborno
Según las grabaciones, recientemente aireadas por el periodista de investigación Ravid Drucker en el programa Hamakor del Canal 13 de televisión, además de comprometerse a apoyar el controvertido proyecto de ley que impediría la gratuidad del Israel Hayom –cuyo primer trámite parlamentario a finales de 2014 provocó una crisis de gobierno por la que cesó a sus ministros de Hacienda, Yair Lapid, y de Justicia, Tzipi Livni, lo que llevó a elecciones anticipadas en 2015 cuando quedaban todavía dos años de legislatura–, Netanyahu ayudó a Mozes a buscar compradores para su grupo empresarial. Entre ellos, la editorial alemana Axel Springer –propietaria de los diarios Die Welt y Bild– que hubieran asegurado una cobertura afín a sus intereses, en una clara maniobra de manipulación mediática.
Las grabaciones –filtradas por un antiguo colaborador de Netanyahu que luego se convirtió en testigo protegido de la Justicia– muestran cómo amenazó al editor, al que le dice textualmente que “si haces que caiga, iré a por ti con todos los medios a mi disposición, aunque tenga que convertirse en la misión de mi vida”. Un lenguaje que el diario liberal Ha’aretz ha calificado de “estilo mafioso” en uno de sus editoriales. Pero el problema es mayor, dado que sorprendentemente el editor se muestra dispuesto a disciplinar a sus periodistas –en tanto en cuanto obtenga lo que quiere– e incluso le ofrece sustituirlos por otros de la confianza del Primer Ministro.
Tanto Bibi como Noni (el apodo de Mozes) quedan retratados como dos capos que se cruzan amenazas recíprocas dentro de un contexto que huele a podrido. Por un lado, Netanyahu en su afán por controlar los medios a cualquier precio. Y, por otro, Mozes, que no muestra escrúpulo alguno como editor a la hora de someter a la redacción a sus designios dentro de un periódico que hoy en día practica cada vez más el sensacionalismo y el amarillismo, carente de una mínima deontología profesional en la presentación de algunas de sus informaciones.
Denuncia del precedente Bibitours
Otro de los frentes judiciales abiertos del Primer Ministro (el llamado Caso 1000) estaría relacionado con la aceptación de valiosos regalos –puros para él y joyas para su mujer– por parte de acaudalados amigos suyos, sin declararlos a la Hacienda Pública. Entre ellos, del afamado productor cinematográfico Arnón Milján, quien le habría proporcionado obsequios de gran cuantía económica. En contrapartida, Netanyahu le habría ayudado a renovar por 10 años su visado de residencia en Estados Unidos –cuando inicialmente se lo habían concedido solo por uno– haciendo uso de su interlocución privilegiada con el secretario de Estado, John Kerry.
Entonces, Milján –que saltó a la fama tras producir la película Pretty Woman– era copropietario del Canal 10 de televisión junto al empresario Ron Lauder –heredero del imperio de cosméticos Estée Lauder y presidente del Consejo Judío Mundial– y supuestamente utilizó su privilegiada posición para intentar impedir la emisión de un documental sobre el escándalo conocido como Bibitours. Éste fue el primer caso en que Netanyahu y su mujer Sara pasaron a estar bajo sospecha de patrimonializar los recursos del Estado.
Una investigación del Canal 10 logró reunir pruebas que demostraban cómo, tras un viaje a Estados Unidos durante su mandato como ministro de Hacienda entre 2003 y 2005, los Netanyahu presentaron la misma factura ante una fundación privada y ante el departamento de administración de la Knesset (Parlamento israelí). Igualmente, fueron acusados de utilizar los puntos que habían obtenido en sus desplazamientos oficiales con las líneas aéreas de bandera El Al para beneficio privado. Así en 2011, ejerciendo ya como primer ministro, los abogados de Netanyahu interpusieron una demanda contra la emisora de televisión por valor de 3,5 millones de shequels (casi 900.000 euros). La Abogacía General del Estado llegó a abrir una investigación formal al respecto de los Bibitours, pero la causa fue archivada por la Fiscalía General en 2016.
Obsesión por el control
De cara a protegerse frente a las crecientes acusaciones de corrupción que vertían sobre su cabeza, Netanyahu puso en marcha una sofisticada operación para controlar los medios de comunicación social. Tal como dijo en una de sus declaraciones ante la unidad antifraude de la Policía Nacional en la que tuvo que personarse como investigado, se sentía objeto de una caza de brujas por parte de los medios, “que están todos al servicio de la izquierda”. Una acusación recurrente, similar a las hechas por Donald Trump en Estados Unidos o Víctor Orban en Hungría, así como por otros defensores de la llamada “democracia iliberal”.
Sin embargo, tras la imputación dictada por el general de Israel, Avichai Mandelblit –la primera de un Primer Ministro en activo en la historia del Estado israelí–, Netanyahu no solo ha asegurado ser víctima de una caza de brujas. Ahora habla también de un "golpe de Estado" perpetrado por quienes él considera "traidores", es decir, los policías, abogados y fiscales que le han investigado y, finalmente, acusado e imputado.
Un ejemplo de dicha estrategia de control de los medios ha quedado de manifiesto en otro de los casos por el que está siendo investigado. Según el llamado Caso 4.000, Netanyahu –que también ejercía como ministro de Comunicaciones de forma interina– concedió un trato de favor al presidente del conglomerado de telecomunicaciones Bezeq, Saúl Elovitch, para que éste pudiera adquirir la empresa de televisión por cable Yes, a cambio de que el portal digital de información Walla (perteneciente a Bezeq) diera noticias positivas sobre él y sobre su familia. No sólo sobre su controvertida esposa sino también sobre su hijo Yair, que gusta de polemizar en las redes sociales y causar daños colaterales a su padre.
Mas esa obsesión de Netanyahu por controlar los medios comenzó ya en su 2012, cuando sentó las bases legales para dividir el Canal 2 de televisión (que competía con el también privado Canal 10 y con el Canal 1 público) puenteando mediante una iniciativa parlamentaria al que entonces era ministro de Comunicaciones y luego se convertiría en uno de sus principales socios de Gobierno, Moshe Kajlón. Finalmente, lograría su objetivo de dividir y controlar mejor el Canal 2 –bajo la premisa de que rompía el oligopolio y favorecía la competencia– que quedó escindido entre Reshet (Canal 12) y Keshet (Canal 13).
Dentro de esta reordenación del espectro audiovisual, el combativo Canal 10 pasó al Canal 14, mientras que la corporación de medios de comunicación públicos pasó a denominarse KAN y a ocupar el Canal 11 de televisión. A esto se unió la creación del Canal 20, cuyo mandato original era de convertirse en una televisión para difundir la herencia y la tradición del pueblo judío, pero que con el paso del tiempo dispone de unos importantes programas informativos que también suelen dar una cobertura favorable de todas las acciones del Primer Ministro. De hecho, el Canal 20 juega el mismo papel en televisión que el diario Israel Hayom hace en prensa, poniéndose siempre del lado de Netanyahu.
Quizás sea la radio el sector informativo en que haya habido menos intentos de manipulación, si bien Netanyahu intentó infructuosamente trasladar la dirección de la popular emisora de entretenimiento y noticias Galei Tsahal (Radio del Ejército) desde las en teoría apartidistas Fuerzas Armadas al ministerio de Defensa, dado que éste siempre ejercería un mayor control político. En cualquier caso todavía quedan medios de comunicación –aunque sean cada vez menos– como el diario Ha´aretz, que parecen dispuestos a llevar sus pesquisas contra Bibi hasta sus últimas consecuencias.
Pues una cosa es disfrutar del lujo y la riqueza –como hacen los Netanyahu, lo que a pesar de que contradiga la austeridad de los padres de la patria se corresponde con el espíritu de los tiempos– y otra menoscabar la libertad de prensa, pilar fundamental de las democracias en general y de la israelí en particular. Los ciudadanos parecen dispuestos a tolerar su modo de vida hedonista y a que puentee los procedimientos de licitación de la administración pública, pero no a que manipule los medios de comunicación y a que coarte la libertad de expresión, en su particular afán de perpetuarse indefinidamente en el cargo.
