Las últimas elecciones presidenciales, marcadas por el miedo a que el gobierno pudiese manipular el resultado, han sido un termómetro para medir la capacidad de reacción ciudadana.
Mientras Macky Sall esgrimía los 221 kilómetros de autopistas construidos durante su mandato como su principal valor, algunos colectivos de la sociedad civil le reprochaban la prohibición de manifestaciones. Frente a los argumentos de la bonanza económica y del balance de infraestructuras, numerosas organizaciones sociales alertaban de un empeoramiento en los niveles de gobernanza, de un retroceso en el respeto de los derechos y libertades fundamentales de los senegaleses. Una acusación grave. Ese era el clima en el que se celebraban en febrero las elecciones presidenciales en el país africano. Los comicios aparecían como un desafío para la sociedad civil y como el termómetro ideal para medir su capacidad de organización y de reacción. La respuesta fue un dispositivo de vigilancia desplegado en todo Senegal como nunca antes se había visto.
Desde el fomento de la participación hasta el recuento de votos, pasando por un intento de controlar bulos y discursos de odio o la violencia, las organizaciones de la sociedad civil cubrieron todas las caras del proceso electoral. Las votaciones son periodos delicados que han llevado a países aparentemente estables a asomarse a peligrosos abismos. Los actores políticos radicalizan sus discursos y la paz social se tambalea. Las amenazas se multiplican. Por un lado, fraude, compra de votos o coacciones; por otro lado, fango, discursos crispados, manipulación o enfrentamientos. Todos ellos ingredientes que no combinan con la cohesión social.
Esa misma situación crítica es un buen escaparate para asomarse a la salud de la sociedad civil. La senegalesa demostró, frente a ese último reto, su capacidad de movilización y de ocupar y gestionar el espacio social, incluso teniendo que competir con los robustos aparatos de los partidos. Esta firmeza no es un destello sino que se ha ido afianzando con el paso del tiempo. La sociedad civil ha demostrado en las últimas dos décadas que no se casa con nadie y las elecciones han sido, habitualmente, el escenario para mostrar sus progresos. En los comicios de 2000, esa toma de responsabilidad ciudadana subió un escalón. El candidato de la oposición en ese momento, Abdoulaye Wade, movilizó a las fuerzas sociales para propiciar una alternancia. Durante 40 años, el país solo había conocido dos presidentes y ambos del mismo partido. Wade consiguió activar, con herramientas novedosas, a sectores sociales que hasta ese momento parecían no contar.
En 2012, avanzó un paso más. La sociedad civil volvió a implicarse a favor de la democracia y tomó las calles, sobre todo de Dakar, en una movilización sin precedentes. En este caso, la resistencia se levantaba frente al propio Wade. Se consideraba que había roto el pacto social para preservar la salud democrática. Un bloque unitario, liderado por organizaciones de defensa de los derechos humanos, coincidió en la protesta con grupos sociales urbanos que reclamaban protagonismo y desplegaron, de nuevo, formas innovadoras de acción política: ocuparon las plazas, pero también las redes sociales; levantaron barricadas, pero además lanzaron canciones comprometidas. Macky Sall fue el más beneficiado por la pesca en ese río revuelto y ganó las elecciones.
En el último episodio, este mismo año, esa misma sociedad civil no ha dejado de denunciar una deriva de Macky Sall que consideran antidemocrática. Modificando las reglas del juego electoral para su beneficio, con la introducción de un sistema de patrocinio ciudadano previo; desembarazándose de rivales a codazos, con la descalificación de los representantes de los dos principales partidos opositores, debido a sus problemas con la justicia; o acorralando la libertad de expresión y de manifestación, con usuarios de redes y periodistas sancionados por compartir contenidos y marchas de protesta prohibidas.
“De Macky Sall se esperaban reformas y una mejora de la gobernanza, pero se puede decir sin duda que lo ha hecho peor que Wade. En términos de Derechos Humanos y libertades fundamentales, hemos retrocedido en los últimos años. Ha utilizado la justicia y ha hecho todo lo que ha podido para intimidar a la sociedad civil”, resume Alioun Tine, un referente en Senegal en la defensa de los derechos fundamentales. Tine es un símbolo de esas organizaciones sociales en el país, uno de los que puso al frente de las marchas contra Wade en 2012 y siete años después, advierte que la sociedad civil había vuelto a ser amenazada y era necesario que se movilizase para garantizar el juego democrático.
En una sala de conferencias de un hotel de Dakar, un equipo monitorizaba los resultados electorales a través de una aplicación informática y, sobre todo, a través de una red que movilizó a más de 2.000 observadores civiles voluntarios en todo el país. En la sala convivían diferentes iniciativas, la de las organizaciones que vigilaban los recuentos de votos, otra que velaba para documentar posibles violencias electorales y una más que gestionaba una plataforma online y tomaba el mundo digital para garantizar unas elecciones libres y transparentes. Era solo una de las situation room, de las salas de vigilancia que se habilitaron en esos días de votaciones en Dakar. Organizaciones vinculadas a la Iglesia o grupos de mujeres se sumaron a este despliegue en el que la ciudadanía se hacía responsable de la buena marcha de las elecciones.
Valdiodio Ndiaye es un veterano observador y mediador electoral que en las últimas presidenciales lideraba una de esas iniciativas de vigilancia. De la mano de una coalición de entidades sociales que aglutina a 600 organizaciones, era uno de los responsables del dispositivo SunuElection que había intentado atemperar el discurso de los candidatos, garantizar la independencia de la justicia frente a posibles incidencias, fomentar la participación ciudadana y, finalmente, vigilar el proceso de voto y el recuento. “Durante el mandato de Macky Sall hemos detectado importantes disfunciones en las instituciones, había un riesgo de que el Estado no pudiera garantizar el ejercicio del derecho de voto y se habían producido episodios de represión del derecho a la libertad de expresión”, señala para justificar su implicación. “Bastaría un accidente para que se perdiesen algunas de las libertades que se han conquistado y, con el descubrimiento de recursos naturales (gas y petróleo), había un temor de que aumentase la voluntad de manipular los resultados”, concluye.
“Senegal es uno de los pocos países de la región que paga al 100% sus elecciones y eso es un orgullo para la ciudadanía. Como saben que son capaces de organizar unos comicios, cuando detectan alguna irregularidad nunca piensan que es una casualidad”, cuenta Hawa Ba, directora de OSIWA (Open Society for West Africa) en Senegal. Ba explica que si algo no sale bien en las votaciones, la ciudadanía no lo interpreta como un accidente sino como un intento de manipulación “y por eso vigilan y piden explicaciones”.
La fundación que lidera Ba en el país es una de las más firmes aliadas de las organizaciones de la sociedad civil que velan por la calidad democrática del país. “Las elecciones se desarrollaban en un clima de sospecha, de crisis de confianza entre los actores políticos y entre los actores políticos y las instituciones, con una tensión permanente que imposibilitaba un espacio para una discusión sana y serena. Igualmente había un déficit de interés y de confianza de los ciudadanos ante el proceso electoral”, explica la activista social. Aunque para ella no se trataba sólo de participar sino “de tener la conciencia de que mi voto importa, que los ciudadanos interioricen que el poder está en sus manos y les corresponde tomar la decisión”. “El proceso no está a salvo de las tentativas de viciarlo, el sistema está siempre amenazado y por eso hay que forjar centinelas, una vigilancia permanente”, sentencia.
Precisamente, el movimiento Y’en a Marre se ha atribuido esta labor de centinelas y, posiblemente, representa la expresión más de base de esas entidades de la sociedad civil, incluida su dosis de informalidad y de horizontalidad. El rapero Fou Malade, uno de los representantes del colectivo, recordaba que ellos habían padecido esa voluntad de debilitar a los actores incómodos y por ello se movilizaron durante la campaña a través de actividades de sensibilización. “Macky no ha hecho sus deberes e, incluso, ha hecho retroceder la democracia, porque no se puede negar a los ciudadanos los derechos fundamentales, la libertad de marchar, de manifestarse o de indignarse”, dice. “La implicación de la sociedad civil lleva a la ciudadanía a concienciarse de lo que pasa, a comprometerse y plantearse que los comicios no se pueden dejar en manos de los partidos políticos”, concluye su reflexión.
El pasado 24 de febrero, Macky Sall ganó las elecciones presidenciales con una holgada diferencia sobre sus competidores. Sin embargo, eso no hace sino reforzar la posición de la sociedad civil que no era partidista. Las iniciativas de las organizaciones sociales no militaban por un candidato, sino que pretendían garantizar el respeto a las decisiones de la ciudadanía. La mayor parte de misiones de observación acabaron valorando que las votaciones habían sido transparentes y ese era el objetivo.
“En 2000 y en 2012 se había demostrado que los ciudadanos tienen el poder de decidir y no había motivo para retroceder. Los políticos intentan despojar a los ciudadanos de su poder. No les interesan aquellos informados, comprometidos y conscientes de su papel y de que tienen la última palabra”, resume Hawa Ba que recuerda que “la cultura democrática tiene que alimentarse y mantenerse”. La activista destaca que le corresponde a la sociedad civil asegurarse de “forjar esa convicción ciudadana de que el único poder es el poder del voto, que determina qué líder escojo y qué proyecto de sociedad quiero para mi país”. “La conciencia individual de ese poder es lo que provocará un cambio cualitativo en la forma de gobernar nuestros países y de actuar de nuestros políticos porque sabrán que no pueden hacer cualquier cosa, que no tienen un cheque en blanco”, concluye la activista.
Después de las elecciones y de la movilización excepcional de una cita clave, la actividad ha vuelto a su curso natural. Las alianzas puntuales se han deshecho y cada organización ha retomado sus intereses particulares, a la espera de que otro reto compartido reclame la movilización conjunta. Desde el laboratorio de ideas AfrikaJom Center, Alioune Tine continuaba propiciando una reflexión en torno a la necesidad de una reforma institucional. SenegalVote, por ejemplo, que se plantea como una plataforma de seguimiento para un ciclo electoral largo, toma aliento para la próxima cita con las urnas. Y el movimiento Y’en a Marre recuerda a las autoridades que continuará vigilando el cumplimiento de las promesas electorales y “la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía senegalesa” como señalaba su nuevo coordinador Aliou Sané. Pero como no sólo de política institucional vive sociedad civil, sus actividades han recuperado el tono de cotidianeidad, por ejemplo, con los avances del proyecto SunuGox con el que Y’en a Marre acompaña a las organizaciones de base de diferentes barrios periféricos de Dakar, fomentando la protección del medio ambiente y la ciudadanía activa.
