Rusia, Estados Unidos y la UE deben ser conscientes del nexo entre represión e inseguridad en el país centroasiático. ¿Qué pueden hacer para ayudar a Tayikistán a prevenir el conflicto?

Una madre con sus hijos mendiga en las calles de la ciudad de Dusambé. Al fondo, la imagen del presidente de Tayikistán, Emomali Rakhmonov. Vyacheslav Oseledko/AFP/Getty Images
Una madre con sus hijos mendiga en las calles de la ciudad de Dusambé. Al fondo, la imagen del presidente de Tayikistán, Emomali Rakhmonov. Vyacheslav Oseledko/AFP/Getty Images

El presidente tayiko, Emomali Rahmon, habla mucho de democracia, pero su presidencia se ha caracterizado por un estancamiento económico y social, agudizado por la corrupción y la mala gestión. El único partido de oposición con verdadero peso, el Partido del Renacimiento Islámico de Tayikistán (PRIT), ha sido prohibido y tachado de terrorista. Las elecciones fraudulentas y docenas de detenciones en 2015 han callado a los adversarios políticos, y en marzo asesinaron en Turquía a un líder de la oposición en el exilio. Los activistas temen el acoso de las autoridades, y las ONG "actúan en un entorno incierto y de alto riesgo".

Todo ello no ha hecho más fuerte al Presidente. Su aparato político y de seguridad es frágil. Las divisiones de la guerra civil siguen existiendo desde el acuerdo de paz de 1997; algunas áreas controladas durante el conflicto por la Oposición Tayika Unida (OTU) no han aceptado jamás la autoridad del Gobierno central. Un diplomático ruso calcula que Dusambé no controla verdaderamente más que alrededor del 30% del país. El hecho de que el general Gulmurod Khalimov, responsable de la Unidad Policial de Misiones Especiales (OMON), desertara y se uniera al Estado Islámico en mayo de 2015 y la decisión del viceministro de Defensa Abduhalim Nazarzona de organizar un ataque para salir de la capital, dejan claro que las lealtades están desmoronándose. Las medidas draconianas tomadas por Rahmon contra la oposición política, la disidencia civil y el islam están provocando una respuesta negativa.

 

La prohibición de los islamistas legales

El acuerdo de paz de 1997 puso fin a cinco años de combates entre las fuerzas de la oposición y las del Gobierno que habían dejado entre 60.000 y 100.000 muertos y una economía destrozada. El pacto preveía un sistema de múltiples partidos que canalizaran hacia la política legítima las aspiraciones de los islamistas y otros segmentos de la sociedad. En 2000, el PRIT obtuvo dos de los 63 escaños de la cámara baja del Parlamento, mientras que, como parte del acuerdo de reparto de poder, se asignaron puestos en la administración y los servicios de seguridad a antiguos miembros de la OTU. La participación política limitada del PRIT garantizaba la base del acuerdo de paz. Sin embargo, Rahmon seguía desconfiando de las asociaciones de algunos antiguos jefes de la OTU y estaba indignado con la resistencia de ciertas zonas a aceptar el control del Gobierno.

Tras la muerte del líder del PRIT Said Abdullah Nuri en 2006 y el nombramiento como sucesor de un islamista más moderno, preparado y elocuente, Mokhiddin Kabiri, Rahmon empezó a pensar que el partido representaba una amenaza directa contra su liderazgo.

En vísperas de las elecciones ...