El "caso Venezuela" y los crímenes de lesa humanidad. La posición del gobierno de Maduro en Venezuela se enfrenta a numerosos retos internos y externos en un futuro cercano. ¿Será capaz de mantenerse en el poder el presidente venezolano?

Entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre, Karim Khan, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), visitó Venezuela en la primera toma de contacto con las autoridades venezolanas para dirimir el curso de las investigaciones que desde 2018 se llevan a cabo contra el régimen de Nicolás Maduro por presuntas violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

Estas denuncias se enfocan en la represión oficial a las protestas llevadas a cabo entre abril y junio de 2017 y en la que murieron unas 124 personas a manos de Fuerzas de Seguridad del Estado y fueron detenidas más de 5.000.

El fiscal británico Khan fue elegido como máximo representante del CPI el pasado 12 de febrero, con el voto a favor de un total de 72 países de los 123 miembros del Tribunal Penal Internacional de La Haya, todos ellos firmantes del Estatuto de Roma, entre los que se encuentra Venezuela (firmó este estatuto en 1998 y lo ratificó en 2000). Khan sustituyó en el cargo a la fiscal Fatou Bensouda, asumiendo  esa responsabilidad el pasado 16 de junio.

Este 17 de diciembre, desde su sede en La Haya (Países Bajos), la CPI ratificó su decisión de avanzar en las investigaciones que se llevan a cabo contra Maduro y altos cargos de su régimen por violaciones de derechos humanos.

¿Por qué es tan importante el fiscal Karim Khan?

En lo que respecta al caso venezolano, la elección de Khan era mirada con lupa tanto por el régimen de Maduro como por las ONG de derechos humanos que elevaron sus denuncias ante la CPI y también por los principales líderes de la oposición venezolana, siendo estos Juan Guaidó, Leopoldo López, Henrique Capriles Radonski, Julio Borges y María Corina Machado, abiertamente favorables a las investigaciones de la CPI contra Maduro.

Si bien consideró las evidencias de las denuncias contra el régimen de Maduro, la antecesora de Khan, la fiscal Bensouda, manifestó una posición mucho más prudente y distante a la hora de acelerar las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, lo cual obviamente beneficiaba a Maduro. Un enfoque diferente al que expone Khan, más condescendiente a la hora de atender estas demandas y de llevar el "caso Venezuela" a una fase más elevada de investigación dentro de la CPI.

Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, da una conferencia de prensa. (Mahmoud Hjaj/Anadolu Agency via Getty Images)

Por ello, la elección de Khan como nuevo fiscal de la CPI  provocó, casi de inmediato, una inédita reacción dentro del régimen "madurista", en este caso en la persona del Fiscal General de la Nación, Tarek William Saab, uno de los altos cargos del régimen que también están siendo investigados por la CPI. En mayo pasado, Saab llegó incluso a reconocer que "se pudieron haber cometido atrocidades" por parte de los organismos de seguridad del Estado contra manifestantes y disidentes, en particular en casos específicos del capitán Acosta Arévalo, del político Fernando Albán y del estudiante Juan Pablo Pernalete.

Previo a la visita de Khan a Venezuela, el propio Maduro envió señales conciliadoras como fueron la excarcelación de algunos presos políticos así como la aplicación de determinadas reformas en el sistema judicial, en clave de mejorar su imagen ante la CPI y la comunidad internacional.

No obstante, tras publicarse el nuevo informe de la CPI sobre Venezuela, el propio Saab rechazó categóricamente esas acusaciones de presuntos crímenes de lesa humanidad. Esta declaración de Saab denotaba la enorme importancia que tiene para el régimen de Maduro la designación de Khan como fiscal de la CPI porque entiende que ahora se abre una fase decisiva en la investigación que no le beneficia en absoluto.

El "caso Venezuela" y el Memorándum de Entendimiento

El pasado 12 de agosto, la CPI publicó su informe sobre Venezuela en el que "abrió la puerta de manera formal", en palabras del abogado Alí Daniels, director de la ONG venezolana "Acceso a la Justicia", para llevar a cabo "una investigación en contra de Nicolás Maduro y varios altos cargos de su régimen, con la finalidad de que el fiscal de la CPI decida sobre su presunta responsabilidad en crímenes de lesa humanidad".

En este sentido, el "caso Venezuela" refleja un hecho histórico para la CPI, ya que será la primera vez que este organismo global investigue denuncias de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el ámbito hemisférico americano, en este caso también contra un presidente en funciones como es el caso de Maduro.

La visita de Khan levantó expectativas en las ONG de derechos humanos y familiares de las víctimas de la represión del régimen "chavista-madurista" sobre la posibilidad de que la CPI aumentara la presión sobre Maduro. Esta presión está contenida en la inclusión del "caso Venezuela" en la Fase 3 de este proceso de investigación, en la que la Corte atenderá con mayor celeridad las demandas de estas organizaciones no gubernamentales y exigirá al Estado venezolano una colaboración total en las investigaciones. Ello permitirá certificar con mayor exactitud si realmente el régimen incurrió en crímenes de lesa humanidad y emitir, por tanto, una sentencia definitiva.

El encuentro de Khan con Maduro en el Palacio de Miraflores definió esa perspectiva de toma de contacto inicial, pero también de inicio de esa fase decisiva en el proceso de investigación. En este sentido, la CPI firmó un Memorándum de Entendimiento con el Estado venezolano que le obliga a facilitar la colaboración e información requerida para las investigaciones. Toda vez, Khan anunció en presencia de Maduro que el "caso Venezuela" entraba en la anteriormente mencionada Fase 3, un anuncio que denota el nivel de presión de la Corte sobre el mandatario.

En esencia, este Memorándum obliga al régimen de Maduro a comprometerse en la adopción de medidas necesarias para garantizar la justicia para las víctimas con el apoyo, seguimiento y supervisión de la fiscalía de CPI.

Tras su reunión con Khan y la firma del Memorándum de Entendimiento, Maduro declaró que respetaba la decisión de la CPI de investigar las denuncias pero "que no las compartía".

Esta declaración implicaría observar que el modus operandi del régimen de Maduro seguirá manteniéndose inalterable: buscar dilatar la investigación, tal y como hizo durante la etapa de Bensouda al frente de la CPI, con la intención de ocultar preventivamente el acceso a la información y los testimonios, denunciando incluso la posibilidad de "injerencia exterior" tras la nueva fase de investigación. Pero con Khan al frente de la CPI, el escenario ahora se torna más complejo para Maduro.

La pesada sombra de Omar al Bashir

En junio pasado, el gobierno de Sudán anunció que entregaría a la CPI al ex presidente Omar al Bashir, acusado de crímenes de lesa humanidad cometidos en la región de Darfur entre 2003 y 2008. Omar al Bashir fue derrocado en 2019 tras fuertes protestas.

Con este precedente, el "caso Omar al Bashir" genera de alguna forma preocupación en las altas cúpulas de poder del "madurismo", en particular para aquellos altos cargos de su régimen imputados por la investigación de la CPI y que ahora ven al fiscal Khan mucho más convencido de elevar ese nivel de investigación.

No obstante, existen diferencias notorias en los casos de Maduro y Omar al Bashir. Toda vez ha sido un nuevo gobierno en Sudán el que decidió entregar a Al Bashir, este contexto no se vislumbra actualmente en Venezuela, donde el régimen de Maduro no muestra aparentes riesgos de desvanecerse a corto plazo ni de ascender un nuevo gobierno opositor que podría, eventualmente, acelerar los mecanismos de extradición en caso de que así lo requiera la CPI.

Pero cabe también observar el súbito cambio de contexto en el caso sudanés. La situación de la extradición de Omar al Bashir a la Corte ha quedado en el aire tras el golpe de Estado llevado a cabo por los militares en Sudán el pasado 25 de octubre. Se especula con que algunos de los militares golpistas podrían estar implicados en las acusaciones de la CPI sobre crímenes en Darfur, un aspecto que colateralmente podría también influir en la activación del golpe militar para, tentativamente, evitar esa extradición.

Con todo, el nombre de Maduro se agrega a la lista de ex mandatarios investigados por la CPI acusados de crímenes de lesa humanidad, entre los que han sido incluidos el ex líder serbio Slobodan Milosevic (se suicidó en su celda en La Haya en 2006), el ex presidente libio Muammar al Gadafi (ejecutado durante las revueltas de 2011) y el ya mencionado Omar al Bashir, entre otros.

Es por ello que el paso a la Fase 3 de la investigación por parte de la CPI aceleraría el nivel de presión hacia las autoridades venezolanas. Pero está por ver también el factor tiempo, importante a la hora de profundizar en las investigaciones sobre los testimonios de las víctimas y la posible decisión judicial sobre la implicación de altos cargos del régimen de Maduro en estos crímenes de lesa humanidad. Se prevé por tanto que este nivel 3 de investigación sea prolongado a largo plazo tomando en cuenta la cantidad de expedientes que deben revisarse con minuciosidad, un factor que podría beneficiar la estrategia de Maduro de intentar dilatar el proceso.

Por ello, el ya previsible rechazo de Maduro a la decisión de Khan de activar la Fase 3 del caso Venezuela" podría también persuadir a la CPI de poner en marcha otros canales de presión. Y aquí entran otros actores internacionales, como es el caso de Colombia, que también tienen incidencia en la crisis venezolana y en las acusaciones de las víctimas contra Maduro, ya que algunas de ellas están exiliadas en ese país.

De hecho, antes de viajar a Venezuela, el fiscal Khan visitó también Colombia. Esto podría definir un nuevo ciclo en las presiones hacia Venezuela igualmente determinado por un nuevo contexto político, judicial e incluso electoral en el que está sumido actualmente el país.

¿Está Maduro condenado o tiene margen de maniobra?

Pero también hay que tomar en cuenta que el contexto político venezolano ha dado un giro importante en los últimos meses, sin menoscabar el hecho de que el diálogo con la oposición en México quedó súbitamente paralizado por parte de Maduro tras la extradición a EE UU de Álex Saab. El empresario ligado al régimen "madurista" acusado por la justicia estadounidense de lavado de dinero y vínculos con organizaciones criminales.

No es descartable observar que lo que pueda suceder entre Maduro y la CPI en los próximos meses esté de alguna forma mediatizado por una marea de intereses políticos ante el nuevo contexto que se abre en Venezuela, con Maduro cada vez más políticamente consolidado y una oposición dividida.

Marcha en solidaridad con Alex Saab en Caracas, Venezuela. (Javier Campos/NurPhoto)

Por otro lado, el "caso Saab" ha alterado súbitamente el contexto de la crisis venezolana. Lo que revele el ex testaferro de Maduro ante las autoridades estadounidenses tendrá también algún tipo de incidencia en la dinámica política interna no sólo para el régimen de Maduro sino incluso para algunos actores de la oposición. No obstante, es evidente que el "efecto Saab" ha venido de alguna forma desvaneciéndose, al menos en cuanto al interés informativo, lo cual cuestionaría la interrogante de cómo realmente podría afectar a la estructura de poder "madurista".

En esta estructura de poder entran las élites empresariales amparadas por el "chavismo-madurismo", el estamento militar y los cuerpos que forman parte de la seguridad del Estado y que están en el "ojo del huracán" dentro de la investigación de la CPI.

Entre estos cuerpos, la Corte destaca en la responsabilidad de los delitos descritos a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) y otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Desde el exterior (principalmente desde EE UU), tanto lo que revele Saab en ese país, como las declaraciones ante la Audiencia Nacional española que ha realizado Hugo "Pollo" Carvajal, ex jefe de seguridad del desaparecido Hugo Chávez (también requerido por la justicia estadounidense por vínculos con el narcotráfico y organizaciones consideradas como "terroristas" por Washington), son factores que ejercen algún tipo de presión hacia Maduro a la hora de colaborar con las investigaciones que lleva a cabo la CPI.

Las elecciones del 21N en Venezuela

Por otro lado, en este ecuación de las relaciones entre Maduro y la CPI también podrían tener algún tipo de incidencia los resultados de las elecciones regionales del pasado 21 de noviembre (21N) en Venezuela, las cuales han marcado un nuevo equilibrio político interno, toda vez el diálogo de México está en estado de impasse, a la espera de su reactivación como medida conciliadora por parte del presidente para reducir la presión internacional.

Venezuela realizó elecciones regionales de gobernadores y alcaldes el pasado 21 de noviembre, en las que Maduro obtuvo una clara victoria (19 de las 23 gobernaciones) a pesar de la elevada abstención (58%) que denota descontento con la oferta política y electoral.

Toda vez, Maduro alcanzó un atisbo de cierta legitimidad exterior a sus comicios (y por lo tanto a su gobierno) a través de la participación de una misión electoral de la Unión Europea y del Centro Carter. Una legitimidad parcial, no exenta de críticas y cuestionamientos sobre la transparencia de esos comicios.

El líder opositor Juan Guaido habla durante una rueda de prensa en Caracas, Venezuela. (Manaure Quintero/Getty Images)

No obstante, la Administración de Joseph Biden anunció que no reconoce la legitimidad de esos comicios regionales, manteniendo su postura de apoyo al líder opositor Juan Guaidó como "presidente legítimo" e interino. Guaidó mostró una posición contraria a esos comicios que definió como "ilegítimos". No obstante, varios líderes regionales opositores sí participaron, confirmando así el estado de fractura interna en la oposición venezolana y el creciente descontento sobre el liderazgo de Guaidó.

Por tanto, la eventual reactivación del diálogo en México y la tibia legitimidad internacional a las elecciones del 21N en Venezuela son factores que igualmente definen la necesidad de normalización de la situación venezolana, un aspecto que beneficia principalmente a Maduro. Por otro lado, el presidente está impulsando una calculada apertura económica que está determinando el paso a una economía digital cada vez más asentada en Venezuela, azotada por la hiperinflación y la imparable depreciación de su signo monetario.

Pero los comicios del 21N también pueden definir otro escenario dentro del "chavismo-madurismo", determinado por la posibilidad de que se consoliden algunos liderazgos regionales que podrían progresivamente anunciar nuevos reacomodos de poder dentro de la estructura oficialista, no exactamente definidos a favor del "madurismo".

Surgen aquí dos nombres propios que fueron reelectos en sus respectivos cargos en dos estados estratégicos para la geopolítica del poder en Venezuela: Héctor Rodríguez en la gobernación del estado Miranda y Rafael Lacava en la del estado Carabobo, ambos pisando fuerte en el entramado de poder "madurista".

Venezuela en 2022: ¿hacia un revocatorio contra Maduro?

Por ello, el nuevo tiempo político en Venezuela impone su ritmo de forma colateral a las investigaciones que se lleven a cabo en la CPI.

La victoria del "madurismo" en los comicios del 21N ha generado una situación de cuestionamiento al liderazgo de Guaidó dentro de una oposición que se muestra dividida, un aspecto que erosiona la consistencia del denominado "gobierno interino" instaurado por Guaidó desde 2019, y que en el contexto actual se observa operativamente bajo mínimos.

Mientras se recompone el espacio opositor, las iniciativas de la oposición de cara a 2022 parecieran trazarse ante la posibilidad de impulsar un referéndum revocatorio contra Maduro, herramienta política establecida en el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Sería retrotraer en 2022 lo ocurrido en agosto de 2004, cuando la oposición, entonces aglutinada en la plataforma de la Coordinadora Democrática, logró impulsar este revocatorio contra el entonces presidente Hugo Chávez, al final infructuoso ya que Chávez logró la victoria con el 59,1% de los votos a su favor, impidiendo así la revocación de su mandato presidencial y consolidando su poder al frente de Venezuela.

Rueda de prensa de Nicolás Maduro tras polémicas elecciones parlamentarias (Carolina Cabral/Getty Images)

En lo concerniente al revocatorio contra Maduro, no existe un consenso claro en la oposición venezolana sobre la viabilidad de este contra Maduro, toda vez algunas voces dentro del "chavismo" parecen inclinarse a favor de él.

Pero el propio revocatorio contra Maduro plantearía igualmente dilemas internos en la oposición sobre la legitimidad del período presidencial. Tras obtener la victoria en abril de 2013, el presidente se presentó a la reelección en mayo de 2018, ganando con el 67% de los votos en unos comicios no reconocidos por la mayor parte de la oposición aduciendo la ilegitimidad del proceso, al ser convocado vía Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y no por la Asamblea Nacional, el poder legislativo entonces mayoritariamente en manos opositoras, tal y como establece la Constitución venezolana.

Maduro asumió la presidencia en enero de 2019 vía TSJ para un segundo mandato presidencial, lo cual tampoco fue reconocido por la oposición, apareciendo allí la figura de Guaidó como "presidente legítimo" proclamado por la Asamblea Nacional. Desde entonces, la oposición liderada por Guaidó siempre argumentó la "usurpación del poder presidencial" por parte de Maduro.

Por tanto, si la oposición acuerda impulsar en 2022 un revocatorio contra Maduro tal y como establece la Constitución, a la mitad del mandato del cargo que se pretende revocar (en este caso el Presidente de la República) y recolectando como mínimo el 20% de los votos de acuerdo a la última elección del cargo que se quiera revocar (en este caso, sería el 20% de los 6.190.612 votos obtenidos por Maduro en 2018), la oposición efectivamente estaría reconociendo la legitimidad de ese proceso electoral que durante los últimos años ha denunciado como ilegítimo, contradiciendo así las tesis de Guaidó.

Por otro lado, y en caso de llevarse a cabo el revocatorio y de perderlo Maduro, legalmente debería desalojar la presidencia, hasta establecerse un nuevo cronograma electoral en un máximo de 60 días para la elección de un nuevo presidente, y en las que la ley electoral no desestima la posibilidad de que el presidente revocado pueda volver a presentarse a las elecciones.

Por ello, y en el caso de que Maduro eventualmente se viera desalojado de la presidencia tras el revocatorio, quedaría por ver su situación con respecto a la inmunidad ante la ley, visiblemente alterada, lo cual podría acelerar las investigaciones en la CPI para su eventual enjuiciamiento.

Otro aspecto tiene que ver con el escenario regional. La victoria de la izquierda en la segunda vuelta presidencial en Chile, bajo la figura de Gabriel Boric, abre un compás para reacomodar piezas a favor de Maduro y sus aliados en la izquierda latinoamericana en un 2022 electoral a nivel hemisférico, con dos piezas clave; las presidenciales de mayo en Colombia y las de Brasil en octubre. En perspectiva, Maduro aspira a disminuir la presión exterior a su gobierno y obtener ganancias en cuanto a la legitimidad del mismo a través de nuevos rostros de la izquierda latinoamericana.

Así, con la nueva fase de investigación del "caso Venezuela" en la CPI tras la visita de Khan, aunados a los casos Saab y "Pollo" Carvajal, el nuevo momento político determinado por las elecciones del 21N y la posibilidad, aún incierta, de activar un referéndum revocatorio contra Maduro en 2022, imponen persuasivas incógnitas: a pesar de su consolidación política interna, ¿estamos ante una fase decisiva que eventualmente lleve a la posibilidad de un enjuiciamiento de Maduro ante la CPI? Y ante esta posibilidad, ¿podría Maduro ser desplazado del poder ante un posible nuevo equilibrio político en Venezuela?