La crisis político-institucional venezolana dista mucho de alcanzar una solución de consenso a corto plazo. Mientras la vacuna contra la COVID-19 ocupará la mayor parte de la atención mundial, al menos durante el primer semestre de este 2021, los escenarios que se presentan para Venezuela en este nuevo año han dado un giro significativo.

El madurismo se consolida. Más allá de la controversia causada por la legitimidad de las elecciones legislativas realizadas en diciembre pasado, de la elevada abstención (69%) y del mayoritario desconocimiento internacional a esos resultados, este 5 de enero el madurismo recuperó los espacios del poder legislativo para el próximo período entre 2021 y 2026.

Con ello, se completa el proceso de concentración de todos los poderes públicos en manos de Nicolás Maduro, afianzando un poder absoluto, desprovisto de equilibrios institucionales que fiscalicen su gestión. A diferencia de la oposición, y a pesar de su elevada impopularidad, el madurismo y sus factores aliados en el poder, en especial el estamento militar, no han observado fisuras significativas que pongan en peligro su hegemonía política.

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El presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una rueda de prensa en el Palacio de Miraflores, Caracas, diciembre 2020. Carolina Cabral/Getty Images

El contexto es significativo. La nueva ecuación de poder da a entender que el madurismo refuerza su poder incluso dentro del propio espacio político de representación chavista. La presidencia de esta nueva Asamblea Nacional en manos de Jorge Rodríguez y el notorio desplazamiento del poder de Diosdado Cabello, hasta ahora presidente de la igualmente polémica y ya inexistente Asamblea Nacional Constituyente (ANC), define este rumbo político.

Así, el madurismo ya no se exhibe únicamente como el heredero del chavismo sino que, más bien, ha pasado página, cooptando e incluso degradando a miembros del chavismo originario, especialmente del sector militar febrerista (rebelión de Hugo Chávez del 4 de febrero de 1992), como es el caso del propio Diosdado, pero también de cualquier vestigio de poder de la familia Chávez.

La inclusión como parlamentario de Nicolás Maduro Guerra, hijo del actual mandatario, simboliza esa preeminencia familiar dentro del nuevo establishment del poder en Caracas. A este núcleo madurista debe unirse igualmente el poder de Tarek el Aissami, actual ministro de Petróleo y principal vínculo del país con Irán, actual surtidor de gasolina a la maltrecha economía venezolana.

Con una economía dolarizada de facto, Maduro parece persuadido a propiciar una incipiente apertura económica, menos agresiva con el sector privado pero que permita el ingreso de inversiones extranjeras, especialmente de sus aliados Rusia, Irán, Turquía y China, entre otros, y que son vitales para mantener la actual nomenklatura de poder madurista.

No obstante, ya confirmado su poder absoluto, Maduro no desdeñará continuar con el programa socialista, con menor interés ideológico pero sí como herramienta de poder. Surgen así expectativas de posibles confiscaciones, principalmente de bienes y propiedades de venezolanos emigrados y de dirigentes políticos en el exilio.

El objetivo de la eventual apertura económica es sortear las sanciones internacionales de EE UU y la Unión Europea, a la espera de observar cuál será la óptica hacia Venezuela que tendrá el próximo presidente estadounidense, Joseph Biden, y si con ello se entierra definitivamente la "Doctrina Trump".

De este modo, Maduro observa con beneplácito la posición de Biden y de su vicepresidenta Kamala Harris de recuperar la "Doctrina Obama" de apertura gradual con Cuba, lo cual implicaría directamente a Venezuela, tomando en cuenta la asociación estratégica total entre ambos países.

También está el contexto regional. Como sucediera con la vuelta al poder del MAS en Bolivia en octubre pasado y anteriormente del poskirchnerismo en la Argentina de Alberto Fernández, el madurismo observa con interés la posibilidad de un vuelco político en las elecciones presidenciales ecuatorianas del febrero próximo, así como en las presidenciales peruanas de abril, que le permita recuperar alianzas regionales.

Así, en Ecuador, la atención está fijada en fuerzas de izquierda poscorreistas como Andrés Arauz, e indigenistas como Yaku Pérez. En noviembre, Nicaragua irá a elecciones presidenciales, donde se da por descontado otro nuevo período para Daniel Ortega, aliado de Maduro y en el poder desde 2006.

El ex presidente Chávez rememoraba constantemente en sus discursos una fecha: 2021. Es el año que celebra el Bicentenario de la Batalla de Carabobo (1821) que selló la independencia venezolana. Pero en este 2021 de la pandemia, el madurismo parece identificar el simbolismo de esa fecha histórica hacia otra vertiente: el de su consolidación en el poder, incluso por encima del propio chavismo.

Ensayo de gobierno en el exilio. La eventual consolidación del madurismo lleva a otro nombre: Juan Guaidó. Dos años después de su inesperada aparición pública, el aún principal líder de la oposición venezolana se encuentra en un difícil laberinto que acrecienta la precariedad de su posición política.

Mientras Maduro lanzaba sus controvertidas elecciones legislativas en diciembre, Guaidó apostó sus cada vez menos efectivas cartas a una consulta popular anti-Maduro de resultados inciertos desde el punto de vista político. Debe igualmente observarse que, a pesar de la posición oficial, existen fisuras internas y críticas dentro de la oposición hacia el liderazgo de Guaidó, al que califican de "ineficaz".

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El líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, junto a un cartel que dice Venezuela di no al fraude. Carolina Cabral/Getty Images

Ya entrado el 2021, la Asamblea Nacional surgida de las elecciones de 2015 (las últimas reconocidas como legítimas por la mayor parte de la comunidad internacional) renovó a Guaidó en la presidencia por un año más. Pero la situación de éste es sumamente compleja teniendo en cuenta que el poder político de facto lo tiene el madurismo.

Guaidó sigue teniendo el apoyo y el reconocimiento de 60 países, pero la realpolitik venezolana y los posibles cambios en el contexto internacional (nuevo gobierno en EE UU, atención mundial a las vacunas del coronavirus) pueden alterar esta situación.

De hecho, su figura como presidente interino pierde gradualmente fuerza en el contexto exterior, así como su mantra de hoja de ruta lanzado en 2019 de "fin de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres". De hecho, la Unión Europea lo sigue reconociendo, pero ahora como "interlocutor", un enfoque que denota obviamente un nivel de degradación en cuanto a la posición política e, incluso, del propio liderazgo de Guaidó.

Su mentor político, Leopoldo López, logró escapar a España, donde se concentra gran parte del exilio opositor venezolano, con figuras como el ex alcalde metropolitano Antonio Ledezma. Tampoco estará Trump en la Casa Blanca, y si bien Biden parece convencido de mantener el apoyo bipartito entre republicanos y demócratas en EE UU hacia la causa democrática que impulsa Guaidó, nada parece completamente seguro.

Con la Asamblea madurista en funcionamiento, persisten las incógnitas sobre qué sucederá con Guaidó. Muchos sectores maduristas buscan revancha y lo quieren ver preso, pero la posibilidad de un audaz exilio es otra alternativa.

Con ello, podríamos observar cómo la oposición venezolana podría reproducir el ejemplo de la oposición política al régimen de Teodoro Obiang en Guinea Ecuatorial, que mantiene un precario gobierno en el exilio precisamente en España, desde 2003 en manos de Severo Moto. El caso del exilio cubano, particularmente en EE UU, también es una posibilidad que refleje lo que puede suceder con Guaidó y la oposición venezolana.

Con o sin exilio a la vista, otra expectativa puede anunciarse en este incierto 2021: la posibilidad de un nuevo cambio de dirección dentro de la oposición venezolana, con nuevas figuras que podrían traducir una etapa post Guaidó y post Leopoldo López.

En la órbita de este posible cambio de dirección en las filas opositoras surgen dos líderes ya conocidos: María Corina Machado y el ex candidato Henrique Capriles Radonski. En los últimos meses, ambos han sido fuertes detractores de la estrategia de Guaidó y nunca ocultaron sus intenciones para eventualmente sucederlo. Pero está por ver si sus estrategias serán de aggiornamiento pragmático con el madurismo o de apostar por acciones más radicales.

Machado defiende la radicalización en la calle sin negociación con un régimen que califica "usurpador y criminal". Por su parte, Capriles Radonski ya abrió con anterioridad algunas líneas de diálogo con el Gobierno de Maduro. Con menor incidencia, otros nombres en la palestra opositora incluyen a la diputada Delsa Solórzano, aunque la dirigencia opositora venezolana se ve igualmente fragmentada al tener a varios de sus representantes en la cárcel como presos políticos del régimen.

La posibilidad de ensayo de un gobierno en el exilio, con López y eventualmente Guaidó como principales operadores, repercutirá en el seno interno de la oposición que queda en Venezuela. Está por ver si la unidad opositora seguirá inquebrantable o, más bien, se produciría una posible ruptura entre sectores opositores, tanto en el exilio como en Venezuela, sobre las estrategias a adoptar.

Mientras aparecen informaciones sobre presuntas tramas de corrupción en el entorno de Guaidó, la incertidumbre sobre esta nueva etapa gravita en el entorno opositor venezolano. Con un Guaidó visiblemente debilitado, la oposición se expone en este incierto 2021 a perpetuar sus dilemas en cuanto a la posibilidad de un nuevo cambio de liderazgo y de estrategias.

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Una mujer que apoya a Joe Biden sostiene una bandera venezolana en florida EE UU, octubre 2020. Jones/Getty Images

Presión internacional para salida electoral. Es el escenario deseado por la mayor parte de la comunidad internacional, en particular la Unión Europea, el Grupo de Lima y muy posiblemente por la próxima Administración Biden. Pero sus posibilidades son escasas, más aún cuando no hay calendario electoral previsto en Venezuela a mediano plazo, los canales de diálogo entre el madurismo y la oposición son prácticamente nulos o, como mucho, testimoniales y se prevé una mayor radicalización del poder absoluto de Maduro.

De hecho, en diciembre pasado, el líder venezolano reafirmó un reto electoral y político a la oposición: la posibilidad de impulsar un referéndum revocatorio en su contra para 2022, tal y como lo establece la Constitución Bolivariana, cuando se cumpla la mitad de su mandato, iniciado en enero de 2019 pero no reconocido por la mayor parte de la comunidad internacional. No parece, por tanto, persuadido a seguir cualquier recomendación de solución electoral alternativa a la crisis política e institucional venezolana que venga desde el exterior. El apoyo de Rusia, Irán y especialmente de Cuba le ha servido a Maduro para sortear el aislamiento internacional sin perder capital político ni realizar concesiones democráticas audaces.

Del mismo modo, la comunidad internacional que reconoce a Guaidó se verá igualmente amortizada tomando en cuenta que el escaso peso político interno de la dirigencia opositora, y el poder de facto en manos del madurismo. La presión internacional puede ser intensa, tomando en cuenta la posibilidad de una ampliación de la represión política contra dirigentes opositores y medios de comunicación afines por parte del régimen venezolano.

Pero mucho también dependerá de qué tan relevante seguirá siendo la crisis en el país para la atención de las principales potencias mundiales, especialmente en un 2021 signado por las vacunas de la pandemia y las consecuencias socioeconómicas de la misma.

Sea como sea, independientemente de los tres escenarios anteriormente expuestos, la crisis venezolana dista mucho de albergar alguna solución satisfactoria y de consensos. Dependerá, en gran medida, de la presión internacional ante un régimen madurista desacreditado en el exterior pero afianzado de facto en el plano interno.