Escenarios abiertos entre la Unión Europea y Estados Unidos con el régimen de Nicolás Maduro, con elecciones a la vista.
La decisión anunciada de manera conjunta por EE UU, Canadá y la Unión Europea de revisar las sanciones internacionales contra el régimen de Maduro tras observar "avances significativos" en cuanto a la posibilidad de realizarse "reformas democráticas" en Venezuela define un nuevo panorama cuya perspectiva se enfoca en propiciar mecanismos de diálogo y negociación con miras a una eventual salida electoral a la crisis del país latinoamericano
En febrero pasado, la UE había ampliado sus sanciones contra el régimen de Maduro, implicando a 19 altos funcionarios del mismo bajo la acusación de "violación de derechos fundamentales" en Venezuela y por avalar las elecciones legislativas celebradas el pasado 6 de diciembre de 2020, en las cuales no participó buena parte de la oposición venezolana y que fueron deslegitimadas por la UE, EE UU y Canadá, entre otros.
Mediación noruega y comicios regionales
Este contexto aparece en un momento en que el régimen de Maduro y una oposición fragmentada, pero que aún cuenta con la presencia de Juan Guaidó como su principal interlocutor, están manejando igualmente sus cartas en el marco de una posible negociación de alto nivel, contando con la mediación noruega, ya presente de forma intermitente desde 2019.
En mayo pasado, el propio Guaidó informó de sus contactos con la delegación noruega que, durante este 2021, visitó dos veces Venezuela para avanzar en las negociaciones de recrear un diálogo político entre el régimen de Maduro y la oposición, los cuales incluirían la posibilidad de celebración de elecciones "justas y libres", tal y como manifestó el líder opositor venezolano.
El foco ahora está en el anuncio por parte del régimen de Maduro de celebrar comicios regionales y municipales el próximo 21 de noviembre de 2021, ya previstos en el calendario electoral (las anteriores fueron realizadas en diciembre de 2016). De este modo, la agenda electoral siempre ha servido como una especie de bálsamo coyuntural dentro de las sucesivas crisis políticas que vive Venezuela desde la llegada del chavismo al poder en 1999. El enfoque suele ser el mismo: elecciones donde el país se juega la vida y su futuro.
Pero la experiencia reciente ha demostrado que los resultados electorales en Venezuela, muchas veces lejos de solucionar esta crisis, lo que han hecho es precisamente profundizarla. El caso más paradigmático se vivió con la abrumadora victoria de la oposición en los comicios legislativos de diciembre de 2015 y los posteriores pulsos de poder, en los que el régimen de Maduro ha buscado minimizar esa capacidad de acción y de equilibrio del poder legislativo en manos opositoras.
A esto hay que añadirle las elecciones legislativas de diciembre de 2020, en las que la oposición liderada por Guaidó no participó alegando falta de garantías electorales y que no han sido reconocidas como válidas por una buena parte de la comunidad internacional.
A pesar de la elevada abstención en las urnas (69%, según cifras oficiales) y del mayoritario desconocimiento internacional de estos comicios, que sólo fueron reconocidos por una veintena de países aliados del régimen, entre ellos Rusia, Cuba, China, Irán, Nicaragua y Turquía, el madurismo logró recuperar los espacios del poder legislativo, prácticamente anulando la capacidad de maniobra política de Guaidó y de buena parte de la oposición venezolana.
Maduro busca ganar tiempo
Es así perceptible que la comunidad internacional está persuadida en avanzar, como sea y cuanto antes, en un calendario electoral en Venezuela que pueda significar un escenario de solución de la crisis. Con elecciones regionales a la vista, el matiz esperanzador de resolución de esta crisis política a través de unos comicios vuelve de nuevo a la atención de la opinión pública.
No obstante, a priori, la coyuntura actual pareciera sugerir que el régimen de Nicolás Maduro ha logrado ganar tiempo con la finalidad de asegurar su supervivencia en las urnas. Con ello, los recientes acontecimientos parecen definir, cada vez con mayor nitidez, que Venezuela se encamina hacia un nuevo escenario electoral, posiblemente de carácter crucial tomando en cuenta que podría recomponer el equilibrio de fuerzas políticas de cara a las presidenciales inicialmente previstas para 2025.
Los manejos en la política internacional sobre el caso Venezuela también parecieran intuir este escenario electoral. A pesar de que el país latinoamericano no estaba en la agenda prioritaria de la cumbre entre el presidente estadounidense, Joseph Biden, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, el pasado 15 de junio en Ginebra, es muy posible considerar que los asesores de ambos gobiernos trataran de forma colateral este tema, con la posible intención de acercar posiciones hacia una solución de la crisis política.
Por ello, el régimen de Maduro y sus aliados internacionales, destacando aquí Rusia (actualmente inmersa en tensiones con Occidente por un incidente naval en el Mar Negro), Cuba, China e Irán (que recientemente celebró elecciones presidenciales, con la victoria del ultraconservador Ebrahim Raisi) saben de la importancia del nuevo contexto de negociación que se abre en Venezuela y de cómo podrían mantener intactos sus respectivos intereses, básicamente establecidos en el mantenimiento del régimen madurista en el poder.
Estos aliados exteriores de Maduro no desestiman incluso la posibilidad de realizar concesiones tácticas con la intención de amortiguar las presiones de la comunidad internacional, resumidas en exigir reformas institucionales en Venezuela que permitan gradualmente avanzar en un calendario electoral "transparente, justo y libre".
Consciente de este contexto, Maduro presentó a mediados de junio su proyecto de "revolución judicial". Para ello, nombró a dos de sus fieles, su esposa Cilia Flores, la denominada como "Primera Dama Combatiente", y Diosdado Cabello, frecuentemente señalado como el poder en la sombra en el Palacio de Gobierno de Miraflores.
El objetivo de esta "revolución judicial" tiene también una perspectiva electoral: blindar aún más un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) conformado por jueces maduristas de facto ante cualquier eventualidad electoral y política a corto y mediano plazo. A ello debe sumarse el hecho de que, en mayo pasado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) eligió una nueva directiva donde, a pesar de una mayor presencia opositora, el equilibro de poder sigue favoreciendo al régimen.
Por simbólico que fuera, este nuevo CNE también es una muestra de la capacidad de maniobra de Maduro para intentar reducir la presión internacional vía sanciones, y blindarse ante los escenarios electorales previstos, en este caso los comicios regionales. Si bien Maduro no parece persuadido a adelantar unas elecciones presidenciales, tal y como piden Guaidó y sus aliados dentro de la oposición venezolana, estos movimientos de Maduro presagian giros tácticos orientados a prepararse ante cualquier escenario electoral.
A finales de junio, el CNE aceptó restituir la papeleta electoral de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para los comicios regionales de noviembre, en otro gesto simbólico del madurismo por congraciarse con las peticiones internacionales. La MUD ganó con mayoría aplastante las legislativas de diciembre de 2015, las últimas elecciones que la mayor parte de la comunidad internacional ha validado como legítimas y legales en Venezuela. Pero ahora, Maduro lanzó otro órdago: anunció que aceptaría la victoria opositora en estos comicios regionales de noviembre.
Pero este 2021 es diametralmente diferente a lo acontecido en 2015, con una oposición fragmentada, en gran medida por la capacidad del madurismo para erosionarla y dividirla en cuanto a sus ofertas políticas y electorales. Por ello, muchos ven con desconfianza esta restitución de la papeleta electoral de la MUD. Ese nivel de desconfianza augura incluso posibilidades de una alta abstención en estos comicios regionales, aduciendo la frustración de la ciudadanía con la situación política y económica del país.
Por ello, Maduro y una debilitada y desunida oposición parecen estar cargando baterías ante la eventualidad de ampliación de ese calendario electoral regional, con la posibilidad de que las mismas se enfoquen en un preámbulo de las presidenciales. Para Maduro, este contexto también implica la posibilidad de recomponer piezas internas dentro del chavismo-madurismo, en la que algunos presagian una aparente rivalidad entre Diosdado y Maduro.
En este sentido, el régimen anunció para el próximo 8 de agosto la realización de unas elecciones primarias dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) con la intención de calibrar liderazgos regionales afines de cara a esos comicios regionales de noviembre. Paralelamente, Maduro también anunció una Ley de Ciudades Comunales, cuya finalidad pareciera impulsar este nuevo instrumento político para reforzar su poder dentro del PSUV a través de los ayuntamientos y gobernaciones regionales, otorgándole así un golpe institucional a cualquier mecanismo de descentralización política y administrativa.
El desgaste en el exterior de la crisis venezolana
Ante este escenario, EE UU sigue apoyando la legitimidad de Guaidó con la perspectiva de seguir manteniendo en pie sus piezas clave en Venezuela ante cualquier eventualidad electoral. Esto también supone mantener con firmeza la postura de Washington ante cualquier negociación que fuera impulsada desde la UE y, paralelamente, ante la posibilidad de que uno de los principales líderes de la oposición venezolana, Henrique Capriles Radonski, puede ahora reconvertirse en la nueva figura de una oposición domesticada a los intereses del chavismo-madurismo.
Desde 2020, Capriles viene pidiendo negociaciones con el régimen de Maduro con la finalidad de desatascar la crisis política e institucional venezolana, y manejar un calendario electoral que implique una solución a esa crisis.
En esa perspectiva, uno de los principales aliados de Guaidó, su Comisionado Presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Julio Borges, se reunió la semana pasada con Wendy Sherman, Secretaria de Estado adjunta de la administración Biden, para abordar la posibilidad de impulsar "negociaciones amplias" que lleven a "elecciones libres y justas" en el país.
Lo que también se intuye es que de esos comicios de noviembre salga un nuevo establishment de poder en Venezuela, donde el madurismo y varios sectores de la oposición, incluyendo al propio Guaidó, leven anclas y abran canales de cooperación. Como instrumento simbólico para contrarrestar esas elecciones regionales, Guaidó llamó a realizar este 5 de julio una serie de Congresos Regionales con la intención de impulsar un Acuerdo de Salvación Nacional.
Ese acuerdo contempla precisamente la posibilidad de un levantamiento progresivo de las sanciones internacionales, sujetas al cumplimiento por parte del régimen de Maduro de realización de elecciones libres, liberación de presos políticos, avances en la vacunación contra la COVID-19 y entrada de ayuda humanitaria al país.
Pero el quid de la cuestión parece ser que la crisis venezolana ya es un problema cada vez más incómodo en las agendas de los grandes actores de la política global, más pendientes de la postpandemia y la revolución económica que viene, con sus inevitables transformaciones sociales. Y, por ello, hay que buscarle una solución rápida, incluso de carácter parcial, que ralentice temporalmente los efectos de una crisis que parece interminable.
El momento de acelerar este calendario electoral resulta ahora relevante, toda vez el contexto hemisférico está en permanente tensión con la indefinición postelectoral en Perú, la represión política del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua (un aliado de Maduro) con vistas a allanar su camino a la reelección en las presidenciales de noviembre, las incesantes protestas sociales en Colombia y los efectos políticos de la pandemia en el continente.
No debemos olvidar que el actual ciclo electoral entre 2021 y 2022 en América Latina resulta sumamente decisivo para la reconfiguración política hemisférica, con comicios clave en Chile, Colombia, Brasil y Argentina. Por tanto, y ante la indefinición de la crisis política venezolana y el riesgo de prolongarse (y atascarse) con el tiempo, resulta cada vez más urgente vislumbrar un mecanismo ágil de resolución del conflicto político.
Y aquí se define como imperativo para la comunidad internacional la adopción inmediata de un calendario electoral en Venezuela, ese bálsamo que siempre sale a flote cada vez que el juego político en el país se encuentra atascado. Una partida en la que Venezuela, una vez más, pareciera que se la juega a todo o nada en las urnas.
