El turismo médico se consolida por el atractivo de su oferta, el interés de los países receptores y la debilidad de los sistemas sanitarios en los principales mercados emisores.

Stand de Dubai hospital IS en la sección de turismo médico de la
Feria Internacional del Turismo. Steffi Loos/AFP/Getty Images

Alrededor de 14 millones de personas viajan cada año para buscar atención médica más barata o de mejor calidad de la que pueden encontrar en su país. Este movimiento masivo, que incluye no sólo la propia asistencia sanitaria sino también las prescripciones de medicamentos, el transporte o las noches de hotel, genera un mercado cuyo valor oscila entre los 45.000 y los 72.000 millones de dólares anuales, según Patients without Borders.

Las especialidades más demandadas por el turista médico tienden a ser aquéllas que no están cubiertas por los sistemas sanitarios públicos, como la cirugía estética, los servicios de odontología o los tratamientos reproductivos. Pero también son muchos los que viajan para hacer frente al cáncer o para tratar dolencias cardiovasculares.

Aunque la búsqueda de una mejor calidad o el evitarse una larga lista de espera son factores muy importantes, el principal reclamo del turismo médico se basa en el ahorro que reporta. Si tomamos como referencia a un paciente estadounidense, se observa que en India puede gastar hasta un 90% menos por la atención requerida, en Malasia hasta un 80% y en Tailandia hasta un 75%. Más cerca de casa, en México o Costa Rica, los ahorros ascienden al 65%. Pero el fenómeno no se circunscribe, ni muchos menos, a Estados Unidos.

 

El niño mimado de los gobiernos

Este negocio inmensamente lucrativo es también polémico. Una de las voces más críticas es la de la Organización Mundial de la Salud, que considera que la mercantilización global de los servicios médicos y los inmensos beneficios que genera en los países proveedores de atención sanitaria internacional desincentivan el desarrollo de las infraestructuras sanitarias públicas.

En efecto, el interés de los gobiernos en proteger esta importante industria y en hacerla cada vez más competitiva ha llevado a muchas administraciones a conceder fondos públicos, subsidios, exenciones fiscales y reducciones arancelarias a los hospitales y centros de salud privados que atienden a los pacientes internacionales. Esas concesiones se otorgan, naturalmente, en detrimento de servicios públicos débiles e insuficientes.

Las ayudas públicas resultan especialmente controvertidas en países como India por la negativa de los hospitales privados a reservar una pequeña cuota de camas y tratamientos gratuitos para pacientes pobres. El debate está vivo en el país desde 2015, cuando la corporación municipal de Pune denunció a un hospital privado al que había concedido privilegios para establecerse en la ciudad por incumplir su parte del trato y no admitir a pacientes sin recursos. Ese mismo año, una autoridad municipal de la ciudad de Nagpur propuso que se reservaran el menos el 20% de las camas en los hospitales privados para los pacientes pobres como contrapartida por los subsidios que recibían.

No obstante, el debate se ha paralizado ahí y no parece que haya apetito ni voluntad política para impulsar estas cuotas ni para obligar a los hospitales privados, beneficiados por las autoridades, a arrimar el hombro en los países con sistemas públicos disfuncionales. Mientras que la mejora de la asistencia sanitaria a la que tiene acceso la población local más empobrecida y políticamente irrelevante no augura grandes dividendos a los gobiernos, los beneficios del turismo médico son cuantiosos e inmediatos.

Los países receptores líderes, normalmente economías emergentes de ingresos medios, se benefician de una caudalosa fuente de entrada de divisas extranjeras procedente de sus pacientes internacionales. Asimismo, la industria crea puestos de trabajo altamente cualificados y con salarios equivalentes a los que se podrían obtener trabajando para un hospital en un país más rico, reteniendo así parte del talento nacional y mitigando el gran problema de la fuga de cerebros en el sector médico.

El interés de las autoridades en potenciar esta industria es enorme, y por ello la competencia está volviéndose feroz. Singapur, proveedor internacional de referencia de servicios médicos de alta calidad a extranjeros, ha visto cómo se estrechan sus márgenes por culpa de destinos asiáticos más baratos y en continua expansión, como India, Tailandia o Malasia. La solución que han encontrado los hospitales privados de la ciudad-Estado es expandirse a los mercados donde se encuentran sus principales competidores, disputándoles así clientes en su propio terreno.

 

África: víctima de la industria

Paciente nigeriano en un hospital de India. Manjunath Kiran/AFP/Getty Images

Los centros médicos de alta calidad no sólo atraen a extranjeros, sino sobre todo a los nacionales de clase acomodada, que suelen ser sus principales usuarios. Por ello, sus servicios generan beneficios económicos importantes y son utilizados mayoritariamente por los ciudadanos de los países en los que se radican.

Si bien son pocos los lugareños que pueden permitirse acceder a estos hospitales, también es cierto que la consolidación de centros médicos de alta calidad produce otro efecto positivo para las arcas nacionales: muchos pacientes acomodados reciben tratamiento dentro de su propio país en lugar de viajar a centros hospitalarios en el extranjero.

Se evitan así situaciones como la de Nigeria, cuyas élites son rutinariamente criticadas por viajar para recibir atención médica puntera en lugar de confiar en los servicios de salud disponibles en el país. Muhammadu Buhari, el Presidente nigeriano, ha viajado repetidamente a Londres para un misterioso tratamiento, si bien la controversia creada por su escaso patriotismo sanitario le ha llevado recientemente a cancelar un nuevo viaje médico –en lugar de desplazarse él al Reino Unido, son los especialistas británicos los que van a Nigeria–. Su antecesor, Umaru Yar’Adua, murió en 2010 en Arabia Saudí, donde había recibido tratamiento durante varios meses.

Del mismo modo que el turismo sanitario puede desincentivar el desarrollo de los servicios públicos en los países proveedores, también las naciones pobres que carecen de infraestructuras médicas de todo tipo y que no son receptoras de turistas sanitarios, sino emisoras, ven cómo este negocio puede agravar el desinterés de sus líderes en mejorar las prestaciones locales.

La situación es especialmente grave en el conjunto de África, no sólo en Nigeria: por ejemplo, en 2015 los kenianos y otros nacionales de la parte oriental del continente gastaron alrededor de 1.000 millones de dólares en atención médica en India. A su vez, y ante la absoluta falta de oportunidades en los sistemas locales, muchos de los mejores profesionales sanitarios de África emigran. Todo ello alimenta una situación dramática: el continente alberga al 24% de los enfermos de todo el mundo, pero apenas cuenta con el 2% de todos los médicos y menos del 1% del gasto sanitario global.

Parte de la solución podría venir no de los propios gobiernos, sino de las empresas de países líderes en turismo médico que se decidan a invertir en África. Algunos grupos indios están ya estableciendo, junto a profesionales locales y gracias también a fondos de instituciones internacionales, hospitales con servicios de alta calidad en Kenia. Las autoridades del país africano confían en que ello refrene los inmensos flujos de sus nacionales que viajan a India para recibir tratamiento, pero las clases sociales desfavorecidas difícilmente podrán acceder a sus servicios.

 

El deseado ‘efecto Trump’

Las grandes decisiones políticas influirán, y mucho, en el futuro de esta industria global. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha fracasado de momento en su intención de remplazar la normativa sanitaria introducida por su predecesor, pero los efectos de la potencial abolición de Obamacare, que podría dejar sin cobertura a 14 millones de estadounidenses más, ya se dejan sentir.

No está claro que la vigente normativa sanitaria llegue a remplazarse, y cada vez son más las voces (incluidas las republicanas) que lo dudan y que reclaman una simple reforma de Obamacare en lugar de su sustitución por otra ley. Pero toda medida restrictiva de calado en materia de cobertura sanitaria podría beneficiar a México. No en vano, si el recientemente rechazado plan de la administración Trump hubiera sido aprobado, se estima que ello habría llevado a que un millón y medio de estadounidenses acudiera al país vecino cada año para recibir atención médica.

Sin embargo, los instintos proteccionistas de Trump podrían refrenar el turismo médico estadounidense en México. Algunos expertos especulan ya con la posibilidad de que se introduzcan reformas fiscales que disuadan a los norteamericanos que deseen recurrir a servicios sanitarios fuera de sus fronteras (por ejemplo, haciendo que sólo sean susceptibles de rembolso por el Tesoro estadounidense los gastos sanitarios en los que incurra el paciente por servicios prestados dentro del territorio nacional, excluyendo los que reciba en el extranjero).

México acoge actualmente a un millón de pacientes extranjeros al año y es ya uno de los principales destinos mundiales del turismo médico, sobre todo procedente de Estados Unidos, donde los tratamientos son entre un 36% y un 89% más caros, según estadísticas federales. Independientemente de lo que haga Trump, los incentivos que ofrece el país a los pacientes estadounidenses están llamados, si no a reforzarse, sí al menos a mantenerse. Con ello se consolida una tendencia al alza en esta industria: los pacientes que buscan tratamiento fuera de sus fronteras ya no son principalmente las élites de los países pobres, sino las personas de bajos recursos procedentes de países ricos.

Simultáneamente, miles de extranjeros seguirán acudiendo cada año a EE UU para recibir tratamientos altamente especializados y costosos en los mejores centros médicos del país. Ésa es quizá la gran paradoja: Estados Unidos no es sólo el principal emisor de turistas médicos, sino también uno de los mayores receptores.

 

Saldando deudas

Un paciente se somete a un trasplante capilar en Turquía. Chris McGrath/Getty Images

En la Unión Europea, cuyos integrantes suelen contar con servicios sanitarios públicos de alcance comparativamente alto, la situación es diferente. Si bien son muchos los europeos que acuden a países como Turquía para recibir tratamientos –normalmente no cubiertos por los sistemas nacionales–, el grueso del turismo médico en el continente es fundamentalmente intracomunitario: los pacientes cruzan las fronteras dentro de la UE para acogerse a los sistemas públicos de otros Estados miembros y así obtener una asistencia de más calidad o más rápida de la que tendrían en casa.

Este fenómeno llevó a la entrada en vigor en 2011 de una Directiva destinada a asegurar los derechos de los pacientes comunitarios a recibir atención médica con plenas garantías en otros países de la Unión, pero sobre todo a que los costes en que incurran los servicios públicos sean rembolsados por el país de origen del paciente.

La aplicación de esta normativa, que se ha venido trasponiendo a las legislaciones nacionales a lo largo de los últimos años, ha provocado sorpresas desagradables en algunos países emisores de turistas médicos. Un caso extremo es el de Irlanda, que se enfrenta a una factura de 34 millones de euros que devolver a los sistemas de salud públicos de los Estados en los que sus ciudadanos recibieron asistencia sanitaria el año pasado (la mayor factura, de 11 millones, se la debe a España).

 

Reformarlo, no combatirlo

Al margen de los desequilibrios económicos, los desarrollos asimétricos de sistemas sanitarios, la mercantilización inmoral u otros problemas que se le quieran achacar a esta industria, hay un hecho que prevalece: el ser humano está más que dispuesto a viajar a donde haga falta para mejorar su salud.

Ante la perspectiva de que el turismo médico crezca entre el 15% y el 25% en los próximos años, el reto consiste en reformarlo, paliar sus efectos perniciosos y utilizar parte de sus ingentes ingresos para corregir desigualdades sanitarias y desarrollar iniciativas público-privadas que aseguren que la pujanza de esta industria acabe beneficiando a los más vulnerables.