En el capítulo final de su obra maestra, Muerte y vida de las grandes ciudades americanas, la urbanista norteamericana Jane Jacobs compartió una reflexión que aún sigue vigente y resulta especialmente oportuna en el contexto en el que vivimos. Jacobs decía que, a pesar de que las ciudades fueron en otros tiempos las víctimas más afectadas por las crisis y las enfermedades, terminaron convirtiéndose en las “grandes conquistadoras” de estas dificultades, pues ellas concentran las grandes infraestructuras, avances tecnológicos e innovaciones para hacer frente a todos estos retos.

La Covid-19 ha tenido un impacto indudable sobre la vida urbana a nivel mundial, pero antes de la pandemia ya vivíamos una crisis muy compleja que no se nos puede olvidar: el cambio climático. En los últimos años, hemos sido testigos de un aumento de las temperaturas medias, una disminución de los recursos hídricos naturales y una subida significativa del nivel del mar. Las estrategias de adaptación al cambio climático buscan limitar los riesgos derivados de estos efectos, tales como su impacto en la salud, calidad de vida y la seguridad alimentaria.

En una región cuyo 80% de la población se concentra en áreas urbanas, las ciudades de América Latina no solo juegan un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático, sino que son especialmente vulnerables a los extremos eventos meteorológicos, climáticos e hidrológicos que se desprenden de esta crisis ambiental. Las urbes son responsables de cerca del 76% del consumo energético de la región, y se estima que se requieren unos 110 mil millones de dólares a año para adaptarlas a los efectos del cambio climático.

La pregunta es, ¿qué están haciendo las ciudades latinoamericanas para adaptarse a esta crisis? A continuación, les presentaremos una lista de cinco ciudades que están dando pasos en la dirección correcta.

Jardín urbano en México. (Eyepix/NurPhoto via Getty Images)

La Ciudad de México es uno de los casos más emblemáticos de gestión del cambio climático en América Latina, y un ejemplo de cómo la infraestructura urbana es un mecanismo clave para la adaptación. En 1992, las Naciones Unidas describió el aire de la Ciudad de México como el más contaminado del planeta. Desde entonces, la ciudad ha creado medidas muy estrictas para controlar la contaminación. En 2007, se publicó el Plan Verde, una estrategia a partir de la cual se identificaron los objetivos y las acciones necesarias para encaminar a la ciudad hacia la sostenibilidad y el desarrollo en un plazo de 15 años. Una de las acciones que se desprendió de este Plan fue la creación de muros y azoteas verdes para mejorar la calidad del aire. Desde junio de 2011, el Gobierno Federal otorga un 10% de descuento a todas aquellas personas que construyan azoteas verdes en sus hogares y alienta a los ciudadanos a hacer más “ecológicas” sus casas. Entre 2007 y 2012, se crearon 12.302 metros cuadrados de azoteas verdes en edificios públicos, logrando grandes beneficios económicos y ecológicos para la capital mexicana.

Desde el año 2019, la Alcaldía de la Ciudad de Panamá cuenta con una Dirección de Resiliencia. Esta es una oficina especializada en poner en marcha acciones a nivel educativo, social y de gobernanza tales como campañas para promover la valorización de los ecosistemas, el desarrollo de infraestructura verde y la conservación de los humedales a fin de hacer más resiliente a la ciudad. El trabajo de la oficina parte de un diagnóstico preliminar de las amenazas a nivel climático realizado en 2017, el cual comprendió una serie de consultas a los ciudadanos sobre su percepción de la resiliencia de la urbe. Tanto el diagnóstico como la estrategia que impulsan a esta oficina se desprenden de la participación de la Ciudad de Panamá en la iniciativa 100 Ciudades Resilientes, impulsada por la Fundación Rockefeller entre 2014-2015. Es la única en Centroamericana que ha pertenecido a esta red. En este sentido, la Dirección de Resiliencia de Panamá es un ejemplo de cómo un estudio y colaboración internacional pueden dar pie a cambios institucionales a largo plazo.

En Quito (Ecuador), se calcula que el 95% de los alimentos que se consumen en la ciudad son importados. A fin de dar respuesta a este reto, desde hace 20 años se implementa el programa Agricultura Urbana Participativa (Agrupar) como estrategia para transformar el sistema agroalimentario de la ciudad para combatir la pobreza y hacer frente al cambio climático. Este programa creado por la agencia de Desarrollo Económico del Municipio de Quito promueve la creación de huertos urbanos ecológicos que invitan a las familias de bajos recursos a producir sus propios alimentos y generar nuevas fuentes de empleo. Hoy existen más de 3.000 huertos comunitarios en la ciudad, y se estima que más de 45.000 personas se han beneficiado directamente del proyecto. La mayoría de ellas son mujeres. Se capacita en la producción y venta de los alimentos, a fin de dar respuesta a un problema de seguridad alimentaria para uno de los grupos sociales más vulnerables ante el cambio climático.

Ruta en bicicleta por Costa Rica. (Ezra Shaw/Getty Images)

En San José (Costa Rica), el proyecto Rutas Naturbanas es un ejemplo de alianza público-privada para ampliar y mejorar los espacios verdes de una ciudad. Este proyecto contempla el desarrollo de un corredor verde que conecta más de 25km a lo largo de los Ríos Torres y María Aguilar. Enlaza varias municipalidades de la capital, crea nuevos espacios públicos a la ciudadanía y fomenta su conexión con la naturaleza. A través de una alianza que involucra al gobierno central, las autoridades locales, organizaciones del sector privado y la sociedad civil, la construcción del proyecto partió en 2017 y continúa avanzando.

Por último, Rosario (Argentina), ha sido reconocida internacionalmente como líder en acciones contra el cambio climático. La ciudad recibió la mayor calificación en la lista de la Carbon Disclosure Project (CDP) una organización internacional que monitorea esfuerzos a nivel global en la divulgación de información ambiental. Esta puntuación se basa en los datos ambientales que las ciudades comunican al Sistema Unificado de Reportes de CDP-ICLEI, lo cual implica disponer de un inventario público de emisiones de toda la capital, fijar un objetivo de reducción de emisiones y otro de energía renovable para el futuro, y haber publicado un plan de acción climática. Este logro de Rosario no es una sorpresa: a pesar de su marcado pasado industrial ha invertido de forma sostenida en las últimas dos décadas en desarrollar un circuito verde y espacios públicos de calidad para la ciudadanía, sentando las bases para su transformación como ciudad sostenible.

 

¿Qué tan lejos estamos de la meta?

Construir resiliencia y capacidades de adaptación es una prioridad para nuestras ciudades. La transparencia y la disponibilidad de datos sobre la situación climática es un paso importante para lograr un cambio de mentalidad en los ciudadanos que favorezca la mitigación y adaptación al cambio climático.

Cada vez son más las ciudades a nivel mundial que cuentan con herramientas para hacer seguimiento de qué tan cerca están de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente el número 13 que urge adoptar medidas para combatir el cambio climático y sus efectos. Por ejemplo, el Índice ODS desarrollado por la consultora IdenCity en 2020 es una herramienta que permite a las ciudades de España analizar, evaluar y comparar su grado de cumplimiento de los ODS. Este estudio revela que, en 2020, ciudades como Palma de Mallorca, considerando sus características morfológicas e hidrológicas, destacan por su baja exposición al riesgo de inundaciones, mientras que Cáceres llama la atención por su amplia oferta de infraestructura verde.

 

¿Qué tan cerca está América Latina de alcanzar estos objetivos? Además de los avances que han logrado las ciudades de esta lista, monitorear el desempeño de las urbes es una tarea imprescindible para alcanzar territorios más resilientes y sostenibles.