Claroscuros de la mayor organización internacional de policía.
Haciendo buenos los rumores que le colocaban como favorito, el general emiratí Ahmed Naser el Raisi, inspector general del ministerio del Interior de su país y responsable como tal de sus fuerzas de seguridad, sobre las que pesa un largo historial de abusos, fue elegido en noviembre presidente de Interpol, la mayor organización internacional de policía.
Solo un mes antes, en octubre, Interpol anunció el levantamiento de las sanciones que le había impuesto a Siria en 2012, permitiéndole de nuevo a Damasco acceder a su sistema de información y a restablecer los contactos con otros Estados miembro. Y eso, a pesar de la posibilidad de que el régimen de Bashar al Assad lo aproveche para perseguir a disidentes en el exterior, complicar solicitudes de asilo o enredar causas judiciales.
Ambas noticias han vuelto a poner el foco sobre los intentos cada vez más descarados de regímenes autoritarios de utilizar a Interpol, comprometida sobre el papel con los derechos humanos y el principio de neutralidad, para perseguir a opositores, defensores de derechos, activistas y periodistas exiliados. Un abuso que contribuye también a socavar la credibilidad de la organización, acusada de no hacer todo lo que podría para evitarlo y convertida así en una herramienta más de la represión transnacional de estos Estados.
Protagonismo al alza
Interpol es una organización con sede en Lyon establecida en su forma actual después de la Segunda Guerra Mundial con el fin de facilitar la cooperación entre distintas fuerzas policiales en un momento en el que era cada vez más frecuente que se cometieran delitos en un país y se huyera a otros. Hoy está integrada por 194 países, más que las Naciones Unidas (ONU), lo que la convierte de lejos en la mayor organización policial del mundo.
La función principal de Interpol, que no es una fuerza policial y por lo tanto no tiene competencias para efectuar detenciones, investigaciones o perseguir delitos, es agilizar el intercambio de información entre cuerpos policiales nacionales, sobre todo a través de su base de datos. La organización cuenta con un presupuesto de alrededor de 140 millones de euros anuales, de los cuales poco menos de la mitad proceden directamente de los Estados miembro, con Estados Unidos, Japón y Alemania al frente, y el resto, sobre todo, de asociaciones puntuales con entidades como la FIFA o el COI.
La comunicación a través de Interpol entre los países que integran la organización se lleva a cabo mediante varios tipos de solicitudes y un sistema de circulares codificado por colores en el que cada una de ellas tiene una finalidad específica. De entre las siete que existen, la principal –y la que más polémica genera– son las rojas, unas alertas emitidas normalmente por un país miembro para informar al resto de alguien a quien está buscando para detener, encarcelar o emprender acciones legales en su contra.
En un mundo donde ciertas actividades delictivas adoptan una naturaleza cada vez más global, la necesidad de cooperación entre Estados es también cada vez más grande, y estas circulares se consideran importantes para sobrepasar los límites de respuestas nacionales. Prueba de ello es que el número de circulares rojas pasó de 1.400 en el año 2000 a 11.000 en 2020 y un total de unas 66.300 en circulación actualmente. El incremento se atribuye también a los nuevos sistemas electrónicos de Interpol, que han facilitado el proceso.
Paralelamente, abogados y organizaciones de derechos humanos llevan años alertando de que este incremento esconde un número cada vez mayor –que bien podría situarse en los cientos– de circulares de regímenes autoritarios con motivación política. Y es que, aunque los Estados que las reciben no tienen obligación legal de actuar, algunos proceden a la detención automática de quien aparece en una circular roja, que se consideran muy fáciles de publicar ya que no requieren proporcionar mucha información. Incluso si alguien no es arrestado tras emitirse una alerta en su contra, ésta podría limitar sus movimientos, llevar a la congelación de sus cuentas bancarias o al rechazo de visados y de empleos. Un problema reconocido por Interpol, pero que la falta de capacidad y de mecanismos efectivos para revisar circulares provoca que el fenómeno solo vaya en aumento.
Uno de los casos más osados de esta mala práctica la protagonizó Turquía. A raíz del golpe de Estado fallido de 2016 en el país, se cree que Ankara habría emitido varias decenas de miles de circulares rojas a través de Interpol, sobre todo contra miembros del movimiento acusado por el Gobierno de haber urdido la asonada. En muchos casos, aquellas alertas que los regímenes que las emiten son conscientes de que podrían levantar sospecha incluyen acusaciones de delitos financieros, ya que son especialmente sencillas de pasar.
Otra polémica herramienta facilitada por Interpol son las difusiones, otro tipo de alerta, más informal y opaca que las circulares rojas, que, como tal, son más susceptibles de ser empleadas de forma indebida. A diferencia de la circular roja, y pese a que el resultado final suele ser el mismo, la difusión es revisada solo después de introducirse –no antes– y a menudo se utilizan para sortear las condiciones que exige una circular roja o bien para hacerla llegar solo a determinados países. En gran medida por estos motivos, el número de difusiones también se ha disparado en los últimos años hasta alcanzar las 35.000 en 2019. Por encima de las 21.000 circulares rojas difundidas ese mismo año.
Para muchos, la cuestión de fondo de estos abusos de las herramientas de Interpol es que la organización parte de la base de que los diferentes cuerpos de policía que la integran actuarán de forma honesta, una asunción que en muchos casos está desconectada de la realidad. Y a pesar de ello, su sistema de control interno es opaco y carente de procesos de supervisión y rendición de cuentas efectivos que ofrezcan garantías de mínimos ante aquellos países que manipulan sus mecanismos como parte de su represión transnacional.
Fijar prioridades
En la última década, Interpol ha adoptado reformas para responder a algunas de las preocupaciones y críticas planteadas por abogados y grupos de derechos humanos, que sobre todo giran en torno a los abusos de las circulares rojas y de las difusiones.
Buena parte de las medidas se han centrado en mejorar los mecanismos de recurso, como por ejemplo estableciendo plazos para responder a solicitudes de individuos para acceder a su información o mejorando las competencias técnicas de su órgano de supervisión. También ha adoptado medidas encaminadas a fortalecer la protección individual frente a estos abusos, mediante decisiones como rechazar alertas contra personas con estatuto de refugiado si provienen de su país de origen, bloquear la difusión de circulares rojas antes de ser supervisadas y comprometerse a revisar difusiones poco después de haberlo hecho.
Sin embargo, abogados especializados, organizaciones como Fair Trials e instituciones como el Parlamento Europeo y el Departamento de Estado de Estados Unidos, continúan notando que Interpol aún tiene mucho camino por hacer para garantizar la protección de derechos humanos frente a abusos, empezando por asegurarse de que las reformas que se han adoptado hasta ahora se implementen de forma efectiva. A partir de aquí, las áreas donde más reformas se exigen siguen incluyendo la protección contra abusos, la gestión del acceso a la información, los recursos y la interpretación de su propia normativa.
“El proceso de investigación continúa siendo inconsistente. Se siguen observando abusos tanto en casos notorios como en ordinarios. Por ejemplo, las personas con estatus de refugiado siguen apareciendo en las bases de datos con circulares rojas y difusiones. Además, [se] describen la falta de reglas y procedimientos establecidos para regir el proceso de investigación de antecedentes, y el cumplimiento de los artículos 2 y 3 de la Constitución de Interpol”, señala un informe del Parlamento Europeo de 2019.
El primero problema es la falta de capacidad de Interpol para prevenir la difusión de circulares abusivas a través de sus canales. Fair Trials, por ejemplo, la atribuye, en gran medida, a deficiencias en su proceso de revisión, que no se acaba de saber cómo se lleva a cabo Así como a la falta del requisito de adjuntar una orden de detención y la ausencia de una revisión continuada de los casos vinculados a las circulares que se difunden. Por ello, las recomendaciones incluyen una mayor transparencia en torno a este proceso, una investigación proactiva de los antecedentes del país que emite la circular, que se requiera facilitar órdenes de detención, y que se haga un seguimiento cercano de los casos.
En cuanto a los derechos de los afectados por las circulares de Interpol, la principal barrera para que se respeten es que no se pueden impugnar las circulares ante tribunales nacionales porque la organización no tiene presencia física en la mayoría de países y en lo que sí que tiene es que goza de inmunidad, así que los perjudicados no tienen derecho de audiencia, ni a examinar pruebas, ni de recurso. Para ponerle remedio, Fair Trials llama a Interpol a mejorar las competencias, conocimientos y procedimientos del órgano que debería asumir esa función, la Comisión de Control de Ficheros. Además de crear un organismo independiente de naturaleza casi judicial para tramitar denuncias vinculantes, una propuesta que también ha planteado de forma similar el Parlamento Europeo.
Estrechamente vinculado a esta cuestión se hallan las grandes dificultades para retirar las circulares que se demuestren abusivas, puesto que se han documentado casos en los que, incluso después de que tribunales nacionales consideraran que un determinado informe tenía motivación política, Interpol ha mantenido la alerta. A fin de evitar vulneraciones así, se ha aconsejado a la organización adoptar una norma firme que exija borrar una alerta cuando se rechace una solicitud de extradición o se conceda asilo a la persona afectada sobre la base de los procedimientos penales por los que se tramitó esta. También que se adopte una fuerte presunción a favor de retirarlas incluso si se realiza sobre otra base.
En paralelo, pese a tener un Estatuto y normas complementarias que recogen el respeto a los derechos humanos, y pese al requisito de que los procesos se ajusten al espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no está claro cómo Interpol traduce a la práctica estos principios, ni siquiera en casos básicos como el de la prohibición de la tortura y la posibilidad de una sentencia que pueda contravenir normas internacionales. Para abordar este aspecto se ha recomendado a la organización detallar su responsabilidad de protección en un documento y publicar información sobre cómo evalúa la motivación política y la importancia que concede a los casos en los que se deniega una extradición.
Por último, Interpol tiene un amplio margen de mejora a la hora de sancionar a aquellos Estados que abusan de sus mecanismos, comprometiendo la aplicación de sus decisiones. En este sentido, existen casos en los que un país al que se ha rechazado una circular roja por incumplimiento de las normas ha incluido a la misma persona en su base de datos mediante una difusión. Además, Interpol evita sistemáticamente señalar cuáles son los países que más abusos cometen, así como la naturaleza de sus infracciones.
“Mientras tanto, el número de circulares rojas y otras alertas gubernamentales difundidas a través de Interpol sigue aumentando y las víctimas de los abusos están atrapadas en un círculo vicioso”, lamenta Yuriy Nemets, un abogado especializado en esta organización y fundador del Red Notice Abuse Report, en un texto en el blog de derecho de aplicación internacional IELR. “Las autocracias tienen cada vez más confianza en que pueden abusar de la organización con impunidad y los gobiernos democráticos no solo no ejercen presión real sobre Interpol, sino que la protegen”.
