Aborto en África y Asia: barreras a un derecho muy restringido

El debate sobre los derechos reproductivos está teniendo mucha visibilidad en Europa, EE UU y América Latina, pero las mujeres de otras partes del mundo también piden nuevas leyes, o que se cumplan al menos las que ya existen. El aborto está tipificado como delito en muchos países de África, Asia y la región MENAP, lo que obliga a muchas mujeres a recurrir a procedimientos que ponen en peligro sus vidas.

Una matrona habla con una mujer embarazada en Senegal. Seyllou/AFP/Getty Images

Casi el 20% de las mujeres presas en Senegal cumplen sentencia por “infanticidio”. Son mujeres que han abortado. El Código Penal de este país africano castiga con penas de cárcel de entre 5 a 10 años a toda aquella mujer que haya decidido —por los motivos que sean— interrumpir su embarazo. Así lo denuncia la organización Association des Juristes Sénégalaises (AJS), que asegura que otro 3% de las reclusas están privadas de libertad por “abortos clandestinos”. Sus condenas continúan con su puesta en libertad: la mayoría no pueden regresar a sus hogares y cargan de por vida el estigma de infanticidas sobre sus espaldas.

Senegal es uno de los muchos países en el mundo en el que el aborto aún está criminalizado y conlleva penas de prisión. Ocurre en Filipinas, Sudán, Jordania, Indonesia o Líbano, entre otros. La ley castiga tanto a las mujeres como al personal médico que las asiste.

Actualmente, más del 40% de los 1.640 millones de mujeres en edad reproductiva del mundo vive en 125 Estados donde el aborto está muy restringido (prohibido por completo, o permitido solo para salvar la vida de una mujer o proteger su salud física o mental). Según apunta el último informe del Instituto Guttmacher titulado Abortion Worldwide 2017: Progreso desigual y acceso desigual, la gran mayoría de estos países se encuentran en regiones en desarrollo de América Latina, África, Asia y la región MENAP (Norte de África, Oriente Medio, Afganistán y Pakistán).

A pesar de que organismos como la ONU insisten en que “asegurar los derechos de la mujer exige el acceso al aborto en casos en los que exista una amenaza para la vida o salud de la mujer, o el embarazo sea resultado de violación o incesto”, en muchos países el aborto es un delito para el que apenas hay condiciones eximentes. Y, si existen, no siempre llegan a reflejarse en la práctica de centros de salud y comisarías.

En los últimos 18 años, solo unos 30 Estados han ampliado la cobertura legal del aborto en sus territorios: seis en países desarrollados (España, Portugal, Luxemburgo, Suiza, Mónaco y Australia), 13 en África (Malí, Somalia, Benín, República Centroafricana, Chad, Lesoto, Níger, Togo, Kenia, Etiopía, Eritrea, Mozambique, Mauritania y Suazilandia), cuatro en Asia (Bután, Irán, Nepal y Tailandia) y seis en América Latina (Colombia, Argentina, Santa Lucía, Uruguay y Chile). Además, 24 de ellos añadieron a la ley al menos uno de los tres supuestos adicionales: en casos de violación o incesto, o cuando el feto es diagnosticado con una anomalía grave, según el informe del Instituto Guttmacher.

Sin embargo, las experiencias de muchas mujeres muestran que los cambios legales no son suficientes. “Incluso donde el aborto es legal, son muchas las que arriesgan su vida innecesariamente y optan por un aborto clandestino  —explica Gillian Kane, asesora política y abogada de IPAS, una organización internacional dedicada a erradicar las muertes y discapacidades evitables atribuibles al aborto inseguro—. Muchas veces los servicios necesarios no están disponibles y las mujeres se encuentran con barreras sociales, administrativas y médicas para acceder a un aborto seguro”.

Un asunto de salud pública

Una mujer nepalí durante una de las revisiones a causa de su embarazo. Bikram Ray/AFP/Getty Images

A escala mundial, entre el 8% y el 11% de todas las muertes maternas están relacionadas con la interrupción del embarazo. Es decir, entre 22.800 y 31.000 mujeres pierden su vida cada año al abortar, sobre todo en África, que presenta el índice de mortalidad más alto: 141 muertes por cada 100.000 mujeres, mientras que el promedio mundial está en 62 por 100.000. “Es un problema de salud pública que sabemos cómo solucionar. Deberíamos hacer todo lo que podamos para evitar más muertes”, asegura Evelyne Opondo, la directora regional para África del Centro de Derechos Reproductivos (CRR, por sus siglas en inglés), una organización internacional en defensa de los derechos reproductivos de las mujeres.

“En los países donde el aborto está restringido, las mujeres se ven obligadas a recurrir a métodos muy inseguros —explica Payal Shah, abogada principal para Asia del Centro de Derechos Reproductivos (CRR)—. Ingieren hierbas, brebajes caseros, lejía. Se introducen objetos extraños en la vagina o se propinan dolorosos golpes abdominales”.

Criminalizar el aborto no hace que desaparezca, sino que obliga a las mujeres a buscar procedimientos clandestinos y peligrosos. La tendencia es clara: mientras que la tasa de abortos en los países desarrollados ha descendido notablemente, en las regiones en vías de desarrollo apenas se han producido cambios. De hecho, cerca de la mitad de los 56 millones de abortos que se practican anualmente en el mundo son inseguros y se localizan en América Latina, África y Asia, según la OMS.

A las restricciones legales se suman los condicionantes sociales. “Nos encontramos con frecuencia con muchos casos que sirven de ejemplo para entender la estigmatización del aborto —lamenta Opondo—. Muchos centros de salud intentan disuadir a las mujeres para que no aborten y no las atienden correctamente. Esto, en países donde hay plazos, provoca que se consuma un tiempo esencial para la mujer”.

África: la penalización persiste

“En algunos Estados se han observado ciertos avances políticos respecto al aborto en los últimos años —analiza Opondo—. Ruanda es un ejemplo: a finales de 2016, el presidente Paul Kagame indultó a 62 chicas jóvenes que habían sido encarceladas por aborto ilegal”. Sin embargo, a día de hoy, en este país africano el aborto solo está permitido para salvar la vida de la madre o preservar su salud y precisa de la autorización de un tribunal. “Este proceso puede llevar semanas o incluso meses, y algunas veces las decisiones llegan demasiado tarde —explica Kane—. Todo el mundo tiene abortos, pero son las mujeres pobres las que van a la cárcel o tienen abortos inseguros por falta de recursos”.

Legislaciones similares a las de Ruanda existen en la mayoría de los países africanos. Solo cuatro Estados permiten el aborto: Zambia, por razones de salud y socioeconómicas, y Cabo Verde, Suráfrica y Túnez, donde la interrupción del embarazo solo se atiene a límites gestacionales.

Cobra Alango es una mujer ugandesa que trabaja para una ONG que ayuda a mujeres desplazadas, madres solteras… que están atrapadas en el circulo de la pobreza. Walter Astrada/AFP/Getty Images

En 10 países, como Angola, Santo Tomé y Príncipe o Gabón, el aborto está totalmente prohibido. También en Senegal o Mauritania, pese a que son dos de los 41 Estados que han firmado y ratificado el Protocolo de Maputo, un documento adicional a la Carta Africana de Derechos Humanos que garantiza derechos a las mujeres, incluidos los reproductivos.

“Si se respetara este protocolo, el aborto en África estaría descriminalizado —cuenta Opondo—. Existe un amplio movimiento regional que busca que todos los Estados ratifiquen el protocolo y lo implemente literalmente”. El último en sumarse fue Etiopía, que lo hizo en mayo de 2018. Pero aún faltan 15 Estados y la fecha límite establecida es 2020. Campañas como la lanzada por la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) buscan ganarle la batalla al tiempo y acelerar la despenalización del aborto.

“La oposición a legalizar el aborto en la región está organizada —añade Opondo—, y responde con contundencia si se consigue algún avance en los derechos reproductivos. La mayoría de estas organizaciones tienen sus raíces en Estados Unidos y en Europa y ejercen una gran influencia política. Incluso en la ONU. No puede ser que personas con una tendencia religiosa decidan si podemos abortar o no”. Organizaciones cristianas y musulmanas son las que lideran la oposición al aborto.

Un 15% de los embarazos en África terminan en aborto, una cifra que apenas ha variado desde 1990. La penalización del aborto obliga a las mujeres a buscar otros métodos, muchas veces muy inseguros. Como alternativa, en la región está registrándose un aumento de los abortos con medicamentos como el Misoprostol, un antiulceroso cuya eficacia está reconocida por la OMS y la comunidad médica.

Las búsquedas de fármacos abortivos en Internet han crecido mundialmente más del doble en 10 años, según un estudio de la BBC. Ghana y Nigeria son los países africanos en los que se registra un mayor interés por el Misoprostol. “En 2012, lanzamos una iniciativa civil para ofrecer información a las mujeres que quieren abortar con medicamentos —afirma Opondo—, pero, desafortunadamente, no todos los países cuenta con un servicio así”.

Si todas las mujeres que realizan abortos inseguros usaran Misoprostol, las muertes por aborto inducido disminuirían dos tercios en las regiones en desarrollo, y un 31% y 56% en Etiopía y Tanzania, respectivamente, según el Instituto Guttmacher.

MENAP: Túnez como excepción

En la región que se expande desde África del Norte hasta Oriente Medio, incluyendo Pakistán y Afganistán, Túnez destaca por ser el único país que ha legalizado el aborto sin que la mujer tenga que justificar su decisión. En el resto de países, las leyes son severas: o se prohíbe en todas las circunstancias, como en Egipto o Irak, o se permite solo cuando la vida de la madre corre peligro, como sucede en Libia, Afganistán o Irán. En algunos Estados, como Arabia Saudí, la salud de la mujer también es una condición aceptada.

Mujeres paquistaníes protestando a favor de los derechos de la mujer, incluido el del aborto, Karachi. Asif Hasán/AFP/Getty Images

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, un promedio de casi 2 millones de abortos ocurrieron cada año en el oeste de Asia y el norte de África entre 2010 y 2014. Alrededor del 60% de estos procedimientos fueron inseguros, aunque la falta de datos oficiales dificulta obtener una fotografía definida de la situación en la región.

Aunque en los últimos años se han realizado reformas para legalizar el aborto en ciertas circunstancias, como en Siria, donde está permitido si la vida de la madre corre peligro o en Emiratos Árabes, que contempla además razones de salud mental, la realidad sigue ligada a la clandestinidad. Incluso en países como Túnez, las mujeres pueden recibir una negativa cuando solicitan interrumpir su embarazo. La respuesta de los profesionales sanitarios muchas veces alude a motivos religiosos o a recortes de presupuesto.

La cárcel, además, sigue siendo una amenaza real a la que se enfrentan las mujeres de países como Palestina, Sudán, Chad o Libia. También en Jordania donde, según cifras del ministerio de Justicia en 2017, unas 49 mujeres han sido encarceladas por abortar entre 2009 y 2016.

La restricción del derecho al aborto se recrudece por las ausencias de políticas reales de salud sexual y planificación familiar en muchos de estos Estados: “La gran mayoría de los abortos ocurren en respuesta a embarazos no deseados, que generalmente son consecuencia de falta de implementación de medidas que garanticen el uso de métodos anticonceptivos eficaces”, apunta Opondo.

El aborto con medicamentos es una opción cada vez más usada por aquellas mujeres que no pueden recurrir a los hospitales, sobre todo en las zonas urbanas de países como Pakistán, donde un creciente número de profesionales de la salud afirma que es habitual el uso de Misoprostol, según el informe del Instituto Guttmacher. Sin embargo, está opción está bloqueada en países como Arabia Saudí.

Asia: bloqueo legal y grupos religiosos

Aunque ha habido un ligero descenso del número de abortos anuales que se realizan en Asia debido a una mejora en el acceso a métodos anticonceptivos, la mortalidad materna relacionada con abortos inseguros supuso en 2014 unas 5.400 muertes, un 6% de todas las muertes maternas. Pese a que 17 de los 50 países del continente cuentan con leyes que respaldan el aborto sin restricciones, la realidad no siempre se ajusta al marco legal. India, que cuenta con una legislación garantista, es un claro ejemplo: cerca del 78% de los abortos en el país ocurren fuera de un establecimiento de salud y la gran mayoría no cumple con los criterios de legalidad.

En otros lugares como Laos o Filipinas, el aborto está prohibido. “En Manila, incluso se dificulta el acceso a la atención postaborto, aunque esté garantizada por ley —explica Shah—. Conozco el caso de una mujer que acudió a un hospital público y denuncia que fue atada a una cama. También le negaron la anestesia, mientras el personal médico la recriminaba verbalmente por ‘violar la ley y cometer un pecado’”.

Un trabajador médico explica cómo utilizar la píldora anticonceptiva a una mujer en una barriada de Manila, Filipinas. Ted Aljibe/AFP/Getty Images)

Uno de los casos emblemáticos de la región se ha dado en Nepal. En 2002, este país pasó de la prohibición estricta a incluir los derechos reproductivos de las mujeres como parte de los derechos fundamentales en la Constitución. Según datos del Gobierno, la mortalidad materna se ha reducido casi a la mitad en los últimos 15 años. Sin embargo, el acceso a los servicios médicos es aún insuficiente, sobre todo en las zonas rurales.

En China, el aborto, lejos de ser un derecho de la mujer, ha sido una imposición durante décadas. La política del hijo único o su flexibilización en 2015, que “permitía” a las parejas tener un segundo descendiente, ha impedido que las mujeres decidan libremente en materia de natalidad. Sin embargo, y según fuentes cercanas al gobierno de Xi Jinping, el gigante asiático tiene previsto eliminar el límite de hijos determinado por ley a finales de este año o principios de 2019. Los motivos: un descenso en la población por las políticas de aborto forzado y selectivo. Pero este giro despierta recelos. Son muchas las voces que alertan de que las futuras políticas de planificación familiar de China puedan seguir el camino por el que están optando algunas provincias como Jiangxi, donde las mujeres embarazadas de más de 14 semanas deben contar con la aprobación de tres médicos que confirmen que el aborto es necesario. En Japón, el interrupción voluntaria del embarazo está permitido solo en tres supuestos: salvar la vida de la madre, por razones de salud física y/o mental y por motivos económicos.

Corea del Sur penaliza el aborto salvo en supuestos como peligro para la salud de la madre o violación. Si se compara con otros países de altos ingresos, tiene una ley muy restrictiva: las mujeres pueden ser sentenciadas a un año de prisión o a pagar una multa que asciende hasta los 1.850 dólares; los médicos pueden ser condenados a un máximo de dos años. La presión de grupos de la sociedad civil ha contribuido a que la Corte Constitucional revise un caso concreto y el debate gane presencia. En la vecina Corea del Norte, el aborto está permitido “por razones importantes” sin ofrecer más detalle, aunque existen penas de prisión de hasta tres años a quienes interrumpan su embarazo sin justificación. Organizaciones internacionales como HRW han denunciado la práctica de abortos forzados, sobre todo en mujeres deportadas.

El desbloqueo legal del aborto se agrava por las injerencias de grupos religiosos (cristianos, budistas, musulmanes y judíos ortodoxos) que se oponen abiertamente. “En Filipinas, por ejemplo, hay una campaña organizada por estos grupos cristianos, que cuentan con financiación internacional, con el fin de frenar todo progreso sobre los derechos reproductivos, incluso el acceso a anticonceptivos —cuenta Shah—. El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ya condenó la incapacidad del Ejecutivo para garantizar que la política sobre la salud de la mujer no se basara en ideologías religiosas”.

Pese al riesgo de reclamar abiertamente el reconocimiento del aborto como un derecho intrínseco de las mujeres, movimientos como la Red Filipina de Defensa del Aborto Seguro, Pratigya en India o el Grupo de Trabajo de Derechos de Salud Reproductiva en Nepal aúnan fuerzas para descriminalizarlo. Enfrente tienen leyes enemigas, grupos religiosos y antiabortistas y la prohibición del presidente de EE UU, Donald Trump, de financiar toda organización que apoyen el aborto a nivel internacional.