El debate sobre los derechos reproductivos está teniendo mucha visibilidad en Europa, EE UU y América Latina, pero las mujeres de otras partes del mundo también piden nuevas leyes, o que se cumplan al menos las que ya existen. El aborto está tipificado como delito en muchos países de África, Asia y la región MENAP, lo que obliga a muchas mujeres a recurrir a procedimientos que ponen en peligro sus vidas.

Casi el 20% de las mujeres presas en Senegal cumplen sentencia por “infanticidio”. Son mujeres que han abortado. El Código Penal de este país africano castiga con penas de cárcel de entre 5 a 10 años a toda aquella mujer que haya decidido —por los motivos que sean— interrumpir su embarazo. Así lo denuncia la organización Association des Juristes Sénégalaises (AJS), que asegura que otro 3% de las reclusas están privadas de libertad por “abortos clandestinos”. Sus condenas continúan con su puesta en libertad: la mayoría no pueden regresar a sus hogares y cargan de por vida el estigma de infanticidas sobre sus espaldas.
Senegal es uno de los muchos países en el mundo en el que el aborto aún está criminalizado y conlleva penas de prisión. Ocurre en Filipinas, Sudán, Jordania, Indonesia o Líbano, entre otros. La ley castiga tanto a las mujeres como al personal médico que las asiste.
Actualmente, más del 40% de los 1.640 millones de mujeres en edad reproductiva del mundo vive en 125 Estados donde el aborto está muy restringido (prohibido por completo, o permitido solo para salvar la vida de una mujer o proteger su salud física o mental). Según apunta el último informe del Instituto Guttmacher titulado Abortion Worldwide 2017: Progreso desigual y acceso desigual, la gran mayoría de estos países se encuentran en regiones en desarrollo de América Latina, África, Asia y la región MENAP (Norte de África, Oriente Medio, Afganistán y Pakistán).
A pesar de que organismos como la ONU insisten en que “asegurar los derechos de la mujer exige el acceso al aborto en casos en los que exista una amenaza para la vida o salud de la mujer, o el embarazo sea resultado de violación o incesto”, en muchos países el aborto es un delito para el que apenas hay condiciones eximentes. Y, si existen, no siempre llegan a reflejarse en la práctica de centros de salud y comisarías.
En los últimos 18 años, solo unos 30 Estados han ampliado la cobertura legal del aborto en sus territorios: seis en países desarrollados (España, Portugal, Luxemburgo, Suiza, Mónaco y Australia), 13 en África (Malí, Somalia, Benín, República Centroafricana, Chad, Lesoto, Níger, Togo, Kenia, Etiopía, Eritrea, Mozambique, Mauritania y Suazilandia), cuatro en Asia (Bután, Irán, Nepal y Tailandia) y seis en América Latina (Colombia, Argentina, Santa Lucía, Uruguay y Chile). Además, 24 de ellos añadieron a la ley al menos uno de los tres supuestos adicionales: en casos de violación o incesto, o cuando el feto ...
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