Crece el temor de que la transición energética de los países más industrializados se traduzca en el deterioro socioambiental y en la vulneración de los derechos humanos en regiones ricas de recursos naturales estratégicos como es el caso de América Latina.
El colonialismo verde hace alusión a una nueva dinámica en la que América Latina se convertiría en proveedora de recursos naturales para el Norte Global. La tan celebrada transición verde de los países industrializados, con el litio y el hidrógeno verde a la cabeza, pone en problemas al Sur, y tiene graves consecuencias para el medio ambiente, las comunidades y las personas que habitan los territorios de donde se extraen los recursos.
También pone en evidencia un doble discurso de muchos gobiernos que dicen priorizar el cuidado medioambiental, pero que con una mano firman acuerdos internacionales de protección ambiental y, con la otra, sellan compromisos con multinacionales que garantizan el expolio. Como sea, la agenda del cambio climático —a fuerza de un deterioro constante y de voces disonantes—, logró instalarse y expone lo que desde los territorios vienen denunciando desde hace décadas: graves impactos socioambientales, una imposición autoritaria de los proyectos de explotación y saqueo de recursos, y la transnacionalización.
Así como hace 500 años el oro o la plata eran lo más codiciado, hoy lo son el litio (oro blanco) o el agua. La transición energética —acelerada por la pandemia, la guerra de Ucrania y el gran aumento de los precios de la energía— implica el reemplazo de combustibles fósiles (como el petróleo o el gas natural) por otros que permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Argentina, Chile y Bolivia forman parte de lo que se conoce como el triángulo del litio, que constituye la mayor reserva de este mineral en el mundo. Estados Unidos y Europa lideran el ránking en términos de su consumo y China en términos de su producción. Aunque muchos países latinoamericanos luchan por no depender de las materias primas, las constantes crisis económicas y las deudas los vuelven dependientes de sus recursos naturales.
Lejos de los centros de toma de decisiones, Jujuy, en la Puna Argentina, expuso recientemente una situación que viene de lejos. La minería de litio, que se quiere imponer a fuerza de una reforma constitucional que criminaliza la protesta social y abre la puerta a grandes proyectos mineros, provocó una rebelión popular que terminó en una represión con cientos de heridos y detenidos. Para muchos, lo que sucede en Jujuy no es más que un laboratorio de lo que podría ocurrir en todo el territorio nacional, ya que aquí, allá y en todas partes, confluyen proyectos que tienen un sólo objetivo: proveer de recursos naturales a las grandes potencias globales, que luchan por acapararlos y hacer frente a la enorme demanda a causa de un consumo sin freno de los países más industrializados que, por lo demás, también son los más contaminantes.
Un informe de la Comisión Europea de septiembre de 2020 lo expresaba en estos términos: “[…] la transición de Europa hacia la neutralidad climática podría conllevar la sustitución de la actual dependencia de los combustibles fósiles por la de las materias primas, de las que nos abastecemos en gran medida del extranjero y para las que la competencia mundial es cada vez más feroz”. Y que para asegurar el suministro será necesario “unir los esfuerzos de empresas, autoridades subnacionales y nacionales e instituciones de la UE”. La agenda climática ha supuesto, entre otras cosas, que en julio pasado, en la cumbre de mandatarios de Bruselas —en la que participaron los 27 Estados de la UE y los 33 de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe) —, la UE y el Mercosur (Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil) no hayan podido ratificar un acuerdo que se viene postergando desde 2019. Si bien hubo lugar a la firma de acuerdos bilaterales, y estos incluyeron la cuestión energética, al finalizar la Cumbre algunos mandatarios latinoamericanos subrayaron la necesidad de prestar atención a los acuerdos que se firman para que América Latina no se transforme en una nueva “colonia” europea.
Desde el Pacto EcoSocial e Intercultural del Sur —una iniciativa de personas y organizaciones de distintos países latinoamericanos— señalan que esta descarbonización para los ricos es un proceso orientado a la exportación, impulsado por las grandes corporaciones y se asienta sobre una nueva fase de despojo ambiental del Sur Global. Según el abogado ambientalista Enrique Viale, tanto el colonialismo europeo como el norteamericano, “requieren nuevamente a América Latina como zona de sacrificio”. Por el lado estadounidense, las dos visitas a Argentina de la jefa del Comando Sur del Ejército de EE UU, Laura Richardson, en los últimos meses, no hacen más que confirmar este creciente interés. Richardson manifestó que esta región es clave por los recursos naturales con que cuenta, y se refirió, explícitamente, al triángulo del litio, al petróleo, al Amazonas y al agua. Los países bajo el monitoreo del Comando Sur tienen "el 31% del agua dulce del mundo", puntualizó. También señaló que Estados Unidos tiene mucho por hacer, que esto se vincula con la seguridad nacional y que “tenemos que empezar nuestro juego". Por la parte europea, el Canciller alemán, Olaf Scholz, junto a una delegación económica, realizó una gira en enero pasado que incluyó Argentina, Chile y Brasil, en la que tuvo especial relevancia el tema del litio.
En algunos años, se espera que el hidrógeno verde viaje en barco a Europa desde Brasil, Argentina, Colombia o Chile. Éste se obtiene a partir del agua y de fuentes de energías renovables como molinos eólicos o paneles solares. Una de las mayores dudas respecto al hidrógeno es el uso de agua dulce que requiere, y que casi la totalidad de su producción está pensada para su exportación. El litio es un recurso esencial para las baterías de los dispositivos electrónicos y su demanda va en aumento. La aceleración en la extracción de este mineral provoca daños ambientales y sociales cada vez mayores e irreversibles en aquellos lugares de donde se extrae. El elevado consumo de agua para su obtención a través de la evaporación es el impacto ambiental más significativo. “No es minería del litio, es minería del agua”, aclara Francisco Mondaca, de la Asociación Atacameña de Regantes y Agricultores de Toconao (Chile). La transición energética implica, además, multiplicar la extracción, lo que consecuentemente incrementará el daño. Se prevé que Europa necesitará casi 60 veces más litio para alcanzar sus objetivos de descarbonización fijados para el periodo entre 2020 y 2050. Guillermo Garaventta, investigador de la Comisión de Investigaciones Científicas (Argentina) y conocido como el "Señor del Litio", coincide con muchos de los planteamientos del activismo, pero cree que el impacto es inevitable: “Hay que tratar de mitigarlo lo máximo posible, pero nada de lo que haga el hombre tiene un impacto cero en la atmósfera. Además, los países desarrollados van a seguir viniendo a buscar litio.” Garaventta, además de ser conocido por su larga trayectoria lidiando con este mineral, es uno de los responsables de la creación de la primera Planta Nacional de Desarrollo Tecnológico de Celdas y Baterías de Litio de Argentina, financiada por la Universidad Nacional de La Plata y por Y-TEC (YPF Tecnología).
En los 90, Argentina desarrolló un código minero a la medida de las grandes corporaciones extranjeras. Si bien durante los gobiernos de Evo Morales, Bolivia priorizo el control estatal de los recursos naturales, hoy por hoy, se busca trabajar con empresas privadas extranjeras que utilizan métodos de extracción directa de litio. En las últimas dos décadas, América Latina ha reforzado lazos comerciales con China en actividades extraterritoriales (instalación de proyectos extractivos), con grandes inversiones en infraestructura energética y de transporte. Éstas se encuentran muy concentradas y las siete más grandes controlan los yacimientos minerales más importantes del planeta. Por otra parte, los tratados internacionales existentes no establecen ningún mecanismo concreto para que las compañías informen, y actúen, ante los impactos de sus actividades sobre los derechos humanos, sino que “son los Estados los que tienen la responsabilidad de hacer cumplir las leyes”, afirma Martínez Vega. “Los países receptores de los proyectos de empresas chinas deben hacer uso de los canales diplomáticos para instar al Gobierno chino a implementar obligaciones extraterritoriales en materia de derechos humanos y garantizar esa protección.”
“Encontramos patrones gravísimos de abusos de derechos de comunidades indígenas y campesinas en países de América Latina. Además, no existen buenos estudios de impacto ambiental y hay una total ausencia del Estado en la defensa de estas comunidades y sus derechos”, cuenta Aimée Martínez Vega, defensora de derechos humanos con una amplia experiencia de lucha en los territorios en defensa de las aguas. Para el docente e investigador Manuel Fontenla, “la impresión que muchos tenemos sobre la política del Estado, la macroeconomía o las leyes es que están en una esfera hiperreal y muy desconectada de lo que pasa en los territorios. En toda América Latina lo que se ve es muchísima violencia, específicamente dirigida a los defensores ambientales”.
En el Manifiesto por una Transición Energética Justa y Popular de los Pueblos del Sur, el Pacto EcoSocial e Intercultural del Sur, sostiene que los acuerdos entre países, “diseñados para reducir las barreras al comercio y la inversión, protegen e incrementan el poder y los derechos de las corporaciones al someter a los países a posibles juicios legales, de acuerdo con los mecanismos de arbitraje para controversias entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés). El Norte Global está utilizando estos acuerdos para controlar la transición energética y generar un nuevo colonialismo verde. Mientras tanto, los gobiernos del Sur han caído en la trampa de la deuda, tomando dinero prestado para construir industrias y agricultura a gran escala para abastecer al Norte. Para pagar estas deudas, se han sentido obligados a extraer aún más recursos del suelo, creando un círculo vicioso de desigualdad y destrucción”. Una trampa en la que algunos gobiernos latinoamericanos, como el de Lula da Silva (Brasil) o Gustavo Petro (Colombia), parecieran no querer caer, o no reincidir. Al menos eso es lo que se visibiliza en sus declaraciones y lo que determinó que, por primera vez, en la Cumbre de Bruselas, América Latina pusiera condiciones, aún a riesgo de no poder sellar algunos acuerdos.
Cada país cuenta con diferentes regulaciones en cuanto al control y la administración de sus recursos naturales. Argentina, sin ir más lejos, y tal y como se indica en el informe “La mina, la fábrica y la tienda” —elaborado por un equipo del Observatori del Deute de la Globalització (ODG), que visitó zonas de explotación minera de Chile y Argentina en diciembre de 2022—, “no cuenta con un marco regulatorio específico para el litio ni con un cuerpo normativo uniforme para su explotación debido al carácter federal del país y a la superposición de normas emanadas tanto del Estado Nacional como de las provincias”. El artículo 124 de la Constitución Nacional establece que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”, lo que dificulta la posibilidad de establecer una política unificada. Según Garaventta, el Estado debe ejercer un mayor control sobre las corporaciones y una mayor protección de los territorios. “Tenemos que ver que dejen de subfacturar, como ya pasó en 2022, y que se lo autovendan. Para eso es necesario que se establezca un valor de referencia. Compran la tonelada de litio a 6.000 o 9.000 dólares y luego la venden 10 veces más en el mercado internacional. Las provincias tienen que quedarse con las mayores ganancias, pero la Nación debe garantizar esa gestión y cobrar algo por cumplir con esa función.”
Por el lado de las potencias, China lidera en capacidad de planificación, ya que impulsa una estrategia de transición verde desde hace más de 20 años; tanto EE UU como la UE iniciaron sus propias estrategias mucho más tarde. En este sentido, una de las cuestiones que subraya el ambientalismo crítico es la falta de una planificación estratégica en América Latina, y la mirada cortoplacista que la lleva a centrarse en urgencias de índole económica con medidas que tampoco garantizan un desarrollo. Tanto Bolivia, como Argentina o Chile, tienen planes para avanzar en las cadenas de valor de las tecnologías, pero como indican en el informe de la ODG, estos países “chocan con limitaciones macroeconómicas como la deuda externa o los tratados de comercio e inversión, además de las crisis internas o de gobiernos progresistas sin una clara voluntad de abandonar la profundización extractiva, o simplemente con gobernantes reaccionarios y negacionistas”. Esta publicación propone algunas medidas que podrían mitigar el impacto ambiental y la falta de justicia social de la transición energética del Norte, que requiere una planificación industrial pública que determine qué sectores deben decrecer y redimensionarse, y cuestionan que sean las grandes corporaciones quienes sean las encargadas de llevar adelante el reto. Asimismo, plantean reducir la demanda de tecnologías por parte del Norte, entre otras cosas, reduciendo el número de vehículos privados, el tamaño de las baterías de los vehículos eléctricos y aumentando el reciclaje. Por último, consideran que los tratados de comercio e inversión deberían suspenderse para favorecer “una mayor autonomía a las soberanías nacionales y populares”, y plantean la cancelación de la deuda externa de los países empobrecidos, a la cual califican como “irrisoria” en comparación con la deuda ecológica. Para quienes investigan y analizan estos temas, tanto desde el Sur como desde el Norte global, se trata, ni más ni menos, que de cambiar el modelo. Todos reconocen la necesidad de llevar a cabo una descarbonización de las economías, pero también que la crisis energética es producto de un sistema internacional de producción que requiere una reformulación y que, recién entonces, podrá pensarse qué tipo de transición es posible plantearse.
“El problema es que desde 1800 hasta acá en Argentina no se continúa ninguna política de Estado”, afirma Garaventta. “Necesitamos una continuidad de crecimiento económico, independiente de cuestiones ideológicas, que nos permita una continuidad en la ciencia aplicada, en el desarrollo científico tecnológico, la tecnificación del campo, y que todo tenga un valor agregado nacional. Hasta que no podamos resolver esto, no vamos a tener un crecimiento de un país desarrollado, ni en Argentina ni en América Latina.” Garaventta sostiene que es clave declarar el litio como recurso estratégico, tanto para protegerlo como para garantizar un mayor control. Este mineral es estratégico porque se aplica en una infinidad de cosas, desde vidrios o plásticos, hasta reactores nucleares, “y como los países más industrializados no lo tienen, pero vos sí, eso los vuelve más vulnerables. Si vulneras el crecimiento científico y de desarrollo de estos países, podés tener graves problemas —como los tuvo Bolivia—, pero también nos pone en alerta a todos para garantizar que ciertas cosas, como la subfacturación, no ocurran. Lo que hay que hacer es tomar el control de los salares y producir nosotros, no podemos esperar a que el mercado haga algo por nosotros para frenar la devastación y el expolio. Si lo dejáramos en manos del mercado no habría ni salud ni educación pública y gratuita, y estaríamos muy mal si eso desaparece. Hay que exigirle a la política que cumpla con las cosas que dice y promete”.
