¿Es posible traducir las aspiraciones y reivindicaciones expresadas por los manifestantes en las protestas en líneas políticas y estrategias operacionales? ¿Cuáles son los retos de la transición política del país?
El movimiento popular que está poniendo a prueba al régimen político argelino, pidiendo un cambio radical del sistema de gobernanza, se enfrenta al complicado reto de estructurarse para traducir las reivindicaciones expresadas por los manifestantes en una hoja de ruta para la transición. La sociedad civil del país está llamada a desempeñar un papel clave en este proceso pero se encuentra debilitada y fragmentada para enfrentarse a esta tarea. El núcleo de organizaciones que han mantenido un frente de oposición al régimen durante las últimas dos décadas tiene una influencia limitada para poder conducir el proceso con la legitimidad y representatividad necesarias.
Las protestas populares que desde el 22 de febrero han movilizado al pueblo argelino contra la candidatura a un quinto mandato del presidente Abdelaziz Buteflika, enfermo y postrado en una silla de ruedas desde 2013, han sido inesperadas e inéditas en la historia de Argelia desde la independencia del país en 1962. Lo han sido tanto por su alcance geográfico – junto a las movilizaciones en la capital, Argel, las manifestaciones han sido también masivas en ciudades como Annaba, Constantina, Orán, Bejaia, Tizi Ouzou y Bouira en la Cabilia y también en otras ciudades del sur como Ouargla- como por su carácter pacífico y sostenido en el tiempo. Estas protestas han sido protagonizadas por los jóvenes, pero también por la clase media argelina (abogados, periodistas, médicos, profesores, jueces…) contra la farsa de una candidatura fantasma percibida como un claro insulto y una humillación insoportable.
La aparente estabilidad de Argelia en un entorno regional convulso (inestabilidad en Libia desde la caída de Gaddafi, deterioro de la situación de seguridad en Malí y el Sahel) había sido dado por sentada contribuyendo a invisibilizar al pueblo en un contexto en el que prima el enfoque de la estabilocracia. Sin embargo, si analizamos con más detenimiento los elementos que han favorecido este levantamiento multitudinario se puede argumentar que no solo era previsible sino también inevitable.
En cierto modo, la candidatura de Buteflika a un quinto mandato presidencial, pese a su estado de incapacidad desde que en 2013 sufriera un accidente cardiovascular, ha sido la gota que ha colmado el vaso. Vivida como una humillación colectiva, ha actuado como catalizador de una protesta de carácter transversal alrededor de una agenda política reivindicativa que ha permitido superar las contradicciones y fragmentación que caracterizan una sociedad atravesada por muchas fracturas.
Pero como en las manifestaciones que tuvieron lugar en Egipto y en Túnez en 2011, e independientemente de su desenlace, estas protestas se inscriben en un profundo malestar de la población. Desde el año 2000 este descontento se ha expresado a través de microprotestas localizadas y de carácter sectorial (en 2010 se registraron 10.000) que pudieron ser contenidas fácilmente por el régimen mediante la combinación de la coerción y medidas de redistribución de recursos hacia los diferentes colectivos atendiendo parcialmente las diversas demandas expresadas.
Desde la primavera negra de 2001 en la Cabilia, las movilizaciones de diferentes sectores de la población, que de forma periódica han expresado su insatisfacción, no han cesado. Funcionarios, médicos, e incluso, la policía se han movilizado con reivindicaciones de carácter sectorial y económico. Este malestar también se había manifestado con fuerza en el Sur a través, entre otras agrupaciones, del Comité Nacional de Defensa de los Derechos de los Diplomados desempleados (CNDDD) en Ouargla o el colectivo contra la explotación del gas de esquisto en Ain Salah.
Las manifestaciones contra el quinto mandato presidencial transmiten una imagen de la juventud argelina que rompe con el cliché predominante hasta ahora que presentaba a los jóvenes como apáticos y despolitizados. Un estudio realizado en 2015 por el Centre de Recherche en Économie Appliquée pour le Développement (CREAD) en el marco del proyecto Sahwa indicaba que las dos terceras partes de los jóvenes encuestados manifestaban su desinterés por la actualidad política. Frente a esa imagen, la campaña de rechazo contra el régimen argelino iniciada en febrero de 2019 muestra una realidad en las antípodas con jóvenes comprometidos, dinámicos, informados, creativos, con capacidad de innovación, compromiso ciudadano y partidarios de la acción no violenta. Al haber rechazado las vías tradicionales de participación política como la militancia en partidos políticos, las inquietudes ciudadanas de los jóvenes argelinos se habían vuelto invisibles para los decisores políticos y para gran parte de los analistas. Ese alejamiento de los partidos políticos era, sin duda, una consecuencia de su escasa credibilidad y de su inoperancia a la hora de reformar en profundidad el sistema de poder argelino y del rechazo a participar en una mascarada de democracia.
La capacidad de atracción del espacio asociativo y sindical ha sido también limitada para los jóvenes. Las asociaciones y los sindicatos autónomos han sufrido durante las últimas décadas enormes restricciones que les han impedido llevar a cabo iniciativas en aquellas cuestiones de calado que afectan a la sociedad argelina. La habilidad del régimen para neutralizar, a través de la cooptación o la represión, la expresión colectiva o individual de iniciativas susceptibles de amenazar el statu quo político debilitó mucho la capacidad organizativa de la sociedad civil. Baste recordar que un año después del inicio de las protestas antiautoritarias de 2011 habitualmente conocidas como Primavera Árabe, Argelia adoptó una ley sobre libertad de asociación que incrementaba las trabas y restricciones para las organizaciones de la sociedad civil.
Sin embargo, la débil participación de los jóvenes en las asociaciones y los partidos no debe ser interpretada como una pasividad o desinterés por la “cosa pública”. Muchos son los que han seguido participando en acciones cívicas y de solidaridad y ello seguramente algo habrá tenido que ver con el carácter cívico y pacífico de las protestas, un rasgo dominante de todas las manifestaciones que se vienen sucediendo desde el 22 de febrero en las que se corean consignas sobre la necesidad de que mantengan su carácter pacífico (Silmiya) y en las que se organiza la recogida de basura y limpieza tras las protestas.
La sociedad civil es clave para acompañar, guiar y vigilar el proceso de transformación política que acaba de iniciar Argelia. Es necesario recordar sin embargo que asume esta misión desde una situación de partida complicada derivada de su fragilidad tras años de represión por parte de los servicios de inteligencia que han utilizado sofisticadas e insidiosas estrategias de cooptación, división y clonación para tratar de neutralizar el surgimiento de un frente de oposición al poder establecido. Un ejemplo de estas prácticas se dio en el ámbito sindical donde el régimen ha tratado de contrarrestar la emergencia de sindicatos autónomos que cuestionasen el monopolio de la UGTA, el sindicato histórico próximo al régimen. Para neutralizar al Sindicato Nacional Autónomo del Personal de la Administración Pública (SNAPAP), el régimen recurrió a la creación de organizaciones similares con el objetivo de sembrar dudas sobre las orientaciones políticas de la organización, restarle apoyos y provocar escisiones.
Aunque la actuación del poder haya contribuido sin duda a fragmentar la sociedad civil, parte de la responsabilidad de esta atomización también se ha debido a las dinámicas internas de las asociaciones que, en algunos casos, han estado inmersas en luchas de liderazgo que han acabado por debilitarlas.
La falta de espacio público para el debate, el diálogo y la sensibilización también contribuyó a estrechar su margen de maniobra y su arraigo en la sociedad. Esta es una de las razones que, sin duda, explica su débil capacidad de atracción hacia los jóvenes y la ausencia de relevo generacional en su seno.
En efecto, la implicación de los jóvenes en el tejido asociativo como en los partidos políticos también ha sido marginal como lo ponen en evidencia las encuestas realizadas por la organización Rassemblement Action Jeunesse (RAJ). La encuesta realizada en 2017 sobre una muestra de 1.462 personas en 41 wilayas (divisiones administrativas de Argelia) indicaba, por ejemplo, que sólo el 2,5% de los encuestados era miembro de una asociación y sólo el 0,2% estaba afiliado a un sindicato. Los estudios llevados a cabo en Francia, por ejemplo, revelan una tasa de implicación de los jóvenes en el tejido asociativo del 40%.
Los estudiantes: unos protagonistas claves de las protestas
El control y las medidas represivas del poder también han afectado el ámbito universitario. Los sindicatos de estudiantes presentes en las Universidades o han sido cooptados por el régimen como la Union Nationale des Étudiants Algériens (UNEA) o han estado bajo la tutela de fuerzas políticas integradas en el sistema político como el UGEL (Union générale des étudiants libres), próximo al partido islamista del Movimiento de la Sociedad por la Paz (MSP). Cabe recordar que en 2011 las fuerzas de seguridad detuvieron a muchos estudiantes, impidieron la convocatoria de huelgas y los intentos de crear estructuras autónomas como la Coordinación Nacional Autónoma de los Estudiantes (CNAE) que después de unos inicios prometedores en 2011 tuvo que cesar su actividad al cabo de unos meses. Las protestas han dado un nuevo impulso al movimiento estudiantil, que está reapropiándose del espacio universitario para buscar nuevos mecanismos de representación.
Los estudiantes constituyen una pieza clave del movimiento de contestación popular contra el régimen. En Argelia el número de estudiantes universitarios se ha multiplicado por 4 en 10 años: en 1999 eran 425.000 y ahora son 1,7 millones, un tercio de los cuales son mujeres. Ellos han sido los principales protagonistas de las protestas y se enfrentan ahora al reto de cómo estructurar sus demandas para no quedar apartados en las próximas etapas de la transición. No es de extrañar que una de las primeras medidas adoptadas por el régimen para contrarrestar las revueltas haya sido adelantar las vacaciones de abril y cerrar las residencias universitarias durante un mes.
La coordinación del movimiento de protesta a escala nacional constituye también en esta nueva etapa un reto considerable. Será clave que las plataformas o colectivos que surjan reflejen esta diversidad geográfica para que puedan llegar a ser realmente representativas. Experiencias anteriores ponen de manifiesto que esta articulación no será tarea fácil. Basta recordar, por ejemplo, las reticencias del movimiento de protesta que luchó durante meses contra la explotación del gas de esquisto en 2015 en la localidad de Ain Salah para coordinarse con otras organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional.
Asoman ya las divisiones
Sería ingenuo pensar que las divisiones ideológicas, religiosas, étnicas que han fragmentado la sociedad argelina durante las últimas décadas han desaparecido. Una de las primeras en asomar queda reflejada en las reacciones que provocan la reaparición de anteriores líderes del Frente Islámico de Salvación (FIS) como firmantes de las primeras iniciativas colectivas que emergen de las protestas como la Coordinación Nacional para el Cambio.
El riesgo de recuperación de los islamistas es una cuestión que se plantea entre los analistas (sobre todo en Europa) y de acuerdo con una visión que tiende a trasladar lo sucedido en otros escenarios a la realidad argelina. Precisamente, es importante recordar la singularidad de la historia de Argelia y, en particular, la emergencia del FIS como fuerza política que consiguió durante el breve periodo de apertura política que conoció Argelia a finales de los 80 (89-91) ser una de las fuerzas más votadas en las elecciones municipales de los 90 y en la primera ronda de las legislativas de 1991. El Ejército interrumpió el proceso y con el golpe militar de enero de 1992 desencadenó un conflicto que sumió al país en una década de violencia. El FIS quedó desmantelado y su liderazgo político descabezado tras el asesinato de Abdelkader Hachani en 1999. A partir del proceso de reconciliación nacional impulsado por el presidente Buteflika tras su llegada a la presidencia de la República, otras tendencias del movimiento islamista en Argelia fueron integradas políticamente en el sistema y perdieron gran parte de su arraigo popular. La ausencia de una fuerza islamista estructurada, equivalente a los Hermanos Musulmanes en Egipto, convierte en improbable un escenario en el cual los islamistas pudieran sacar rédito de las protestas populares y llenar el vacío existente debido a la ausencia de una oposición fuerte y articulada. Esto no significa, sin embargo, que a más largo plazo no pueda resurgir en Argelia un movimiento de estas características aprovechando el terreno fértil que constituye la existencia de una sociedad profundamente apegada a la religión y crecientemente conservadora.
Sigue abierta la cuestión de la representatividad de las personalidades que asoman para liderar las iniciativas de la sociedad civil para esta etapa de transición compleja y su reconocimiento por un movimiento popular que ha surgido de forma independiente.
Hasta ahora, el movimiento ha mostrado una clara resistencia a salir de su horizontalidad y a promover figuras susceptibles de asumir el liderazgo: esta actitud es, sin duda, una forma de proteger su transversalidad, pero también de prevenir las luchas y divisiones que en el pasado cercano impidieron la emergencia de un frente de contestación política en Argelia. Con esta posición se trata también de no dar pie al régimen a utilizar sus tradicionales estrategias de represión o de división para impedir la emergencia de liderazgos fuertes en el seno de la oposición.
La horizontalidad puede acabar siendo un arma de doble filo. Aunque puede ayudar a blindar al movimiento de infiltraciones peligrosas, también proporciona la oportunidad a otros actores para que, aprovechando la falta de estructuración del movimiento, traten de recuperarlo al servicio de sus propias ambiciones políticas.
Una cuestión pendiente de gran trascendencia sigue siendo, por lo tanto, el cómo traducir las aspiraciones y reivindicaciones expresadas por los manifestantes en las protestas en líneas políticas y estrategias operacionales. Es difícil pensar que este proyecto de transformación política anhelado por el pueblo pueda lograrse sin un proceso complicado de estructuración que pasa, sin duda, por la emergencia de liderazgos representativos de la diversidad sectorial, geográfica, ideológica, étnica presente en la movilización popular. Se trata de un proceso que puede llevar tiempo y este es precisamente una variable con la que el régimen argelino cuenta para tratar de diluir las presiones populares y pilotar un proceso de transición que no cuestione los fundamentos del sistema.
Actividad subvencionada por la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores
