Seis meses después de la toma de posesión de Joe Biden, muchas cosas han cambiado en la política migratoria estadounidense ¿o no tantas? ¿En qué se traduce el “no vengan” que Kamala Harris dirigió a todos los centroamericanos cuya única oportunidad es migrar al norte para huir de la pobreza o la violencia? ¿Ha cambiado realmente el paradigma fronterizo y migratorio o es un continuismo suavizado por una narrativa nueva? Depende….
La cifra de detecciones (que incluye detenciones y rechazos) en la frontera sur de EE UU en los primeros meses de 2021 fue la mayor de los últimos 20 años. Además de los factores permanentes como la inestabilidad política, la pobreza o la violencia crónica, en 2020 se añadieron las catástrofes medioambientales en la región o la COVID-19 y sus estragos en la economía, las remesas y el tejido social. En mayo de 2021, fueron detenidos 180.034 inmigrantes en la frontera sur según datos de la oficina de aduanas y protección de fronteras (CBP) la mayoría adultos varones y muchos de ellos con varios intentos de cruce previos. Un 62% fueron inmediatamente deportados a México.
"Las relaciones de EE UU con los vecinos de México y el Triángulo Norte han mejorado"
No con todos. En lo que respecta a México, sorprendentemente, las relaciones entre Trump y López-Obrador (AMLO) no sólo no fueron conflictivas sino cordiales. AMLO aceptó encantado el papel de gendarme fronterizo de EE UU. Les unía su populismo personalista, el desprecio hacia los medios de comunicación críticos o el escepticismo hacia las medidas contra la COVID-19, incluidas las mascarillas. Biden recibió al ganar las elecciones una fría y tardía felicitación por parte de su homólogo mexicano. Desde entonces han imperado las señales hostiles hacia la nueva administración incluida la ausencia de condena al episodio violento de agitadores trumpistas en el Capitolio el 6 de enero de 2021. AMLO, en su populismo nacionalista vuelve a designar a EE UU como el enemigo útil que agitar para distraer la atención de asuntos internos.
La política de tolerancia cero de Donald Trump (2018) militarizó la frontera, permitió el enjuiciamiento penal por el cruce irregular de la frontera, separó a miles de menores de sus padres y condicionó las ayudas a la región por no controlar la migración. Descuidó y menospreció sus relaciones con el Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras). Su estrategia para Centroamérica (USSCA) sólo protegía los intereses de seguridad nacional y la contención migratoria. No creía en el valor de la ayuda exterior como una herramienta política eficaz y la redujo hasta el 75% en la región.
Desde que Biden llegó a la presidencia no sólo ha revertido varias de estas medidas (rescindió la política de tolerancia cero, reactivó los acuerdos de asilo con los 3 países, así como el programa CAM de reagrupación familiar de niños centroamericanos cuyo padre o madre residiera legalmente en EE UU), sino que ha reorientado su política hacia la región, activando una intensa agenda política y diplomática. A diferencia de Trump, Biden apuesta por la gobernanza internacional y regional. Pero iniciativas regionales como el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (PAPTN) casi no pueden abrirse camino en economías eminentemente informales que apenas permiten la supervivencia, sobre todo tras el impacto de la pandemia. Las dinámicas de violencia, corrupción estructural e impunidad, se suman a unos liderazgos políticos cuanto menos complicados.
"La política migratoria de Biden/Harris supone un giro radical respecto a la era Trump"
Según se mire. La inmigración fue sin duda el tema estrella en la campaña electoral y uno de los principales focos mediáticos de los primeros pasos de la nueva Administración Biden. Suponía una ruptura simbólica respecto a los tiempos tóxicos de Trump. Pero transcurridos seis meses, los resultados han sido modestos y los grandes anuncios de reformas han quedado relegados frente a la emergencia fronteriza y al estrecho margen de negociación en el Congreso.
En su primer día en el cargo, Biden anunció un ambicioso proyecto de Ley de Ciudadanía de los EE UU. Entre sus postulados estaría crear una hoja de ruta hacia la ciudadanía para unos 10 millones de migrantes sin papeles, mejorar los procesos de recepción y acogida para menores y poblaciones vulnerables, mejorar la inclusión, promover la diversidad, proteger el agrupamiento familiar, luchar contra la explotación o proteger los derechos laborales de los migrantes. En el ámbito fronterizo, prevé una inversión récord en tecnología e infraestructura, así como medidas contra las redes de tráfico de migrantes y trata de seres humanos.
Pero sacar adelante la ambiciosa reforma migratoria será casi imposible. En el Congreso se necesitan 10 votos republicanos y todos los votos demócratas que ni siquiera están asegurados. Los congresistas demócratas prefieren leyes más sectoriales y realistas como la Ley de Promesa y Sueño Americano de 2021 , actualmente en tramitación o la Ley para los trabajadores del sector agrícola de 2021, que supone una enmienda a la Ley de Inmigración y Nacionalidad para proteger a los trabajadores de un sector esencial y especialmente expuesto a los abusos.
"La vicepresidenta Kamala Harris es más favorable a la migración que Biden por sus orígenes"
Probablemente. Como recuerda la periodista Eyleen Truax, “Biden fue vicepresidente 8 años, y cuatro años después no ha cambiado ni su postura ni su capacidad de negociación”. Y es que fue precisamente Joe Biden el artífice de una nueva concepción del puesto de vicepresidente, más compenetrado con la presidencia y con tareas ejecutivas de gran perfil. Durante la Administración Obama (2009-2017), Biden se encargó entre otras estratégias, de la crisis migratoria de 2014, cuando llegaron a la frontera con México unos 50.000 menores no acompañados. Los republicanos acusaban a Obama de provocar un efecto llamada por su promesa de regularizar a los “Dreamers”, mientras los juzgados de inmigración estaban colapsados por la lista de espera de menores esperando su audiencia preceptiva. La respuesta de la Administración fue muy dura: militarizar la frontera, reforzar la vigilancia y la infraestructura fronteriza y apoyar una reforma regresiva de la ley de 2008 para acelerar la deportación de los niños centroamericanos.
Ahora es el presidente Biden quien ha confiado en la vicepresidenta Harris la tarea de coordinar la gestión de la frontera en otro momento difícil. Harris tiene claro que su prioridad está en los países de origen y en las causas fundamentales de la migración. Su visita a México y Guatemala en la que pronunció la famosa frase: “No vengan” lo dejó claro. Pero en la búsqueda de compromisos e inversiones a cambio de apoyo financiero, político o vacunas, la sombra de una corrupción estructural en la región pone en peligro y retrasa cualquier avance. Harris visitó a finales de junio un centro de migrantes en El Paso y se reunió con algunos menores internados y con actores de la sociedad civil. Dejaba claro con esa elección de agenda que no obedecía al clamor de los republicanos y que la frontera no era su prioridad, sino ver de primera mano la situación humanitaria. En cualquier caso, teniendo en cuenta que el Título 42 (norma de salud pública que permite la expulsión en frontera de cualquier migrante o demandante de asilo) sigue vigente, los republicanos no tienen por qué inquietarse. El muro sigue siendo inexpugnable. Voces críticas dentro de las filas demócratas, como la de la congresista Ocasio-Cortéz, le reprochan a una hija de migrantes, que haya olvidado que buscar asilo en la frontera es legal.
"Los demócratas hacen más que los republicanos por mejorar la vida de las personas migrantes"
No necesariamente. Es verdad que el muro de Trump no sólo era físico. A lo largo de su mandato elevó uno legal, administrativo e ideológico que también obstaculizó la migración legal, convirtiendo la movilidad humana en el tema más polarizador y tóxico de sus campañas y gobierno. Pero muy al contrario de lo que se piensa, fue la presidencia del demócrata Bill Clinton (1993-2001) quien firmó el proyecto de ley de inmigración más duro de las últimas décadas. La ley de 1996 (IIRIRA en sus siglas en inglés) tenía un enfoque punitivo que facilitaba las deportaciones incluso con retroactividad, abusaba de las detenciones, condicionaba la reunificación familiar a los ingresos y separó a miles de familias. Además, como recuerda el investigador Todd Miller, fue en tiempos de Clinton cuando la frontera sur de Estados Unidos dejó de estar en México y se instaló entre Chiapas y Guatemala. La Administración Obama-Biden (2009-2017) deportó a 2 millones de personas en 8 años y detuvo a las familias el tiempo necesario para procesarlas y deportarlas. Trump pudo hacer lo que hizo porque su predecesor había preparado el terreno.
El presidente Biden ha empezado por desactivar y reemplazar la narrativa de las migraciones. Tras cuatro años de antinmigración, xenofobia y racismo, se recupera el originario y fundador discurso de EE UU como tierra de oportunidades y nación de acogida. Biden ha comenzado desde el primer día la ardua tarea de deshacer el legado de su predecesor. La crueldad de la política migratoria de Trump abarcó desde la criminalización de menores, familias y defensores de derechos, al incumplimiento del derecho al asilo o de la Convención de derechos del niño.
En el balance positivo, Biden ha tomado decisiones clave como restablecer el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA en sus siglas en inglés) que protegía de la deportación a los jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños (dreamers). Ha revocado el programa PPM conocido como “Permanecer en México”, que permitía retener en el país vecino a todos los llegados a la frontera mientras se tramitaban sus procedimientos de inmigración en EE UU. También se han anulado las llamadas restricciones de “carga pública” que permitía a los funcionarios rechazar la concesión de tarjetas de residencia a los sospechosos de ser en el futuro dependientes del sistema público. Ha derogado la prohibición de entrada de ciudadanos de Chad, Irán, Libia, Corea del Norte, Siria, Somalia, Venezuela y Yemen, que con el pretexto de lucha contra el terrorismo, imponía un filtro claramente racista y antimusulmán. O trata, asimismo de revisar muchas de las decisiones de deportación injustas, como las dictadas en represalia por protestar públicamente contra las normas de extranjería, o las de veteranos y familiares de militares e inmigrantes excluidos del programa DACA.
Pero aún son muchos los temas pendientes. El más apremiante, la derogación total del Título 42 que supone una violación del derecho al asilo, disfrazado de excepción sanitaria. Como recuerda el periodista Jorge Ramos, con casi un 70% de la población adulta norteamericana vacunada, esta excepcionalidad no se tiene en pie.
"La situación de los menores extranjeros ha mejorado desde la llegada de Biden"
Según de qué menores estemos hablando. En el caso de los menores no acompañados recién llegados, sus condiciones siguen siendo lamentables. El aumento de llegadas comenzó en agosto de 2020, pero se aceleró en noviembre al verse obligado el gobierno a exceptuar a los menores de la deportación inmediata del Título 42 por orden judicial. Aunque el aumento de llegadas de niños y niñas era previsible, la Administración Trump decidió no hacer nada para mejorar la capacidad de acogida.
Cuando llega un menor se permite su entrada directa a EE UU, salvo si provienen de Canadá o México, en cuyo caso tienen que demostrar ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que están en riesgo de trata o persecución para no ser expulsados. El tapón producido durante el procedimiento de custodia por la CBP (de hasta 72 horas) y su posterior traspaso a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) ha agravado no sólo sus condiciones de alojamiento sino la protección de sus derechos ante la incertidumbre que rodea el periodo provisional de custodia. En marzo de 2021 eran 4.100 los niños hacinados en tiendas de campaña, sin camas suficientes o compartiendo espacio con adultos no relacionados. El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) se encarga también de buscar a sus familiares o allegados en EE UU o de no ser posible, ubicarles con posibles patrocinadores que les acojan. Según datos de 2020, los menores no acompañados pasaron una media de 102 días bajo custodia de la ORR. La mayoría eran adolescentes de origen centroamericano (el 48% sólo de Guatemala), en su mayoría varones (tan solo un 32% de niñas). Son chavales que han sufrido separaciones y traumas terribles en su país de origen o durante su travesía, y que tienen que adaptarse al desamparo sin acceso a servicios de salud mental.
En cuanto a los menores que ya viven irregularmente en EE UU, el futuro es más prometedor. Biden ordenó en enero de 2021 preservar y fortalecer el programa DACA y el nuevo proyecto de Ley de Promesa y Sueño Americano de 2021, ha conseguido pasar ya del Congreso al Senado en su tramitación. Tras 20 años y diez proyectos legislativos fallidos, los dreamers podrían ver por fin su sueño de acceder a la nacionalidad realizado.
"Mejorar el desarrollo de los países de origen hará disminuir la migración a EE UU"
No es tan sencillo. Como apunta el Center for Global Development (CGD) la estrategia de abordar los factores impulsores de la migración centroamericana es acertada, pero no con el objetivo de desalentar la emigración. Al contrario, cuando aumenta el desarrollo de una comunidad se incrementan las probabilidades de emigrar. Según el CGD, la mejor opción sería mejorar las vías laborales legales y negociar acuerdos bilaterales para conectar la oferta y la demanda laboral. Con ello se aseguraría indirectamente un control fronterizo más eficaz y humano. Los retos de Biden en la frontera son parecidos a los de sus predecesores. Las llegadas a la frontera no son una crisis puntual o coyuntural, son flujos permanentes y por lo tanto requieren de una respuesta a largo plazo, no de mera emergencia.
"La industria del control migratorio saldrá perdiendo con la Administración Biden"
En absoluto. Deshacer los daños y los intereses creados en torno al blindaje fronterizo requerirían un cambio sustancial y romper los sólidos lazos entre los demócratas y la industria fronteriza y de detención de migrantes. Según Transnational Institute (TNI), ambos partidos se han beneficiado de una colosal financiación privada, de manera que la industria está profundamente arraigada en los organismos gubernamentales y en la toma de decisiones en los EE UU. Según TNI, los demócratas en general recibieron más contribuciones de los grandes contratistas fronterizos que los republicanos, lo que demuestra hasta qué punto estas grandes corporaciones cubren cualquier escenario político. Mientras contratistas militares y empresas especializadas en la detención suelen favorecer a los republicanos, las empresas tecnológicas y de auditoría benefician abrumadoramente a los demócratas.
Es verdad, que Biden ha prometido poner fin a los centros privados de detención de migrantes, pero el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE UU (ICE) es tan dependiente de los contratistas privados, que prescindir de sus servicios supondría su paralización. Sólo a modo de ejemplo, el 80% de las camas disponibles en la red ICE están gestionadas por manos privadas.
Biden ha dejado claro que quiere romper con la brutalidad en la frontera, pero se inclina por un muro virtual, el de las fronteras inteligentes y digitales. En cualquier escenario, la industria del control migratorio es un negocio global que se adapta a cualquier latitud, es solo cuestión de cambiar el foco.
