Desde enero ha habido 1.411 desapariciones forzosas que el Gobierno egipcio niega.
En los días y meses que siguieron al alzamiento del 25 de enero de 2011 que acabó con el reinado de Hosni Mubarak ardieron muchos edificios gubernamentales. Tal vez el más simbólico de aquellos incendios fuera el que afectó al Ministerio del Interior, el epítome de la represión. A muchos les habría gustado quemar a toda la jerarquía del Amn el Dawla, la Seguridad del Estado, en aquel incendio. Pero cuatro años largos después las cenizas han abonado el terreno para que el Ministerio del Horror continúe hundiendo sus raíces a lo largo del Nilo y dicte el ritmo de las vidas de los egipcios.
De la antigua Seguridad del Estado, ahora Amn el Watani (Seguridad Nacional), ha cambiado poco más que el nombre, según activistas políticos y de derechos humanos. Desde enero 11.877 personas han sido detenidas bajo cargos de terrorismo, incluyendo mujeres y niños. Hay 700 universitarios que llevan dos años encarcelados y ha habido casi 100 muertes de detenidos; condenas a muerte masivas (desde el golpe, más de 1.700 personas han sido condenados a la pena capital incluido el ex presidente Mohamed Morsi); encarcelamiento de activistas políticos y periodistas, etcétera.
“La primera vez que me secuestraron, en los 90, fue en la esquina de ese edificio. Me dijeron que subiera al coche por las buenas o que la policía que estaba junto a la sinagoga [en el centro de El Cairo] les ayudarían a meterme por las malas”, explica Gamal Eid, director de la Red Árabe para la Información de Derechos Humanos. Esta práctica habitual del aparato del régimen ha vuelto con más virulencia que nunca, según las organizaciones locales. “Nunca hemos estado tan mal como ahora”, concluye Eid. “Ni con Mubarak”.
Desde que empezó 2015 se han producido 1.411 desapariciones forzosas, según organizaciones de derechos humanos en el país. Entre abril y junio fueron 163, según documentó la campaña Libertad para los Valientes. Y sólo en agosto y septiembre hubo 215 casos más, documentados por la Comisión Egipcia por los Derechos y Libertades (ECRF). Al menos 63 de esas personas fueron posteriormente localizadas en dependencias policiales o de la Seguridad Central, pero nada se sabe de otras 152, según el informe de la campaña "Alto a las desapariciones forzadas" auspiciado por el ECRF y publicado en octubre.
La Comisión habla de tres categorías de desaparecidos: aquellos que aparecen con cargos de protesta ilegal o de pertenencia a un grupo prohibido posteriormente; aquellos que son acusados de actividades violentas y pertenencia a grupos terroristas y aquellos a los que finalmente se libera. Además apuntan a islamistas y activistas como el principal objetivo de esas desapariciones.
Uno de esos casos es el de Esraa el Taweel cuya foto llorando tras ser prorrogada su estancia en prisión pendiente de juicio corrió como la pólvora en las redes sociales. El Taweel junto a otros dos estudiantes desaparecieron después de una cena en un restaurante de El Cairo y aparecieron dos semanas después en diferentes prisiones. Ahora la fotógrafa de 23 años suma 45 días más a los 155 que ya lleva entre rejas tras su desaparición forzosa. La joven está acusada de pertenecer a los Hermanos Musulmanes, considerados ahora un grupo terrorista en Egipto.
El Gobierno sin embargo hace oídos sordos: “Con absoluta confianza puedo decir que no hay desapariciones forzosas en Egipto y cualquier que diga otra cosa debe presentar pruebas”, aseguró Salah Fouad, responsable de derechos humanos del Ministerio del Interior egipcio hace apenas un mes a través de la agencia oficial de noticias MENA. Como suele ser habitual últimamente culpó a los Hermanos Musulmanes de usar a las organizaciones de la sociedad civil en Egipto para presionar al Gobierno. Pero el pasado julio, también organismos internacionales como Human Right Watch (HRW) denunciaron la desaparición forzada y detención “al margen de la ley” de decenas de personas en el país. HRW exigió a las autoridades que revelaran “de inmediato su paradero”, así como que castigaran a los responsables. Algo que no ha ocurrido hasta el momento.
La nuevas cifras de desaparecidos no son muy halagüeñas, y no parece servir de nada denunciarlas. En declaraciones a distintos medios locales los autores del informe subrayan la dificultad con que obtienen los datos, las presiones. Trabajan con abogados y activistas para identificar los casos, hablan con las familias y reúnen toda la documentación legal que confirme dichas desapariciones. Después siguen en contacto con los parientes a la espera de que el desaparecido sea presentado ante la fiscalía.
En un artículo reciente, el bloguero y periodista independiente Wael Eskander contaba el caso de Nabil el Boustany un joven que desapareció a principios de octubre en el Sinaí tras ser detenido por militares en un checkpoint cerca de Sharm El Sheikh. Su hermano relató que se lo llevaron para interrogarlo y no le han vuelto a ver ni a saber de su paradero a pesar de haber seguido todas las vías legales a su alcance. El bloguero pone de relieve en el artículo publicado en el diario Daily News Egypt, la impotencia ante este tipo de situaciones y la impunidad con la que actúan las fuerzas de seguridad.
La lucha contra el terror está dando alas al Gobierno de Abdelfatah al Sisi para emplear todas las herramientas a su alcance en la represión de cualquier voz crítica. El respaldo internacional a su Gobierno indigna dentro del país.
“En 20 años sólo se produjeron dos desapariciones forzosas en Egipto, ahora en sólo dos años hemos visto cientos de casos que se suman a otras violaciones continuas de derechos y a arrestos ilegales”, explica el director de ANHRI. “Desde la llegada de Al Sisi al poder hemos documentado más de 60.000 detenciones y hay 61 periodistas encarcelados”, detalla el abogado.
Periodistas encarcelados
Desde que el presidente Al Sisi llegó al poder todas las organizaciones de derechos humanos en el país coinciden en señalar que se ha sufrido una involución. Las detenciones de activistas y periodistas están a la orden del día y cualquiera es susceptible de acabar en prisión o en un juicio militar. Es el caso del activista de derechos humanos y periodista de investigación Hossam Baghat, que fue llamado ante un tribunal militar para ser interrogado sobre un artículo relativo al juicio de 26 militares acusados y declarados culpables de planear un golpe de Estado. El texto se basaba en documentos oficiales, incluida el acta de acusación formal del fiscal militar, y entrevistas a familiares de los militares juzgados. En un principio, la Fiscalía no permitió a Bahgat llamar a sus abogados ni familia, aunque, “tras horas de intimidación”, le permitieron telefonear a sus letrados, según explicó en un comunicado tras su liberación.
“La detención de Hossam Bahgat no hace sino añadir otro clavo al ataúd de la libertad de expresión en Egipto. Ha sido detenido e interrogado por el fiscal militar por ejercer de manera pacífica su derecho a la libertad de expresión”, manifestaba tras la detención Philip Luther, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
Aunque tras el interrogatorio se le dijo que tendría que estar otros cuatro días detenido e incomunicado, Baghat fue finalmente liberado. Detrás quedaba una intensísima campaña en redes sociales con el propio secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidiendo su libertad. Algo que no gustó nada en Egipto quién desde el Ministerio de Exteriores defendió la actuación de las autoridades y aseguró que las causas de la investigación estaban vinculadas a “claras y francas infracciones de la ley egipcia”. Una referencia a la ley antiterrorista de reciente aprobación que castiga la publicación de noticias que no sean “verídicas” sobre “cualquier operación terrorista” y que “contradigan de alguna forma las informaciones oficiales difundidas por el Ministerio de Defensa”.
La presión social y a ser posible internacional parece ser lo poco que funciona en Egipto estos días de creciente retroceso en las libertades. El 12 de noviembre, más de 145 personas habían firmado una petición de Amnistía internacional para pedir la liberación inmediata y sin condiciones del estudiante de 19 años Mahmud Mohamed Ahmed que lleva casi dos años entre rejas por llevar una camiseta antitortura y un pañuelo de la revolución del 25 de enero.
También en las redes sociales se pidió la libertad del activista Alaa Abdel Fatah, que paradójicamente cumple una condena de cinco años de cárcel por manifestarse contra la ley antiprotesta que prohíbe cualquier tipo de manifestación no autorizada. En una campaña el día del aniversario de su detención por todo el mundo las fotos de los perfiles de Facebook y Twitter se cambiaron por la de Abdel Fatah.
Dichas campañas se suceden periódicamente para recordar a aquellos injustamente encarcelados. Es el caso de los informadores. Con al menos 20 periodistas detenidos en relación con su trabajo, Egipto es “la cuarta mayor cárcel del mundo para los trabajadores de los medios de comunicación” (después de China, Eritrea e Irán) y ocupa el puesto 158, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2015 de Reporteros Sin Fronteras.
Entre ellos se encuentra el fotoperiodista Mahmud Abu Zeid, Shawkan, que lleva más de 800 días en prisión tras ser detenido mientras ejercía su labor informativa. Después de dos años tras las rejas sin que se presentaran cargos finalmente se ha vinculado su caso a uno de los macrojuicios contra islamistas y está previsto que el 12 de diciembre se celebre la primera vista.
Detenciones y represión han pasado a formar parte inseparable del día a día de los egipcios, si es que alguna vez se fueron, y parece ya quedar poco o ningún espacio para el ejercicio de las mínimas libertades, como lamentan los miembros de la sociedad civil. Una muestra de que el Estado se desintegra, como apunta el bloguero Wael Eskandar. Cuando un Gobierno debe emplearse fuera de la ley porque ésta ya no da cabida a su necesidad de control corre el riesgo de perder por completo el respeto de sus ciudadanos. El desapego de los egipcios hacia las parlamentarias que se han celebrado en noviembre y diciembre serían un buen ejemplo. Sólo el 26,5% votó en la primera ronda, mientras que apenas un 28,5% lo ha hecho en la segunda, celebrada a principios de este mes. Un dato de participación muy alejado del 62% registrado en las elecciones de 2011, las primeras tras la caída de Hosni Mubarak y en la que los islamistas (ahora proscritos) fueron los grandes vencedores.
Una deriva poco deseable en un país en el que por un momento se respiraron aires de cambio y parecía que una democracia era posible. De todo ello la máxima alerta la enciende el número creciente de desaparecidos forzosos, exponente de la impunidad y la ilegalidad con que vuelve a actuar el régimen.
