Así es cómo algunos Estados miembros están poniendo en marcha un proceso de deslocalización del asilo.

En 2013 el Gobierno australiano puso en marcha la Operación Fronteras Soberanas. Con ella quedaba inaugurado lo que se conoce como el modelo australiano de gestión migratoria. Su objetivo es evitar la llegada de personas de manera ilegal a su territorio y, con ello, disuadir a potenciales solicitantes de asilo de intentar arribar arriesgando su vida.

Este modelo de gestión migratoria tiene elementos controvertidos tales como el traslado de los solicitantes de asilo llegados vía marítima a las islas de Nauru y de Manus mientras se procesan sus solicitudes. En esas islas las personas afectadas se encuentran en un régimen de detención muy estricto sin derecho a la movilidad. También quedaba restringido el número de personas que podrían reasentarse en Australia una vez estuviera resuelto su expediente y se autorizaban las devoluciones al país de origen si se consideraba que no había peligro.

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Migrantes en Canarias se manifiestan para poder viajar a la península española, marzo 2021. Andres Gutierrez/picture alliance via Getty Images

Pues bien, este modelo saltó a la palestra de la agenda política europea en el marco de la crisis de gestión del refugio entre 2015 y 2016. Varios fueron los Estados miembro que a partir de esa fecha pusieron encima de la mesa la necesidad de adopción de un modelo similar, a pesar de que se tocaban cuestiones de índole moral, ética y legal que eran difíciles de digerir por muchos. La gestión de expedientes en el extranjero, la detención obligatoria y las devoluciones inmediatas generaron entonces recelos, además de la consecuente implicación que podría tener la vulneración de derechos humanos a los que está sujeta la UE.

Sin embargo, en el Consejo Europeo de junio de 2018, hace ahora tres ...