Así es cómo algunos Estados miembros están poniendo en marcha un proceso de deslocalización del asilo.
En 2013 el Gobierno australiano puso en marcha la Operación Fronteras Soberanas. Con ella quedaba inaugurado lo que se conoce como el modelo australiano de gestión migratoria. Su objetivo es evitar la llegada de personas de manera ilegal a su territorio y, con ello, disuadir a potenciales solicitantes de asilo de intentar arribar arriesgando su vida.
Este modelo de gestión migratoria tiene elementos controvertidos tales como el traslado de los solicitantes de asilo llegados vía marítima a las islas de Nauru y de Manus mientras se procesan sus solicitudes. En esas islas las personas afectadas se encuentran en un régimen de detención muy estricto sin derecho a la movilidad. También quedaba restringido el número de personas que podrían reasentarse en Australia una vez estuviera resuelto su expediente y se autorizaban las devoluciones al país de origen si se consideraba que no había peligro.
Pues bien, este modelo saltó a la palestra de la agenda política europea en el marco de la crisis de gestión del refugio entre 2015 y 2016. Varios fueron los Estados miembro que a partir de esa fecha pusieron encima de la mesa la necesidad de adopción de un modelo similar, a pesar de que se tocaban cuestiones de índole moral, ética y legal que eran difíciles de digerir por muchos. La gestión de expedientes en el extranjero, la detención obligatoria y las devoluciones inmediatas generaron entonces recelos, además de la consecuente implicación que podría tener la vulneración de derechos humanos a los que está sujeta la UE.
Sin embargo, en el Consejo Europeo de junio de 2018, hace ahora tres años, una reunión dedicada casi en su integridad a la cuestión migratoria, República Checa, Hungría, Polonia y Austria propusieron debatir la idea de lo que denominaron “plataformas regionales de desembarque”. En estas plataformas se procedería a la identificación de las personas arribadas según si eran migrantes económicos o solicitantes de asilo. En un primer momento, no pareció haber dudas de que dichos centros de “clasificación” debían establecerse en territorio europeo, en aquellos Estados miembro que así lo quisieran poner en marcha de manera voluntaria. La idea era que el procedimiento debía ser rápido y eficaz. La idea no prosperó.
Dos años más tarde, en septiembre de 2020, era presentado el Nuevo Pacto de Inmigración y Asilo de la UE. Este documento, a pesar de su nombre, hacía referencia a las distintas formas de control fronterizo mejoradas y ampliadas por parte de la UE para asegurar una mejor gestión de los flujos migratorios y del asilo. Algunos de sus ejes fundamentales recuerdan de manera asombrosa a la Operación Frontera Soberana australiana. “Un nuevo y más rápido procedimiento fronterizo de asilo, seguido de un procedimiento de retorno rápido, para acelerar la toma de decisiones y aumentar la eficiencia de los procedimientos de asilo”, reza el texto. Patrocinio de retorno, mecanismos de corrección también aparecen en el Pacto. También se plantea, como no podía ser de otro modo, que el respeto a los derechos humanos debía ser salvaguardado en todo momento, con la ayuda de la Agencia de los Derechos Fundamentales, Frontex y una Agencia de nueva creación de Asilo de la UE. En cualquier caso, el Pacto no aportaba soluciones alternativas al modelo vigente de gestión migratoria que, por cierto, se ha demostrado absolutamente ineficaz en sus resultados e incoherente como política pública.
Pero quizás, lo que más llamaba la atención del documento y, concretamente, en la propuesta de Reglamento de Procedimiento de Asilo (todavía un borrador) era la propuesta de que la gestión de los expedientes de asilo se realizara en las “fronteras exteriores de la UE”. Voilá!
Tras mucho pensar, barruntar y demás, la Comisión y los países miembros (es decir, los gobiernos), puesto que es un Pacto entre Estados, habían decidido que el mejor sistema de gestión del asilo y el refugio era el australiano.
A partir de ahí comenzaban a tomar forma y a comprenderse muchas de las decisiones que se habían ido tomando desde septiembre de 2020. No trasladar a la península a las personas que habían llegado a Canarias, pese a existir un protocolo vigente para ello desde hace años, encajaba perfectamente con este borrador de Reglamento de Procedimiento de Asilo. Canarias es frontera exterior y, por tanto, el lugar perfecto para procesar expedientes.
Si Canarias fue primero, luego han ido llegando otras acciones por parte de Estados miembros que han optado por seguir la senda trazada por el Gobierno español. Dinamarca ponía en marcha una reforma de su ley de asilo el 3 de junio que le permite la reubicación de los solicitantes de asilo en países terceros mientras sus expedientes son estudiados. Curiosamente, apenas un mes antes (6 de mayo 2021) tenía lugar la firma de un memorando entre Dinamarca y Uganda sobre asilo y refugio que establecía planes para trasladar los procedimientos de asilo fuera de la UE. Sonroja leer en dicho documento que con ello se pretende cambiar el actual sistema de asilo “injusto y poco ético”, un sistema, sigue el texto, que “incentiva a niños, mujeres y hombres a embarcarse en peligrosos viajes a lo largo de las rutas migratorias, mientras los traficantes de personas ganan fortunas”. El cinismo es francamente manifiesto.
Y a Dinamarca se ha unido también Reino Unido, que, pese a no estar ya en la UE, sí que llevaba tiempo dándole vueltas a la creación de centros de procesamiento de asilo en lugares como la Isla de Ascensión. Así, Londres y Copenhague se han puesto manos a la obra y ya se encuentran en negociaciones para compartir un centro para inmigrantes en Ruanda.
Estas maniobras, por tanto, constituyen la continuidad de una política de migración y asilo que de manera acelerada ha optado por la securitización y la externalización de la gestión de los flujos. Sin embargo, nunca antes se había llegado al extremo de poner en marcha un proceso de deslocalización del asilo. Y es preciso recordar que no han sido gobiernos de extrema derecha los que han dado el paso, sino gobiernos conservadores como el británico, o directamente socialdemócratas como el danés y el español.
