El nuevo Pacto de Migración y Asilo o cómo aprobar un suspenso

20 junio 2023
Gemma Pinyol-Jiménez

Refugiados hacen cola a la entrada de un campamento temporal después de que el de Moria quedara inutilizable tras los incendios de septiembre de 2020, en la isla de Lesbos, Grecia. (Ayhan Mehmet/Anadolu Agency/Getty Images)

Así es como la Unión Europea ha reducido el Derecho internacional de asilo a su mínima expresión.

Cada año, alrededor del día mundial del refugio, ACNUR ofrece datos sobre las personas en necesidad de protección internacional. Reforzando la tendencia que viene dándose en los últimos años, a finales de 2022 había 108,4 millones de personas que se habían visto forzadas a abandonar sus hogares huyendo de conflictos, violencia, persecución o violaciones de derechos humanos. Este es el incremento anual más elevado en los últimos años (19% en relación con 2021), y el momento en el que se supera el umbral de 100 millones de personas en necesidad de protección internacional. En el marco actual, la protección de las personas que buscan refugio en otros países se constituye como Derecho internacional a través de la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967. En los países de la Unión Europea, la protección de este derecho queda consagrada, y se convierte en obligatoria, mediante la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, aprobada en 2000. Además, el Tratado de Funcionamiento de la UE establece la necesidad de articular (art.78) una política común en materia de asilo, protección subsidiaria y protección temporal destinada a ofrecer un estatuto apropiado a toda persona nacional de un tercer país que necesite protección internacional y a garantizar el respeto del principio de no devolución.

Veinte años después de su aprobación, en septiembre de 2020, la Comisión Europea presentó su quinta agenda de trabajo para la gestión migratoria común y para el desarrollo del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), en aras de avanzar en unas políticas comunes articuladas como tales desde 1999. El nuevo Pacto de Migración y Asilo (PMA) se acompañó de nueve propuestas de recomendaciones, orientaciones y, lo más destacado, de la reforma de distintos reglamentos relacionados con la gobernanza común del asilo y la migración en la UE. En su presentación, se hizo evidente que, a pesar de las palabras de la Comisaria de Interior, Ylva Johansson, la nueva agenda estaba marcada básicamente por la preocupación de controlar los accesos a las fronteras exteriores de la Unión, y evitar los desplazamientos secundarios de personas solicitantes de protección internacional entre países de la UE. De hecho, el vicepresidente de la Comisión, Margaritis Schinas, definió el nuevo PMA como una casa con tres pisos (un primero centrado en las relaciones con los países terceros; un segundo en el control de las fronteras externas, y un último en las normas internas de solidaridad), pero, de nuevo, y parafraseando la metáfora, los debates se han centrado básicamente en controlar la puerta de entrada.