Pocos avances y muchos problemas en el gobierno de Gustavo Petro en Colombia.
Se han cumplido diez meses desde que Gustavo Petro, el primer presidente progresista de la historia de Colombia, llegase a la Casa de Nariño. Un tiempo más que prudencial para ofrecer un balance inicial sobre algunos de los aspectos que, desde el comienzo, mayor atención concentraron en la opinión pública. Esto es, la obtención de un pacto de gobierno muy heterogéneo, con formaciones partidistas muy disímiles, lo cual se traducía en la conformación de su Ejecutivo, y la cuestión de la consecución de la paz en el país; lastrado por el conflicto armado interno más longevo y violento del largo siglo XX latinoamericano.
Cuando en los primeros compases de este nuevo gobierno que estableció la red de alianzas parlamentarias, el resultado inédito era que Gustavo Petro comenzaba su andanza como presidente con tres cuartas parte de apoyo en el Congreso, además de con un grueso de ministros, muchos de ellos, provenientes de formaciones moderadas e incluso conservadoras -como era el caso de Alejandro Gaviria (Educación), José Antonio Ocampo (Hacienda) o Álvaro Leyva (Exteriores). No hacía falta ser muy avezado para prever qué tal sentido pactista tendría poco recorrido, condicionado al momento en el que se abordasen con profundidad las que habían sido prioridades de la disputa electoral para Petro, tal y como era el caso de la reforma de las pensiones, de la salud o del trabajo. Las alianzas partidistas tenían todo para resquebrajarse, especialmente, si el presidente aspiraba a cuestionar algunos de los que habían sido pilares de un Estado profundamente desregulado y desfinanciado en las últimas décadas.
La crisis de gobierno de inicios de mayo, que supuso el cambio de ocho carteras, sumado a la fractura abierta de la coalición parlamentaria y los escándalos de otros nombres relevantes, como el ya exembajador en Venezuela, Armando Benedetti, o la hasta hace unas semanas responsable del gabinete presidencial, Laura Sarabia, evidencian que los tiempos han cambiado para un gobierno que deberá readaptar parte del sentido de su agenda política. El Partido de la U y el Partido Conservador se han desmarcado abiertamente de la coalición de gobierno, y no esperan un futuro mucho más halagüeño a lo que concierne al Partido Liberal y Partido Verde -máxime, con unas elecciones municipales y departamentales por desarrollar a finales de este mismo año. Es decir, ahora mismo el gobierno del Pacto Histórico Nacional se encuentra en serias dificultades para proseguir con las principales reformas legislativas que abrieron las diferencias entre formaciones. Diferencias que, ahora mismo, invitan a que el fin de la legislatura, el 20 de junio, deje consigo un horizonte político de notable incertidumbre.
Muchos de los planteamientos rupturistas que sirvieron de lema de campaña para Gustavo Petro resultan inviables, y los que aún no lo son, corren el riesgo de pasar al segundo ejercicio legislativo con escasa fortaleza. Por supuesto, el retiro de las iniciativas evidenciaría una gran debilidad del partido del gobierno, toda vez que alianzas puntuales que salven a última hora un ejercicio legislativo con más frustración que expectativa no parecen factibles ni sostenibles. Es decir, todo parece indicar que la reforma de salud, que pasará el primer trámite parlamentario, llegará muy debilitada al segundo curso legislativo, si bien, corriendo mejor suerte que las del trabajo y las pensiones. Estas dos cuestiones, sin atisbo de éxito alguno, van a repercutir en la ya de por sí deteriorada imagen del mandatario, inferior en todas las encuestas, al 30%. Una circunstancia que llama poderosamente la atención en uno de los países más desiguales del mundo, con unos niveles de informalidad, pobreza multidimensional, regresividad fiscal o privatización, de los más bajos del continente.
Gustavo Petro tenía todo en contra, de manera que, antes o después, esta situación era previsible. El espectro mediático radiotelevisivo nacional, mayoritariamente, no favorece una imagen positiva del presidente. Tampoco lo hace el debate político producido en el arco parlamentario y/o el papel catalizador que desempeñan las élites regionales, tradicionalmente conservadoras, clientelares y en aras de priorizar el lucro personal a costa del interés general. Aun con todo, la situación económica está siendo favorable y los esfuerzos por avanzar en la agenda social y ambiental están siendo más que destacables, si bien, el Congreso es hoy el punto de cierre al voluntarismo del gobierno. Tampoco ayuda a una mejor tesitura la puesta en escena de Gustavo Petro, cuyo principal problema no es lo que dice, sino cómo lo dice. Impulsivo cuando no arrogante, sigue repitiendo muchos de los errores de comunicación y personalismo que sus equipos le han advertido, y que ya se dieron cuando fue alcalde de Bogotá, entre 2012 y 2015. Por supuesto, remover varios ministerios, que eran bisagras y correas de distribución con otras formaciones políticas, ha sido un detonante que, a día de hoy, parece tener difícil arreglo. Un arreglo que no pasa, como se ha intentado hasta el momento, por hacer virar a la izquierda al Ejecutivo, lo cual agudiza más la brecha con el resto de los partidos con representación en el Congreso de la República.
En lo que respecta al proyecto de paz total, ambicioso, voluntarista y comprometido como ningún otro, tampoco puede decirse que haya, por el momento, grandes logros. Es cierto, que el papel central de la paz se encuentra consagrado tanto en una de sus primeras leyes, la Ley de Orden Público (2272 de 2022), como en el eje central de la agenda gubernamental, que es el Plan Nacional de Desarrollo (2294 de 2023). Sin embargo, los escenarios se han visto muy dañados, precisamente, por contravenir una máxima de la investigación para la paz y la resolución de conflictos: cuanto mayor sea el número de actores involucrados en un conflicto armado y, a la postre, en una negociación de paz, mayores son las probabilidades de fracaso.
La paz total, además de reubicar el Acuerdo de Paz con las FARC-EP como prioridad frente al olvido y la irresponsabilidad del gobierno anterior de Iván Duque, proponía escenarios de interlocución con actores armados de diferente naturaleza, trayectoria y viabilidad. Por un lado, en lo que respecta al ELN, se han desarrollado tres rondas de negociación -Venezuela (noviembre de 2022), México (febrero de 2023) y Cuba (mayo/junio de 2023)- tomando como referencia la agenda de diálogo aprobada en marzo de 2016, fijada en el anterior proceso impulsado por el entonces mandatario Juan Manuel Santos. Poco parece haberse aprendido de las lecciones del pasado para evitar una agenda, en muchos términos, generalista e imprecisa, que no incorpora contenidos innegociables -como víctimas o entrega de armas- estipulados ya en el Acuerdo con las FARC-EP. Tampoco se ha evidenciado una gran cohesión interna, en tanto que su estructura más poderosa, el Frente de Guerra Oriental, con más de 1.500 efectivos distribuidos en la frontera colombo-venezolana, no tiene representación en la mesa. Asimismo, la segunda estructura más poderosa, el Frente de Guerra Occidental, hace un par de meses hacía públicos sus cuestionamientos. Algo nada baladí si se tiene en consideración la naturaleza federal del ELN. De esta forma, por el momento, los acuerdos son solo procedimentales más que sustanciales y el cese de hostilidades previsto para seis meses, el cual iniciará el 3 de agosto, no contempla el cese de secuestros y extorsiones de parte de la guerrilla, de la misma manera que no resuelve las confrontaciones violentas con terceros actores armados, por lo que será muy importante para ver cómo afecta en sí mismo a la evolución del diálogo.
En lo que respecta a las disidencias de las FARC-EP, se han avanzado conversaciones que, sin embargo, carecen de un marco jurídico definido, lo cual hace que por el momento se hable más de gestos y propósitos que de avances tangibles. De un lado está el conocido como Estado Mayor Central, liderado por “Iván Mordisco”, y que representa al primero de los grupos que se desmarcó del Acuerdo con las FARC-EP, antes incluso de su firma. Esta formación fundamentalmente opera en el oriente colombiano, con una clarísima vinculación con el negocio cocalero y las economías ilícitas, y en oposición al ELN en Arauca, Norte de Santander y emplazamientos fronterizos pertenecientes a Venezuela, como el estado de Apure. A pesar de las dificultades concurrentes, el año 2023 comenzó con ceses al fuego territoriales con esta disidencia en Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo. De hecho, se previó la posibilidad de un diálogo formal cuyo comienzo quedaba contemplado para el 16 de mayo. Un hecho que no pudo ser a raíz de un comunicado del Frente Carolina Ramírez, por el que se reconocía el asesinato de tres adolescentes indígenas que previamente habían sido reclutados forzosamente en Putumayo, en la frontera con Perú. Hoy en día, observando el nivel de arraigo, recursos y violencia desplegada, parece poco factible que este grupo armado encuentre incentivos para asumir un proceso de negociación con vistas a su definitiva desmovilización.
Junto con lo anterior, estaría el limbo de Segunda Marquetalia, otra disidencia, surgida en agosto de 2019 y encabezada por quienes dirigieron el proceso de diálogo con las FARC-EP en La Habana, “Iván Márquez” y “Jesús Santrich”. Su naturaleza, significado y desarrollo tiene muchos matices distintivos con el Estado Mayor Central, aunque por el momento son más las dudas que las certidumbres. Basta con observar las reticencias a una negociación en paralelo con estas dos estructuras o la imposibilidad de reorientar dicha negociación hacia el Acuerdo de 2016. Una posibilidad que ha sido denegada por un reciente pronunciamiento negativo de la oficina jurídica de la presidencia, la cual alega con rotundidad que los términos jurídicos vencieron y que no es viable tal posibilidad. Este grupo puede tener más posibilidades de prosperar en un diálogo, ya iniciado en términos exploratorios, al contar con el respaldo de Venezuela y el apoyo del ELN. Empero, el factor saboteador que pueden jugar terceros actores disidentes puede ser especialmente relevante para hacer descarrilar cualquier intento de aproximación, al ser una estructura más endeble que las anteriores.
Quedaría señalar un último componente para la paz total, que pasaría por un eventual diálogo con las estructuras herederas del paramilitarismo, entre las que destaca el Clan del Golfo, con presencia en dos terceras partes del país y un nivel de confrontación importante con el ELN y las disidencias de las FARC-EP. La vía que ha adoptado el gobierno, impracticable en términos de interlocución y cese de las hostilidades, ha sido definida por lo que se conoce como sometimiento de la justicia. Un aspecto que implica tratos especiales penitenciarios y/o judiciales de quienes se acojan al mismo, pero que alberga un significado político difícil de asumir y vertebrar con el resto de las interlocuciones a la vez. De hecho, y a excepción de lo que transcurre con el ELN, todas las iniciativas, por el momento, han tenido lugar entre el descrédito, la arbitrariedad y la falta de condiciones, más allá de la buena voluntad gubernamental.
En conclusión, los avances que deja consigo el gobierno de Gustavo Petro son escasos en comparación con la magnitud de los problemas y prioridades que se ha propuesto abordar. Esto obliga a ejercicios necesarios de responsabilidad, pero también de corresponsabilidad, dadas las dificultades y resistencias para resolver un conjunto de problemáticas estructurales que, tras décadas de violencia, permanecen en muchos casos inalteradas. Así, cualquier balance real exige atender y entender no sólo los errores o aciertos del gobierno, sino los de aquellos actores que mucho tienen que ver en lo anterior, ya sea en forma de partidos políticos -especialmente los más cercanos a la órbita ideológica del Pacto Histórico Nacional- o de grupos armados, los cuales nunca disfrutaron de una mejor opción para aprovecharse de un proceso de diálogo con plenas garantías hacia su desmovilización definitiva. Por el momento, las sombras ganan a las luces, pero nada está perdido en la tierra de Macondo.
