Las predicciones sobre conflictos y posibles colapsos estatales se multiplican. La guerra de Ucrania, la pandemia y el cambio climático se añaden a otros factores para generar mayores crisis en países denominados "frágiles", y 380 millones de personas se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.
Con motivo del nuevo año una serie de organizaciones han hecho sus predicciones sobre los Estados del sistema internacional que se encuentran o pueden estar en conflicto o en colapso institucional y social. Los análisis del Foro Mundial de Davos, el International Crisis Group, el Council on Foreign Relations (CFR) y el International Rescue Committee sobre estos riesgos y los del FMI y el Banco Mundial indican que, previsiblemente, habrá un duro deterioro de las economías de una parte de los países del Sur, dejando poco lugar para el optimismo.
Al tiempo que suenan las alarmas, parte de la comunidad de donantes da indicaciones de reducir sus fondos para ayudas humanitarias, al desarrollo y de otros campos de fortalecimiento del estado de derecho. En el centro de esta tensión se encuentran los denominados "países frágiles".
La situación de fragilidad institucional afecta a alrededor de 60 Estados. Paralelamente, las consecuencias del cambio climático, una variable que se incluye en todos los análisis actuales, se hacen más acuciantes en lugares afectados por sequías, incendios, agotamiento de la biodiversidad y extinción de especies, inundaciones y deforestación, entre otras problemáticas.
Los impactos regionales y globales de la fragilidad se manifiestan en los desplazamientos masivos de poblaciones (migrantes, solicitantes de asilo, desplazados internos), desabastecimientos de productos básicos y crisis alimentarias. Según el Banco Mundial, la fragilidad estatal, el conflicto y la violencia son un desafío crítico para el desarrollo, amenazando los esfuerzos para terminar con la pobreza extrema en los países de bajos y medianos ingresos. Para 2030, hasta dos tercios de personas en pobreza extrema en el planeta podrían vivir en entornos que combinen estas tres variables.
En una encuesta realizada entre 12.000 líderes sociales y políticos por el Foro Mundial de Davos, recientemente publicada, se identificaron los 10 principales factores de riesgo global: el fracaso en combatir el cambio climático, temperaturas extremas, pérdida de biodiversidad, erosión de la cohesión social, crisis de subsistencia, enfermedades infecciosas, daños humanos al medio ambiente, crisis de los recursos naturales, crisis de la deuda externa y confrontaciones geoeconómicas.
Donantes reticentes
Todo esto ocurre en el marco de una tendencia global de aumento de los gastos militares y la disminución de los fondos para ayuda al desarrollo, la democratización y la ayuda humanitaria por parte de Gran Bretaña (que ha sido el segundo más grande del mundo), así como por otros importantes donantes como Alemania, Noruega, y Suecia. La Agencia de Ayuda al Desarrollo de EE UU (USAID) está, así mismo, analizando la eficacia del uso de sus fondos desde una perspectiva empresarial: “USAID es una agencia de desarrollo centrada en los negocios y enfocada en los resultados”, dice su página web.
Un estudio del Peace Research Institute Oslo (PRIO) sobre el impacto de la guerra de Ucrania sobre el Sur global señala que los proyectos apoyados por donantes internacionales para esta región “corren un riesgo particular de recibir fondos insuficientes o cancelarse debido a las prioridades renovadas causadas por la guerra [de Ucrania] que también están influenciadas por las evaluaciones de la eficacia de los proyectos de desarrollo a largo plazo. Estas prioridades tienen consecuencias: al desviar la financiación para el desarrollo a largo plazo de áreas inestables como el Sahel, por ejemplo, las causas profundas de la violencia seguirán sin abordarse”.
Estas reducciones de la ayuda internacional ocurren al mismo tiempo que se plantean una serie de revisiones en sus políticas. Según la OCDE, a la lista de Estados en situación de crisis se han sumado Benín, Timor-Leste y Turkmenistán, con empeoramientos en Guinea Ecuatorial y Eritrea. En total, la organización identifica 15 contextos (de Estados) “extremadamente frágiles”, lo que mostraría “tendencias más amplias y en diversos grados en la naturaleza y composición de la fragilidad”.
Un aspecto especialmente importante del informe de la OCDE es que actualmente hay más Estados frágiles de ingresos medios (33) que de ingresos bajos (26): “Este hallazgo presenta nuevos retos en la financiación de transiciones sostenibles para salir de esta situación. Los contextos frágiles de ingresos medios pueden tener más dificultades que sus contrapartes de ingresos bajos para acceder a financiación externa”.
Así mismo, la fragilidad “no se limita al África subsahariana; más bien, dos de los mayores aumentos en la fragilidad política y social de 2019 a 2021 se produjeron en Afganistán y Myanmar. Estos y otros hallazgos elaborados en el informe 2022 ilustran la necesidad de que los socios para el desarrollo aborden este problema de una manera multidimensional que se adapte al contexto individual”.
Ampliar el enfoque
En 2022 la guerra de Ucrania ha ocupado gran parte de la atención sobre conflictos violentos, pero el número de ellos ha crecido en los últimos años, y alrededor de 50 países se ven afectados por violencia organizada de diversa intensidad o guerras abiertas. El International Crisis Group señala 10 conflictos a observar en 2023, publicados en esglobal. Pero, como indica la presidenta de esa organización, Comfort Ero, la lista no debe hacer olvidar los que no se mencionan ahí y que tienen la misma gravedad y complejidad.
Por otra parte, la guerra en Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia han producido un fuerte desabastecimiento de cereales básicos para la alimentación en una serie de países del Sur (Somalia, Libia, Líbano, Egipto y Sudán) y de fertilizantes (producidos en Ucrania y Rusia), así como un aumento de los precios del petróleo que empuja hacia arriba los costes de la alimentación y la energía.
El entrecruzamiento de la falta de Estado, los choques por recursos escasos o identidades, los efectos del cambio climático, la destrucción de la cohesión social y las interferencias o falta de interés de potencias grandes e intermedias (por ejemplo, más allá de las controversias sobre estas acciones, la retirada de Francia de Malí y la resistencia de países latinoamericanos a intervenir en Haití) aceleran el colapso de esos países en contextos de fragilidad.
Aunque se vinculan, la fragilidad y el conflicto armado no están siempre presentes. En su importante informe de 2022, la OCDE indica que 51 de los 60 contextos (forma en que denomina a los Estados) frágiles no estaban en guerra en 2021. Por esta razón sugiere que los donantes vayan “más allá de un enfoque limitado en el conflicto hacia una consideración de otros impulsores de la fragilidad. Incluyendo la economía, el medio ambiente, la política, la seguridad, la sociedad y factores adicionales relacionados con el desarrollo humano”.
Por ejemplo, el Centro para la Acción Preventiva del Council on Foreign Relations (CFR) incluye entre los posibles y graves conflictos en 2021 a México y a los países de América Central (Estados con diferentes grados de crisis pero que no “colapsarán”) por el deterioro ambiental, la difícil situación económica y el incremento en el flujo de refugiados hacia EE UU (a lo que puede añadirse la violencia de las organizaciones criminales).
La OCDE también recomienda que se consideren otras formas de violencia como el aumento del número de golpes de Estados en África (Chad, Malí, Guinea y Sudán en 2021, así como Guinea-Bissau en 2022) y las protestas (por ejemplo, en Ecuador, Líbano e Irán) como reflejos de las fragilidades subyacentes. Así mismo, que se preste especial atención a la desigualdad, ya que varios factores como la pobreza, la digitalización y el acceso a la justicia han contribuido a incrementar la brecha económica y social dentro y entre contextos frágiles y el resto del mundo.
Las condiciones de vida, en efecto, no se ven afectadas solo por las guerras. Una investigación de Chatham House indica que para 2040 cerca de un tercio de las tierras cultivables del mundo estarían expuestas a sequías severas cada año, y alrededor de 3.900 millones de personas probablemente experimenten grandes olas de calor cada año. En la década de 2030, unas 400 millones de personas cada año no podrán trabajar al aire libre debido a las altas temperaturas y el número sometido a estrés por calor más allá del "umbral de supervivencia" probablemente supere los 10 millones.
La investigadora de Chatham House Anna Åberg explica esta relación en dos direcciones entre contextos de fragilidad, cambio climático y posibilidad de conflicto: “Si bien ninguna región está, o estará, a salvo de la crisis climática, la vulnerabilidad es mayor en áreas donde prevalece la pobreza, la gobernanza presenta desafíos sustanciales, los medios de vida son “sensibles al clima” y el acceso a los recursos y servicios básicos está significativamente restringido. Y en geografías plagadas de conflictos. “De hecho, muchas de las características que hacen que un Estado sea propenso a los conflictos, como los bajos niveles de desarrollo humano y económico y las instituciones políticas excluyentes, también hacen que un país sea menos capaz de soportar los impactos del cambio climático”, señala.
Debilidades estructurales
Para finales de 2022, aproximadamente 860 millones de personas vivían en situación de pobreza extrema (con menos de 1,9 dólares al día). El número de aquellas que padecen desnutrición alcanzó los 827 millones a finales de 2022. La ONG Oxfam estima que solo el aumento de los precios de los alimentos a escala global sumiría en la pobreza extrema a 65 millones de personas más, contribuyendo a alcanzar ese total de 263 millones adicionales.
En 2022, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU asistía a más de 150 millones de personas en 2022. Su director económico Arif Husain dice en The World Today que las crisis alimentarias están impulsadas por tres cuestiones: “conflictos, choques climáticos y las dramáticas consecuencias económicas y sociales de la pandemia de la COVID-19 se ven exacerbados por las debilidades estructurales, así como las desigualdades y la evidente falta de redes de seguridad social, que empeoran la situación de manera dramática". “Los precios de las materias primas alimentarias a principios de 2022 estaban en su punto más alto en 10 años y el coste de los combustibles en el suyo en siete años. El incremento de los precios profundiza los desafíos para aquellos que apenas pueden pagar los alimentos en tiempos normales, un problema que se ha amplificado mucho por la guerra en Ucrania, que actúa como el granero del mundo”.
Crisis humanitarias y barreras de contención
Un campo en el que se manifiesta dramáticamente la fragilidad es el aumento en el número de crisis humanitarias. Según la OCHA, 339 millones de personas están afectadas por estos contextos.
El International Rescue Committee (IRC) alerta que los mecanismos o barreras que servían en el pasado para contener las crisis humanitarias, como los acuerdos de paz, la ayuda y la rendición de cuentas por violaciones del Derecho Internacional, han sido desmantelados o debilitados.
Esas barreras, según David Miliband, director ejecutivo del IRC, “son las políticas, los sistemas y las acciones diseñadas para limitar el impacto de la crisis en las comunidades afectadas y para evitar que éstas se conviertan en catástrofes. Pueden operar en todos los niveles para mitigar las crisis, desde instituciones internacionales como el Consejo de Seguridad de la ONU hasta acuerdos diplomáticos, esfuerzos locales y comunitarios y ayuda humanitaria”.
Los 20 países en situación crítica identificados por esta organización albergan solo el 13% de la población mundial, pero representan el 90% de las personas con necesidades humanitarias, el 81% de las que han sido desplazadas por la fuerza, el 80% de las que están en situación de máxima inseguridad alimentaria y el 89% de las víctimas de conflictos armados.
¿Qué es el colapso?
Al vincularse el concepto de fragilidad con conflictos y cambio climático se ha ampliado, en cierta medida, su capacidad conceptual. Desde que comenzó a aplicarse en los 90, la fragilidad fue controvertida porque caracterizaba a una serie de países de muy diversas características frente a un modelo ideal de estado liberal. De alguna forma suponía, además, una estigmatización.
Así mismo, la fragilidad apuntaba a los problemas internos de los Estados poscoloniales como si solo fuesen responsabilidad suya, dejando de lado las herencias coloniales, las complicidades y boicots de los países del norte, el papel de sus gobiernos y sectores privados, y las formas de dominación en el marco de las desigualdades generadas en las últimas cuatro décadas por la globalización. La fragilidad tiene raíces internas y externas.
El riesgo de colapso, según algunos diagnósticos aquí presentados, es alto para algunos países de África Subsahariana y Haití, si éste significa que el Estado prácticamente desaparece, bandas armas del crimen organizado se hacen con el control, los ciudadanos se ven sometidos y la escasez de recursos y la falta de orden legal imperan. Sin llegar a los extremos de Haití, o situaciones de guerra como en Yemen y Siria, algo parecido al colapso ya ocurre para millones de personas.
En general, más que un escenario de derrumbe o colapso, la tendencia dominante será de mayor deterioro de las condiciones de vida de millones de personas, con más crisis alimentarias y humanitarias, más migraciones y mayores posibilidades de conflictos armados.
