Migrantes en la isla de Tenerife. (Andres Gutierrez/picture alliance via Getty Images)

La gestión migratoria en las Islas Canarias es un caso fallido, del que hay mucho que aprender. He aquí las claves para acabar con la visión del migrante como brecha para la seguridad europea. 

En menos de un mes se cumplirán 28 años desde que la primera embarcación llegó a las costas de Fuerteventura, considerándose así inaugurada la ruta migratoria canaria.  Desde que a finales de 2019 empezó a aumentar el número de llegadas, han llegado más de 55.000 personas por medio de esta ruta y, nada más que en el pasado mes de julio, más de 800. 

Esta ruta migratoria es utilizada por migrantes que, cuando llegan a las costas de la Unión Europea, son clasificados bien como personas refugiadas o migrantes económicos. Esta diferenciación, piedra angular de los controles fronterizos de la UE, distingue entre las “legítimas” personas refugiadas -que deben ser protegidas- y los migrantes económicos “indeseados” -que deben ser retornados, dado que se sobreentiende que no migran por necesidad-. Bruselas se muestra así ciega ante la realidad de los flujos mixtos, compuestos por migrantes con diversas motivaciones y necesidades de protección pero que emplean las mismas rutas. Lejos de asumir esta realidad, la UE ha pasado a incluir como desafío para su seguridad la cuestión migratoria, securitizándola y legitimándose así para tomar medidas excepcionales en lo relativo a esta gestión, lo que supone un riesgo para los derechos de las personas migrantes. 

Cuando estas personas migrantes llegan a las Islas Canarias, también se encuentran ante otra particularidad: el carácter fronterizo de este territorio. Si bien las fronteras son espacios complejos y cambiantes que pueden llevar asociados diferentes significados, en el caso canario, ser frontera de la UE supone que éstas se reafirmen como distinción entre un “nosotros” y un “ellos” externo. Las islas son consideradas frontera en su totalidad cuando se trata la cuestión migratoria y tiene lugar un proceso de “excepcionalidad fronteriza”, desatendiendo los Estados sus obligaciones y siendo este espacio considerado como “tierra de nadie”. Si a esta excepcionalidad se le une que una parte del “ellos” externo es considerada como una amenaza por la Unión, los derechos de estas personas quedan en entredicho. Esta combinación de factores dio lugar a un fenómeno que fue bautizado como “islas jaula”: ante la reactivación de la ruta canaria, este espacio fronterizo geográficamente aislado fue utilizado como margen de contención para las personas migrantes, vulnerando sus derechos. 

Discursos como el de la necesidad de evitar un “efecto llamada”-lo que implica que se habla de algo indeseado y negativo- o el de favorecer la retención en las islas para evitar crear una “vía de entrada irregular en Europa”- considerando que las Islas Canarias no forman parte de la UE- evidenciaron la aplicación de estas lógicas de securitización y excepcionalidad fronteriza ante la cuestión migratoria en el archipiélago. 

No obstante, las restricciones a la movilidad en puertos y aeropuertos, así como los obstáculos puestos para realizar traslados a ...