
Al cerrar sus fronteras Alemania lanza dos mensajes a los países contrarios a las cuotas. ¿Cuáles son?
Hace semanas que llevamos escuchando que uno de los mayores peligros a los que se enfrenta la Unión Europea es el final de la zona Schengen. Sin embargo, como no podía ser de otro modo, no ha sido hasta que Alemania ha decidido dar un golpe sobre la mesa cerrando temporalmente sus fronteras y, por tanto, cerrando con ello la libre circulación de personas, uno de los pilares de la integración europea, cuando hemos empezado a hacer caso.
Esta crisis de refugiados ha puesto sobre relieve los grandes retos a los que se enfrenta esta UE, el principal de todos ellos es el de responder a la pregunta ¿hacia dónde? Si la respuesta es hacia más Europa, hacia una Europa más política, más integrada entonces habrá que empezar a tomar decisiones en cuestiones tales como política exterior común, política de inmigración y asilo común, política fiscal común, etcétera. En esta nueva reflexión, por tanto, se deberán plantear cuáles son los objetivos comunes de la Unión y cuáles deben ser sus límites. Los líderes comunitarios deberían también preguntarse sobre los valores que debe defender una Europa más unida, así como definir las nuevas amenazas del siglo XXI.
Si para algo está sirviendo esta crisis de refugiados es para redefinir los valores democráticos y de derechos humanos que se perdieron en algún momento en algún despacho de la burocrática Bruselas. Si para algo está sirviendo es para que reaccione una ciudadanía adormilada y apática insensible a los dramas más allá de sus fronteras. Y si para algo está sirviendo es para descubrir lo que significa en realidad compartir la gestión de la frontera exterior.
Los primeros problemas
Si bien el principio de libertad de movimiento lleva vigente en la Unión más de 60 años, no fue hasta la incorporación de los países del Centro y Este Europeo al espacio Schengen cuando se comenzaron a elevar las primeras voces en su contra. Si en el años 2000 el 5,1% de la población de la UE-15 vivía en un país que no era el suyo, un total de 19 millones; en 2009 era el 6,4%, lo que suponía, 31,9 millones de personas. Las últimas ampliaciones han sido determinantes, especialmente a la luz de los datos de 2 millones de rumanos y 1,5 de polacos que componen el 11% de la población europea que reside en un país distinto al suyo.
El hecho de una mayor movilidad intraeuropea, junto con el contexto de crisis institucional y económica de la UE ha hecho que la cuestión del control de esta movilidad se haya puesto en sucesivas ocasiones en entredicho. La primera de ellas tuvo lugar en 2005 en pleno debate sobre el Tratado Constitucional en Francia, en el que contra dicho texto se presentaba un discurso de repliegue identitario y nacionalista que cargaba de manera extemporánea contra ...
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