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La Primera Ministra británica, Theresa May, es recibida por la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, a su llegada a Edimburgo. PLesley Martin/AFP/Getty Images

Las devoluciones de competencias que volverán desde la UE, tras la salida de Reino Unido del club europeo, colocan sobre la mesa un problema jurídico, territorial y administrativo, además de serias tensiones políticas en las relaciones del gobierno central británico con Gales y Escocia.  

Las consecuencias del brexit no son únicamente externas. En el futuro, no afectará solo a la política exterior de Reino Unido ni a su relación con su mayor socio, la Unión Europea. A medida que se van conociendo más detalles sobre esta negociación, la sociedad británica comienza a darse cuenta del complicado entramado político actual y de cómo afectará, inevitablemente, al funcionamiento estructural interno sobre el que está cimentado el país. En este sentido, Escocia y Gales han rechazado los planes de Westminster sobre la devolución de competencias —tales como agricultura, pesca o políticas sobre relacionadas con el medio ambiente— a los distintos gobiernos regionales una vez se produzca la separación con la UE. Desde Londres argumentan que, de todas las competencias regionales que volverán desde la Unión, algunas de ellas quedarán “retenidas” en Westminster durante un período de tiempo no especificado, con el objetivo de que se pueda legislar de manera global sobre esas materias. Desde Gales y Escocia ven esta medida como algo impuesto y que menoscaba profundamente sus respectivos poderes autonómicos. Pero, ¿se convertirá esto una amenaza para la Primera Ministra británica, Theresa May, o cualquier gobernante que la suceda?

Todos los países encuentran su equilibrio en la base de un sistema administrativo, territorial, jurídico y político en el que se asume que han participado todas las fuerzas importantes buscando un consenso. De este equilibrio dependen el buen funcionamiento ...