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La Primera Ministra británica, Theresa May, es recibida por la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, a su llegada a Edimburgo. PLesley Martin/AFP/Getty Images

Las devoluciones de competencias que volverán desde la UE, tras la salida de Reino Unido del club europeo, colocan sobre la mesa un problema jurídico, territorial y administrativo, además de serias tensiones políticas en las relaciones del gobierno central británico con Gales y Escocia.  

Las consecuencias del brexit no son únicamente externas. En el futuro, no afectará solo a la política exterior de Reino Unido ni a su relación con su mayor socio, la Unión Europea. A medida que se van conociendo más detalles sobre esta negociación, la sociedad británica comienza a darse cuenta del complicado entramado político actual y de cómo afectará, inevitablemente, al funcionamiento estructural interno sobre el que está cimentado el país. En este sentido, Escocia y Gales han rechazado los planes de Westminster sobre la devolución de competencias —tales como agricultura, pesca o políticas sobre relacionadas con el medio ambiente— a los distintos gobiernos regionales una vez se produzca la separación con la UE. Desde Londres argumentan que, de todas las competencias regionales que volverán desde la Unión, algunas de ellas quedarán “retenidas” en Westminster durante un período de tiempo no especificado, con el objetivo de que se pueda legislar de manera global sobre esas materias. Desde Gales y Escocia ven esta medida como algo impuesto y que menoscaba profundamente sus respectivos poderes autonómicos. Pero, ¿se convertirá esto una amenaza para la Primera Ministra británica, Theresa May, o cualquier gobernante que la suceda?

Todos los países encuentran su equilibrio en la base de un sistema administrativo, territorial, jurídico y político en el que se asume que han participado todas las fuerzas importantes buscando un consenso. De este equilibrio dependen el buen funcionamiento estructural y el hecho de que todos se sientan representados.

En Reino Unido, este equilibrio viene dado por algo llamado “devolución”, el proceso mediante el cual varias competencias han sido trasladadas desde el gobierno central a las autoridades nacionales correspondientes, de manera que son estas últimas las que deciden sobre esos asuntos. De la misma manera, si desde el Ejecutivo central quieren aprobar leyes que afectan directamente a algunas de las materias cuya competencia corresponde a las distintas regiones nacionales, necesitan de su aprobación previa. A diferencia de un sistema federal, en Reino Unido la última palabra la tiene el gobierno central, es decir, desde Westminster se reservan el derecho de proponer enmiendas, debatir o, directamente, rechazar, cualquier propuesta de ley o legislación que contradiga o vulnere derechos ya existentes. El camino de esta “devolución” no ha sido el mismo para todas las regiones nacionales que componen el país; en la actualidad, tampoco hay igualdad en el número de competencias que han sido transferidas a cada autoridad nacional constituyente. Aquellos poderes que no han sido transferidos, los llamados “poderes reservados”, abarcan competencias que desde Westminster entienden que se deben gestionar a nivel global: la propia Constitución, defensa y seguridad ...