En el aniversario de la explosión en el puerto de Beirut la investigación sigue estancada por las interferencias políticas y la falta de transparencia. En un país sumido en el caos político y económico, las causas del suceso siguen sin salir a la luz.
La tremenda explosión en el puerto de Beirut, ocurrida en agosto de 2020, provocó un profundo cráter en el sitio portuario, devastó viviendas, instituciones educativas y negocios de media ciudad, sesgó la vida de 215 personas y dejó malheridas a otras 5.000. El costo económico se calcula aproximativamente entre 15 y 20 mil millones de dólares, según Consultancy.org, pero el humano se hace incalculable, ya que el dolor no tiene precio.
El suceso se considera una de las mayores explosiones no nucleares de la historia y las heridas de los damnificados continúan abiertas, sin poder cicatrizarse, ante la falta de voluntad política y judicial para avanzar en la investigación.
A falta de conocerse la causa exacta de la explosión, que sigue bajo investigación, la versión oficial es que un incendio accidental en el hangar número 12 del puerto habría sido el responsable de hacer detonar las 2.750 toneladas de nitrato de amonio almacenadas, lo que equivale a alrededor de 1,1 kilotones de TNT, según Center for disaster Philanthropy.
Desde el comienzo, las autoridades estuvieron jugando con el término “accidente” y “fatalidad” para quitase de encima la responsabilidad, aunque después el presidente del país, Michel Aoun, confesó que había sido informado semanas antes de “un arsenal peligroso”, referido al nitrato de amonio, acopiado en un almacén del puerto desde 2013. El por entonces primer ministro libanés, Hassan Diab, mandó arrestar a una docena de funcionarios portuarios de bajo rango y ordenó una investigación para apaciguar los ánimos incendiados de los libaneses, pero no lo consiguió. La tragedia del puerto de Beirut, que cambió para siempre la vida de los ciudadanos, llegó en un momento en que la economía del país estaba hundida. Antes de la explosión, el Líbano se acercaba a la hambruna, con más de la mitad de la población bajo el umbral de la pobreza, según el Banco Mundial.
Todo esto provocó un estallido de cólera con protestas violentas contra el gobierno. El 10 de agosto, Diab con todo su ejecutivo se vieron obligados a dimitir por los disturbios en Beirut. Pero el primer ministro, no abandonó su cargo entonces, ya que el presidente Aoun le pidió que siguiera en funciones hasta la creación de un nuevo gobierno, una labor difícil que se ha dilatado hasta la fecha.
Desde hace un año, el Líbano ha designado a tres primeros ministros para poder llevar a cabo la tarea de formar gobierno, sin éxito, a pesar de la presión de Francia que lo exige como requisito para poder entregar las ayudas internacionales. El multimillonario Najib Mikati, y dos veces primer ministro, en 2005 y un segundo mandato entre 2011 a 2014, es el tercer político libanés que recibe el encargo de formar gobierno tras la devastadora explosión del puerto. Primeramente, fue designado Mustafa Adib, el que fuera embajador en Alemania, a raíz de una iniciativa diplomática francesa destinada a convencer a la clase política libanesa de que formara un gobierno de unidad con el objetivo de implementar un plan de rescate económico e iniciar negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Tras su fracaso, Saad Hariri, que ya dimitió bajo la presión de las protestas en octubre del 2019, volvió a ser nombrado primer ministro en octubre de 2020 para formar gobierno, tarea que le resultó imposible, debido a sus tensiones con el presidente Aoun y renunció el pasado 15 de julio.
La inestabilidad política ha acelerado la caída de la libra libanesa, que ha perdido cerca del 100% de su valor al cambio del dólar. Como consecuencia hay una inflación de dos dígitos, que ha provocado la escasez de suministros básicos, medicinas y carburante, ya que el país importa prácticamente todo.
Después de haber enterrado a sus muertos, pero no su desconsuelo, los familiares de las víctimas de la explosión decidieron unirse, formar “una familia” para apoyarse entre ellos y luchar por justicia.
“No confío en las autoridades y he empezado a dejar de creer en la gente”, lamenta Mariana Fodoulian, presidenta de la Asociación de Familiares de las Víctimas de la Explosión. Fodoulian perdió a su hermana Gaia el día de la explosión. “No puedo quitármela de la cabeza. El recuerdo de mi hermana me da fuerzas. Por eso quise unir a las familias, porque todos estamos pasando por lo mismo. Entre nosotros no hay diferencias políticas ni sectarias, queremos conocer la verdad, queremos que se haga justicia”, exclama. Fodoulian no se ha quitado las gafas de sol durante toda la entrevista, como si le sirvieran de máscara para ocultar su dolor. “Los libaneses nacemos con el gen de la supervivencia. Pase lo que pase, seguimos adelante, dejando atrás lo pasado”, sentencia. Pero, -continúa- “si dejamos que la investigación caiga en el olvido, que los responsables no rindan cuentas, nos estamos condenando a nosotros mismos. Esta lucha no es sólo para las familias de las víctimas es una lucha del pueblo libanés”.
Interferencias y falta de transparencia en la investigación
Abogados, víctimas y organizaciones de derechos humanos han condenado la investigación interna sobre la explosión por su falta de transparencia, violaciones del proceso y demoras debido a la interferencia de los políticos libaneses, que no muestran su disposición para que se levante la inmunidad parlamentaria de altos cargos imputados para poder ser interrogados por el juez que conduce la investigación.
El primer juez designado, Fadi Sawan, fue suspendido en febrero, después de que dos exministros a los que había acusado de negligencia criminal pidieran que el Tribunal de Casación de Beirut transfiriera el caso a otro juez, Tariq Bitar. En diciembre, Sawan imputó al primer ministro interino, Hassan Diab, y a tres antiguos ministros, Ali Hasan Jalil, Yusuf Fenianos y Ghazi Zaiter, que se negaron a comparecer ante el juez .Desde el 17 de diciembre la investigación quedó suspendida hasta el nombramiento del nuevo juez para el caso.
A diferencia de Sawan, a quien los familiares de las víctimas tildan de “no haber hecho nada” durante los seis meses que estuvo al cargo de la investigación, Bitar les ha traído de nuevo la confianza. “Tengo esperanza en el juez Bitar. Está trabajando duro y llegará a algún punto importante en la investigación”, anhela Fodoulian.
Pero el juez Bitar ya se ha topado con las mismas barreras que su predecesor. El Ministerio del Interior rechazó su solicitud de interrogar al general Abbas Ibrahim, el poderoso jefe de la Seguridad General. Vallas publicitarias con la imagen del general emergieron en los suburbios de Beirut, feudo del partido-milicia libanés, Hezbolá, para dejar claro quien le apoya y, por tanto, intocable.
“El mensaje no es sólo para el juez Bitar, es para todos los jueces: cuidado, hay líneas rojas que no se pueden cruzar”, indica Nizar Saghieh, director de la ONG Legal Agenda. “El problema es que la inmunidad procesal de altos cargos políticos está contemplada en la Constitución libanesa”, continúa. De hecho, el artículo 40 de la Carta Magna establece que ningún miembro del Parlamento “podrá, durante las sesiones, ser enjuiciado o detenido por un delito sin el permiso de la Cámara salvo si es sorprendido de forma flagrante”.
No obstante, el juez Bitar no se da por vencido y ha prometido que seguirá adelante con la investigación. Su acto desafiante animó a los familiares de las víctimas que el pasado 13 de julio se manifestaron frente a la residencia del ministro de Interior interino, Mohammed Fehmi, para exigir que se levante la inmunidad de los altos cargos imputados. La protesta, sin embargo, se volvió violenta y decenas de manifestantes resultaron heridos.
“Dejen que la justicia siga su curso”, reclamó recientemente, Lynn Maalouf, directora regional de Amnistía Internacional, tras ese incidente violento, y exigió a las autoridades libanesas que “suspendan inmediatamente todas las inmunidades concedidas a los altos cargos, con independencia de su papel y su puesto”.
Ahora que ve el toro desde la barrera, tras haber renunciado como primer ministro, Hariri quiere promover desde dentro de su grupo político en el Parlamento “Futuro” un proyecto de ley para que se levante la inmunidad política, pero ya ha encontrado el rechazo a su petición por parte de otros bloques políticos.
Aún así, los familiares de las víctimas sienten que “se ha ganado una pequeña batalla”, asegura Mariam Faris, hermana de la difunta Sahat, una de las primeras paramédicos del cuerpo de Bomberos en acudir a la zona del puerto donde se había propagado el primer incendio. “Nosotros no queremos una compensación económica porque mi hermana ha muerto en servicio, ni agradecemos al presidente Aoun porque haya declarado el 4 de agosto Día de Luto Nacional. Lo único que queremos es una investigación imparcial, sin trabas”, sentencia. “Si al equipo de bomberos le hubieran advertido de la existencia del nitrato de amonio en el puerto, no habría ido allí. A mi hermana la llevaron directamente a la muerte”, denuncia. “Solo siento furia. Ningún alto responsable ha rendido cuentas, el país se enfrenta a una pobreza desenfrenada, la libra libanesa se desploma, hay escasez de medicinas y combustible. Hasta cuándo vamos a seguir así. Debemos luchar, tenemos que saber la verdad”, exclama Faris.
Pero en un país donde sobrevive desde hace más de 40 años la élite gobernante, difícilmente haya voluntad de levantar la inmunidad a los políticos, porque si cae uno, podrían caer todos.
