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Una imagen del Presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, durante una protesta contra sus políticas. en Manila, 2018. Jes Aznar/Getty Images

La represión y restricciones a organizaciones no gubernamentales por parte de gobiernos autoritarios, y el ascenso de una sociedad civil conservadora representan serias amenazas para el régimen internacional de Derechos Humanos y la democracia. Por su parte, las organizaciones que se ocupan de cuestiones como cambio climático, diversidad sexual y defensa de minorías son acusadas por el populismo de ultraderecha de “enemigos del pueblo” y “agentes” de intereses extranjeros.   

La represión a las organizaciones de la sociedad civil se extiende a lo largo de todos los continentes. Asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia, encarcelamientos en Rusia, Turquía y Hungría de periodistas y activistas, persecución a ONG defensoras de la diversidad sexual en varios países de África subsahariana, detenciones de mujeres que luchan por sus derechos en Arabia Saudí, y persecuciones a quienes alzan la voz por las minorías musulmanas en India y Myanmar (donde la ONU acusa al Gobierno de genocidio).

Igualmente, resultan de gravedad los juicios sumarios y masivos en Egipto con condenas a muerte y cadena perpetua, acusaciones de traición a los defensores de inmigrantes en Estados Unidos, hostigamiento a activistas en Venezuela, persecuciones a abogados, jueces y organizaciones que se oponen a la guerra contra la droga en Filipinas, y restricciones para recibir fondos que tienen las ONG que trabajan en Israel en favor de los palestinos. En diversos Estados se extiende el control de su financiación, obligándolas a declarar los fondos que reciben del extranjero.

Los ataques no son aislados, sino que forman parte de la ofensiva conservadora tanto en países gobernados por dictaduras como en los que rigen democracias autoritarias. Esto es, gobiernos que han llegado al poder por la vía electoral, pero ...