¿Por qué las empresas petroleras deben pagar por la crisis climática?

6 noviembre 2023
Xira Ruiz Campillo

El ministro de Industria y Tecnología Avanzada de los Emiratos Árabes Unidos y presidente designado de la COP28, Sultan Al Jaber, habla durante la Exposición y Conferencia Internacional del Petróleo de Abu Dhabi (ADIPEC) en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, el 2 de octubre de 2023. (Waleed Zein/Anadolu Agency/Getty Images)

He aquí las razones que argumentan la necesidad de que sean las compañías petroleras las que se hagan cargo del coste de su mal gobierno.

En tiempos de cambio climático, crisis climática, transición energética y deterioro del medio ambiente está bien preguntarse quién debería pagar por el coste de la necesaria transición hacia un mundo más sostenible. Aunque ya sabemos que tenemos que pagarla todos, dentro de ese todos hay algunos que deberían pagar más que otros, si nos atenemos al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Aprovechando que el presidente de la COP28, el sultán Al Jaber, ha sido fuertemente criticado por ser el jefe de una compañía de petróleo y gas emiratí (ADNOC) y por su empeño en que estas empresas tengan un papel activo en la COP, que comenzará en las próximas semanas, merece la pena detenerse en el papel que tienen en la situación climática actual.

Desde 1992 han transcurrido treinta años de negociaciones norte y sur en los que se ha debatido si el cambio climático era o no una prioridad o si la solución debía venir de la mano de las medidas de mitigación o adaptación. Obviamente, a lo largo del tiempo algunas conversaciones han cambiado, y en los últimos años la atención ha ido girando hacia las compañías petroleras, unos actores que durante décadas han dejado el peso de la responsabilidad climática a los Estados. Históricamente, esa carga siempre había caído sobre los países desarrollados, quienes según el anexo II de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) son los que tienen que transferir tecnología y recursos financieros a los países en desarrollo.

Esa colisión norte-sur se ha mantenido a lo largo del tiempo, y a día de hoy continúa una lucha diplomática encarnecida entre ambas regiones por recibir los 1.000 millones de dólares que se prometieron en la COP21 de París (2015), de un lado, y por establecer medidas de transparencia sobre el uso de los fondos por otro. La pregunta recurrente de los países del sur es dónde está el dinero y, si está, cómo se puede acceder a él. La evidencia de que estos recursos públicos no están ni se les espera en el corto plazo ha llevado a que empiece a girar el foco de los gobiernos a las empresas privadas como pagadoras de la factura climática. En particular, hacia las petroleras.