He aquí las razones que argumentan la necesidad de que sean las compañías petroleras las que se hagan cargo del coste de su mal gobierno.
En tiempos de cambio climático, crisis climática, transición energética y deterioro del medio ambiente está bien preguntarse quién debería pagar por el coste de la necesaria transición hacia un mundo más sostenible. Aunque ya sabemos que tenemos que pagarla todos, dentro de ese todos hay algunos que deberían pagar más que otros, si nos atenemos al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Aprovechando que el presidente de la COP28, el sultán Al Jaber, ha sido fuertemente criticado por ser el jefe de una compañía de petróleo y gas emiratí (ADNOC) y por su empeño en que estas empresas tengan un papel activo en la COP, que comenzará en las próximas semanas, merece la pena detenerse en el papel que tienen en la situación climática actual.
Desde 1992 han transcurrido treinta años de negociaciones norte y sur en los que se ha debatido si el cambio climático era o no una prioridad o si la solución debía venir de la mano de las medidas de mitigación o adaptación. Obviamente, a lo largo del tiempo algunas conversaciones han cambiado, y en los últimos años la atención ha ido girando hacia las compañías petroleras, unos actores que durante décadas han dejado el peso de la responsabilidad climática a los Estados. Históricamente, esa carga siempre había caído sobre los países desarrollados, quienes según el anexo II de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) son los que tienen que transferir tecnología y recursos financieros a los países en desarrollo.
Esa colisión norte-sur se ha mantenido a lo largo del tiempo, y a día de hoy continúa una lucha diplomática encarnecida entre ambas regiones por recibir los 1.000 millones de dólares que se prometieron en la COP21 de París (2015), de un lado, y por establecer medidas de transparencia sobre el uso de los fondos por otro. La pregunta recurrente de los países del sur es dónde está el dinero y, si está, cómo se puede acceder a él. La evidencia de que estos recursos públicos no están ni se les espera en el corto plazo ha llevado a que empiece a girar el foco de los gobiernos a las empresas privadas como pagadoras de la factura climática. En particular, hacia las petroleras.
¿Por qué deberían pagar las petroleras?
Quien contamina paga
Desde su primer informe en 1990, el IPCC (International Panel on Climate Change) identificó la combustión de recursos fósiles como uno de los principales contribuidores al aumento de CO2 en la atmósfera. Once informes más tarde, en 2023, el IPCC alerta de que las emisiones en 2019 fueron un 54% mayores que en 1990, siendo los recursos fósiles y los procesos industriales los mayores contribuyentes a esas emisiones.
El principio 16 de la Declaración de Río (1992), donde se adopta la CMNUCC, señala que “quien contamina debe, en principio, cargar con los costos de la contaminación”. Si las petroleras han contribuido a la crisis climática actual, además lucrándose y beneficiándose de la falta de buen gobierno (de parte de los Estados, pero también de parte de las propias empresas, siguiendo a Jeffrey Sachs en La era del desarrollo sostenible), entonces deberíamos exigir que esas empresas ayuden a paliar el desastre al que nos han llevado.
¿Cuánto tendrían que pagar? Un estudio reciente calcula que cada una de las 21 principales empresas petroleras deberían pagar una media de 209.000 millones de dólares al año entre 2025 y 2050 para compensar los daños y pérdidas que han causado (y continuarán causando) por su contribución al cambio climático. Esta cifra es menor que las ganancias que han tenido prácticamente todos los años en la última década, como se indica más abajo.
Han mentido
Recientemente, se ha sabido que petroleras como Exxon contaban desde los 70-80 con informes internos donde se detallaban el impacto de la actividad petrolera y gasística en la variación climática. Comparando estos informes internos con los publicados por científicos (y revisados por pares), se ha mostrado que los modelos climáticos de las petroleras acertaron bastante en lo que sucedería. Sin embargo, además de negar lo que sabían, durante décadas financiaron campañas y trabajos que sembraban dudas sobre la existencia del cambio climático y promovían una narrativa alternativa a la mayoría de los científicos (incluyendo los de la propia Exxon), contribuyendo así a la desinformación y al desprestigio de la ciencia.
Y siguen mintiendo
Lejos de asumir su contribución al cambio climático, la industria petrolera sigue mintiendo y blanqueando su actividad económica, por un lado, y aumentando su inversión en fósiles, por otro.
Las grandes compañías del sector (Cepsa, Repsol, BP, Shell), anuncian en sus webs y a través de campañas de marketing sus esfuerzos en promover la sostenibilidad y disminuir su huella de carbono. Sin embargo, siguen invirtiendo mayoritariamente en la extracción de combustibles fósiles, retrasando un cambio de negocio y beneficiándose de la buena acogida que sus campañas tienen en la ciudadanía.
Obtienen beneficios y subsidios multimillonarios cada año
En una década en la que deberíamos presenciar un descenso en sus ganancias como consecuencia de políticas climáticas más exigentes, estas empresas continúan reportando récords en ganancias. En 2022, TotalEnergies, Shell o BP obtuvieron beneficios —según fuentes conservadoras— entre los 241 y 381 mil millones de dólares americanos. Esto no es algo puntual: quitando el año 2020, donde debido al covid hubo un menor consumo de combustible a nivel mundial, compañías como BP tuvieron ganancias récord entre 2011 y 2014 (371 mil millones de media cada año) y unas ganancias mínimas en 2021 de 157,7 mil millones de dólares.
A pesar de las reiteradas llamadas de Naciones Unidas, los Estados (desarrollados y en desarrollo) continúan apoyando el negocio de estas empresas a través de fuertes subsidios, cifrados en 7 mil millones de dólares o el equivalente al 7,1% del PIB en 2022. Además, desde la firma del Acuerdo de París, mediante el que la comunidad internacional se compromete a adoptar medidas para que no siga aumentando la temperatura media global, ha habido al menos 1.666 operaciones de emisiones de bonos bancarios para financiar las actividades de 122 empresas de combustibles fósiles que superaron los mil millones de euros en inversión. Entre ellas están la mexicana Pemex, Shell, Exxon Mobil o la brasileña Petrobras. Así, tanto los Estados como los bancos, actores clave para asegurar la descarbonización a través de sus políticas y financiación, continúan alimentando el negocio del petróleo.
Sus beneficios no tienen en cuenta los daños medioambientales que provocan
Los beneficios de estas empresas nunca han internalizado el impacto medioambiental que tiene su actividad económica. ¿Cuánto nos han privado estas empresas en salud o bienestar? ¿Cuánto han contribuido a sequías, incendios o pérdida de biodiversidad? Sus ganancias no reflejan nuestras pérdidas, y por eso es importante, como señalan Naciones Unidas o el FMI, que los países graven los beneficios de las petroleras de forma que se internalice el impacto de sus actividades sobre el medio ambiente y se use esa recaudación para ayudar a paliar las pérdidas y daños causados por el cambio climático.
Se han aprovechado de la inacción de los Estados
A pesar de la petición de un mayor entusiasmo y activismo para que los Estados hagan pagar a las petroleras, lo cierto es que, más allá de los Estados insulares que se están hundiendo, poca contundencia se ve a nivel estatal. Ante la falta de buen gobierno de parte de estos, la esperanza podría venir de la mano de actores subestatales como las ciudades, regiones o individuos, que ya están comenzando a demandar a las petroleras, principalmente en Estados Unidos. Ahí están los recientes casos del estado de California contra la compañía Big Oil, o la denuncia de la ciudad de Nueva York contra ExxonMobil, Shell y BP por engañar a los neoyorquinos.
Por su lado, muchos científicos y académicos han decidido unirse a la rebelión científica. Se muestran hastiados de la inacción de los gobiernos, las empresas y la sociedad, y sienten que sus predicciones y trabajos, que son examinados minuciosamente para ser publicados en revistas, son pagados e ignorados por los Estados a partes iguales. En España ya han organizado algunas acciones como el lanzamiento de pintura al Congreso de los Diputados con el fin de ganar visibilidad tras comprobar que investigar y publicar no es suficiente.
Desde la acción individual, vemos acciones de desobediencia civil como las de Just Stop Oil en las que se pide a los Estados que dejen de conceder permisos para la exploración, desarrollo y producción de recursos fósiles. Para su visibilización utilizan acciones llamativas como la interrupción de partidos de tenis o de conciertos de música.
Nos morimos
Y por eso hay que hacer algo ya. En 1979, la Organización Mundial de la Meteorología alertó de que era urgente que las naciones del mundo previnieran los cambios que el ser humano estaba causando en el clima. En aquella época y décadas posteriores muchos se mofaban y tildaban de exageradas y catastrofistas estas predicciones. Pero los científicos y agencias internacionales siguen insistiendo: el cambio climático produce daños y muertes debido a los fenómenos meteorológicos extremos y a las olas de calor; la contaminación atmosférica contribuye a enfermedades respiratorias, a la malnutrición, al deterioro de la salud mental, y el aumento de temperaturas crea un caldo de cultivo perfecto para los mosquitos que transmiten enfermedades como la malaria, el dengue o el virus del Nilo, que ya ha causado algunas muertes en España.
Por hacer una rápida comparación, entre 2020 y 2022 se reportaron 6,7 millones de muertes por covid. Entre los años 2000 y 2019 hubo 5 millones de muertes al año atribuidas a las variaciones climáticas anormales, lo que sumaría unos 100 millones de muertes en total. Por qué la respuesta de los Estados no ha sido tan decidida con esas muertes como con las del covid daría para otra publicación.
Por completar lo dicho hasta ahora, también es interesante girar un poco el foco para ver cuál es la postura del otro lado, porque además de estas compañías, también hay muchos petroestados y Estados con compañías de petróleo públicas que ignoran decidida y deliberadamente su deber para con el buen gobierno y para con la obligación que tienen de proteger a su ciudadanía —por ejemplo, legislando para que estas empresas no continúen contribuyendo al desastre climático y a nuestra propia destrucción. El papel de este poderosísimo grupo de actores representa a la perfección a esos grupos que han sustituido la negación climática por la dilación climática. En concreto, en las negociaciones del Acuerdo de París, países como Arabia Saudí se negaron a firmar si se incluía la palabra “descarbonización” en el texto. Así, el acuerdo habla de bajas emisiones de gases de efecto invernadero. En estos últimos meses, el presidente de la COP28 ha hablado de reducir paulatinamente las “emisiones” de combustibles fósiles y de desarrollar alternativas con cero emisiones, lo que se ha interpretado como una llamada a centrarse en la tecnología de captura y almacenamiento de carbono. Este tipo de tecnología (CCS por sus siglas en inglés) es fuertemente criticada porque permite seguir utilizando fuentes fósiles en la medida en que se capturen esas emisiones. Por eso mismo, porque no supone un cierre total a las fósiles, es defendida por los actores con intereses en el sector.
También hay que recordar que vivimos rodeados del petróleo y sus derivados: además de en combustibles, se encuentran en fertilizantes, plaguicidas, telas sintéticas, adhesivos, plásticos, detergentes, pinturas y hasta en medicamentos como el ibuprofeno o la aspirina. La cuestión aquí es si se decide parar con contundencia la expansión del negocio de estas empresas o si se opta por una transición energética y tecnológica que permita a las petroleras seguir con su negocio sin demasiados vaivenes. Que algunas de estas compañías estén participando activamente en las negociaciones de la COP28 hasta el punto de que uno de sus CEO sea su presidente no muestra demasiada credibilidad ni compromiso por enfrentar abiertamente el debate de si deberían o no pagar por las consecuencias de su actividad económica en la crisis climática. Como ha sucedido en reuniones anteriores, también celebradas en países poco entusiastas con la transición limpia como Polonia, Catar o Egipto, la COP en Emiratos Árabes Unidos es un claro ejemplo del zorro cuidando a las gallinas. No esperemos demasiado ni del zorro ni de esta COP, en la que la utilización y el retorcimiento de las palabras ocupará buena parte de las negociaciones. Deber y debería no son lo mismo, como tampoco lo son descarbonizar y neutralizar las emisiones.
