Tras décadas de estancamiento en la resolución de la soberanía del territorio Esequibo entre Venezuela y Guyana, la tensión vuelve a la escena, incluso por la vía militar, ante los intereses geoeconómicos y las expectativas políticas de un 2024 electoral en Venezuela.
El pasado 23 de octubre, el Consejo Nacional Electoral (CNE), principal organismo electoral en Venezuela, anunció la realización de un referéndum consultivo, previsto para el próximo 3 de diciembre, sobre la soberanía venezolana en torno al territorio Esequibo, desde 1966 en reclamación con la vecina República Cooperativa de Guyana.
Este referéndum que cuenta con el aval del presidente venezolano, Nicolás Maduro, determina una variable inédita dentro del prolongado litigio fronterizo en torno al Esequibo: la posibilidad de que, por la vía electoral, se pueda nacionalizar a las poblaciones existentes en ese territorio. Una iniciativa unilateral que altera a priori las vías de negociación sobre esta reclamación existentes en el seno de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
De las cinco preguntas establecidas para esta consulta ya aprobadas por el CNE, una de ellas plantea la posibilidad de creación de un nuevo estado dentro de la República Bolivariana de Venezuela, en este caso denominado "Guayana Esequiba", precisamente dentro del territorio Esequibo en reclamación. Esto propiciaría la posibilidad de nacionalizar como ciudadanos venezolanos a los habitantes de ese territorio y encajarlos legalmente bajo la soberanía del país.
Por otro lado, la estrategia de Maduro de colocar al Esequibo en el foco de atención tiene también otra prioridad: potenciar una agenda propagandística de calado nacionalista que le permita eventualmente consolidar cuotas de popularidad de cara a las elecciones presidenciales previstas para finales de 2024, en las que el presidente venezolano busca la reelección hasta el 2030. Este factor cobra impacto ante los recientes acuerdos alcanzados por Maduro con la oposición venezolana a mediados de octubre en Barbados, que fijan el calendario electoral presidencial para el próximo año; pero también tras el proceso de elección de primarias dentro de la plataforma opositora realizado el pasado 22 de octubre para elegir una candidatura unitaria, en este caso en manos de María Corina Machado (partido Vente Venezuela).
No obstante, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictaminó este 30 de octubre la invalidez de esas primarias toda vez la candidata Machado ya fuera inhabilitada con anterioridad a 15 años de imposibilidad de presentarse a cargos públicos por, entre otras acusaciones, presuntamente haber apoyado las sanciones internacionales contra el gobierno de Maduro.
En lo concerniente al caso Esequibo, las tensiones entre Guyana y Venezuela vuelven a ocupar la atención ante las concesiones de explotaciones petroleras y gasíferas a multinacionales extranjeras realizadas recientemente por el Gobierno guyanés dentro de la plataforma marítima en torno al Esequibo. Caracas ha denunciado esta operación impulsada por Georgetown toda vez el litigio territorial sigue a la espera de resolución ante la CIJ. En el foco está el pulso por controlar esferas de influencia ante la condición estratégica del Esequibo por sus recursos naturales y su posición geopolítica hacia el Mar Caribe, el Océano Atlántico y el norte de América del Sur.
¿Qué es el Esequibo y por qué tiene interés?
Es un tema histórico que viene desde tiempos de la colonización española en la entonces Capitanía General de Venezuela. Tras la independencia venezolana (1830) y a instancias de Gran Bretaña, el explorador británico de origen alemán Robert Hermann Schomburgk determinó en 1840 una serie de líneas divisorias de este territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados que provocó la disputa por su soberanía por parte de Venezuela y Gran Bretaña, potencia colonial en aquella época del territorio de la actual República Cooperativa de Guyana, en ese momento denominada Guyana Británica.
El Laudo Arbitral de París de 1899 determinó la soberanía británica del territorio. Desde entonces, Venezuela denunció la invalidez de este Laudo considerándolo como "nulo e írrito", argumentando sus derechos legítimos de iure como heredero de las posesiones territoriales de la antigua colonia española, aunque manteniendo su posición de alcanzar una solución amistosa. Por su parte, Londres siempre defendió la validez de ese Laudo amparándose bajo el principio de uti possidetis juris como instrumento jurídico para consolidar la anexión del Esequibo como territorio británico.La presión de Caracas finalmente dio sus frutos con la firma del Tratado de Ginebra en 1966 entre Venezuela y Gran Bretaña que, al mismo tiempo, certificó la independencia de Guyana del mandato británico toda vez desconocía la frontera anterior en el Esequibo y se acordaba una solución negociada. Tras un período de cuatro años, en 1970 Venezuela, Gran Bretaña y Guyana firmaron los Protocolos de Puerto España (Trinidad y Tobago) que determinaron el congelamiento de las negociaciones por un período de 12 años sin modificar el status quo. Al cumplirse este plazo en 1982, Venezuela volvió a intensificar la presión diplomática para solucionar la controversia ante la CIJ, con efectos hasta ahora infructuosos.
Tras un breve interregno de cierta cordialidad en las relaciones entre Caracas y Georgetown entre 2004 y 2013 durante el mandato de Hugo Chávez en Venezuela, a partir de 2018, ambos países retomaron las negociaciones ante la CIJ. No obstante, en abril pasado, la CIJ dictaminó en contra de las nuevas objeciones presentadas por Venezuela sobre sus derechos en el Esequibo.
La posición oficial de Venezuela ha sido considerar ese espacio como "territorio en reclamación", argumentando la validez del Acuerdo de Ginebra de 1966 y sus "legítimos derechos de soberanía" sobre el territorio. Caracas, que estaría reclamando de este modo su soberanía sobre lo que actualmente constituye aproximadamente un 70% del territorio guyanés, siempre ha buscado resolver esta controversia limítrofe ante instancias internacionales. Por otro lado, Venezuela también ha instado a la presencia británica en las negociaciones, aspecto que Londres ha progresivamente desestimado a favor de su ex colonia Guyana.
Por su parte, Guyana apuesta por su condición de facto como poseedor de soberanía sobre el territorio amparándose en lo estipulado en el Laudo de 1899 y desconociendo las demandas venezolanas en torno al Acuerdo de Ginebra. Desde entonces, el Esequibo es administrado de facto por Guyana.
Por otro lado, Georgetown ha aplicado una estrategia más asertiva a la hora de dilatar la negociación ante el CIJ. Esto le ha permitido abrir canales de concesión de explotación a multinacionales extranjeras de los recursos naturales del Esequibo, en especial forestales, minerales y ahora energéticos en la plataforma marítima. Esto reavivó la disputa con Venezuela en 2015, cuando la multinacional Exxon Mobil, beneficiada por esas licitaciones guyanesas, encontró yacimientos de petróleo en el territorio.
Desde entonces, y con la participación de la estatal guyanesa SISPRO Inc, Georgetown ha concedido licitaciones en los bloques de explotación a compañías como Total Energies, Repsol, Exxon Mobil, Qatar Energy, Malaysia’s Petronas, Anadarko Hess y la estatal china CNOOC, entre otras, lo cual le ha conferido a Guyana una súbita dimensión de riqueza petrolera y proyección internacional a pesar de ser uno de los países más pobres del continente. Las expectativas de explotación de crudo se cifran en 700.000 barriles diarios para 2025.
A finales de octubre de 2023, Guyana hizo público un nuevo hallazgo significativo de petróleo en el denominado Bloque Stabroek (en el que opera Exxonmobil), así como la concesión de nuevas licencias de extracción a varias compañías internacionales. La multinacional Exxon ya informó que espera producir para 2027 la cantidad de 1,2 millones de barriles diarios de petróleo y gas en ese bloque.
Geopolítica y clima de tensión ‘prebélico’
La política guyanesa de conceder estas licitaciones provocó un inmediato malestar en el gobierno de Maduro. Sin desestimar la solución por la vía del diálogo, la respuesta venezolana tuvo un cariz militar, con movimientos de tropas en dirección a la frontera con el Esequibo. A ello se unió una inédita retórica agresiva: el ministro de Defensa venezolano, general Vladímir Padrino, amenazó con "una respuesta contundente y proporcional" en la que se preparaba "para todo tipo de escenarios". El presidente guyanés Irfan Ali respondió que Georgetown "no cederá ni una pulgada de territorio".
De este modo, los recientes movimientos militares venezolanos hacia el Esequibo amenazan con incrementar las tensiones con Guyana como clima previo al referéndum pautado por Maduro. Un aspecto que podría dar curso a una escalada no sólo de los roces diplomáticos sino también militares entre ambos países.
Por ello es pertinente observar algunos factores como la evolución del gasto militar y las respectivas alianzas geopolíticas entre los dos Estados para intentar discernir hasta qué punto es factible un escenario bélico entre Venezuela y Guyana.
Según datos del Banco Mundial utilizando fuentes del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) y del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, Caracas aumentó en 2022 su gasto militar a un 0,65% del PIB cuando este índice en 2021 fue del 0,31%. La cifra de efectivos en las Fuerzas Armadas venezolanas se calcula en 343.000 soldados (datos de 2020). Por su parte, Guyana hizo lo contrario: su gasto militar en porcentaje del PIB fue del 0,57% en 2022 cuando fue del 1,00% en 2021. Son 3.000 los efectivos activos que tiene el Ejército guyanés (datos de 2020).
Estos datos reflejan la disparidad en el equilibrio de fuerzas militares entre ambos países, claramente favorable a Venezuela con respecto a su vecino. Conscientes de esta superioridad militar, los recientes movimientos militares venezolanos podrían indicarnos la posibilidad de que Caracas estuviera manejando desde hace meses un instrumento de mayor presión hacia Guyana, en este caso por la vía militar, como elemento disuasivo para acelerar sus objetivos dentro de la controversia en manos del CIJ.
En cuanto al contexto geopolítico analizado ante la perspectiva de una escalada militar con Venezuela, Guyana forma parte de la Commonwealth, un aspecto que eventualmente le permitiría tener apoyo tanto británico como de países angloparlantes en el Caribe. Georgetown ha formado una alianza esencial con los otros Estados que forman parte de la Comunidad del Caribe (CARICOM) que le ha permitido obtener apoyos caribeños para presionar directa e indirectamente a Venezuela incluso en el marco del Sistema de Seguridad Regional, un mecanismo de seguridad colectiva. Existen también precedentes históricos de fricción en cuanto a la delimitación de las aguas marinas y submarinas, en la cual algunos países caribeños han salido perjudicados en el pasado en sus respectivos diferendos marítimos con Venezuela.
Por otro lado, el marco energético favorable a Guyana en cuanto a las recientes licitaciones con multinacionales ha llevado a Georgetown a disponer de mecanismos ventajosos de venta de crudo a precios preferentes a países caribeños, un factor que reforzaría esa alianza guyanesa en el Caribe.
En el caso venezolano, la llegada de Chávez al poder (1999) ha provocado una alteración de sus equilibrios geopolíticos hemisféricos. Al distanciarse de EE UU, tradicional socio energético y geopolítico venezolano, tanto Chávez como su sucesor Maduro han girado la orientación a favor de rivales estratégicos de Washington como Cuba, Rusia, China e Irán, entre otros, en aspectos militares, políticos y energéticos. Esta perspectiva, así como la presencia de multinacionales estadounidenses (Exxon Mobil) en las licitaciones otorgadas por Georgetown en el Esequibo, definirían eventualmente una mayor predisposición de Washington a atender los intereses guyaneses ante cualquier expectativa de un escenario bélico o de tensiones limítrofes con Venezuela.
Por otro lado, están países vecinos con Brasil, y otros exógenos como China que igualmente mantienen intereses económicos de explotación de recursos forestales y energéticos en el Esequibo y, en el caso brasileño, también de seguridad nacional. Estos intereses determinan los constantes equilibrios que Brasilia y Pekín deben mantener en sus relaciones con Caracas y Georgetown. Así mismo, y ante la posibilidad de incremento de las tensiones venezolano-guyanesas, tanto Brasil como China podrían igualmente erigirse como interlocutores eficaces a la hora de propiciar una mediación y contribuir a la resolución del conflicto.
Otro caso es Cuba, aliado estratégico venezolano pero que en el pasado también mantuvo estrechas relaciones con Guyana. Si bien ha atendido las históricas demandas venezolanas en torno al Esequibo, La Habana ha buscado manejar equilibrios de poder en el marco del CARICOM y la OEA que precisamente eviten manifestar un posicionamiento formal en torno a la crisis entre Caracas y Georgetown.
No obstante, la escasez energética en la isla caribeña, las dificultades de suministro del crudo venezolano en los últimos años, el clima de seminormalización de relaciones entre EE UU y Venezuela, las expectativas de Donald Trump de volver a la Casa Blanca en las presidenciales 2024 y los recientes descubrimientos de yacimientos vía licitaciones guyanesas podrían abrir nuevos escenarios que obliguen a La Habana a fijar posiciones en torno al tema Esequibo. El actual contexto de encarecimiento del precio del crudo (92 dólares por barril para octubre) ante las guerras en Ucrania y Gaza muy probablemente persuaden a Cuba y otros países dependientes del petróleo venezolano a ver con mayor atención el esquema de licitaciones energéticas de Guyana.
A priori con menos incidencia, Rusia también entraría en esta ecuación geopolítica en torno al Esequibo. Con sus matices, pero observándolo desde la perspectiva de sintonía de relaciones entre Caracas y Moscú, la iniciativa del referéndum de Maduro recuerda el precedente impulsado por Rusia en Crimea y el Donbás a la hora de encajar estos territorios, también vía referéndums consultivos, dentro de la Federación rusa. Visto en perspectiva no sería descartable interpretar una presunta influencia rusa en la iniciativa de Maduro como si se tratase de reproducir en el Esequibo una especie de "modelo Crimea", previamente ensayado en Ucrania pero ahora exportable a aliados exteriores rusos. Así mismo, el Kremlin podría tener fines igualmente estratégicos: ejercer presión hacia Georgetown para posicionar a sus empresas energéticas en el apetecible mercado que se abre en la plataforma marítima y submarítima en torno al Esequibo.
Finalmente debemos considerar cómo influye la disparidad de enfoques entre Caracas y Georgetown en torno al Esequibo en lo referente a sus respectivas estrategias diplomáticas y la dinámica de sus alianzas geopolíticas.
Históricamente, los gobiernos venezolanos han interpretado el tema Esequibo desde una perspectiva más ideológica y emocional, muy probablemente con la intención de no perder popularidad y evitar cualquier tipo de malestar en la sociedad. De la misma manera, Caracas ha manifestado una posición mucho más reactiva tendente a depender de las decisiones del CIJ. Esto ha contribuido, a grandes rasgos, a entorpecer la concreción de una visión más racional (y menos nacional) del problema, en especial a la hora de manejar los intereses guyaneses.
Por su parte, Guyana se ha enfocado en aspectos específicos más propios de la realpolitik, como la ampliación de la plataforma continental y marítima del Esequibo para impulsar su desarrollo económico vía licitaciones extranjeras. Esto ha permitido coartar el acceso directo venezolano hacia el Océano Atlántico vía Esequibo. Con mayor eficacia y habilidad diplomática, Georgetown ha concentrado la atención hacia un problema más de carácter marítimo que territorial, tal y como lo percibe Venezuela.
El Esequibo ‘se cuela’ en un 2024 electoral
Queda ahora por esclarecer en qué medida el tema del Esequibo tendrá incidencia en las elecciones presidenciales venezolanas de 2024. Por otro lado, el proceso de hostigamiento de Maduro hacia la candidatura unitaria opositora, ahora en manos de María Corina Machado, podría igualmente generar un posible descontento social que obstaculice la preponderancia de la agenda nacionalista del presidente venezolano.
A pesar de la inhabilitación política decretada vía judicial meses atrás en su contra y la posterior suspensión de la legitimidad de esas elecciones primarias por parte del TSJ, la abrumadora victoria de María Corina Machado (2,2 millones de votos, un 93%) supone un reto político ineludible para la continuidad de Maduro en el poder en 2024, tomando en cuenta los sólidos niveles de popularidad de la nueva candidata opositora y su condición de nuevo liderazgo que rompe con la "vieja guardia" hasta ahora dominante en las estructuras políticas de la oposición venezolana.
Sin dejar de lado el tono nacionalista, Machado ha criticado la estrategia del referéndum de Maduro calificándola como una "cortina de humo" orientada a distraer su caída de popularidad en vez de enfocarse en solucionar los problemas del país. Por su parte, Maduro ha utilizado el referéndum y la escalada de tensiones con Guyana como una estrategia orientada a diluir cualquier efecto que las primarias opositoras pudieran tener a la hora de impulsar una nueva candidatura unitaria alternativa que eventualmente tenga capacidad para minar las expectativas de reelección en 2024 del líder venezolano.
Previo a las primarias opositoras y al anuncio del referéndum sobre el Esequibo, Maduro obtuvo una victoria política el pasado 17 de octubre a través de los acuerdos de Barbados alcanzados con líderes de la Plataforma Unitaria de la oposición venezolana. Estos acuerdos anunciaban un horizonte de normalización política en Venezuela con la aceptación del calendario electoral de 2024. No obstante, tras la suspensión de las primarias, la oposición venezolana denunció la violación de estos acuerdos. A la expectativa está también que hará Washington tras flexibilizar las sanciones contra Maduro por el acuerdo de Barbados. La suspensión de las primarias advierte la posibilidad de volver a reforzar estas sanciones.
Con su propuesta de referéndum sobre el Esequibo, Maduro intenta tomar la iniciativa en dos ámbitos: el nacional con la intención de marcar la pauta hacia las presidenciales 2024; y el internacional rompiendo la baraja buscando una alternativa unilateral de presión y disuasión hacia Guyana para obstaculizar las licitaciones de explotación como, al mismo tiempo, hacia la CIJ para que tome en serio las demandas históricas venezolanas sobre este territorio. Esta perspectiva es patente ante el tono cada vez más contundente e incluso agresivo que Caracas está adoptando sobre la legitimidad del referéndum y la "ilegitimidad" guyanesa en materia de licitaciones, incluso estableciendo mecanismos de presión hacia la CIJ, cuestionando su capacidad legal para intervenir y suspender la consulta de Maduro sobre el Esequibo. La apuesta venezolana, como sus consecuentes riesgos, se observa tan ambiciosa como impredecible, más enfocada en los mecanismos de un juego suma cero.
