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Una niña refugiada bebe agua de un bidón en Níger. Giles Clarke/Getty Images

La aprobación de este derecho en Naciones Unidas supuso un punto de inflexión a una reivindicación que unía a movimientos sociales y gobiernos, pero que todavía hoy sigue sin ser universal y despierta críticas por su ambigüedad.

En el otoño de 2014 varios núcleos de población de la ciudad de Castro Marim, en una de las zonas más rurales y alejadas de la turística costa del Algarve portugués, abrieron por primera vez los grifos en sus casas. Era palpable la emoción de las vecinas, que recibían a los periodistas rebosantes de alegría. Pero aquella imagen era incompleta y algo injusta. En el mismo municipio, pero mucho más cerca de la playa, los resorts y los campos de golf hacía tiempo que no escatimaban agua para regar al turismo. Tampoco lo hacen hoy, aunque sigue habiendo poblaciones sin agua potable accesible, como narran diversos medios portugueses.

Desde 2010, el acceso al agua y al saneamiento es un derecho humano. Sin embargo, millones de personas en todo el mundo, incluso en las zonas más recurridas de Europa, siguen sin abastecimiento. A 30 kilómetros de Castro Marim, pero al otro lado de la Raya, nombre popular de la frontera entre Portugal y España, centenares de personas temporeras viven en campamentos de Lepe donde tampoco hay agua ni saneamiento. “El reconocimiento del derecho humano por Naciones Unidas no significa su disfrute universal. Pero, a efectos prácticos, las comunidades y las personas tienen una herramienta más para lograr el disfrute de este derecho”, explica Mikel Mancisidor, experto independiente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.

Amanecía el siglo XXI cuando miles de personas de la ciudad boliviana de Cochabamba salían a las calles protagonizando la conocida como “guerra del agua”: las movilizaciones contra la privatización del suministro urbano por parte de una empresa transnacional estadounidense creada ad hoc fueron masivas. “Este pozo es nuestro. Esta agua es nuestra. Es el agua para nuestros hijos. Venden nuestros pozos y nuestros lagos y se quieren quedar también la lluvia”, se escucha en la película Y también la lluvia de Icíar Bollaín, basada en el caso cochabambino. Aquello tuvo varias consecuencias globales. Por un lado, Bolivia paró la privatización; por otro, sembró la semilla para la primera victoria electoral de Evo Morales; en tercer lugar, aquella movilización social terminó insuflando un empujón clave para que, unos años después, la ONU reconociera el agua como derecho humano.

 

Un proceso histórico

El 28 de junio de 2010 y a iniciativa de Bolivia, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Resolución 64/292 sobre el derecho humano al agua y al saneamiento, con 122 votos a favor, 22 abstenciones (sobre todo de países enriquecidos, como Japón, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Suecia, Dinamarca o Países Bajos) y ningún voto en contra. Independientemente de que Bolivia sorprendiera a la comunidad internacional llevando el asunto a votación, el camino para este logro se había iniciado tiempo antes desde diferentes ámbitos. “Más allá de los protagonismos de los Estados en los juegos diplomáticos, el reconcomiendo de un derecho humano es un proceso muy complejo y muy largo que no sale si no es a través de la maduración de muchos ánimos y muchas alianzas”, puntualiza Mancisidor, también profesor de la Universidad de Deusto.

Este experto marca el punto de inflexión en 2002, cuando el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprueba su Observación General Número 15, en la que reconoce que “el derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”. Pero hay más fechas y momentos para anotar.

Uruguay había realizado, en 2004, un plebiscito para realizar una reforma constitucional que permitiera al Estado ser el responsable único de la distribución de agua potable y saneamiento. Y no mucho tiempo después, España y Alemania llevaron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU una propuesta para empezar a trabajar en la aprobación de este derecho humano, con el objetivo de que no estuviera subsumido en otros. En 2006, en el Foro Mundial del Agua, un evento organizado por las grandes empresas privadas del sector en el que participan diferentes gobiernos, se trasladó a México: varios países de América Latina y de África se descolgaron con una declaración final paralela que recogía la necesidad de aprobar este derecho fundamental. Y en 2008, de nuevo España y Alemania alentaron la creación de la figura de experta independiente en el ámbito de Naciones Unidas al respecto, la portuguesa Catarina de Alburquerque. En 2010 se convirtió en la primera relatora especial sobre el derecho humano al agua y al saneamiento.

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Vecinos de La Paz, Bolivia, esperan para llenar sus cubos en un área afectada por la pobreza y la sequía. Marcelo Perez Del Carpio/Anadolu Agency/Getty Images

“La Unesco fue el primer organismo internacional que cambió su mandato para hablar de derecho humano al agua, fue en 2009 y cuya reunión de mandato presidía yo. Para 2010, cuando llega a la Asamblea General, había mucho trabajo hecho”, refuerza Mancisidor.

Desde entonces, varios países también han actualizado sus marcos constitucionales para reflejar el agua y el saneamiento como derechos humanos: Costa Rica, Egipto, Fiji, Kenia, México, Marruecos, Níger, Eslovenia, Somalia, Túnez, Zimbabue, República Democrática del Congo, Ecuador, Maldivas, Nicaragua, Islas Salomón, Suráfrica, Uganda, Uruguay y algunos estados de EE UU. Otros han aprobado leyes de rango menor. En España todavía no se ha modificado ninguna legislación para dar cabida al nuevo marco normativo internacional.

“Naciones Unidas recomienda que las legislaciones estatales lo recojan. La Unión Europa, por ejemplo, con las directivas obliga a los Estados a trasponerlas. El derecho internacional no es tan directo, pero es una recomendación. Si la Constitución lo recogiera permitiría a la ciudadanía poder reclamar o denunciar al propio Estado cuando se vulnera este derecho, lo que ahora no se puede hacer”, explica Dante Maschio, técnico de la compaña de agua de Ingeniería sin Fronteras de Catalunya, uno de los organismos que desde la sociedad civil trabaja en cuestiones de agua en España. Al respecto Mancisidor añade que “detrás de un reconocimiento constitucional hay toda una miríada de normativas, leyes y obligaciones en todos los estamentos del Estado; no resuelve todos los retos, pero da una herramienta muy potente”.

Lidia, Gloria, Carlota y Marta, cuatro mexicanas de la comunidad Ampliación Tres de Mayo, en el estado de Morelos, lograron en 2014 que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara culpable al Estado de México por incumplimiento del derecho humano al agua, que su Carta Magna recoge desde 2012. Mientras estas mujeres y sus vecinas confesaban recoger “hasta agua de los charcos”, a escasos metros lucía hermoso un campo de golf. Su logro trajo una tubería hasta sus casas, aunque rara vez llevara agua. Por eso la victoria real fue el precedente jurídico que sentaron, aunque para ellas todo eso sonaba muy abstracto. El debate actual, según una de las abogadas que llevó el caso, es que la sentencia no se dé por cumplida, que unas fotografías puntuales en los alrededores no den carpetazo al asunto, que se garantice realmente el acceso al agua potable y al saneamiento.

“Desde la aprobación del derecho ha habido un despliegue político, jurídico y social. Entonces no había ni una sola resolución judicial que estuviera basado en el derecho humano al agua y ahora hay docenas. Es un buen ejemplo de que es un instrumento que llega”, incide Mancisidor.

Los debates internacionales no acabaron en 2010. Años después, de nuevo a iniciativa de España y Alemania, la Asamblea General de la ONU aprobó por unanimidad el establecimiento del acceso al agua y al saneamiento como dos derechos humanos independientes.

 

El debate sobre el tipo de gestión

El derecho humano al agua y al saneamiento, que acaba de cumplir 10 años, aún hoy despierta recelos y matices. “Valoramos positivamente la resolución de 2010, pero también somos críticos con ella, por su ambigüedad y neutralidad frente a aspectos esenciales como el modelo de gestión. Es una resolución vacía de contenido”, explica Maschio, el técnico de Ingeniería sin Fronteras de Catalunya. Desde este colectivo valoran más positivamente la Observación General de 2002, “porque habla de ‘asequibilidad’ y eso implica que el suministro debe ser asequible, es decir, no puede comprometerse el acceso al agua por motivos económicos, la dimensión que más se vulnera”.

La principal crítica de los movimientos sociales que trabajan en cuestiones de agua es la privatización de los suministros urbanos. Esta reivindicación es la que logró sacar adelante la primera Iniciativa Ciudadana Europea (ICE): casi dos millones de personas de la UE firmaron, a través de la campaña Right2Water, para que la Comisión Europea garantice el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano básico, y asuma el compromiso legal de que los servicios no serán liberalizados. Las expectativas del Movimiento Europeo por el Agua no se han cumplido y los cambios legislativos previstos son laxos: “El artículo es muy vago y no dice nada. Es muy fácil para las empresas decir que cumplen con el derecho”, explica Maschio. El pasado 22 de marzo, Día Mundial del Agua, la propia plataforma Right2Water denunció que la Directiva de Agua Potable, pendiente de aprobación por la UE, carece de reconocimiento del derecho humano al agua.

Desde el pasado 1 de noviembre, el español Pedro Arrojo, profesor emérito de la Universidad de Zaragoza, es el nuevo relator especial de Naciones Unidas por el derecho humano al agua y al saneamiento. Releva en el cargo al brasileño Léo Heller, el segundo relator tras Alburquerque. Héller se despidió con un último informe en el que exponía de los riesgos que conllevan las privatizaciones de los servicios de agua y saneamiento para el cuidado y respeto de los derechos humanos.

 

Las asignaturas pendientes

“A pesar de los importantes esfuerzos y avances logrados desde 2010, demasiadas personas en todo el mundo siguen esperando que la promesa hecha por la Asamblea General hace 10 años se convierta en una realidad en sus vidas. Una de cada tres personas todavía carece de acceso a agua potable y más de la mitad de la población mundial (4.200 millones de personas) carece de acceso a un saneamiento seguro, mientras que 3.000 millones de personas carecen de instalaciones básicas para lavarse las manos con agua y jabón y más de 673 millones de personas todavía practicar la defecación al aire libre. Esta situación inaceptable causa 432.000 muertes por diarrea cada año”, subrayó Heller, en una declaración publicada precisamente el día del décimo aniversario.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) sí reportaron mejoras en cuestiones de agua. En el informe final de 2015 se recoge que, desde 1990, obtuvieron acceso a fuentes de agua potable mejorada 2.600 millones de personas; de ellas, 1.900 millones lo hicieron a través de agua potable suministrada por cañería hasta su propio hogar. Además, 2.100 millones han obtenido acceso a saneamiento mejorado. “En el acceso al agua potable se vivió un aumento importante, es un reto global importantísimos y se cumplió. Y eso nos permitió pasar a unos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) más ambiciosos, más difíciles de cumplir…, pero ya se verá si se cumple o no”, añade Mancisidor.

El Objetivo 6 de los ODS tiene entre sus metas garantizar para 2030 el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos los seres humanos, así como lograr el acceso a los servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas, así como a las personas en situaciones de vulnerabilidad.