Algoritmos contra migrantes

Un migrante mira la ruta en un móvil cerca de la frontera con Croacia, 2018. Maciej Luczniewski/NurPhoto via Getty Images

Las redes sociales son una gran oportunidad para prevenir, investigar y perseguir a los grupos criminales que trafican con migrantes, pero al mismo tiempo es imprescindible garantizar los derechos de las personas migrantes.

En abril de 2019, cientos de iraníes, afganos y paquistaníes trataron de cruzar de Albania y Turquía a Grecia siguiendo un bulo que alertaba de dos pasos fronterizos abiertos hacia la Unión Europea. La llamada “caravana de la esperanza”, inspirada en el éxodo de las caravanas migrantes de Centroamérica a Estados Unidos, terminó violentamente en el pueblo griego de Diavata donde fueron dispersados por una fuerte presencia policial y gases lacrimógenos. Detrás de esta acción policial había todo un entramado de investigadores de redes sociales.

La inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) es un instrumento esencial para la investigación policial y el estudio de los grupos criminales que trafican con migrantes. Las redes sociales son un punto de encuentro para migrantes, refugiados y contrabandistas. Un gran caladero de datos sobre servicios ofrecidos por traficantes o un foro para criticar y evaluar sus servicios. Una valiosa herramienta para investigar el comportamiento, las últimas rutas, fluctuación de precios o modus operandi de los grupos criminales. En un entorno confuso y opaco, en el que concurre un vínculo contractual entre los que buscan el paso irregular de una frontera internacional y aquellos que cobran por ello, los contrabandistas se venden con engaños y astucia, dan facilidades de pago e incluso ofrecen paquetes de viaje que incluyen alojamiento, transporte o documentación. Según la Unidad de Notificación de Contenidos de Internet de Europol (EU IRU en inglés) el uso de las redes sociales ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, al ser un sistema barato, seguro, rápido, de amplio impacto y visibilidad, que a su vez garantiza el anonimato. Algunas personas migrantes son traficadas irregularmente pensando incluso que lo hacen conforme a la ley, creyendo ponerse en manos de verdaderas ONG, abogados o agencias oficiales de países de destino. Otros pagan por desplazarse dentro de Europa en los llamados “movimientos secundarios” optando por la provisión de documentos fraudulentos en lugar del transporte.

El uso de las tecnologías e Internet en la delincuencia organizada trasnacional ha cambiado los patrones de actuación de las redes criminales, que se sirven de estas herramientas en cada etapa del proceso (identificación de víctimas potenciales y vulnerabilidades, proceso de coerción y control, publicidad y venta de sus servicios o incluso el blanqueo de sus ganancias). El contacto o reclutamiento suele comenzar en la web visible (indexada en buscadores habituales como Google o Bing) donde captan información sensible para ganar la confianza de las víctimas o potenciales clientes y controlarles (localización, rutina y hábitos, contactos, gustos, religión, etcétera).

Migrantes recargan sus móviles cerca de la frontera entre Serbia y Croacia. Carsten Koall/Getty Images

Por parte de los migrantes, el uso de las tecnologías, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), también habrían cambiado los patrones en tres aspectos: en primer lugar, en una menor dependencia de los traficantes al fomentar una mayor autosuficiencia en su proceso migratorio; en segundo lugar, en la importancia creciente de la alfabetización y la brecha digital, y por último en una mayor confusión entre los roles de traficante y migrante, por el aumento del número de migrantes irregulares metidos a traficantes ocasionales para financiar sus propios viajes.

Las agencias europeas y en especial Europol investigan en redes sociales con un doble objetivo:  por un lado una función preventiva, al detectar y ayudar a eliminar contenido relacionado con el tráfico de migrantes; y por otro lado de investigación delictiva, ya que el contenido detectado también puede servir como prueba (e-evidence) en procesos penales. Europol realiza esta labor con fines antiterroristas y de lucha contra el extremismo on line desde hace varios años. Más recientemente extendió esta función al tráfico irregular de migrantes. Para ello, la IRU escanea las redes y el entorno cibernético en el marco de las prioridades de terrorismo y migración irregular. En la mayoría de los casos el contenido irregular es referido a las empresas proveedoras de servicios de Internet para que los eliminen de sus fuentes. En algunos casos, a iniciativa de algún Estado miembro y con autorización judicial, se procede a la eliminación de contenidos de publicidad de los traficantes, interrumpiendo sus redes criminales. En otros casos, el contenido irregular se mantiene en la Red precisamente para no alertar a terroristas o traficantes potenciales y facilitar la investigación. El Consejo de Ministros de Justicia e Interior de diciembre de 2018 aprobó un conjunto de medidas para luchar contra los redes de tráfico ilícito de migrantes en el ámbito policial, como reforzar la capacidad de la IRU de Europol, localizar y desmantelar la infraestructura técnica de las redes de tráfico o perturbar sus comunicaciones en línea.

En el caso de la agencia europea de fronteras Frontex, el monitoreo de las redes sociales tiene un fin de análisis de riesgos preventivos (rutas, modus operandi, tendencias, etcétera) con el fin de informar a los Estados miembros. Sin embargo, Frontex no tiene mandato para recabar datos personales, a pesar de la ampliación constante de competencias, medios y presupuesto. Fuertemente criticada por actores de la sociedad civil como Privacy International, Statewatch o Mediapart, la agencia se vio obligada a cancelar a finales de 2019 una licitación por valor de 400.000 euros para servicios de monitoreo de redes de migrantes “sobre tendencias y pronósticos de migración irregular”. Con un objeto tan difuso y vago, Frontex pretendía rastrear también a las diásporas en los países de destino y los actores de la sociedad civil. Ante la imposibilidad de explicar la compatibilidad de esa vigilancia con su mandato legal y el respeto de la legislación europea de protección de datos, canceló la licitación.

A finales del 2019, el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD)  suspendió un proyecto de monitoreo de redes sociales a cargo de la Agencia europea de apoyo al Asilo (EASO). Ésta rastreaba las redes desde al menos enero de 2017 para detectar nuevas rutas e investigar a traficantes de personas en el marco de un proyecto heredado del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. ACNUR lo concibió en marzo de 2016 como una investigación preparatoria para diseñar estrategias contra la desinformación, pero al advertir la potencia operativa de esta herramienta, se convirtió en un proyecto en sí mismo. EASO detectaba, analizaba y compartía sus hallazgos con los Estados miembros, la Comisión europea, agencias de la UE, ACNUR e Interpol. El fin era obtener datos de alerta temprana, información sobre traficantes, países de origen y tránsito, rutas, perfiles de migrantes/refugiados o sobre movimientos secundarios dentro de la UE. El monitoreo se basaba en investigación cualitativa, que se compartía a través de informes periódicos que progresivamente se hicieron más analíticos e incluían comparaciones y tendencias para ir posteriormente introduciendo investigación cuantitativa a través de técnicas informáticas y algoritmos. El conflicto con la legislación europea de protección de datos era previsible al no tener EASO base legal ni mandato para recabar esos datos. La búsqueda se concentraba en redes como Facebook o YouTube, las favoritas de los grupos criminales para anunciar sus servicios. A través de algoritmos, que cruzaban palabras clave en árabe, pastún, darí, urdu, tigrinya, amárico, edo, inglés pidgin, kurdo, kurmanji, turco, ruso, hausa o francés, la EASO fue más allá de la búsqueda de información.  Según su portavoz, gracias a estas actividades pudo detectarse anticipadamente la “caravana de la esperanza”.

Los límites morales y legales del filtrado de redes

Migrantes miran sus móviles en la isla griega de Kos. ANGELOS TZORTZINIS/AFP via Getty Images

La investigación de redes sociales implica en muchos casos el procesamiento de datos personales por lo que exige una atención particular al respeto de los derechos y libertades de los usuarios. Más aún porque en la mayoría de los casos no se trata de vigilar sospechosos, sino de rastreos y búsquedas indiscriminadas en las que se mezclan personas en movimiento, traficantes, potenciales terroristas, o simples ciudadanos. El Parlamento europeo se ha interesado por el procesamiento masivo de datos (big data) y su impacto en los derechos fundamentales. Por su parte, la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE (FRA) ha señalado que la creación y uso de perfiles por medios algorítmicos podría implicar sesgos discriminatorios en cada etapa del proceso. Para evitarlo, la investigación debería basarse en datos y fuentes fiables, llevarse a cabo a través de una algorítmica legítima, necesaria y proporcionada a un fin específico y por un personal formado en derechos fundamentales y en protección de datos. Los perfiles pueden generar correlaciones incorrectas, tanto para individuos como para grupos, pudiendo derivar en estereotipos discriminatorios. La EASO, tal y como apreció el Supervisor europeo no tenía mandato legal para realizar ese seguimiento y se extralimitó. Es más, aún en el caso de tener legitimidad para ello, la investigación y difusión debería haberse llevado a cabo para fines específicos, explícitos y limitados. La agencia también actuó con descuido en el filtrado por idiomas y palabras clave, sin tener en cuenta los eventuales errores y prejuicios de comportamiento grupal que pudieron aumentar los riesgos de discriminación en una población migrante ya de por sí vulnerable.

La elección de comunidades lingüísticas sugiere un enfoque especial sobre determinados tipos de migrantes, más que sobre los propios traficantes, muchos de ellos afincados en la UE sobre todo cuando se trata de movimientos secundarios dentro de las fronteras. Aunque los lazos étnicos y lingüísticos entre los traficantes y los migrantes son evidentes, esta coincidencia varía a medida que se escala en la cadena criminal hasta los grupos más organizados y el blanqueo de los rendimientos del tráfico. De hecho, según Europol, de los 65.000 traficantes estimados en abril de 2018, el 63% serían europeos, el 14% de Oriente Medio, el 13% africanos, el 9% de Asia Oriental y el 1% americanos.

Una utilización más humanitaria de los datos masivos

Entre la ingente información procesada de fuentes abiertas, surgen detalles y pruebas de violaciones de derechos humanos contra refugiados, migrantes y víctimas de trata. Sin embargo, esta valiosa información no constituye una prioridad o un valor en investigaciones de naturaleza policial o que buscan evitar entradas irregulares. En una entrevista al diario digital alemán Netzpolitik, un portavoz de EASO dice tener conocimiento de las atrocidades cometidas en Libia pero no competencias acerca del tema.

Los traficantes de personas y las bandas criminales en Libia publican en las redes sociales sus abusos y violencia contra los migrantes en cautiverio para exigir rescates a sus familias, pero quedan impunes por la disparidad legal en cuanto a jurisdicción o normas de admisibilidad de pruebas. En algunos países las pruebas digitales (e-evidence) sólo se admiten cuando la aportan los proveedores de servicios de Internet mientras que en otros, una simple impresión de pantalla es suficiente. Aprovechar las oportunidades que ofrecen las redes sociales para prevenir, investigar y perseguir a estos grupos criminales transnacionales es clave en la lucha contra esta lacra y contra la trata de seres humanos y otros crímenes relacionados. Para ello, no basta con interceptar las comunicaciones entre sus miembros o desmantelar sus esquemas financieros de blanqueo. Es necesario un intercambio constante de información y una cooperación judicial plena, para lo que se hace imprescindible una voluntad política decidida de proteger los derechos de las personas migrantes. Los límites entre lo legal y lo ético en la investigación criminal de redes sociales no deberían franquearse, pero de hacerlo, deberían apuntar a los verdaderos verdugos y no a sus víctimas.