Un acuerdo de libre comercio UE-Reino Unido creará nuevas barreras comerciales y más fricción fronteriza incluso aunque el segundo decida unilateralmente armonizarse con las normas y reglas de la Unión Europea.
El primer ministro Boris Johnson ha dicho que el Reino Unido “no se armonizará” con las reglas de la UE en ningún futuro acuerdo de libre comercio (ALC) UE-Reino Unido. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha respondido destacando que “cuanta más divergencia haya, más distante tendrá que ser la relación”. Su declaración refleja el principio general de la Unión de que el acceso de un país al mercado único está intrínsecamente unido a su aceptación de las normas, las instituciones y las obligaciones legales de Bruselas. Pero, en la práctica, la estrategia de la UE será probablemente todavía más dura de lo que dan a entender las palabras de Von der Leyen: cuanta más capacidad de divergencia tenga el Reino Unido, más distante será la relación. En cuanto Gran Bretaña adquiera el derecho a decidir si se aparta o no de las normas europeas, la UE la tratará, en la mayoría de los aspectos, como si ya lo hubiera hecho.
Por consiguiente, importa poco que, el primer día de un nuevo ALC, todas las reglas y normas del Reino Unido puedan ser las mismas que las de la UE. En cuanto abandone el reglamento y las instituciones del mercado único, las exportaciones británicas a la Unión se tratarán, en general, como si procedieran de cualquier otro socio con un ALC. El gobierno británico asegura que ha aceptado que obtener la libertad para regular como le convenga significará nuevas fricciones comerciales. Pero todavía no está claro que las empresas y los ciudadanos hayan comprendido lo que significa eso en la práctica.
La armonización unilateral del Reino Unido con las normas de la UE después del Brexit tendría ciertas ventajas para las empresas: evitaría una situación en la que tendrían que seguir dos tipos de normas diferentes según a cuál de los dos mercados vendieran. Sin embargo, no supone una disminución sustancial de las barreras reguladoras si el Reino Unido se asegura la capacidad de poder divergir si así lo desea. Por ejemplo, cuando esté fuera del régimen de seguridad alimentaria (Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, MSF), las exportaciones británicas de productos de origen animal tendrán que someterse a nuevos controles en la frontera de la Unión, en forma de trámites e inspecciones físicas, y eso será así incluso aunque, en la práctica, Londres aplique el mismo régimen de seguridad alimentaria (SPS). Es decir, los costes iniciales de estar fuera del SPS son considerables. Ahora bien, si el Reino Unido decide entonces recurrir a la divergencia y, por ejemplo, aceptar los métodos de producción de Estados Unidos, eso no supondría un gran aumento de las fricciones comerciales con la UE. Los costes comerciales adicionales de la decisión de divergir son grandes; los costes relativos de llevarlo a la práctica son menores.
Para dar otro ejemplo, en el momento en el que el Reino Unido esté fuera del mercado único, aunque los productores británicos sigan cumpliendo los criterios de Bruselas, no podrán colocar sus productos directamente en el mercado europeo. Necesitarán que una entidad establecida en la Unión asuma la responsabilidad legal de garantizar que el producto cumple las normativas. Puede ser un importador de la propia UE o un representante legal en la Unión de la empresa británica. El hecho de no poder colocar directamente los productos en el mercado europeo crea un coste adicional para las empresas británicas, sea cual sea el régimen interior de Gran Bretaña. Tanto si el Reino Unido decide entonces establecer sus propias normas de producto (como parece ser el deseo actual) como si acepta ciertas normas, las barreras que tendrán que afrontar los exportadores británicos para vender a la Unión serán las mismas.
Por supuesto, hay excepciones, áreas en las que la armonización unilateral con las reglas de la UE puede permitir un mayor acceso al mercado. Uno de esos sectores es el de los servicios financieros, en particular los ámbitos que reúnan los requisitos en virtud del régimen de equivalencia financiera de la Unión. Aquí, la adhesión unilateral a las normas europeas podría hacer que se permita que siga habiendo cierta actividad de los servicios financieros relacionada con la UE-27 en el Reino Unido. Otro sector en el que la armonización unilateral tiene claras ventajas es el de la protección de datos, en el que Gran Bretaña tiene más probabilidades de obtener un fallo de adecuación por parte de Bruselas —lo que significaría que las empresas podrían seguir almacenando los datos personales de ciudadanos europeos en centros de datos situados en el Reino Unido— si continúa reproduciendo las normas comunitarias. Pero estos fallos sobre equivalencia y adecuación son unilaterales: la Unión los otorga y ella puede fácilmente quitarlos, puesto que es juez y jurado. Suiza es un ejemplo reciente de ello, cuando Bruselas permitió que una decisión sobre equivalencia por la que se dejaba que las acciones europeas se negociaran en las bolsas suizas expirase como forma de presionar a Suiza para que firmara un acuerdo marco institucional que no tenía nada que ver.
Ha habido cierta confusión sobre el concepto de divergencia regulatoria en el reciente debate sobre el Brexit. En el contexto de las negociaciones sobre la futura relación entre la UE y el Reino Unido, la primera pedirá al segundo que se comprometa a mantener las normas actuales de protección del medio ambiente y los trabajadores y conservar su adhesión a las normas europeas sobre ayudas públicas como condiciones para un acuerdo comercial libre de aranceles y cuotas. Pero es importante destacar que los ámbitos en los que Bruselas ha pedido a Londres que haga compromisos reguladores no están relacionados, en general, con las normas de productos. La Unión está centrándose en impedir que el Reino Unido lleve a cabo desregulaciones o aumente la ayuda económica del Estado para hacer que las empresas británicas sean más competitivas que las de la UE-27. Y no es que esos compromisos vayan a ser recompensados con menos obstáculos reguladores al comercio; son una condición necesaria para obtener el ALC y la eliminación de aranceles y cuotas.
En la práctica, existen pocos sectores en los que vaya a haber una divergencia significativa por parte del Reino Unido. Las normas europeas de productos están reconocidas en todo el mundo, y las empresas tienen poca o ninguna voluntad de aumentar sus responsabilidades de cumplimiento teniendo que certificar sus productos por separado para el mercado británico. La UE es una superpotencia reguladora, y Londres no tiene más remedio que permanecer en su órbita por razones geográficas. La verdadera pregunta es si Gran Bretaña intentará cosechar todos los beneficios de la convergencia vinculándose legalmente a las normas e instituciones de la Unión o si seguirá dando prioridad a la retórica política de “recuperar el control” por encima de los intereses económicos de sectores enteros.
El enorme coste inicial de la flexibilidad tiene una ventaja. Algunas decisiones que hoy parecen difíciles desde el punto de vista político —como ceder a las exigencias de Estados Unidos sobre normas alimentarias como requisito para obtener un acuerdo de libre comercio— quizá sean más fáciles una vez que se haya pagado el precio de la divergencia. Pero también puede suceder lo contrario: obtener la flexibilidad sin intención de utilizarla jamás, por motivos políticos o de otro tipo, tiene un coste muy elevado. La flexibilidad porque sí es un ejercicio muy caro, y que resulta muy difícil de rectificar.
El artículo original se ha publicado en CER.
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia
