Existen dos grandes visiones en conflicto en el corazón de Europa sobre la integración de las personas extranjeras y ambas afectan de formas muy diferentes a los inmigrantes musulmanes. Las nuevas políticas dependerán de cuál de ellas termine imponiéndose.
La regulación migratoria no nace en el vacío ni tampoco se construye sobre un suelo empedrado con buenas o malas intenciones. Eso es cosa de los tertulianos. En realidad, su configuración tiene que ver, esencialmente, con la respuesta que demos a las siguientes preguntas: ¿deben ser tratados los inmigrantes legales igual que los nacionales? ¿Se les puede exigir que conozcan y acepten determinados valores en las sociedades de acogida o basta con que conozcan y acaten las leyes?
Dos grandes escuelas parten de respuestas completamente distintas a estas dos preguntas y, en consecuencia, proponen recetas muy diferentes sobre cómo debe llevarse a cabo la integración. La primera, más alineada con países nórdicos como Suecia, considera que las personas extranjeras que tienen los papeles en regla pueden limitarse a cumplir las leyes –sin necesidad de compartir los principales valores de sus nuevas sociedades– y deben acceder lo antes posible a prácticamente los mismos derechos y garantías que los nacionales del país receptor con excepciones temporales como la participación en las elecciones generales.
Sus detractores señalan que esta postura facilita el abuso de los servicios públicos por parte de los extranjeros, que los subsidios excesivos hacen que no acepten empleos con salarios bajos –los únicos muchas veces para los que están verdaderamente cualificados–, que los más necesitados de los países de acogida pueden sentirse discriminados frente a unas personas que, a diferencia de ellos, no han pagado durante décadas los impuestos nacionales que permiten ...
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