Existen avances en materia de inclusión de las personas con discapacidad en la región, pero son escasos. He aquí una radiografía de la situación de las personas con diversidad funcional en América Latina y cuáles son sus retos.
El 15% de la población mundial vive con algún tipo de diversidad funcional. Son personas que en muchos casos sufren contextos socioeconómicos adversos. Ante una situación de la que apenas existen datos, encuentros como la II Cumbre Global, celebrada recientemente en Argentina, exigen medidas prácticas que concreten lo que ya reflejan algunos textos legales.
“Es primordial recordar que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que todos”. La frase parece de Perogrullo. Pero, pronunciada por alguien que va en silla de ruedas, obliga a detenerse sobre las desigualdades que sufren quienes viven con algún tipo de diversidad funcional.
Lenín Moreno, presidente de Ecuador y que va en silla de ruedas desde 1998 tras recibir un disparo en un asalto, fue quien subrayó dicha frase, durante la inauguración de la I Cumbre Global sobre Discapacidades, que tuvo lugar en Londres hace un año. En su intervención recordó alguna de las medidas puestas en marcha en su país para lograr mejoras efectivas, más allá de los discursos. “Cuando ejercí la vicepresidencia, el Gobierno declaró en emergencia la discapacidad. Ese es el primer paso para asegurarse de que este tema tenga prioridad en el Estado y alcance la relevancia que amerita”, afirmó en referencia a su papel en el anterior Ejecutivo.
“En un primer momento, durante la campaña electoral, la situación de que vaya en silla de ruedas se usó como algo positivo, como un desafío. Pero recibió ataques muy fuertes del resto de los rivales”, explica desde Ecuador una analista que prefiere mantenerse en el anonimato. La exigencia de otro de los candidatos para participar en un debate electoral evidencia que la silla de ruedas de Moreno fue utilizada también políticamente: puso como condición que todos los participantes tuvieran que debatir de pie.
“Pero desde que está en el Gobierno no he visto ningún avance. Es verdad que existe un marco regulatorio interesante que recoge, por ejemplo, que el 5% de quienes trabajan en empresas e instituciones tienen que tener algún grado de discapacidad, pero no se está haciendo seguimiento. Ahora mismo, la inclusión de la discapacidad no está ni en la agenda política ni en la mediática, como tampoco es un tema social. Todo eso se ha dejado de lado”, añade la experta. Las barreras arquitectónicas, por ejemplo, son más que evidentes en distintas ciudades ecuatorianas.
Encuentro mundial
Buenos Aires ha acogido recientemente el testigo de Londres, convirtiéndose a principios de junio en la sede de la II Cumbre Global sobre Discapacidades, en la que participaron 23 países. La cita surgió porque esta no ha sido debidamente abordada a escala mundial, y con la intención de "garantizar que las personas con discapacidad sean incluidas sistemática y consistentemente en el desarrollo inclusivo y en la asistencia humanitaria". A falta de que se publique el informe final de conclusiones, desde la organización explican que la cita sirvió para ver el trabajo que se está haciendo desde la tecnología, la educación, el turismo, el deporte, así como las propuestas de diversas entidades y políticas públicas.
En las periferias del evento, calificado por los medios locales como “anticumbre”, diversas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos denunciaron el desmantelamiento de la gestión estatal de pensiones que se vive actualmente en Argentina. “Ya en la cumbre de Londres, [la vicepresidenta Gabriela] Michetti aseguró que había tres millones de personas con discapacidad, cuando desde el censo de 2010 se sabe que hay cinco millones”, afirmó la secretaria de una organización del sector al diario Tiempo. Este mismo medio recoge que desde 2017 se eliminaron más de 170.000 pensiones vinculadas con algún tipo de discapacidad en el país.
El argentino Juan Cobeñas, que cuenta con muy poca movilidad e interactúa a través de un sistema alternativo y aumentativo porque no puede hablar, participó en la cumbre, a pesar de ser muy crítico con las políticas públicas. “A los gobiernos les hace falta escuchar a la sociedad civil. Tenemos mucha experiencia y sabemos qué hacer. Solo nos tienen que escuchar, no hay tiempo de otra cosa”. En Argentina, cuenta a esglobal, existen leyes adecuadas en cuanto a la accesibilidad física, “pero que no se cumplen, y el Estado no hace lo necesario para monitorear y exigir su cumplimiento”.
Un 15% de la población mundial vive con algún tipo de diversidad, personas que en muchos casos sufren contextos socioeconómicos adversos, cuentan con menor nivel de educación, tienen un peor estado de salud, así como niveles inferiores de ocupación y presentan tasas más altas de pobreza, según el Banco Mundial. “Las personas con discapacidad enfrentan tasas de desempleo e inactividad económica que triplican o cuadriplican al resto de la población y su exclusión, según el Banco Mundial, puede costar entre el 4 y el 7% del Producto Interior Bruto”, afirma Facundo Chávez, asesor en Derechos Humanos y Discapacidad de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y uno de los ponentes en la cumbre argentina.
La ausencia de datos es una de las claves para abordar la cuestión de la discapacidad. El último informe mundial al respecto, elaborado por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, data de 2011. Una invisibilidad estadística que ha sido criticada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que estima que el porcentaje de personas con discapacidad en América Latina es de alrededor del 12,5%.
Multiplicidad de factores
La dificultad de abordar la situación de quienes presentan diversidad funcional no es solo una cuestión falta de estudios y cifras, sino que responde a una multiplicidad de factores. La CEPAL, en su informe Panorama Social de América Latina 2018, recoge que la diversidad de la población con discapacidad reclama enfoques diferenciados que respondan no solo a los distintos tipos y grados de discapacidad, sino también a las múltiples realidades y experiencias que dependen del género, la condición étnico-racial, el lugar de la residencia o la edad. Y es que, todo ello limita las posibilidades de inclusión. “Avanzar hacia la plena inclusión de la población con discapacidad requiere un cambio cultural: un giro hacia la total valoración de la diversidad humana”, concluye el organismo.
“América Latina se caracteriza por una mayor cantidad de personas con discapacidad en extrema pobreza, donde las desigualdades nos sitúan en un contexto de vulnerabilidad al no tener equidad de oportunidades para tener una calidad de educación, acceso a salud, rehabilitación, trabajo, acceso a la justicia, igualdad de género, entre otros derechos que se han negado por siglos”, explica a este medio Angélica Monteagudo, salvadoreña que usa silla de ruedas desde los tres años. La también presidenta de Fundación Sendas apunta que la segunda cumbre global, en la que participó como ponente, “fue una oportunidad para empoderar a las personas con discapacidad de la región, para luchar por el respeto a sus derechos y para que se alce la voz”. Y también para “superar la mirada de compasión y mendicidad hacia las personas con discapacidad”.
“Si bien se han logrado algunos avances tras la ratificación de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad en los países de América Latina, estos avances han sido poco significativos para cambiar las condiciones de una vida llena de marginación y pobreza, ya que han tenido un impacto desigual y no han sido suficientes para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad en la región”, recoge la declaración de la sociedad civil en II Cumbre Global sobre Discapacidades a la que ha tenido acceso este medio.
Precisamente, y casi de forma paralela a la cumbre argentina, la sede de Naciones Unidas acogió un encuentro enmarcado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, creada en 2006. Tal vez, la parte más noticiable fue el anuncio del secretario general de la ONU, António Guterres, quien prometió un proyecto para hacer más inclusivos los espacios y las oficinas de esta organización internacional.
La apuesta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
La Agenda 2030 de Naciones Unidas aborda la cuestión de la diversidad de manera transversal. Por ello, analizar sus avances permite conocer cifras más concretas. Por ejemplo, apenas el 31% de las personas con discapacidad mayor de 15 años tiene un empleo en la región de América Latina y el Caribe, cuando el porcentaje de empleabilidad para la población sin ningún tipo de diversidad funcional se eleva hasta el 58%. En un análisis por regiones, dicha área geográfica solo supera a África, al Magreb y al Sureste Asiático, quedando muy lejos de Oceanía, donde la relación de personas con discapacidad empleadas es del 47%.
La Organización Iberoamericana de Seguridad Social señala que todos los países de América Latina cuentan con leyes específicas de protección de las personas con discapacidad, y que todos ellos contienen disposiciones dirigidas a promover su inclusión social y laboral. Pero las cifras demuestran que las legislaciones aún están muy alejadas de su aplicación real. “Existe un andamiaje internacional sin precedentes, ya sea en derechos humanos, en la agenda de desarrollo, o en materia humanitaria; la prioridad debe ser ahora implementar estas agendas y enfocar los esfuerzos en que estas sirvan para cambiar la vida de las personas con discapacidad en cualquier contexto que sea”, subraya el técnico de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
El informe Disability and Development Report 2018, publicado recientemente por Naciones Unidas, revisa datos, políticas y programas e identifica las mejores prácticas, relacionando la discapacidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sin embargo, el hecho de que cada país recoja los datos de manera desigual dificulta los análisis. En sus más de 350 páginas ofrece ejemplos como que en Ecuador, México y Panamá existen importantes brechas en el acceso a la educación: en estos tres países, las personas con discapacidad suelen permanecer en la escuela unos cuatro años menos de media. Además, generalmente los hombres con discapacidad tienen mayores tasas de alfabetización que las mujeres, si bien la situación se invierte en Brasil, Costa Rica, la República Dominicana y Uruguay. Otro ejemplo es Chile, donde el salario promedio de una persona con discapacidad es un 16% más bajo que el de una que no la tiene.
El técnico de la ONU subraya que no existe en la región latinoamericana, o en otra, un país que sea modelo en todas las áreas. En cambio, sí hay, a su juicio, países con buenas prácticas en áreas específicas y cita algunos ejemplos: Perú y Colombia, en reforma legal y capacidad jurídica; Ecuador, en prevención de riesgo de desastres; Uruguay y Argentina avanzan en materia de educación inclusiva y Paraguay cuenta con un plan de acción que fue muy participativo. “Se están haciendo algunas cosas bien en varios países, pero no son modélicas, son parciales y no son suficientes. Hace falta tomar decisiones más serias con presupuesto adecuado, políticas que lleguen a todas las personas que lo necesiten”, añade Juan Cobeñas, que es miembro fundador de Asociación Azul.
“Hay mucho trabajo que hacer en materia de inclusión de las personas con discapacidad en toda América Latina. Hemos avanzado muy poco. Entre los retos figura lograr la voluntad política del Estado e incidir para que la inclusión de las personas con discapacidad sea un eje transversal en las políticas públicas”, concluye Angélica Monteagudo, cuyo país, El Salvador, apenas se menciona en el citado informe.
