A pesar del aperturismo democrático conquistado en los últimos años, el Sureste Asiático sigue obviando la separación de poderes como principio fundacional. He aquí cuatro casos donde la justicia es un arma más para silenciar a la oposición. Cárcel o destierro son las penas preferidas por los gobiernos.

 

El oposito, Sam Rainsy, en Phnom Penh, Camboya, antes de su exilio en Reino Unido. (Omar Havana/Getty Images)
El oposito, Sam Rainsy, en Phnom Penh, Camboya, antes de su exilio en Francia. (Omar Havana/Getty Images)

Camboya

Tras más de tres décadas en el poder, Hun Sen, el excomandante jemer que lidera Camboya con mano de hierro desde 1985, pretende prolongar su mandato más allá de 2018. Poco importan las acusaciones de corrupción y nepotismo, el primer ministro camboyano está dispuesto a eternizarse en el poder y su primera medida para lograrlo ha sido perseguir judicialmente a la oposición.

Su histórico rival, Sam Rainsy, se mantiene en el exilio en Francia desde el pasado mes de noviembre después de que la Justicia emitiese una orden de arresto contra él por sus críticas a Hun Sen. En 2009, Rainsy, cofundador del Cambodia National Rescue Party (CNRP), ya tuvo que exiliarse tras haber sido condenado por incitar el odio racial y destruir propiedad pública durante una manifestación en la que acusó al Gobierno de ceder territorio nacional a Vietnam.

Con la vista puesta en las cruciales elecciones locales del próximo año y en los comicios generales de 2018, Hun Sen está decidido a descabezar a la oposición para evitar que la sociedad le vuelva definitivamente la espalda tras ver como en 2013 su mayoría se reducía de 90 a 68 escaños víctima de la “corrupción”, apunta Sophal Ear, autor de Aid Dependence in Cambodia: How Foreign Assistance Undermines Democracy y uno de los pensadores más respetados del país. El número dos del CNRP, Kem Sokha, es su próximo objetivo.

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