El país latinoamericano es el segundo productor global de armas de pequeño porte y el cuarto vendedor de armas y de municiones en el mundo.
Desde marzo de 2015, Arabia Saudí encabeza una coalición de 10 países árabes que libran una guerra en toda regla contra los rebeldes hutíes en Yemen. En poco más de dos años han muerto cerca de 12.000 civiles y hay unos 3,5 millones de desplazados. Muchas ONG internacionales denuncian abusos y violaciones de los derechos humanos en uno de los conflictos más ignorados por la prensa internacional, a pesar de su gravedad. La ONG Médicos sin Fronteras lleva tiempo llamando la atención sobre los bombardeos sistemáticos contra los hospitales yemeníes. Unicef y la FAO, por su parte, alertan de que 14 millones de yemeníes están un una situación límite de inseguridad alimentaria.
Recientemente la ONU ha declarado que el mundo atraviesa la peor crisis humanitaria desde 1945 por la situación dramática que se vive en Yemen, Sudán, Somalia y Nigeria. En el caso de la guerra yemení, lo que se esconde detrás de los bombardeos es un negocio redondo para países como Estados Unidos y Reino Unido, que en dos años han vendido a Arabia Saudí armas por un valor superior a los 5.000 millones de dólares, según informa Amnistía Internacional. Sin embargo, las grandes potencias tradicionales no son las únicas que están lucrándose gracias a este conflicto.
El año pasado, dos ejecutivos de la empresa brasileña Taurus –uno de los fabricantes de armas de fuego más grandes en América Latina– fueron investigados por la venta de 8.000 pistolas a un intermediario yemení, Fares Mohamed Hasán Mana’a, que en 2013 habría pasado este cargamento a los rebeldes hutíes. Ambos ejecutivos están acusados de negociar una segunda partida de 11.000 armas en 2015, año en que la Policía Federal de Brasil intervino para bloquear la operación. Incluido en 2010 en la lista de la ONU de traficantes internacionales de armamentos, Mana’a es acusado de suministrar armas al grupo extremista somalí Al Shabaab y a piratas de la región.
“Yemen es tan solo la punta del iceberg. Lo que hemos descubierto hasta ahora ha sido por casualidad. Esto nos hace pensar que puede haber mucho más”, explica a esglobal Robert Muggah, director del departamento de investigación del Instituto Igarapé, un think tank independiente especializado en temas de seguridad, justicia y desarrollo. “Cuando supimos de esta investigación, nos preguntamos: ¿qué diablos hacen las pistolas brasileñas en un lugar como Yemen? Brasil no es Rusia, ni China o Estados Unidos: es un operador inesperado en el mercado global de armas, tanto en el legal como en el ilegal. Creo que Brasil está buscando nuevas oportunidades de negocio en esta región”, agrega Muggah.
No es la primera vez que armas brasileñas aparecen en el conflicto yemení. A finales de 2016, investigadores de la ONG Human Rights Watch descubrieron en este país bombas de racimo sin explotar. Es un tipo de artefacto que está prohibido desde 2010, tras la ratificación de la Convención pertinente firmada en Oslo. Las sospechas sobre la procedencia de estas bombas apuntan a Avibras Industria Aeroespacial, una empresa de São José dos Campos, en el Estado de São Paulo. Desde 1980 Brasil ha vendido armas a varios países acusados de violar los derechos humanos como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Libia, Irán, Irak y Zimbabue, entre otros.
Datos de la ONG Small Arm Sourvey y del Instituto Igarapé muestran que Brasil es el segundo productor global de armas de pequeño porte tras Estados Unidos. Además, es el cuarto vendedor de armas y de municiones en el mundo, pero en Occidente es el segundo. Entre 2001 y 2012, Brasil vendió armas por un valor de 2.800 millones de dólares (unos 2.375 millones de euros). Solo EE UU, Italia y Alemania superan estos datos. El gigante suramericano oficialmente no tiene enemigos declarados. Sin embargo, su Gobierno intenta conquistar mercados en nuevos territorios en un campo tradicionalmente dominado por potencias como Estados Unidos, Rusia, Francia, Gran Bretaña e Italia.
“Hasta el año pasado nadie sabía que Brasil estaba vendiendo armas a países como Yemen. Hoy la novena economía el mundo es también el cuarto mayor exportador de armas. Es algo que sorprende bastante por dos razones. Primero, porque no tiene un gran peso internacional y, segundo, porque es un país no alineado, que en teoría promueve valores como la solidaridad, la paz y la cooperación. Es una contradicción”, señala Robert Muggah.
El Instituto Igarapé denuncia que armas y municiones fabricadas en Brasil han sido usadas en todo el mundo para reprimir protestas y alimentar conflictos. Durante la Primavera Árabe, en 2011, las fuerzas de seguridad de varios Gobiernos recurrieron a armas de fabricación brasileña. Dos años después, armamentos de Brasil también fueron utilizados en la Plaza Taksim, en Estambul, donde millares de manifestantes fueron brutalmente reprimidos por la Policía turca. En Venezuela las fuerzas policiales y la Guardia Nacional también han empleado artefactos no letales procedentes de Brasil, como granadas de aturdimiento, gas lacrimógeno y balas de goma, con el fin de silenciar a los opositores.
Lo cuenta Muggah en un artículo del diario New York Times: “Brasil autoriza constantemente ventas de armas a países con antecedentes negativos en cuanto a derechos humanos. El país ha firmado convenios importantes no solo con Arabia Saudí, sino también con Egipto, Libia, Irán, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Zimbabue y docenas de países por todo Medio Oriente y África, desde 1980. Las empresas brasileñas también han aumentado las ventas de armas no letales, como gas lacrimógeno y gas pimienta, además de granadas de conmoción y de humo. Algunas de estas armas han salido a la luz en Bahréin, Turquía y Egipto durante los esfuerzos de la policía para reprimir manifestaciones en favor de la democracia”.
El pasado mes de abril, en la misma semana en que en Río de Janeiro se celebraba una conocidísima feria de armas, algunos periódicos brasileños revelaban que el ministerio de Exteriores de Brasil está orientando sus embajadas a promover la venta de armas de fabricación nacional. Una circular oficial, filtrada por el Instituto Igarapé y el Instituto Sou da Paz a la prensa, revela que la industria bélica y de armamento es considerada una prioridad para la promoción comercial de Brasil en 2017. Este sector mueve 200.000 millones de reales cada año (53.000 millones de euros), equivalente al 3,7% del PIB. Además, emplea a 30.000 personas directamente y a cerca de 120.000 de forma indirecta.
La circular, enviada en diciembre de 2016, insta a los diplomáticos brasileños a promover eventos, misiones empresariales y seminarios con el objetivo de incentivar las exportaciones de armas. “Actualmente la industria de defensa brasileña presenta un nivel bajo de internacionalización… Para crecer y contar con un mínimo de previsión en la producción, es imprescindible que las empresas brasileñas conquisten mercados en el exterior”, se puede leer en la circular. El ministerio de Exteriores estaría instruyendo a los diplomáticos a centrarse en países de Europa, Asia, Medio Oriente y África.
Para la dirección del Instituto Sou da Paz, con sede en São Paulo, es irresponsable que el Gobierno de Brasil promueva un aumento de las exportaciones de armas sin antes perfeccionar el proceso de concesiones de licencias de venta. “No estamos contra el incentivo a la industria bélica, pero nos preocupa el control inadecuado de las ventas de armas en el exterior”, afirma Bruno Langeani, coordinador del área de Justicia de esta ONG. “Es preciso garantizar que el comprador final no está en un país en guerra y que se consiga garantir la seguridad de los armamentos”, añade.
El Instituto Igarapé denuncia que Brasil no es transparente en lo que se refiere a datos sobre armamentos. “Todos los países tienen una legislación que regula la venta de armas a otros Estados, y a empresas privadas o individuos de otros países. La de Brasil es de 1974, un periodo en que había una dictadura, poca transparencia y altos gastos militares”, cuenta Muggah. “Este texto ha sido reformado en cuatro ocasiones, en 1981, 1983, 1990 y en 1993. Sin embargo, ninguna de estas reformas ha mejorado la transparencia sobre cómo Brasil conduce su venta de armas en el extranjero”, agrega.
A principio de la década de 2000 la regulación del mercado de armas comenzó a ser discutida tanto en Brasil como a nivel internacional. “La diferencia es que otros países como EE UU, España o Italia han avanzado mucho en este sentido. Sin embargo, Brasil hoy sigue sin ser transparente. Grandes empresas como Taurus y Compañía Brasileña de Cartuchos (CBC) tienen lobbies muy agresivos que presionan al Gobierno brasileño para que haya menos transparencia e incluso para poder vender más a privados y no solo a Estados”, señala Muggah.
“El Ejército ejecuta sus atribuciones de control y fiscalización, previstas en la legislación, referentes a la exportación de productos controlados para compradores debidamente regularizados. Sin embargo, el Ejército no se responsabiliza por el destino del producto después de la salida del país”, aseguran a esglobal fuentes oficiales de la Fuerzas Armadas brasileñas. La Política Nacional de Exportación de Material de Empleo Militar (PNEMEM) es el instrumento legal que regula la fiscalización de la exportación de destinado a uso militar.
La financiación del BNDES
A partir de 2008, durante el segundo Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, hubo una propuesta de reorganizar la industria defensiva de Brasil. “Lo que se pretendía es que este sector pudiese conseguir subsidios del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). La idea era crear una industria de defensa dinámica y competitiva. Esto incluía ayudas no solo a la industria aeronáutica, sino también a la producción de armamentos”, recuerda Muggah. Hoy las empresas brasileñas de armas reciben apoyo financiero y conspicuas exenciones fiscales, gracias a una ley introducida en la época de Dilma Rousseff.
Un informe publicado por el Instituto Igarapé señala que entre 2008 y 2015 Taurus recibió 16,7 millones de dólares en préstamos con bajos intereses. CBC, una de los productoras de municiones más grandes del mundo y que también es accionista mayoritario de Taurus, recibió 2,9 millones de dólares en préstamos durante los últimos ocho años. El sector de la defensa de Brasil, excepto la aeronáutica, logró en total 70,5 millones de dólares de BNDES en el mismo periodo. Los incentivos fiscales representaron para estas empresas un ahorro de entre un 13% y un 18% de su balance anual. Cabe destacar que en la actualidad el BNDES está implicado en el escándalo de corrupción más grande de Brasil, junto a la petrolera estatal Petrobras.
En línea con la internalización de la industria bélica de Brasil, el ministro de Defensa, Raul Jungmann, anunció en abril de este año que el BNDES ofrecerá créditos para financiar a los países que quieran comprar productos de la industria brasileña de defensa y seguridad, o sea, armas. “En términos globales, estamos viviendo un momento que en el pasado llamábamos de rearme. El mercado de defensa es un mercado en expansión y Brasil precisa tener condiciones para competir en condiciones de igualdad”, dijo Jungmann.
“La realidad es que nadie sabe a ciencia cierta cuántas armas vende Brasil en el mundo, ni si lo hace a Gobiernos que violan los derechos humanos o a intermediarios. Las políticas de exportación de armamento del país tropical no son transparentes. Carecen de la vigilancia y de los mecanismos adecuados para garantizar que se cumplan las leyes internacionales”, resume Muggah. El Instituto Igarapé pretende que haya controles en la venta de armas para que no caigan en manos de países o grupos de guerrilleros que violan sistemáticamente los derechos humanos.
Para complicar el escenario, hay que recordar que Brasil todavía no ha ratificado el Tratado de Comercio de Armas (TCA), un acuerdo que firmó en 2013 y que prohíbe transferir armas convencionales a Estados y agentes que representen un alto riesgo de cometer delitos contra de la humanidad. Este tratado también exige a los Gobiernos que estudien la posibilidad de que las armas sean desviadas y acaben causando violaciones a las leyes humanitarias, como ocurrió en el caso del traficante Mana’a, en Yemen.
