El presidente Ibrahim Traoré ha reforzado el papel de los Voluntarios para la Defensa de la Patria (VDP) en la lucha de Burkina Faso contra los terroristas. Aunque las milicias de los VDP contribuyen a la seguridad del territorio nacional, también alimentan la violencia. Las autoridades, con la ayuda de sus socios externos, deben contenerlas.
¿Qué ha ocurrido? Desde que tomó el poder en Burkina Faso, en septiembre de 2022, el presidente Ibrahim Traoré empezó a armar a decenas de miles de civiles, los llamados Voluntarios de Defensa de la Patria (VDP). Así ha incrementado considerablemente el uso de los cuerpos auxiliares creados en 2020 para reforzar la campaña del Ejército contra las fuerzas yihadistas.
¿Por qué es importante? El uso de los VDP es un arma de doble filo. Ayudan a defender el territorio nacional de los grupos terroristas porque refuerzan las operaciones de contrainsurgencia. Pero, como el entrenamiento y la supervisión que les proporcionan las fuerzas armadas son insuficientes, los voluntarios sufren numerosas bajas. Y la población civil acaba, cada vez más, atrapada en el fuego cruzado entre ellos y los yihadistas.
¿Qué se debería hacer? Las autoridades deben reclutar menos VDP y seguir integrando en las fuerzas armadas regulares a los ya alistados, con ciertas condiciones. Deben mejorar el entrenamiento, la supervisión y la representatividad de los VDP. Deben sancionar a todos los que hayan cometido abusos demostrados y mejorar las relaciones con las comunidades excluidas del reclutamiento. Los socios externos pueden facilitar esta tarea.
Los Voluntarios para la Defensa de la Patria (Volontaires pour la défense de la patrie, VDP) son un instrumento clave de la estrategia de contrainsurgencia de las autoridades de Burkina Faso. El presidente Ibrahim Traoré ha llevado a cabo con estos civiles armados una especie de movilización patriótica contra los terroristas, para compensar las limitaciones de las fuerzas armadas en cuanto al número de soldados y la cobertura geográfica. Pero los VDP, que con frecuencia acaban en primera línea a pesar de estar mal entrenados, sufren grandes bajas. Por si fuera poco, las acciones de algunos de esos voluntarios incluso contribuyen a fomentar la inseguridad y socavar la cohesión social. Los observadores los acusan de atacar a civiles, especialmente los fulani, y no pagar por sus crímenes. Y además, su presencia en las ciudades y pueblos expone a los civiles a las represalias yihadistas. Para disminuir esos riesgos, las autoridades de Burkina Faso deben reducir el reclutamiento de voluntarios y mejorar, en cambio, el uso de las fuerzas armadas regulares. También deben reforzar los mecanismos de control, con el fin de castigar cualquier delito probado, y mejorar sus relaciones con las comunidades excluidas del reclutamiento.
En enero de 2020, el presidente Roch Marc Christian Kaboré creó los VDP para luchar contra los grupos yihadistas y los colocó bajo la autoridad del Ministerio de Defensa. Antes de esa fecha, ya había grupos de civiles armados, conocidos como Koglweogo (“guardianes del monte” en mooré, la principal lengua del país), que combatían contra los bandidos en muchas regiones. Los primeros grupos de autodefensa de ese tipo habían nacido en 2013 gracias a iniciativas populares locales; coincidieron con el final del régimen del presidente Blaise Compaoré, un periodo caracterizado por el aumento de la inseguridad. A partir de 2017, los koglweogo se vieron inmersos en enfrentamientos con los yihadistas que estaban surgiendo en el país. Abrumado por la fuerza de los terroristas, Kaboré convirtió a los koglweogo en un cuerpo auxiliar. Sin embargo, estas unidades tenían bastantes carencias, porque nunca recibieron el apoyo prometido por las autoridades. Muchas se disolvieron entre 2021 y 2022. El régimen del teniente coronel Paul-Henri Damiba, que llegó al poder con un golpe de Estado en enero de 2022, no supuso ningún cambio fundamental en esta situación.
Cuando el presidente Traoré se hizo con el poder, en septiembre de 2022 y tras un segundo golpe de Estado, anunció el reclutamiento de 50.000 nuevos miembros para los VDP con el fin de recobrar el control del territorio nacional. La iniciativa, financiada en parte por un nuevo Fondo de Apoyo Patriótico que acepta aportaciones de la población, ha sido muy popular hasta ahora. Aunque los VDP se están desplegando por todo el país, siguen concentrados en las zonas urbanas. La expansión gradual a las zonas rurales se encuentra con grandes obstáculos, porque los terroristas son más fuertes en el campo. Los VDP, que constituyen un importante activo militar, sufren numerosas bajas y suelen criticar al Ejército por no apoyarlos lo suficiente. Por ahora, el objeto de ese descontento creciente son más las fuerzas armadas que Traoré, que sigue contando con grandes apoyos entre sus filas.
El objetivo de movilizar a las decenas de miles de milicianos es resolver el problema de la inseguridad, pero lo paradójico es que sus actos contribuyen a la escalada de violencia por los presuntos delitos que cometen algunos de ellos contra la población civil, con las consiguientes espirales de represalias entre las distintas facciones armadas. El reclutamiento de los VDP ha ido muchas veces en detrimento de las comunidades fulani, a las que las autoridades y los auxiliares suelen considerar sospechosas de complicidad con los yihadistas. En este contexto de desconfianza, algunos VDP abusan de su autoridad para saldar disputas locales, muchas veces por asuntos de tierras. A medida que los VDP se despliegan por más zonas del país, también se extiende la violencia contra la población civil, que llega a comunidades que antes eran seguras. Se han investigado abusos y se han emprendido acciones legales contra algunos VDP. Pero siguen tomándose medidas limitadas, sobre todo en relación con presuntos actos de violencia de masas. Por otra parte, los terroristas atacan las aldeas en las que se ha reclutado a los VDP y causan numerosas víctimas civiles.
Muchos socios occidentales de Burkina Faso han suspendido su cooperación con Uagadugu desde el segundo golpe de Estado o, como mínimo, se muestran reacios a poner en marcha nuevos proyectos. Su situación es compleja. Por un lado, están perplejos ante la decisión del régimen de recurrir tanto a los VDP. Algunos socios tienen reparos de principio a que se arme a civiles, mientras que otros rechazan los problemas prácticos de reclutar voluntarios, por lo que no pueden satisfacer la demanda del nuevo régimen de proporcionar armas a decenas de miles de VDP. Por otro lado, esos mismos socios llevan varios años dando prioridad a las inversiones en iniciativas de seguridad, así que no tienen claro que haya que interrumpir de pronto su campaña en este sentido con el consiguiente peligro de sacrificar los beneficios de la inversión. También temen que, si las nuevas autoridades no ven satisfechas sus demandas de financiación en materia de seguridad, decidan pedir ayuda a Rusia, como ocurrió en Malí. Esa es precisamente la perspectiva que se ha ido viendo cada vez más cerca desde la cumbre Rusia-África de julio.
En 2020, Crisis Group expresó su preocupación por la posibilidad de que la creación de los VDP acabara siendo un arma de doble filo, un temor que ahora se confirma. No obstante, ahora que las autoridades han convertido a la fuerza de voluntarios en el núcleo central de su plan de seguridad, no pueden dar marcha atrás así como así sin correr peligro de socavar la seguridad. Además, los VDP son una importante base de apoyo al presidente Traoré.
Aunque no abandonen esta estrategia, las autoridades sí pueden tomar medidas para mitigar sus efectos nocivos. Deben frenar el reclutamiento de voluntarios y seguir integrando en el Ejército a alistados, con ciertas condiciones, al mismo tiempo que refuerzan los mecanismos para supervisar a los nuevos soldados dentro del propio Ejército, al que se acusa a menudo de cometer actos violentos contra la población civil. Asimismo, las autoridades deben crear los mecanismos de control comunitarios previstos en las leyes para reducir el riesgo de posibles abusos por parte de los VDP. Por último, deben intentar que toda esa violencia repercuta menos en la cohesión social local y fomentar el diálogo con las comunidades que hasta ahora, en la práctica, han quedado excluidas de los VDP.
Por su parte, los socios externos del país, fundamentalmente occidentales, no pueden contribuir a armar y ni siquiera a los VDP. Pero sí pueden ayudar a establecer mecanismos que permitan controlar mejor las acciones de los voluntarios y reducir los posibles abusos. Más en general, los socios deben dar menos prioridad a las inversiones en seguridad si esos proyectos son difíciles de conciliar con el punto de vista de las nuevas autoridades. En concreto, la Unión Europea debe seguir intentando convencer a los dirigentes de Burkina Faso de que su ayuda en otros ámbitos como la cohesión social y la ayuda humanitaria es esencial y dar prioridad a esa orientación. Estados Unidos, que sigue teniendo influencia en el país, podría encabezar una coalición informal de socios para entablar un diálogo con las autoridades y poder garantizar que los VDP dejen de ser parte del problema para ser una solución.
El artículo original ha sido publicado en inglés en International Crisis Group.
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia
