La pobreza del sur del país hace de esta zona caldo de cultivo para las protestas. Chiapas, el estado donde triunfó el Zapatismo, vuelve a estar en pie, ahora contra la reforma educativa que propone el Gobierno mexicano.
Casi todas las principales carreteras están cerradas en varios estados mexicanos y hay un desabastecimiento de crudo y de otros bienes básicos desde hace semanas en las regiones donde los maestros se mantienen firmes en su oposición hacia la reforma educativa. Este es el panorama en varios estados de México, en pleno proceso de diálogo entre maestros y Gobierno. Ha habido varias conversaciones hasta ahora, desde que el Ejecutivo accediese a dialogar, tras los acontecimientos en Oaxaca, donde murieron varios civiles tras la intervención de la policía federal para frenar las protestas. Hasta ahora no se ha llegado a ningún acuerdo, aunque el proceso sigue en pie.
Los docentes de cuatro estados mexicanos, como son Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero, llevan acampados en las capitales de esas regiones desde el pasado 15 de mayo, cerrando y bloqueando a diario las carreteras principales para presionar al Gobierno con sus peticiones frente a la reforma. En Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, educadores y muchas familias en solidaridad con ellos, llevan ya dos meses viviendo entre palés que usan como cama. De ocho de la mañana a ocho de la tarde, la mayoría de los acampados se movilizan hacia las carreteras más importantes del estado para participar en el bloqueo.
La desigualdad y la violencia como base de las quejas
No es casualidad que los cuatro estados que se mantienen en pie contra la implementación de la reforma educativa sean los ya mencionados: Chiapas primero, y Oaxaca después, son las dos regiones del país con mayores índices de pobreza. También ambos son los que tienen mayor porcentaje de población indígena, que tienden a ser las más afectadas por la desigualdad en América Latina. Por su parte, Guerrero y Michoacán son dos de los más afectados por la violencia y las redes de narcotráfico, de acuerdo con el último informe del Instituto para la Economía y la Paz (IEP), presentado a comienzos de año. Hace unas semanas, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dio a conocer la evolución de las carencias sociales durante el periodo 1990-2015, concluyendo que Chiapas, Oaxaca y Guerrero son los estados con mayores carencias asociadas al rezago educativo, el acceso a los servicios de salud, la calidad y espacios de la vivienda y a los servicios básicos.
Se respira desesperación entre los maestros chiapanecos. Comienzan a hablar de la reforma educativa y continúan mencionando la pobreza de la región, la desnutrición infantil o del número de niños que no pueden estudiar porque deben trabajar para dar apoyo económico a sus familias. En Chiapas, se comienza hablando de la reforma y acaban saliendo a la luz las frustraciones de unos ciudadanos que se sienten abandonados por el gobierno central de México, según comentan los propios maestros desde uno de los bloqueos situados a las puertas de Tuxtla Gutiérrez.
¿Una reforma laboral?
La reforma educativa que el gobierno de Enrique Peña Nieto propone, desde el mismo día en que el presidente llegase al poder en 2012, es tachada por muchos como una reforma laboral, puesto que centra la mejora de la educación en la ejecución de evaluaciones periódicas a los docentes y en la creación de un organismo, el Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación (INEE), que se encarga del control a los educadores, con el objetivo de quitar poder al sindicato el cual, para los partidarios a la normativa del Ejecutivo, tienen demasiada potestad en el sector. Hasta ahora, cuando un maestro consigue plaza de trabajo, esta es para toda su vida laboral. Y estas evaluaciones traerían mayor inestabilidad profesional, lo que, además, afectaría a sus pensiones, como alegan los profesores que recuerdan también la falta de oportunidades laborales en regiones como Chiapas o Oaxaca.
Aquellas voces que están a favor de la reforma educativa plantean una problemática que existe entre los maestros mexicanos históricamente: la venta de plazas de profesores jubilados a otros aspirantes a maestros o la herencia de estas entre padres e hijos. Y creen que la nueva reforma sería una solución a esto. Por su parte, en cuanto a esta medida, los maestros y aquellos que los apoyan tienen varias objeciones. Una de ellas, creen desde el sindicato, es que el Gobierno se olvida de un problema mucho más profundo en la sociedad mexicana y que es la corrupción existente en todos los niveles: “¿quién asegura que con esta medida no haya quien haga a los maestros pagar para aprobar los exámenes conociendo que la corrupción es algo común en este país?”, dice un antiguo maestro, ya jubilado. Además, la principal queja que se escucha es que la reforma hace recaer todo el peso de la falta de calidad en la educación pública sobre los maestros y deja muchos otros problemas sin plantear, algunos que la CNTE o Coordinadora, entidad desligada del sindicato y que lidera las protestas, sí contempla en su contrapropuesta. Entre otros asuntos, los docentes se quejan de que es una reforma hecha igual para todo el país sin tener en cuenta las diferencias de unas regiones y otras. “Hay mucha desnutrición en Chiapas. Un niño con hambre no se preocupa de aprender, ni siquiera puede hacerlo”, explica José Armando Falconi, de la dirección política de la Asamblea Estatal Democrática en Chiapas de la CNTE o Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y añade que hay “muchas escuelas sin mobiliario, donde los niños estudian sobre la tierra, en las que los propios padres deben dar dinero para comprar utensilios como una escoba, o sin sanitarios para los alumnos”. Los profesores comentan desde las barricadas: “es como echarnos la culpa a nosotros de un problema muchos más amplio que no se está tratando de atajar de raíz”.
La contrarreforma que llega desde la CNTE presenta aires idealistas, y quiere buscar una nueva forma de la educación acorde a los valores de la amplia sociedad indígena que vive en el país. Pide al Ejecutivo que invierta más dinero en educación pública para tratar de atajar los mencionados problemas de desnutrición y trabajo infantil, que haya más becas para material escolar y propone que se adapten los contenidos educativos a una idea más humanística propia de la ideología indígena “que sustituya los valores del mercado por la práctica de valores universales”, atendiendo al hecho de que en México, sobre todo en Chiapas, hay una muy amplia minoría de nativos. En cuanto a las evaluaciones, se propone que el Consejo de Evaluación sea a nivel local y propuesto por la comunidad. Esto no convence a aquellos que apoyan la reforma del Gobierno, ya que creen que ayudaría a que puedan continuar las prácticas de compra de puestos de trabajo.
Manuel Gil Antón, profesor e investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, realizó un vídeo que se ha hecho muy popular, tratando de hacer comprender, de forma simple, la propuesta del Ejecutivo: compara el sistema educativo mexicano con un autobús que está muy dañado, con el motor estropeado y los asientos rotos, circulando en un camino sin asfaltar, lleno de baches y cuesta arriba, y que la solución que se propone para mejorar la marcha del vehículo es cambiar al conductor. El investigador cree que es muy “simplista” enfocar la reforma en ir evaluando a los profesores en un país con “50 millones de pobres” y donde hay escuelas que no tienen ni mobiliario para los alumnos.
Los maestros afirman que no van a ceder. Recuerdan que en 2013 ya estuvieron haciendo lo mismo durante más de 80 días y que ahora están más hastiados. “Mira lo que hemos conseguido”, dice Gabriel, un profesor en comunidades indígenas de Chiapas, mirando a su alrededor en uno de los bloqueos. “No pensamos que llegaríamos a tanto, pero la comunidad educativa se siente más fuerte que nunca”, añade.
