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Mujeres y menores iraquíes yazidíes rescatados de Daesh. DELIL SOULEIMAN/AFP via Getty Images

La exhumación de las atrocidades de Daesh busca conducir a Irak hacia la reconciliación, pero el poder de las milicias en un Estado débil, la falta de reconstrucción, el millón y medio de desplazados y las divisiones sectarias obstaculizan los intentos de cerrar heridas.

Abrir fosas comunes para cerrar heridas. El suelo iraquí esconde un millón de desaparecidos, desde las víctimas del régimen de Sadam Huseín (1979-2003) hasta aquellas de Daesh (2014-2017). Los equipos forenses han comenzado las excavaciones en 216 fosas. Su labor es el “preludio a una reconciliación social, coexistencia pacífica y una comunidad segura”, según Dheyaa Kareem Alsa’ade, jefe del Departamento de fosas comunes del Ejecutivo iraquí.

En las 40 excavaciones en marcha en la provincia de Sinjar se espera recuperar los restos mortales de 3.000 víctimas del genocidio yazidí. En esta búsqueda para esclarecer la verdad también se identifican perpetradores. El equipo de investigación de la ONU sobre los crímenes de Daesh (UNITAD en sus siglas en inglés) ha identificado a 160 miembros de esta organización terrorista responsables del genocidio yazidí y a otros 74 líderes del grupo, 17 de los cuales están bajo custodia iraquí.

 

Sentar a Daesh en el banquillo de los acusados

Los tribunales iraquíes procesaron 20.000 casos de terrorismo en 2018 y 2019, pero estos procesos judiciales a supuestos miembros de Daesh violan los estándares internacionales de juicio justo, según la Misión de Asistencia de la ONU para Irak (UNAMI en sus siglas en inglés), entidad que monitoreó 619 juicios por terrorismo en los que se dictaron 106 condenas a muerte.

En el 77% de los juicios, a los abogados de la defensa se les asignó el caso al inicio de la audiencia, sin tener tiempo para familiarizarse con el caso. El 42% de los acusados denunciaron que su confesión había sido extraída bajo tortura pero los jueces “generalmente no cuestionaron las pruebas obtenidas de la confesión”, concluye UNAMI.

Además, en la mayoría de casos no se atribuyeron crímenes concretos, sino que se les juzgó por pertenencia a grupo terrorista, lo que impide distinguir entre los combatientes y los que se unieron bajo coerción. “Te tratan igual si eras cocinero o alguien en lo alto de la jerarquía, esto es un gran problema y puede percibirse como un castigo colectivo”, explica Lahib Higel, analista del think tank International Crisis Group. Higel critica la “falta de iniciativa del Gobierno” que podría haber negociado “amnistías para los que fueron forzados (por Daesh) a realizar ciertos trabajos”. La nula participación de las víctimas en el proceso dificulta el esclarecimiento de la verdad, y por tanto, el cierre de heridas. Irak repite errores del pasado. La tortura y el abuso de la legislación antiterrorista en prisiones como Abu  Ghraib  o Camp Bucca crearon el caldo de cultivo de grupos yihadistas.

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Un soldado iraquí vigila a hombres soepechosos de ser miembros de Daesh en Bagdad. ALI AL-SAADI/AFP via Getty Images

La reforma del sistema judicial iraquí y el establecimiento de un tribunal internacional o híbrido en el país se plantean como solución. Respecto al tribunal internacional se mantiene la incógnita de si se aplicaría la jurisdicción local o internacional, ya que la legislación iraquí contempla la pena de muerte, considerada como violación de derechos humanos en la mayoría de Estados.

También queda sin resolver qué nacionalidades serían juzgadas. Cerca de 53.000 extranjeros se unieron a las filas de Daesh, tanto en Irak como Siria, según un estudio del International Centre for the Study of Radicalisation. Las prisiones iraquíes albergan a cientos de ellos. Los gobiernos europeos son reticentes a repatriarles por la dificultad de documentar sus crímenes en Irak o Siria para condenarles en suelo europeo. Los menores de edad y las mujeres están siendo devueltos a cuentagotas a países como Bélgica, Alemania, Noruega o Rusia. Francia y Reino Unido están entre los gobiernos que solo aceptan de vuelta a menores. Kazajistán es una de las pocos Estados que ha repatriado a combatientes. En el otro extremo, Dinamarca ha retirado la nacionalidad incluso a niños. España sigue sin pronunciarse sobre el destino de los 17 menores y tres mujeres identificados por el diario El País en Siria.

Miembros del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores han solicitado a los gobiernos europeos que repatrien a sus nacionales. La analista de Middle East Institute Hafsa Halawa recuerda que no es “responsabilidad” de Irak juzgar estos combatientes extranjeros y que los Estados europeos “deben asumir la responsabilidad de sus ciudadanos”.

Más difícil parece investigar los crímenes cometidos por las milicias proiranís Fuerzas de Movilización Popular (FMP), la Coalición Internacional, el Ejército iraquí o los peshmergas, que han sido señalados como responsables de la muerte de cientos de civiles durante la guerra contra Daesh. “Hay fuerzas que son capaces de actuar con cierta impunidad, en Irak sería impensable juzgar a  miembros de las PMF o de los peshmergas, no quieren abrir esa caja de truenos”, resume Higel, ya que podría desatar una tormenta sectaria.

 

Tensiones sectarias: milicias fuertes, Estado débil

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Peshmergas kurdos iranies en el norte de Irak. SAFIN HAMED/AFP via Getty Images

La invasión estadounidense puso fin a la era de Sadam Huseín y su gobierno dominado por los suníes que oprimió sobre todo a kurdos y chiíes. El orden posterior a 2003 estableció un sistema de cuotas entre chiíes, suníes y kurdos, que se tradujo en gobiernos mayoritariamente chiíes que mantuvieron tensas relaciones con la minoría suní. Algunos bastiones sunís leales a Sadam se convirtieron en caldo de cultivo para grupos yihadistas como Al Qaeda en Irak, que condujeron el país a una espiral de atentados sectarios, sobre todo tras el ataque en 2006 contra la mezquita dorada de Samarra, importante santuario chií.

Hoy la polarización entre chiíes y suníes se ha reducido. “El Irak de hoy en términos de sectarismo queda muy lejos de aquel de 2006, donde el sectarismo impregnaba todos los niveles de la sociedad”, explica Higel. “Los ciudadanos están cansados de la narrativa sectaria,” apostilla Halawa. Actualmente los actores de seguridad encargados de controlar las áreas liberadas, como la policía federal o las FMP, ejercen autoridad política y se han documentado casos de extorsión hacia locales sunís. Higel ve posible que resurjan tensiones, pero “no a los niveles de 2006”.

 

Las células durmientes de Daesh

El grupo terrorista cuenta con entre 10.000 y 15.000 combatientes en Irak repartidos en áreas remotas desde las que extorsionan a residentes y atacan a fuerzas de seguridad. A principios de mayo perpetraron siete acciones contra el Ejército iraquí y miembros de las FMP. Esta escalada se atribuye a que las fuerzas de seguridad están centradas en implementar las medidas de contención de la COVID-19 y la retirada de tropas internacionales debido a la pandemia. En enero, febrero y marzo Daesh se atribuyó 49 atentados de media cada mes en Irak, pero en abril la cifra ascendió a 113, según un análisis de la BBC.

Las tensiones entre Irán y Estados Unidos también pueden suponer una ventana de oportunidad para Daesh. Las tropas estadounidenses, líderes de la Coalición Global contra esta organización, han comenzado a replegarse de algunas bases militares después de que el Parlamento iraquí exigiera esta retirada en respuesta a la operación  de la Administración Trump que acabó con la vida del poderoso general iraní Qasem Soleimani y Abu Mahdi al Muhandis, uno de los líderes de las FMP, en enero. Más allá de la presencia física de las tropas en las bases, para Higel la clave son las capacidades de vigilancia de los estadounidenses, sin las que “el Ejército iraquí tendrá difícil continuar su trabajo en el terreno contra Daesh”. La descoordinación en materia de seguridad entre el Gobierno del país y el ejecutivo del Kurdistán iraquí también dificulta la lucha contra estas células durmientes.

 

Desplazados, ¿para siempre?

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Un niño en un campo de refugiados en la ciudad de Dohuk. ZAID AL-OBEIDI/AFP via Getty Images

La desconfianza hacia las diferentes facciones armadas sumada a la falta de reconstrucción y la ausencia de infraestructura básica complica el retorno de 1,4 millones de iraquíes que siguen desplazados. Cerca de 4,6 millones han retornado, pero Halawa alerta de que la política del Gobierno de cerrar campos de desplazados sin proveer alternativas se traduce en que  muchos son “re-desplazados, quedan fuera del sistema y dejan de ser contabilizados”.

Pocos han retornado a Sinjar, provincia de mayoría yazidí, altamente minada y plagada de milicias que reflejan las divisiones intrakurdas. La desconfianza de esta comunidad hacia sus vecinos árabes sunís en ocasiones se ha traducido en venganzas como la ejecución de 52 miembros de la tribu Imteywit en 2017 por parte de combatientes yazidíes, según Human Rights Watch. Se estima que 10.000 yazidíes fueron asesinados por Daesh; encontrar justicia y reparaciones son clave para esta minoría.

Las “familias del Estado Islámico”, individuos sospechosos de tener vínculos familiares con combatientes de Daesh, languidecen en campos en los que se han documentado abusos sexuales por parte del personal de seguridad, según Amnistía Internacional. “Es un caldo de cultivo para la siguiente generación, si los campos permanecen en las condiciones actuales va a ser muy problemático”, sintetiza Higel. La difícil reintegración en la sociedad de los seguidores de esta organización yihadista es un obstáculo más en el camino hacia la reconciliación.

 

¿Reconciliación?

Para la analista Halawa es vital que la reconciliación sea un proceso protagonizado por la sociedad civil (como la comisión de la verdad en el Túnez post Ben Alí) y con mandato internacional (como en los tribunales internacionales establecidos en la ex Yugoslavia).

En Irak se acumulan los agravios desde la época de Sadam Huseín. “Reconciliar la era Sadam sería más fácil porque había un enemigo claro y todos los agravios estaban dirigidos a él”, explica Halawa. Hoy los perpetradores se han multiplicado.

Desde octubre, a la lista de víctimas se añaden los más de 600 manifestantes que perdieron la vida a manos de las fuerzas de seguridad iraquíes. El recién nombrado primer ministro, Mustafá al Kadhimi, ha intentado aplacar los ánimos anunciando la puesta en libertad de los manifestantes detenidos y compensaciones a las familias de los asesinados.

Las protestas que estallaron en octubre suponen un punto de inflexión, ya que son un movimiento no sectario que dirige su ira contra la mala gobernanza de la clase política que ha conducido el país a una precaria situación económica, ahora agravada por la caída de los precios del petróleo y el impacto de la COVID-19.

Haciéndose eco de las demandas de los manifestantes, Kadhimi –quien mantiene cordiales relaciones con Washington y Teherán– ha prometido combatir la corrupción. Pero esta conciliadora postura del nuevo jefe de Gobierno se topa con los intereses de los mismos bloques políticos que le han nombrado. “Parece inevitable que las instituciones políticas de Irak minen la habilidad de Kadhimi para gobernar […] Puede que Kadhimi sea tan competente como se le anuncia, pero no salvará el país. El sistema político está demasiado podrido”, explica el analista Steven A. Cook en la revista Foreign Policy.

Según Halawa, las protestas aceleran el colapso del sistema de cuotas (o muhasasa) que en los últimos años ha mostrado sus grietas. Pero es pronto para considerar a los manifestantes una alternativa política. “No van a derrocar el sistema muhasasa en el corto plazo, es un trabajo que requerirá una década”, explica Higel.

El camino hacia la reconciliación en Irak se augura largo.