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El presidente Donald Trump con la foto de un muro en una reunión sobre seguridad en la frontera, Washington, enero 2019. Brendan Smialowski/AFP/Getty Images

La confrontación entre Donald Trump y el Partido Demócrata acerca de contar con los fondos para construir un muro en una parte de la frontera con México evidencia el abismo entre los dos partidos acerca de la migración. Esta cuestión, además, presiona a los Demócratas para definir políticas que no sean solamente el reverso de la xenofobia de Trump y su base. Entre tanto, el Presidente amenaza con usar la migración como excusa para declarar el estado de emergencia nacional en EE UU, una situación inédita.

El choque entre el presidente Donald Trump y el Partido Demócrata acerca de contar con 5.700 millones de dólares en los presupuestos del Estado para poder construir un muro en una parte de la frontera entre México y EE UU está al borde de crear una crisis constitucional.

Para Trump, el muro, como la han atestiguado y confirmado colaboradores suyos en estos días, es una medida simbólica antes que práctica. En el discurso que ha ido construyendo desde que se postuló a la presidencia, el muro representa cerrar el país a los inmigrantes, a la globalización, al islam, a China y a todo lo que su electorado percibe como una amenaza para el retorno de Estados Unidos a una mítica América primero. El muro es también el campo de batalla que le sirve para enfrentarse duramente a los Demócratas fuera del Congreso.

La frontera entre Estados Unidos y México se extiende a lo largo de 3.219 kilómetros. Existe actualmente una barrera que impide el paso de personas y vehículos a lo largo de 1.126 kilómetros. A la vez, hay 2.090 kilómetros en los que mayoritariamente el Río Grande y una naturaleza muy dura hace de frontera natural.

Desde que llegó a la Casa Blanca el presidente republicano ha tomado una serie de medidas para  limitar la entrada de ciudadanos de origen musulmán, revocar el Temporary Protected Status (Situación de Protección Temporal) que el Gobierno estadounidense provee desde hace décadas a alrededor de 300.000 ciudadanos provenientes de siete países afectados por regímenes dictatoriales o catástrofes naturales, y expulsar a los hijos de inmigrantes que hayan nacido en EE UU.

 

Desafío para los Demócratas

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La demócrata Nancy Pelosi en una conferencia en Washington, EE UU. Chip Somodevilla/Getty Images

La migración fue un tema muy complicado durante la presidencia de Obama, especialmente a medida que los Republicanos y organizaciones como el Tea Party la tomaban como tema central de su política. Numerosos representantes y senadores Demócratas consideraron que debían mostrarse firmes en el control de esta.

Aunque ahora la portavoz del Partido Demócrata, Nancy Pelosi, dice que el muro “no es lo que somos como nación”, en 2006 se aprobó la construcción de una valla, apoyada por 64 representantes Demócratas en la Cámara de Representantes y 26 en el Senado, incluyendo a los entonces senadores Barack Obama, Hillary Clinton y Joe Biden.

El entonces presidente Barack Obama, en contra de lo que muchos activistas de derechos humanos esperaban, autorizó incrementar las deportaciones, que llegaron hasta las 419.000 en 2012. Por otro lado, aprobó en 2012 la Deferred Action for Childhood Arrivals Executive Order  (DACA) que permitió continuar en el país a los aproximadamente 700.000 hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos pero cuyos padres habían entrado ilegalmente. Según la DACA, pueden renovar su residencia cada dos años. Se trata de la generación de inmigrantes denominados dreamers (soñadores).

En 2013 el Partido Demócrata presentó un proyecto de ley sobre seguridad fronteriza, oportunidades económicas y modernización del sistema migratorio que fue rechazado por la mayoría Republicana. El proyecto preveía ampliar en 1.126 kilómetros la barrera existente en la frontera y aumentar el número de agentes de la patrulla fronteriza. Paralelamente, contemplaba crear una vía para legalizar a alrededor de 11 millones de inmigrantes que vivían entonces ilegalmente en Estados Unidos, mientras no tuviesen causas legales en su contra.

En su programa de las elecciones de noviembre el Partido Demócrata reconoció la importancia de la migración en la formación de la sociedad estadounidense; se declaró del lado de los inmigrantes y sus familias; propuso reformar el sistema migratorio, al que considera “quebrado”; mejorar la seguridad en la frontera; y priorizar las medidas contra los criminales y no contra las familias. Los Demócratas han denunciado la separación de padres e hijos a las que les ha sometido desde 2017 el gobierno de Trump.

Aproximadamente 6.000 menores fueron separados de sus padres al entrar en EE UU, de acuerdo con una ley que no permite que haya menores en centros carcelarios. Al detener a sus progenitores, las autoridades destinaron a los menores a centros, muchas veces improvisados. Durante las presidencias anteriores, los menores podían permanecer con sus padres. Al final de 2018 alrededor de 190 menores permanecían alejados de sus padres, en varios casos las dos partes han perdido el contacto.

En 2016 el Migration Institute describió de forma premonitoria el abismo que se abría entre los Demócratas y Republicanos: “Mientras que la plataforma Republicana se basa en subrayar las preocupaciones acerca de la frontera y la seguridad nacional, percibiendo una implementación débil de las leyes migratorias y altos niveles de migración legal, la plataforma Demócrata se focaliza en la necesidad de incrementar los derechos y la protección de los flujos recientes de centro americanos que han entrado de forma no autorizada, así como la integración de los inmigrantes. De muchas formas, la divergencia tajante de las plataformas evidencia cómo los dos partidos viven en universos diferentes sobre el tema de la migración”.

La entrada en el Congreso de una nueva generación de representantes Demócratas de origen latino y de Oriente Medio tendrá influencia todavía mayor en las decisiones del partido sobre la migración, acentuando la confrontación con los Republicanos.

Dado que la crisis por razones políticas y medioambientales difícilmente desaparecerá en América Central y otras regiones del mundo, y el flujo de inmigrantes y refugiados continuará, el Partido Demócrata tendrá que definir políticas que no se basen sólo en ir en contra de Trump y su base social. Como le ha sucedido a la primera ministra alemana, Angela Merkel, cumplir los compromisos con el Derecho Internacional y adoptar una postura moral y humanitaria genera apoyos, pero también tiene costes electorales.

 

¿Colapsar al gobierno?

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Estadounidenses que apoyan a Trump y la construcción del muro. Photo by Sandy Huffaker/Getty Images

La insistencia en que la migración es un problema de seguridad nacional le sirve a Trump para argumentar que, ante la negativa del Partido Demócrata a reconocer este supuesto problema, va a declarar el estado de “emergencia nacional”. Esto le podría permitir utilizar fondos destinados a otros fines para construir el muro. Pero más allá, sería un paso más es en el desmantelamiento sistemático que su gobierno está haciendo del Estado liberal y sus instituciones. Como explica Michael Lewis en su reciente libro The fifth risk, el proyecto de Trump no es administrar el gobierno de EE UU, sino colapsarlo.

Declarar el estado de emergencia, y vincularlo a la construcción del Muro, no será sencillo. El sistema de gobierno de Estados Unidos prevé que, aunque el presidente cuente con ese “poder de emergencia” (Trump afirma que tiene el “derecho”), debe rendir cuentas al Congreso. Además, en el caso del Muro, tiene que negociar con los propietarios públicos y privados de las tierras que piensa utilizar. El proceso duraría posiblemente varios años. Su idea de empezar a construir en “45 días” es irreal.

Pero, aunque no pueda empezar a construir el muro, la declaración de emergencia nacional tiene serias implicaciones. En los últimos días, una serie de académicos han alertado que el presidente podría crear un “régimen legal paralelo que le permitiría eludir muchas de las restricciones que normalmente se aplican” al poder Ejecutivo.

Elizabeth Goitein, codirectora del Programa sobre Libertad y Seguridad Nacional en el Brennan Center for Justice, y autora de The New Era of Secret Law (La nueva era de la ley secreta), explica que Trump podría “activar leyes que le permitirían cerrar muchos tipos de comunicaciones, intervenir cuentas de banco, o desplegar tropas dentro del país para controlar revueltas sociales”. Esto significa que en nombre de la seguridad nacional podría cerrar páginas web, inmovilizar fondos de ONG y medios periodísticos críticos, o detener a opositores.

De hecho, existen en la legislación estadounidense 123 situaciones que el presidente podría usar para solicitar poderes especiales. Pero tiene que atenerse a alguna de ellas y presentarla al Congreso a través de la National Emergency Act. Según Goitein, existen dos supuestos que Trump utilizaría. Uno permite que fondos destinados a construcciones civiles se puedan derivar para fines militares. Otro, autorizaría a usar fondos destinados a infraestructura militar, pero que todavía no se han asignado específicamente.

El principal obstáculo que encontraría el presidente es demostrar que realmente la migración en la frontera con México supone una amenaza a la seguridad nacional. Los datos oficiales indican que, pese a la retórica alarmista de Trump, no han entrado terroristas por esa frontera ni hay pruebas de que haya ingreso masivo de drogas a través de ella. Más aún, las cifras de la migración transfronteriza han bajado sustancialmente en los últimos años, y quienes entran al país lo hacen legalmente, sea como turistas, con visas temporales o solicitando asilo. De hecho, la caravana de mayoritariamente centroamericanos que están avanzando hacia la frontera son solicitantes de asilo que no pretenden ingresar ilegalmente.

Paradójicamente, desde que el gobierno de Trump ha tratado de impedir por diferentes vías que miles de personas no puedan solicitar asilo político, las han detenido en “ciudades de tiendas de campaña” (tent cities) por tiempo indefinido, y las han separados de sus hijos, está incrementándose el tráfico ilegal de personas desde México.

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Un póster sobre una valla en Texas que dice "No al muro", enero de 2019. Joe Raedle/Getty Images

Entre 1980 y mitad de los 2000 se registraron cifras entre 1 millón y 1.6 millones de personas que entraron ilegalmente por la frontera sur de Estados Unidos. En 2000 entraron entre 71.000 y 220.000 por mes. Pero desde entonces la cifra ha ido descendiendo sostenidamente.  Sin embargo, desde que Trump impuso nuevas medidas restrictivas a las solicitudes de asilo y entradas legales, el tránsito ilegal ha subido de 20.000 a 40.000 personas al mes, según datos oficiales del Servicio de Fronteras.

El Gobierno ha creado una situación caótica. Miles de inmigrantes son detenidos, pero como las dependencias están desbordadas, las autoridades liberan a centenares en Texas, Arizona y California sin proveerles dinero ni asesoramiento, y en muchos casos sin datos sobre dónde están sus hijos.

Antes que construir más kilómetros de muro, un estudio preparado por el Partido Demócrata para el Senado indica que lo que se precisa es más dotación en tecnología, inteligencia y personal para el servicio de patrulla de la frontera.

Para poder demostrar ante el Departamento de Justicia que realmente se trata de una emergencia nacional, el presidente tendría que incrementar la campaña que está llevando a cabo, y tratar de forzar a los jueces para que estos decidan, algo improbable, delegarle el poder de decisión. Un análisis del diario The New York Times dice que si “cínicamente se declarase el estado de emergencia bajo argumentos falsos” es un paso “extraordinariamente agresivo, que como mínimo se trataría de una violación de las normas constitucionales”, y esto le llevaría a enfrentarse con la Justicia. Por su parte, Elizabeth Goitein considera que sería “un abuso de poder declarar una emergencia nacional cuando realmente no existe tal situación”.

Desde la perspectiva de Trump estas son cuestiones legales menores. Saltar sobre las reglas y declarar la seguridad nacional le permitiría mostrar a su base social que no está dispuesto a ser vencido por los Demócratas, y desbloquear el cierre de la administración pública. En cierta forma, para ellos también sería políticamente útil: se habrían mantenido firmes a sus principios y podrían denunciar al presidente por abuso de poder.