La guerra de Estados Unidos contra la ONU

El presidente Donald Trump habla en la Asamblea de Naciones Unidas, septiembre 2017. Brendan Smialowski/AFP/Getty Images

La amenaza de Donald Trump de reducir sus contribuciones a Naciones Unidas, y en particular a la Autoridad Palestina y la agencia de la ONU para la asistencia y protección de los palestinos, forma parte de la larga tensión entre Estados Unidos, Israel y esta organización. Pero no se trata sólo de una confrontación política sino ideológica y cultural.

En diciembre de 2016 el futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió un tuit indicando que Naciones Unidas se ha convertido “en un club para que la gente se reúna, hable y se lo pase bien”, y afirmó que todo cambiaría una vez que llegase a la Casa Blanca.

Trump está cumpliendo, como ocurre con sus promesas más conservadoras. El 25 de diciembre pasado su gobierno anunció que recortaría parte de su contribución a Naciones Unidas como respuesta a las críticas sufridas en el Consejo de Seguridad y la Asamblea por el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel.

Estados Unidos aporta el 22% del presupuesto anual de la Organización (o sea, alrededor de 1.200 millones de dólares entre 2017 y 2018) y el 28,5% del coste de las 15 operaciones de paz (alrededor de 6.800 millones de dólares en el mismo período) lideradas por esta organización.

En 2017 EE UU contribuyó 610.836.578 millones de dólares al presupuesto total. Otros grandes donantes son (en dólares) Japón (244.157 652 millones), China (199.790.575 millones), Alemania (161.149.095) y Francia (122. 558.061) millones. España aportó 61.619.540 millones. Además de estos montos para al presupuesto general, los países miembros pueden destinar fondos especiales a las múltiples agencias y programas que tiene la ONU.

En su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU en septiembre pasado Trump indicó que Estados Unidos pagaba “una parte injusta del presupuesto”. La contribución de los países miembros para mantener la Organización está regulada por el Artículo 17.1 de la Carta (fundacional) de Naciones Unidas, que delega a la Asamblea General determinar cuánto aporta cada país de acuerdo con su producto nacional bruto, ingreso per cápita, la deuda externa y otras variables. Cumplir o no con esa regla es una decisión política.

Avances tácticos

El presidente Donald Trump escucha hablar al Secretario general de la ONU, Antonio Guterres, Nueva york, 2017. Brendan Smialowski/AFP/Getty Images

La escalada no es una sorpresa. El pasado marzo la Casa Blanca incluyó en el plan presupuestario recortes en las agencias de Naciones Unidas que llevan a cabo tareas supuestamente contrarias a los intereses de EE UU, por ejemplo, planificación familiar (argumentando que diversas ONG promueven el aborto).

En junio Washington se retiró del Acuerdo de París sobre el cambio climático, que ha sido auspiciado por la ONU. En octubre Estados Unidos canceló su membresía en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), alegando que este cuerpo de la ONU mantenía políticas “antiisraelíes”. El primer ministro Benjamin Netanyahu aplaudió la medida y también ordenó la salida de Israel de esa organización, que se hará efectiva al final de 2018. Desde 2011 el Congreso estadounidense congeló las contribuciones a la UNESCO, pese a los intentos del entonces presidente Barack Obama de continuar apoyándola.

En diciembre Estados Unidos se retiró de la denominada Declaración de Nueva York, aprobada el 16 de septiembre de 2016 por la Asamblea General, y que compromete a los Estados miembros a la protección de los refugiados e inmigrantes, con particular énfasis en mujeres y niñas, mejorar los medios humanitarios y de ayuda al desarrollo a los países de los que provienen, condenar la xenofobia, y prevenir la violencia sexual, entre otras cuestiones.

Cuando se firmó, el Alto Comisionado para los Refugiados, Filippo Grandi, dijo que esta Declaración “señala un compromiso político de una fuerza y resonancia sin precedentes” en el sistema internacional de protección de refugiados. Pero, el secretario de Estado Rex Tillerson explicó que “no es posible continuar apoyando un proceso que desgasta el derecho soberano de EE UU a aplicar sus leyes sobre inmigración y asegurar nuestras fronteras”.  Washington vinculó, de esta forma, su política de expulsión de inmigrantes y creciente control de la inmigración con sus ataques al sistema multilateral.

La conexión con Israel

Alineando sus posiciones con Washington, el 2 de enero el Gobierno israelí anunció que 38.000 inmigrantes de África subsahariana tienen 90 días para ser deportados a su país de origen o el que prefieran. Netanyahu declaró que la inmigración ilegal atenta con “la identidad judía” del Estado de Israel.

También en diciembre Trump anunció que mudaría la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, yendo así en contra de una larga serie de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que condenan la ocupación de Cisjordania y el lado Este de esa ciudad por parte de Israel. Meses antes había presionado dentro de la Organización para que se redujeran los fondos destinados a apoyar a la población y a la Autoridad Palestina. Cortar los fondos al Gobierno palestino es un objetivo de una serie de congresistas republicanos desde hace años.

El Primer Ministro israelí agradeció la medida mientras su gobierno planifica acelerar la anexión de las colonias que ocupan el territorio palestino de Cisjordania. Los colonos, además, se regirán por las leyes civiles israelíes mientras que los palestinos continuarán bajo jurisdicción militar, consolidando lo que diversos observadores consideran un régimen similar al Apartheid surafricano, uno de los pilares del racismo que fue una lucha emblemática de la ONU.

La cuestión palestina

Una mujer pasa al lado de un grafiti contra Trump en el Muro construido por Israel en Belén, Cisjordania. Thomas Coex/AFP/Getty Images

El choque entre la ONU, por un lado, e Israel y Estados Unidos tuvo, de hecho, un fuerte antecedente en 1975, cuando la Asamblea General aprobó una resolución equiparando al sionismo con el racismo.  La presión de los gobiernos estadounidenses e israelí hicieron que la resolución fuera anulada.

El gobierno de Trump no sólo indicó que reduciría la ayuda económica a los países que votaron en la ONU contra su decisión de trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, sino que a continuación, anunció que Washington cortará los fondos que destina a la Autoridad Palestina si esta no accede a sentarse a negociar con Israel según los términos de Estados Unidos, algo difícil de aceptar una vez que se ha eliminado de la agenda a Jerusalén. Igualmente, indicó que podría cancelar su contribución a la UNRWA, la agencia  que desde 1948 se encarga de la protección, educación y ayuda de 5,5 refugiados palestinos en Oriente Medio.

En 2016 EE UU contribuyó con 370 millones de dólares al presupuesto de UNRWA. (El último año su coste total fue de 1.243 millones de dólares. El siguiente mayor contribuyente es la Unión Europea con 160 millones de dólares). El Comisario General de UNRWA ha hecho un llamado urgente a los países árabes (que apenas proporcionan el 2% del presupuesto de esta organización) para que ayuden a paliar el déficit de 96,5 millones de dólares.

Si Estados Unidos, además, reduce o elimina su contribución, se agravará todavía más la crisis política y humanitaria en la región, aumentará la presión migratoria hacia Europa, y podría producirse una radicalización de jóvenes palestinos sin Estado y sin futuro.

Guerra cultural y compromiso de otros miembros

El rechazo a Naciones Unidas ha estado presente en la política estadounidense desde que comenzó la discusión acerca de crear un mecanismo multilateral después de la Primera Guerra Mundial. Especialmente en el Partido Republicano y medios conservadores se considera que la ONU representa un “gobierno mundial” que intenta imponerse sobre la voluntad soberana de EE UU.

La tendencia unilateralista en la política exterior del país considera que se deben evitar alianzas y guerras que no afecten su seguridad nacional, y se vincula con la poderosa ideología del excepcionalismo. Esta arranca con los primeros inmigrantes que en el siglo XV huyeron de las persecuciones religiosas en Europa y que consideraron a América una tierra prometida y se prolonga hasta hoy legitimando la supuesta superioridad moral de Estados Unidos sobre otros países del mundo.

Esta ideología se vincula a la también supuesta superioridad blanca que encarna el gobierno nacionalista, blanco y patriarcal de Donald Trump. Por el contrario, Naciones Unidas, especialmente en su Asamblea General, representa a todas las voces, razas, lenguas e identidades. La guerra contra la ONU es no sólo económica y política sino también cultural.

El gobierno de Trump parece dispuesto a limitar significativamente el papel de EE UU en la ONU. Como en otros campos del sistema internacional, China y Rusia tendrán la oportunidad de ocupar el espacio libre que deja Washington. Si otros miembros de la comunidad internacional, especialmente los países europeos, tienen interés en que esta organización continúe teniendo relevancia entonces tendrán que aumentar sustancialmente sus contribuciones y compromiso, proveyendo fondos y autonomía para ocuparse de problemas que sobrepasan el poder de los Estados individuales.