Las fricciones y la lucha de poder entre la institución de enseñanza islámica Al Azhar y un régimen egipcio que quiere asegurarse el control de las instituciones religiosas del país.

Con la tranquilidad y el punto de cinismo propios de quien se sabe ganador de una batalla legal, el pasado 25 de agosto Ahmed el Tayeb, el Gran Imam de Al Azhar, ampliamente considerada la institución de enseñanza islámica de referencia en el mundo suní, alabó al Parlamento de Egipto por retirar un polémico proyecto de ley que tenía como blanco a su entidad. En un comunicado emitido entonces, el líder elogió la decisión de la cámara baja –a sabiendas de que había sido a regañadientes– de asegurar la independencia de Al Azhar, y redujo la controversia a un “aspecto saludable” de la vida parlamentaria del país.
La discutida ley que había desatado la discordia, aprobada provisionalmente en julio, tenía la intención de reorganizar parte de las principales instituciones religiosas del país. Pero a ojos de la mayoría, su objetivo era reducir el poder y la autonomía de Al Azhar a favor del gobierno del presidente Abdelfatá al Sisi. De haber sido aprobada, la norma hubiera concedido al Ejecutivo el control absoluto de Dar al Ifta, la principal institución de Egipto responsable de emitir fetuas, en detrimento de Al Azhar. Además, el órgano decisorio de Al Azhar hubiera perdido el poder de elegir al líder de Dar Al Ifta, el Gran Muftí de la República, y sus prerrogativas en este ámbito se hubieran reducido a proponer tres candidatos de entre los que hubiera pasado a ser Al Sisi el encargado de seleccionar a uno, con la posibilidad de extender su mandato y reemplazarlo tras cumplir 60 años. La polémica fórmula era calcada a la de elegir a los presidentes de los principales cuerpos judiciales del país. Asimismo, el escrito contemplaba establecer un centro para formar y acreditar imames controlado por Dar Al Ifta que hubiera rivalizado con el de Al Azhar.
Lejos de haber reflejado una inexistente vitalidad en la tutelada actividad parlamentaria egipcia, la movilización de Al Azhar contra el proyecto de ley fue más bien un episodio inusual de un actor plantando cara a los planes de la cámara baja egipcia, fuertemente controlada por el régimen. En esta línea, El Tayeb señaló en múltiples ocasiones que la propuesta era inconstitucional, y reprochó que se tratara de un intento de fragmentar la misión de su institución y de socavar sus competencias y su autonomía. El Tayeb incluso envió una carta al portavoz del Parlamento, Alí Abdelaal, para atender el pleno –nunca celebrado– en el que se fuera a debatir la norma. Los intereses en juego eran demasiados.
“La aprobación de la ley desmoronará Al Azhar”, alertó el líder de la institución en la gobernación de Menufia, Abdelaziz al Najar, en ...
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