Las fricciones y la lucha de poder entre la institución de enseñanza islámica Al Azhar y un régimen egipcio que quiere asegurarse el control de las instituciones religiosas del país.
Con la tranquilidad y el punto de cinismo propios de quien se sabe ganador de una batalla legal, el pasado 25 de agosto Ahmed el Tayeb, el Gran Imam de Al Azhar, ampliamente considerada la institución de enseñanza islámica de referencia en el mundo suní, alabó al Parlamento de Egipto por retirar un polémico proyecto de ley que tenía como blanco a su entidad. En un comunicado emitido entonces, el líder elogió la decisión de la cámara baja –a sabiendas de que había sido a regañadientes– de asegurar la independencia de Al Azhar, y redujo la controversia a un “aspecto saludable” de la vida parlamentaria del país.
La discutida ley que había desatado la discordia, aprobada provisionalmente en julio, tenía la intención de reorganizar parte de las principales instituciones religiosas del país. Pero a ojos de la mayoría, su objetivo era reducir el poder y la autonomía de Al Azhar a favor del gobierno del presidente Abdelfatá al Sisi. De haber sido aprobada, la norma hubiera concedido al Ejecutivo el control absoluto de Dar al Ifta, la principal institución de Egipto responsable de emitir fetuas, en detrimento de Al Azhar. Además, el órgano decisorio de Al Azhar hubiera perdido el poder de elegir al líder de Dar Al Ifta, el Gran Muftí de la República, y sus prerrogativas en este ámbito se hubieran reducido a proponer tres candidatos de entre los que hubiera pasado a ser Al Sisi el encargado de seleccionar a uno, con la posibilidad de extender su mandato y reemplazarlo tras cumplir 60 años. La polémica fórmula era calcada a la de elegir a los presidentes de los principales cuerpos judiciales del país. Asimismo, el escrito contemplaba establecer un centro para formar y acreditar imames controlado por Dar Al Ifta que hubiera rivalizado con el de Al Azhar.
Lejos de haber reflejado una inexistente vitalidad en la tutelada actividad parlamentaria egipcia, la movilización de Al Azhar contra el proyecto de ley fue más bien un episodio inusual de un actor plantando cara a los planes de la cámara baja egipcia, fuertemente controlada por el régimen. En esta línea, El Tayeb señaló en múltiples ocasiones que la propuesta era inconstitucional, y reprochó que se tratara de un intento de fragmentar la misión de su institución y de socavar sus competencias y su autonomía. El Tayeb incluso envió una carta al portavoz del Parlamento, Alí Abdelaal, para atender el pleno –nunca celebrado– en el que se fuera a debatir la norma. Los intereses en juego eran demasiados.
“La aprobación de la ley desmoronará Al Azhar”, alertó el líder de la institución en la gobernación de Menufia, Abdelaziz al Najar, en conversación con el medio Al Hurra antes de que el proyecto se retirara.
En un sentido más amplio, Sarah Feuer, experta en política y religión en el norte de África para el Instituto Washington de Políticas para Oriente Medio observó, en un artículo sobre el rifirrafe político previo a la retirada de la norma, que “[de aprobarse, la norma] daría al presidente Al Sisi y a sus seguidores una gran victoria en la lucha por el control de la esfera religiosa en Egipto”.
Fuera cual fuera el desenlace, Feuer alertó que el futuro sería turbulento. Y es que la propuesta de ley fue en realidad solo el último capítulo de la tensa relación entre Al Azhar y el régimen de Al Sisi, y de los intentos del segundo por ejercer un control total sobre las instituciones religiosas del país y, en última instancia, sobre su narrativa.
Un asalto inacabado
La lucha de poder entre ambos actores se remonta al establecimiento mismo del Egipto moderno en el siglo XIX. Desde aquel momento, y a medida que el Estado se ha ido expandiendo, Al Azhar ha atendido a una gradual pero inexorable erosión de su poder e influencia a nivel social, educativo e institucional. Este tira y afloja se intensificó de forma significativa bajo los regímenes militares que se han sucedido en el país desde los años 50, durante los que Al Azhar ha perdido prácticamente toda su independencia.
El caso de Al Sisi, sin embargo, difiere del de sus predecesores. En este sentido, fue la Constitución de 2014, aprobada cuando el ex mariscal ya se había consolidado en el poder tras el golpe de Estado de 2013, la que consagró Al Azhar como la principal autoridad en asuntos islámicos del país y garantizó su autonomía y su competencia sobre sus asuntos.
Más allá de recompensar a la institución por su tibio apoyo al golpe, el movimiento de Al Sisi estaba diseñado para poder llevar a cabo sus propios planes. En ese momento, su régimen estaba principalmente preocupado por rivalizar con los destronados pero influyentes Hermanos Musulmanes y los salafistas que tanto poder amasaron tras la Revolución de 2011. Y para lograrlo, el plural Al Azhar era el actor mejor posicionado.
Al mismo tiempo, asegurarse el control de las instituciones religiosas de Egipto permite a Al Sisi movilizarlas a su favor cuando sea necesario. Como observa Khalil al Anani, investigador en el Centro Árabe de Washington, en la revista Foreign Policy, “Al Sisi ha utilizado las instituciones religiosas para justificar de una forma insólita sus políticas represivas”.
Pero la relación entre su régimen y Al Azhar empezó a tensarse en 2015. Con el Estado Islámico en fulgurante expansión y los atentados que sacudían el país, Al Sisi rogó a Al Azhar liderar una “revolución religiosa” para contrarrestar a las ideologías extremistas. Desde entonces, el régimen también ha tratado de proyectar por todos los medios un supuesto interés en renovar el discurso islámico, consciente de que por mucho que carezca de una estrategia clara y que los resultados brillen por su ausencia, sus apelaciones a un islam moderado serán recibidas con aplausos por parte de sus aliados occidentales.
De nuevo, Al Azhar, con una extensa red de escuelas, unos dos millones de estudiantes, una reputada universidad donde se forman miles de futuros clérigos, muchos llegados del extranjero, sus centros de investigación, su poder de emitir pronunciamientos legales, y el respeto de su Gran Imam, era el actor mejor posicionado para lograr ese objetivo. Su establishment religioso, sin embargo, recibió las llamadas con escepticismo, receloso de que el régimen quisiera entrometerse en sus dominios y socavar su sagrada autonomía.
Desde entonces, las disputas entre ambos se han ido sucediendo. En 2016, Al Azhar se opuso frontalmente a la iniciativa del Gobierno de unificar los sermones del rezo del viernes bajo la dirección del Ministerio de Asuntos Religiosos. Entonces, el Ejecutivo se apuntó el tanto. El mismo año, El Tayeb rechazó declarar apóstatas a los miembros del Estado Islámico –pese a denunciar vehementemente a la organización– como le pidió el régimen. Un año después, Al Sisi sugirió prohibir el divorcio verbal, por el que un marido puede divorciarse de su esposa pronunciado solo “por el presente acto, me divorcio de ti”. Pero su propuesta chocó con Al Azhar, que aseguró que este divorcio es válido, lo que llevó a Al Sisi a dirigirle a El Tayeb, durante un acto público, la famosa y envenenada sentencia: “me ha extenuado, honorable imam”. De nuevo, la suerte estuvo de la parte de Al Azhar. Y en 2018, el Parlamento aprobó una ley que facultó al Ministerio de Asuntos Religiosos a emitir fatuas –pese a las objeciones de Al Azhar.
Esta fricción, cada vez más difícil de presenciar en el Egipto de Al Sisi, ha conducido al régimen en dos ocasiones a recurrir a su brazo legislativo para intentar desposeer a Al Azhar. En el primer asalto frustrado, en 2017, el Parlamento intentó reorganizar la esfera religiosa del país con una propuesta de ley que habría reducido la autonomía de Al Azhar en pro de Al Sisi, modificado su forma de gobernarse y fragmentado su brazo educativo. El segundo, este año, se vistió de forma distinta, pero su objetivo seguía siendo el mismo.
Otros intentos de socavar a Al Azhar se han gestionado entre bastidores. El caso más evidente se produjo como parte de las enmiendas constitucionales aprobadas en Egipto en 2019 que, entre otras cuestiones, cimentaron Al Sisi en el poder y alteraron de forma profunda el sistema judicial del país. Entonces, una fuente cercana a la dirección de Al Azhar aseguró al medio egipcio independiente Mada Masr que el régimen también contempló un artículo para erosionar la independencia de la institución religiosa, pero que fue finalmente suprimido a cambio de varias concesiones de El Tayeb.
Los temores de Al Azhar a renunciar a su escasa autonomía no son infundados. En esta línea, las otras dos principales instituciones islámicas de Egipto, el Ministerio de Asuntos Religiosos y Dar al Ifta, dan buena cuenta de hasta qué punto ha sido capaz el régimen de subyugar y politizar a la mayor parte del establishment religioso del país.
Desde 2013, Dar al Ifta ha ofrecido su apoyo incondicional a las políticas del régimen, incluso cuando estas no guardaban ni la más mínima relación con asuntos religiosos. Así, no es de extrañar que, en agosto, 81 de los 224 comunicados emitidos por esta institución este año estuvieran relacionados con temas políticos y no religiosos, según un recuento de Khalil al Anani citado en el anterior artículo de Foreign Policy.
El Ministerio de Asuntos Religiosos, por su parte, ha sido la institución que, ante el escepticismo de Al Azhar, ha asumido más abiertamente la empresa del régimen de intentar renovar el discurso islámico. Para ello, la institución cuenta con el control directo de todas las mezquitas del país, ha unificado los sermones del viernes, y se le ha otorgado el poder de conceder permisos para realizar sermones, tal y como explica Ishak Ibrahim, investigador en la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales (EIPR), en un artículo publicado por el Instituto Tahrir para la Política de Oriente Próximo (TIMEP).
Los límites de la misión
La obsesión de Al Sisi de controlar totalmente la esfera religiosa del país para reformarla es fruto del carácter paternalista y hegemónico de regímenes como el suyo. Y podría tratarse de una cuestión de tiempo. En el anterior artículo de Mada Masr, una fuente gubernamental señaló que Al Sisi “parece estar incómodo con la independencia de Al Azhar y el rol internacional que desempeña [El Tayeb], que se comporta como si no fuera un subordinado de la Presidencia, lo que claramente molesta a [Al Sisi]”.
Pero este empeño por doblegar y dominar todas las principales instituciones religiosas de Egipto entra en contradicción con su supuesta intención de renovar el discurso islámico para hacer frente a ideologías extremistas. Solo existe margen para lograr una de ellas. Khalil al Anani advertía en Foreign Policy que, si bien Al Sisi ha usado las instituciones religiosas para justificar de forma insólita sus políticas, ello ha sido en perjuicio de estas instituciones. “Si los religiosos aseguran su apoyo a Al Sisi en el corto plazo”, notaba, “verán su imagen, influencia y credibilidad erosionada en Egipto durante décadas”.
En esta línea, un antiguo profesor de la Universidad de Al Azhar que figuró entre los académicos que se vio forzado a huir de Egipto tras 2013 y buscó refugio en Turquía, Jamal Abdul Sattar Mohammed, consideró en un artículo de 2020 para TRT World que “la era del golpe es considerada una de las peores que ha atravesado Egipto y Al Azhar”. “El golpe y el gobierno militar resultaron en Al Azhar perdiendo en gran parte su estatus y respeto en los corazones de la gente”, apuntó, achacando que es “evidente que los servicios de seguridad son quienes gestionan Al Azhar y quienes controlan buena parte de la producción de la institución”.
Por su parte, H.A. Hellyer, investigador en el Carnegie Endowment for International Peace, señala en un artículo en Atlantic Council que existen tres factores necesarios a tener en cuenta a la hora de preparar una batalla por las ideas como la que plantea Al Sisi. El primero de ellos pasa por disponer de un ideario minucioso y alternativo al extremismo al que uno quiere enfrentarse. El segundo es la capacidad para promover estas ideas de forma efectiva. Y la tercera es tener credibilidad a ojos de la audiencia a la que uno se apela. Y es este último aspecto el que, en buena medida, explica el fracaso de su régimen.
“La credibilidad entre la audiencia a la que nos dirigimos necesariamente va a requerir de una percepción de contrapoder con capacidad para decirle la verdad al poder. Y verdad al poder en este sentido no significa únicamente la habilidad de decirle la verdad al poder extremista, sino fundamentalmente a los poderes estatales”, deslizó. “Si este contraespacio no puede contar en sus rangos con figuras religiosas que son clara y abiertamente críticas con el Estado cuando comete abusos”, anticipó, “entonces va a ser simplemente considerado irrelevante por la mayoría, sino toda, la audiencia a la que nos dirigimos”.
