Las  fricciones y la lucha de poder entre la institución de enseñanza islámica Al Azhar y un régimen egipcio que quiere asegurarse el control de las instituciones religiosas del país.

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El presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, y el Gran Imam de Al Azhar, Ahmed el Tayeb, se dan la mano en El Cairo, 2016. Egyptian Presidency/Anadolu Agency/Getty Images

Con la tranquilidad y el punto de cinismo propios de quien se sabe ganador de una batalla legal, el pasado 25 de agosto Ahmed el Tayeb, el Gran Imam de Al Azhar, ampliamente considerada la institución de enseñanza islámica de referencia en el mundo suní, alabó al Parlamento de Egipto por retirar un polémico proyecto de ley que tenía como blanco a su entidad. En un comunicado emitido entonces, el líder elogió la decisión de la cámara baja –a sabiendas de que había sido a regañadientes– de asegurar la independencia de Al Azhar, y redujo la controversia a un “aspecto saludable” de la vida parlamentaria del país.

La discutida ley que había desatado la discordia, aprobada provisionalmente en julio, tenía la intención de reorganizar parte de las principales instituciones religiosas del país. Pero a ojos de la mayoría, su objetivo era reducir el poder y la autonomía de Al Azhar a favor del gobierno del presidente Abdelfatá al Sisi. De haber sido aprobada, la norma hubiera concedido al Ejecutivo el control absoluto de Dar al Ifta, la principal institución de Egipto responsable de emitir fetuas, en detrimento de Al Azhar. Además, el órgano decisorio de Al Azhar hubiera perdido el poder de elegir al líder de Dar Al Ifta, el Gran Muftí de la República, y sus prerrogativas en este ámbito se hubieran reducido a proponer tres candidatos de entre los que hubiera pasado a ser Al Sisi el encargado de seleccionar ...