El país árabe celebra el quinto aniversario de la revolución en que los militares recuperaron el poder.
Para ser justos hay que decir que al golpe le precedieron protestas masivas. Los egipcios se echaron a la calle (si es que alguna vez se fueron) enarbolando carteles y banderas contra el islamista Mohamed Morsi. Le había durado poco más de un año el mandato al primer presidente elegido tras la revolución de enero de 2011 que derrocó a Hosni Mubarak. El dictador cayó, el régimen nunca se fue, y, entre bambalinas, los militares afilaban sus sables esperando el momento oportuno para volver a escena.
Los Hermanos Musulmanes, que consiguieron que su candidato se hiciera con el sillón presidencial tras años en la sombra, sufriendo represión y torturas, se lo pusieron en bandeja de plata. Aquel 30 de junio de 2013 decenas de miles de egipcios inundaron las calles de El Cairo, pedían la caída de Morsi, que había usado su año escaso en el poder para usar las herramientas del régimen como lo hizo su antecesor: para reprimir e imponer una Constitución sin consenso, decretos arrogándose poderes e inmunidad, una renovación de la judicatura sustituyendo fieles al régimen por acólitos de la hermandad islamista…
Los militares con Abdel Fatah al Sisi, entonces ministro de Defensa, a la cabeza dieron a Morsi un ultimátum para resolver la situación en la que las protestas habían derivado en enfrentamientos entre defensores y detractores de Morsi. O se apeaba del poder o lo apeaban. Fue lo segundo. El 3 de julio los militares declaraban tener una hoja de ruta y encarcelaban al presidente islamista. En el anuncio autoridades religiosas musulmanas y cristianas y figuras de la oposición como El Baradei, respaldaron la asonada. Gamal Eid, abogado y fundador de la Red Árabe para la información de Derechos Humanos (ANHRI, en sus siglas en inglés), explicaba a esta corresponsal hace años cómo confiaron en que el poder recaería en una autoridad civil y pronto se convocarían elecciones. Tras una reunión con Adly Mansour, el que sería presidente interino desde el 3 de julio, el activista confiesa que se dio cuenta de que se iba a intentar culpar de todo a los Hermanos Musulmanes y que los militares volverían a tomar las riendas.
Aquellos días el país se mostró más dividido que nunca, los islamistas acampando para pedir el retorno de Morsi en las plazas. El resto del país jaleando a los uniformados que, una vez más, parecían salir a la palestra para salvar a Egipto. Nada más lejos de la realidad. Estos cinco años han demostrado que poco bueno ha traído al país del Nilo el retorno de los militares. En 2014 el general Al Sisi ganaba las presidenciales con una participación inferior al 50%, en marzo de este año ha ganado su segundo mandato frente a un candidato de paja. La participación, una vez más, superó escasamente el 40%, Al Sisi recibió el 97% de los sufragios. Y en el Parlamento, monocolor como siempre lo fue, ya se pide una reforma constitucional que permita al exgeneral perpetuarse en el poder.
En su toma de posesión el reelegido presidente manifestó su intención de gobernar para todos los egipcios, de que lo mejor para el país estaba por llegar. La oposición esbozó una sonrisa ante ambas afirmaciones subrayando que no estaría mal que fuera así dado que en los últimos cinco años, cinco cosas (al menos), han ido a peor en Egipto.
Represión
60.000 prisioneros políticos, 60 periodistas encarcelados, al menos 378 desaparecidos forzosos. En el país del Nilo las cifras hablan por sí solas. El número de opositores e informadores encarcelados no decrece en las listas de la organización no gubernamental ANHRI. A ellos se suman los de los secuestrados y desaparecidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad. En 2015 distintos grupos de derechos humanos locales denunciaron a Amnistía Internacional que la Agencia de Seguridad Nacional secuestraba a una media de cuatro personas al día. El Comité Egipcio para los derechos y Libertades (ECRF, en sus siglas en inglés) calculó entre agosto de 2016 y agosto de 2017 una cifra que rondaba los 400 individuos. Imposible saber con certeza la cifra porque muchas familias prefieren no denunciar. Se ceban con simpatizantes (o supuestos simpatizantes) de los Hermanos Musulmanes, ilegalizados y marcados como organización terrorista tras el golpe de Estado. Pero nadie está exento. En las últimas semanas, precediendo una subida de precios en la electricidad y los combustibles y tras jurar su cargo como presidente una vez más, las detenciones de opositores se han disparado. Wael Abbas, periodista y bloguero fue sacado de casa en pijama, con los ojos vendados y trasladado a una localización desconocida. Algo parecido sucedió con Shady Abu Zeid, cómico y vídeobloguero. Sus familias supieron de ellos cuando se les llevó a ser interrogados. La lista prosigue: Mohamed Radwan, Sherif al Roubi, Amal Fathi, Haitham Mohamed, Shadi al Ghazali Harb, Hazem Abdel Azim, Walid Salem se han unido tras las rejas a aquellos que ya han sido condenados como el activista Alaa Abdel Fattah, el periodistas Ismail Iskandarani, Sayed Moshagheb, Ahmed Douda, Islam Alrifai. El principal objetivo son miembros de la sociedad civil, abogados y periodistas.
Destrucción del espacio político
Cualquiera que pueda tener una opinión contraria es susceptible de acabar tras las rejas acusado de terrorismo, de desestabilizar el Estado, de conspirar con potencias extranjeras contra la seguridad nacional. Todos ellos cargos graves esgrimidos con la intención de reducir al máximo la disidencia y lograr una voz única: la del Gobierno, según denuncia la oposición que aún se atreve a criticar al régimen. De ese modo, también los partidos políticos que brotaron tras la revolución de 2011 han ido desapareciendo. El líder de los socialistas demócratas, Farid Zahran, denuncia que sus actividades están congeladas, invierten más en abogados para sacar a los suyos de la cárcel que en poder hacer política. El último ejemplo fueron las presidenciales, en las que Al Sisi se enfrentó a sí mismo con un candidato de paja que había hecho campaña a su favor en las semanas previas, después de que el resto de potenciales contendientes se retiraran tras amenazas a sus voluntarios, detenciones e incluso agresiones. Fue el caso de Hisham Geneina, exjefe anticorrupción cesado por Al Sisi y asesor de la campaña del ex general Sami Anan. Geneina fue agredido por unos desconocidos a la salida de su casa, apuñalado y golpeado con palos durante la campaña. Poco después fue arrestado y acaba de recibir una sentencia de cinco años de cárcel acusado de haber revelado a un medio de comunicación que Anan poseía documentos que ensuciaban la imagen del Ejército egipcio.
Libertad de prensa
Llegados a este punto merece un apartado especial el hecho de que los medios de comunicación hayan perdido su credibilidad; que los informadores sean incapaces de llevar a cabo su trabajo sin arriesgarse a acabar entre rejas, si se trata de informadores locales, o deportados, si hablamos de corresponsales extranjeros. Al menos 60 informadores entre rejas, según ANHRI. El caso más sangrante es el de Shawkan, un fotoperiodista que lleva casi cinco años en prisión y para el que la fiscalía ha pedido la pena de muerte. Su sentencia debería conocerse este 30 de junio. Egipto está en el puesto número tres, tras Turquía y China, de principales encarceladores de periodistas. La impunidad es absoluta. El pasado marzo, Al Sisi advertía de que difamar o insultar a la policía o al Ejército sería considerado un acto de traición. Los medios están bajo constante escrutinio. El fiscal general escudriña también las redes sociales para “arrestar a aquellos que sirven a las fuerzas del mal mediante la difusión deliberada de noticias falsas que pueden socavar la seguridad y los intereses del Estado”, según declaraciones recogidas por Reporteros Sin Fronteras (RSF).
En ausencia de libertades, de espacio político, de libertad en medios convencionales o de lugares en los que reunirse y discutir (se han cerrado los cafés del centro de El Cairo donde la oposición se congregaba y librerías y centros culturales reciben la visita de la policía y reciben órdenes de cierre), los egipcios habían encontrado un refugio en las redes sociales. Así lo explicaba Gamal Eid: “Ellos nos difaman en los medios convencionales y nosotros les exponemos a través de las redes”. Las campañas por los detenidos, las protestas contra las políticas del Gobierno ya no están en las calles, sino en las redes. Pero hasta ahí quiere el Gobierno extender sus tentáculos. En el último año se han bloqueado al menos 600 páginas web: blogs, medios independiente, páginas de organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional o Reporteros Sin Fronteras entre ellas. Twitter y Facebook están también bajo escrutinio. El régimen sabe que un activista con una comunidad de 15.000 o 20.000 seguidores puede hacer más daño, puede propagarse nacional e internacionalmente más rápido que una noticia publicada en un medio convencional. El Parlamento acaba de aprobar tres borradores de leyes para regular la prensa y los medios de comunicación, con especial hincapié en prevenir “noticias falsas” (el Gobierno acostumbra a considerar como tales todas las que difieran del discurso oficial). En su articulado, entre otras cosas, se estipula que un individuo con más de 5.000 seguidores en redes sociales podrá ser juzgado como periodista bajo esa normativa.
Pena de muerte
En los últimos años el número de condenas a muerte y de ejecuciones se ha incrementado exponencialmente, y éstas se han politizado. Sólo en lo que va de año se ha colgado a 23 condenados. Se pueden castigar con la pena de muerte los cargos de asesinato premeditado, terrorismo, espionaje y traición, además de algunos casos de secuestro y violación, según el código penal egipcio. Pero los cargos de terrorismo y amenaza a la seguridad de la nación han dado lugar a condenas a muerte en masa, especialmente de Hermanos Musulmanes.
Entre 1981 y 2000, se condenó a la pena capital a 709 personas. 249 fueron ajusticiadas en ese periodo de casi 20 años. En 2017 los tribunales egipcios, tanto civiles como militares, emitieron un total de 375 condenas a muerte, según un informe publicado por la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales y el Centro Adala para los Derechos y las Libertades. El pasado abril un tribunal penal militar condenó a la horca a 36 supuestos miembros de Daesh acusados de llevar a cabo atentados contra iglesias en 2016 y 2017 que dejaron más de un centenar de muertos.
Economía
Los turistas no acaban de volver, aunque su presencia se ha incrementado notablemente. Ya no son las protestas, sino los atentados lo que dan una mala imagen del país y ahuyentan a los extranjeros. Los ingresos de turismo de Egipto subieron un 83,3% en el primer trimestre de 2018 hasta 2.200 millones de dólares, según declaraciones de un funcionario egipcio recogidas por la agencia Reuters. Una cifra aún muy alejada de los ingresos que antes de la revolución generaban los casi 15 millones de turistas que los visitaban anualmente. En 2017 los ingresos fueron poco más de la mitad de los obtenidos en 2010.
El año pasado la inflación se disparó hasta casi el 33%, aunque a mediados de 2018 ronda el 15%, aún por encima de la media del 12% previa a la revolución. Unas condiciones que hacen la vida de los egipcios cada vez más difícil. Hasta un 35% de la población de 100 millones de habitantes vive por debajo del umbral de la pobreza, según estimaciones de la agencia de estadística egipcia basadas en la tendencia desde 2015. Durante años los subsidios les han permitido sobrevivir. Han garantizado que las necesidades básicas se cubran al tiempo que se reducen los incidentes de mortalidad infantil y malnutrición. Pero el Gobierno está trabajando para acabar con ellos. Considera que en el año fiscal 2021-2022 los habrán suprimido definitivamente.
Los recortes se imponen para cumplir con las medidas impuestas en 2016 por el Fondo Monetario Internacional para obtener un préstamo de 12.000 millones de dólares en tres años. En noviembre de ese año la libra egipcia fue devaluada con la excusa de que se beneficiaría la inversión extranjera y Egipto volvería a ser un país apetecible. Nada más lejos de la realidad. Los egipcios perdieron poder adquisitivo y competitividad en un mercado en el que su divisa vale ahora la mitad. Desde 2013, el salario mínimo se ha fijado en 1.200 libras egipcias (unos 60 euros). Pero su valor equivalente en dólares ha disminuido de 174 en 2013 a 68 en 2018.
La devaluación de la divisa y los recortes llegan además en un momento en el que los precios de energía y combustibles se incrementan. A mediados de junio se anunció dentro de esas medidas de austeridad un aumento en el precio de la electricidad de en torno a un 26% de media. Es la tercera vez que el Gobierno sube los precios del combustible desde que se anunciaron las medidas de austeridad a finales de 2015. El precio del agua se ha incrementado un 45%. El ministro de electricidad, Mohamed Shaker, anunció que los precios para fábricas se incrementarían en un 42% mientras que las familias verían subir la factura de la luz un 21%, pronto ocurrirá lo mismo con los combustibles, para los que se espera un incremento en el mes de julio, que debería ser del 60% para poder cumplir con el programa de reformas.
La vida de los egipcios ha empeorado notablemente. En El Cairo, el precio de los billetes de metro que se había duplicado hace menos de seis meses volvió a aumentar su precio hace unas semanas: hasta un 250% en algunos trayectos. El día que se anunció la subida estallaron protestas. Los egipcios se lanzaron al suburbano exigiendo que se cesara la medida. Fue en vano. Al Sisi clamó que la subida era justa. 21 ciudadanos acabaron en la cárcel. Apenas una semana más tarde se usó el incidente como excusa para encarcelar a Haitham Mohamedeen, un abogado laborista al que se acusó de incitar a protestas ilegales contra el aumento de los precios de los boletos. En el lote de acusaciones se coló también la de pertenencia a un grupo prohibido junto a la de promover actos terroristas. Una vez más a quien alza su voz contra el régimen se le enseña quien lleva el bastón de mando.
