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Manifestaciones antigubernamentales en Varsovia, Polonia. (Omar Marques/Getty Images)

Una nueva maniobra del líder de Ley y Justicia, Jarosław Kaczyński, pone al país en riesgo de convertirse en un Estado semiautoritario. He aquí las claves para entender qué está pasando en Polonia.

El Gobierno polaco desea celebrar elecciones presidenciales el 10 de mayo de 2020, con el país en confinamiento. De no conseguirlo, quiere atrasarlas dos años, lo que prolongaría el mandato del presidente actual hasta cumplir siete años. Ambas propuestas exigen una drástica modificación de la ley electoral, sin el consentimiento de la oposición y en flagrante violación de la Constitución de Polonia y las normas internacionales estipuladas por la OSCE y la UE. No cabe duda de que, si se lleva a cabo cualquiera de las dos cosas, la posición de Polonia en la Unión, ya debilitada, se deteriorará aún más. Pese a ello, el Ejecutivo parece decidido a consolidar su poder antes de que la población empiece a volverse en contra, con la crisis económica y la recesión que se avecinan.

Todo esto está sucediendo en el contexto de la emergencia nacional debida a la epidemia. A fecha de 29 de abril, Polonia tenía 12.500 contagios confirmados y aproximadamente 650 muertes por coronavirus. Sin embargo, se cree que el número real es mucho mayor, porque es uno de los países de la UE que menos pruebas ha hecho y muchas muertes no se han notificado. Las cifras de infecciones y de fallecimientos están aumentando en las últimas semanas, pero el Gobierno ha decidido empezar ya a reactivar la economía. Parece innegable que una de las principales razones por las que tiene tanta prisa en hacerlo es poder celebrar las elecciones.

COVID-19 y la manipulación electoral

De acuerdo con la Constitución, las elecciones presidenciales deben celebrarse entre 75 y 90 días antes de que expire el mandato del presidente. El mandato actual —que cuenta con el apoyo del partido Ley y Justicia (PiS)— termina el 6 de agosto de 2020. Siguiendo las prerrogativas constitucionales, Andrzej Duda designó el 10 de mayo como fecha para los comicios y anunció su intención de aspirar a gobernar otros cinco años. Hasta entonces, todo el proceso discurría de acuerdo con las reglas del juego constitucionales.

Pero entonces estalló la epidemia de COVID-19 y se vio cada vez con más claridad que la celebración de elecciones en mayo iba a ser peligrosa para la salud pública. Los candidatos de la oposición interrumpieron sus campañas y pidieron el aplazamiento de la votación. Pero el líder de Ley y Justicia, Jarosław Kaczyński, se empeñó en que no hacía falta aplazar nada y las elecciones debían tener lugar en la fecha prevista. Kaczyński también se ha opuesto a que el Parlamento declare el estado de emergencia nacional, que habría supuesto automáticamente posponer los comicios hasta tres meses, tal como dispone la Carta Magna.

Mientras se ordenaba al país que cumpliera estrictas normas de distanciamiento físico, Kaczyński las asumió con gran relajo, por no decir más. El 10 de abril, encabezó un gran grupo de autoridades en la conmemoración del décimo aniversario del accidente aéreo en Smolensk (en el que falleció su hermano y antiguo presidente). Los asistentes no guardaron distancias de ningún tipo ni llevaron mascarillas, a pesar de la prohibición de ir a los cementerios, a Kaczyński se le fotografió entrando en la necrópolis en la que están enterrados sus familiares, de nuevo rodeado de un nutrido grupo.

Sin embargo, a medida que el Gobierno ha impuesto normas de distanciamiento físico cada vez más estrictas y el número de infecciones se ha incrementado, cada vez son más los que ponen en duda la celebración de las elecciones el 10 de mayo, incluso dentro del propio partido. Pero Kaczyński ha permanecido inamovible, y ha presionado para que se modificara la ley electoral con el fin de permitir el voto por correo y la transformación total de las normas electorales. Según el nuevo reglamento, la tarea de organizar los comicios y recontar los votos deja de ser competencia del comité electoral judicial y no partidista que se encargaba hasta el momento. Esa responsabilidad recae ahora en el servicio de Correos, que es una empresa estatal dirigida por un leal miembro del PiS que era hasta hace poco viceministro de Defensa. Otros puestos estratégicos de la empresa serán ocupados también por antiguos empleados de este Ministerio.

El proceso de voto por correo, tal como lo define la nueva ley impulsada por el PiS, es una clara infracción de la Constitución y varias normas internacionales reconocidas por la UE y la OSCE. Y lo es por cuatro motivos:

Se han cambiado las reglas del juego en pleno proceso: la ley electoral se modificó drásticamente cuando faltaba muy poco tiempo para las elecciones (un mes), sin haber consultado ni haber pedido ningún acuerdo a la oposición. El Tribunal Constitucional de Polonia dictaminó en 2006 que las normas electorales no pueden cambiarse en un periodo inferior a seis meses antes de las votaciones.

Ninguna revisión judicial: ahora, el proceso carece de cualquier atisbo de revisión judicial imparcial, puesto que se ha despojado a la comisión electoral de toda responsabilidad real.

Violación de la privacidad y los datos personales: para enviar las tarjetas de voto a los electores, Correos tendrá que obtener sus datos personales sin pedirles previamente permiso. Esta es una violación descarada de las leyes sobre protección de datos de la UE y de Polonia.

No hay campaña: como señala la OSCE, las elecciones no pueden considerarse limpias cuando las campañas están suspendidas y la oposición tiene un acceso mucho más limitado que el presidente actual a los medios de propiedad estatal.

Es muy posible que el PiS no llegue a tiempo y que se vea que Correos está mal preparado para organizar unas elecciones nacionales para 38 millones de ciudadanos. Por eso, la otra opción que ha presentado el PiS en el Parlamento es prolongar el mandato del presidente otros dos años, hasta la primavera de 2022. Ambas opciones son anticonstitucionales, y la oposición las rechaza porque sostiene que la Constitución prevé el sencillo mecanismo que permite el aplazamiento de las elecciones en caso de emergencia nacional.

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Un hombre mira un cartel del candidato presidencial Wladyslaw Kosiniak Kamysz, en Cracovia, Polonia.(Michal Fludra/NurPhoto via Getty Images)

¿Por qué manipula el PiS las elecciones?

El PiS y el presidente Andrzej Duda siguen siendo populares en Polonia. El PiS ganó las elecciones legislativas y obtuvo un segundo mandato en el Gobierno en octubre de 2019. El presidente Duda es, con mucho, el candidato más popular de todos los inscritos para las elecciones presidenciales. Por consiguiente, es muy posible que lograra ser reelegido en unas elecciones limpias, sin necesidad de manipular la Constitución. Sin embargo, el calendario es crucial para el PiS y Jarosław Kaczyński. Aunque todavía no se ve amenazada la hegemonía del partido, sus dirigentes parecen tener claro que la popularidad actual va a disminuir a medida que llegue la recesión a la economía polaca y el nivel de vida empiece a deteriorarse.

El PiS ha adquirido su popularidad actual con una mezcla de conservadurismo social y socialismo económico. Durante los cuatro últimos años, Polonia se ha caracterizado por un número creciente de programas sociales y subsidios directos a amplios sectores de la sociedad. Entre ellos están el plan de ayuda infantil, que consiste en una paga por cada hijo hasta que cumple 18 años, una 13ª paga de jubilación para los pensionistas, la subida del salario mínimo y cero impuestos sobre la renta para los asalariados hasta los 26 años. Estos programas han costado al presupuesto decenas de miles de millones de zlotys pero, mientras la economía crecía, respaldada por el aumento del consumo y los fondos de la UE, el Gobierno podía permitirse esa ola de gastos. Y, mientras tanto, el PiS tenía cada vez más apoyos. Ahora que es inevitable que Polonia entre en recesión en los próximos meses, el Ejecutivo tendrá que detenerse a revisar algunos programas sociales, lo que quizá disminuya drásticamente esos apoyos al partido.

Jarosław Kaczyński siempre ha querido algo más que ganar elecciones y presidir el gobierno, tarea que ha dejado de buen grado en manos de sustitutos escogidos por él. Sus ambiciones van mucho más allá, porque tiene intención de revisar el orden constitucional establecido tras la caída del comunismo y que su legado consista en ser el fundador de la próxima República, la cuarta. Desde 1990, ha alegado siempre que la transición de Polonia a la democracia fue defectuosa, porque se consiguió mediante concesiones, y no con una revolución. Eso hizo, según Kaczyński, que el sistema comunista fuera sustituido por un orden liberal y democrático, basado en el equilibrio de poder, pero él siempre ha preferido un Estado en el que el Ejecutivo no vea sus poderes limitados por los otros brazos del Estado y en el que el gobierno tenga una influencia decisiva en todos los aspectos de la vida socioeconómica, como el sector empresarial, la cultura y la educación. En particular, Kaczyński ha intentado cambiar los siguientes aspectos estructurales del sistema posterior a 1989:

Poder judicial: quiere acabar con su independencia y que pase a depender de los políticos, para Kaczyński es inconcebible que los jueces puedan tener la potestad de cuestionar e incluso impedir las decisiones del gobierno.

Empresas: tienen que apoyar los objetivos del gobierno. Y además deberían “polonizarse”, es decir, ser de propiedad predominantemente polaca.

Medios de comunicación: no deberían criticar al gobierno, y, si lo hacen, habrá que reducir gradualmente su posición del mercado hasta expulsarlos por completo de él. Los medios también deberían ser de propiedad polaca.

Educación: el sector debería dedicarse a formar futuros ciudadanos patriotas que compartan la visión estatalista que promueve Kaczyński.

Administraciones locales: deberían ser extensiones del gobierno nacional.

El PiS venció en las elecciones parlamentarias de 2015 y 2019, pero nunca ha alcanzado una mayoría constitucional. Además, después de los comicios de 2019, la oposición ha recuperado la mayoría en el Senado. Por consiguiente, Kaczyński no tiene en Polonia el mismo margen para imponer sus cambios que tiene Orban en Hungría, y las decisiones que toma suelen estar en flagrante contradicción con la Constitución, lo que está empujando al país a un peligroso conflicto con la Unión Europea. No obstante, el PiS está a punto de adueñarse por completo del Poder judicial. Las empresas, por su parte, se pliegan a los deseos del gobierno. En cualquier caso, las mayores empresas de Polonia siguen siendo de propiedad estatal y su dirección está totalmente ocupada por personas designadas por el partido.

Sin embargo, después de cinco años en el poder, el PiS no ha conseguido todavía el control total de los medios de comunicación, que son mayoritariamente de propiedad privada. El sector educativo también se resiste, especialmente la enseñanza superior, que es independiente. Las administraciones locales son bastante autónomas del gobierno central y, en las ciudades grandes y medianas, están en manos de la oposición. De ahí que, para poder acabar de instaurar una nueva república semiautoritaria, el PiS necesite más tiempo. Da la impresión de que Kaczyński ha decidido que esta es la última oportunidad para completar su gran proyecto vital. Y si eso significa manipular las elecciones, pues se hace.

Es imposible predecir hoy si Kaczyński va a salirse con la suya y conseguirá celebrar en las próximas semanas algún tipo de elecciones que, desde luego, prolongarían la presencia de Duda —un presidente fiel al partido— en el poder cinco años más. Existe una pequeña posibilidad de que la oposición se una y, con el respaldo de la facción moderada dentro de la mayoría parlamentaria (encabezada por el antiguo viceprimer ministro Jarosław Gowin), impida las elecciones tal como las desea Kaczyński.

En cualquier caso, es evidente que Kaczyński no va a dejar de intentar hacer realidad su proyecto y transformar Polonia en un Estado semiautoritario.

Las potencias internacionales deben manifestar abiertamente sus dudas sobre la legitimidad de las pseudoelecciones en Polonia. La OSCE ya ha comunicado su preocupación por la celebración de los comicios sin posibilidad de hacer campaña. Si otros actores internacionales transmitieran señales claras en este mismo sentido, el Gobierno de Varsovia quizá se vería empujado a buscar una solución de compromiso que sea aceptable para todas las fuerzas políticas de Polonia.

 

Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia