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Un hombre pasa delante de la sede de la UNRWA en Gaza. (MOHAMMED ABED/AFP/Getty Images)

La dirección de la agencia para los refugiados palestinos se encuentra contra las cuerdas en vísperas de la próxima Asamblea General.

La agencia especializada de Naciones Unidas que proporciona servicios esenciales a más de 5 millones de refugiados palestinos se encuentra ante la coyuntura de crisis más grave de sus 70 años de historia. Según un informe interno de su Departamento de Ética filtrado recientemente a dos medios de comunicación, los principales miembros de la cúpula directiva de la UNRWA habrían incurrido en supuestas conductas de corrupción, nepotismo y abuso de poder, que irían en contra de los estándares básicos de transparencia y rendición de cuentas que se le suponen a las organizaciones internacionales.

Aunque el primer medio en contar con la exclusiva fue la cadena Al Jazeera, un par de meses antes de su publicación, fue la agencia de noticias AFP la que publicó el scoop a finales de julio. Aparentemente, la televisión catarí aguantó la información, consciente de que provocaría un ataque frontal contra la agencia por parte de la Administración Trump. De hecho, la que era su embajadora ante Naciones Unidas, Nikki Haley, y su enviado especial para Oriente Medio, Jason Greenblatt, inmediatamente instrumentalizaron las alegaciones para justificar que EE UU –hasta hace poco el principal contribuyente al presupuesto general de la UNRWA, con unos 300 millones de euros anuales– se negara desde 2018 a hacer aportación alguna.

La inmediatez de la celebración de la reunión anual de la Asamblea General durante la segunda quincena de septiembre –en la que se someterá a votación la renovación del mandato trianual de la UNRWA– obliga al Secretario General, António Guterres, a tomar decisiones de forma rápida y eficaz. De no hacerlo así, podría arriesgarse a que EE UU e Israel logren que un número crítico de Estados miembros se pongan de su parte a la hora de solicitar su disolución como agencia especializada y su subsiguiente integración dentro del Alto Comisionado para los Refugiados, ACNUR.

 

Presunción de inocencia

El informe del Departamento de Ética –que llegó al Secretario General en diciembre de 2018, pero que Guterres decidió mantener guardado temporalmente en el cajón– está siendo ahora investigado por la Oficina de Asuntos Internos, OIOS, que todavía no ha presentado sus conclusiones. Entre tanto, la dirección de la UNRWA ha solicitado que se respete la presunción de inocencia hasta que concluyan las investigaciones, a la vez que se garantiza la provisión de los correspondientes servicios educativos (las 700 escuelas de la UNRWA abren sus puertas a finales de agosto), sanitarios, sociales, etc. de los que se benefician los refugiados palestinos.

El documento en cuestión realiza varias acusaciones, siendo la más grave de ellas la presunta creación de un pequeño directorio formado por 4 altos funcionarios –quienes a su vez estarían implicados en conductas inapropiadas– que habría aprovechado la crisis financiera para centralizar el mando y control de la organización en muy pocas manos, subvirtiendo su estructura orgánica y funcional. Este directorio estaría presuntamente formado por el todavía Comisionado General, Pierre Kräenbühl, su asesora personal, María Mohammedi, la que era Comisionada General Adjunta, Sandra Mitchell, y el exjefe de gabinete, Hakam Shawan.

De acuerdo con el informe, el suizo Kräenbühl –que fue nombrado en noviembre de 2013 tras acumular un dilatado expediente humanitario de 25 años de servicio, 12 de ellos como jefe de operaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)– habría desarrollado una relación sentimental con Mohammedi, a la que habría ascendido en 2015 puenteando los procedimientos internos de selección. A este supuesto caso de nepotismo se une el hecho de que la incluyera en clase business en sus viajes de avión a costa del presupuesto general, que no pagando el precio extra de su bolsillo. Igualmente, aún teniendo residencia en Jerusalén, mantuvo alquilado un piso en el exclusivo barrio de Sheij Yarrah con un coste de unos 4.000 euros al mes, para luego pasar fuera de su lugar de destino hasta 28 días al mes y reclamar un generoso per diem.

La estadounidense Mitchell –de impecable reputación previa tras trabajar varios años para la OSCE y el Comité de Rescate Internacional (IRC)– sería sospechosa de haber enchufado a su marido como Director Adjunto de la Oficina de UNRWA en Jordania (práctica expresamente prohibida dentro del código de conducta de NN UU debido al evidente conflicto de intereses). Consciente de la inexorabilidad de la publicación del informe, Mitchell presentó la dimisión de su cargo a principios de julio, aunque manteniendo su condición de alta funcionaria de Naciones Unidas.

Por su parte, el palestino Shawan fue suspendido de empleo y sueldo después de que supuestamente enviara a Al Jazeera un correo electrónico firmado con pseudónimo en el que desacreditaba el informe filtrado y amenazaba con represalias en el caso de su difusión. Este jerosolimitano –que tiende a generar reacciones polarizadas entre el personal de UNRWA– niega, sin embargo, haber sido el autor de dicho correo y especula con el uso fraudulento de su ordenador en la sede para que fuera localizada la dirección IP correspondiente.

 

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El Comisionado General de la UNRWA, Pierre Kräenbühl, durante una conferencia en Egipto. (KHALED DESOUKI/AFP/Getty Images)

Reacciones de la comunidad internacional

Las reacciones de los donantes (según su propio mandato, el presupuesto de la UNRWA se nutre esencialmente de las aportaciones de los Estados miembros de Naciones Unidas) ante la filtración del informe, no se han hecho esperar. La primera en reaccionar ha sido Suiza –país natal de Kräenbühl– aunque de una forma un tanto sibilina. Esto es, anunciando que congelan todas las posibles contribuciones, cuando para este ejercicio fiscal ya habían hecho una aportación de 22,5 millones de euros. Inmediatamente después se pronunciaba Holanda, que ha congelado su contribución de 13 millones de euros presupuestados para 2019. Bélgica ha anunciado una posición similar.

En cambio, ha habido otros países que han permanecido impasibles ante la publicación de las supuestas anomalías en la gestión. Por ejemplo, la India, que ha desembolsado 5 millones de dólares, triplicando su contribución de 2016. También Austria, que ha transferido 2 millones de euros, y China, que se ha quedado en 1 millón de dólares. Una aportación totalmente simbólica en términos relativos al tamaño de su economía –la UE aporta 103 millones de euros este año crítico– pero la UNRWA no se puede permitir el lujo de rechazarla. Cualquier otra contribución –como la española, extraordinaria de 12 millones de euros en 2018, además de otros 2 millones de euros recién aprobados por el Consejo de Ministros para 2019 y gestionados por la AECID– es bienvenida.

Las necesidades financieras de la UNRWA después de la renuncia de su principal donante –a modo de castigo de la Administración Trump contra los palestinos por su negativa a aceptar la declaración de capitalidad israelí sobre Jerusalén, así como el llamado “Acuerdo del siglo” (plan de paz basado en un gran paquete de incentivos económicos y financieros para los palestinos, a cambio de que éstos desistan de crear un Estado soberano y se conformen con la autonomía)– se han multiplicado exponencialmente. Según el último llamamiento a la comunidad internacional, el presupuesto necesario para este ejercicio, que permita cubrir el déficit del año anterior y hacer frente a las necesidades emergentes de los refugiados palestinos que se han desplazado de Siria hasta Jordania y Líbano, sería de unos 1.000 millones de euros.

 

El problema y la solución

Las alegaciones de corrupción, nepotismo y abuso de poder practicadas presuntamente por la cúpula directiva de la UNRWA proporcionan munición argumental a la Administración Trump, que sin duda las utilizará ante la próxima reunión de la Asamblea General. También lo hará el Gobierno de Benjamín Netanyahu, que hace años demanda la disolución de la agencia y la integración de todas sus competencias y servicios bajo el paraguas de ACNUR. A pesar de las enormes dificultades que supondría esta operación desde el punto de vista administrativo (mientras que ACNUR está presente en 125 países, UNRWA lo está en 5; sin embargo, la primera tiene casi 17.000 empleados y la segunda cuenta con más de 30.000).

La UNRWA proporciona servicios básicos –no sólo educativos, sanitarios y sociales, sino también de alojamiento, agua y saneamiento, gestión de residuos, etc.– para una población altamente vulnerable formada por 5,4 millones de refugiados de larga duración (que a diferencia de los refugiados sirios, iraquíes o yemenitas es muy probable que nunca retornen a su lugar de origen). Este es el motivo, por el que por un lado, ayuda a hacer frente a dichas necesidades y contribuye a la estabilidad de la región, y por otro se ha convertido en parte del problema debido al proceso de esclerotización institucional experimentado durante sus últimos 20 años de existencia.

Aunque en su página web la agencia se jacta de haber puesto en marcha una reforma integral desde 2007, lo cierto es que presenta un movimiento inercial desde el 2000, en que la segunda Intifada pusiera fin al de Proceso de Oslo (única coyuntura en la que Israel se mostró dispuesto a aceptar el retorno de un número simbólico de refugiados –hasta 100.000– en concepto de reunificación familiar). Igualmente, a pesar de que dispone de una estrategia quinquenal 2016-2021 las turbulencias financieras provocadas por el huracán Trump hacen que resulte imposible implementarla en su totalidad.

El hecho de que António Guterres estuviera al frente de ACNUR antes que de la Secretaría General, y que el actual Alto Comisionado para los Refugiados, Filippo Grandi, desempeñara previamente el puesto de Comisionado General de la UNRWA (fue el predecesor de Krähenbühl) les concede una auctoritas adicional, y debería coadyuvar a que las NN UU encuentren una solución al problema. Es cuestión de generar la suficiente voluntad política en el marco de la próxima Asamblea General, a celebrar durante la segunda quincena de septiembre.

El cese del suizo constituiría, sin duda, un paso en la dirección correcta. Mas la Secretaría General debería buscar una solución justa y definitiva a la cuestión de los refugiados palestinos. Pues al final éstos son las principales víctimas de las intrigas palaciegas de Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra, así como de las disfuncionalidades de la agencia especializada que crearon para prestarles asistencia. La inacción por parte de Guterres no contribuirá a solucionar el problema, sino a enquistarlo más todavía.