Los resultados electorales apuntan a una posible coalición que se impondría sobre Ley y Justicia y que formaría gobierno, pero todavía surgen algunas incógnitas. ¿Cuáles han sido las claves de estas elecciones y cuáles son los retos para formar un gobierno que le diera el mando a Donald Tusk?
Las elecciones parlamentarias polacas del pasado 15 de octubre serán recordadas por dos razones, la alta participación y el fin del gobierno de Ley y Justicia. La alta participación ha sido, sin duda, determinante en los resultados finales. En estas elecciones se renovaban la Cámara Baja (Sejm) y la Cámara Alta (Senado) en un contexto de gran incertidumbre. Era la primera vez desde 2015 y dos mandatos de Ley y Justicia, inapelables en términos electorales, que la oposición se encontraba en disposición de disputarle el poder a la luz de los sondeos preelectorales que mostraban una diferencia de menos de cinco puntos entre Ley y Justicia (36,8%) y la Coalición Cívica (31,6%), según la empresa IPSOS.
Así, desde la oposición se optó por estrategias de maximización de los resultados, por ejemplo, la presentación de listas conjuntas en el Senado, lo que les otorgaría un total de 66 escaños sobre 110. En el Sejm, Ley y Justicia perdió 41 escaños de los 235 que obtuvo en las elecciones anteriores quedando en 194, lo que no le otorgaba la mayoría parlamentaria. El voto combinado de todos los partidos de la oposición alcanzó en esta ocasión el 54% de la Cámara y, por tanto, se sitúa en posición de formar gobierno.
Pero también el electorado utilizó estrategias que han dado resultado. El gobierno polaco había determinado que todo el voto del exterior iría destinado a la capital, Varsovia. De este modo, la acumulación del voto más liberal en la capital anularía el incremento del voto a la oposición de facto. Así, muchos electores de la propia Varsovia se registraron para votar en las ciudades y pueblos del Este del país. De este modo, se compensaba el voto en Varsovia y se ganaba un mayor peso específico en el Este del país, feudo tradicional de Ley y Justicia.
Una buena parte de estos resultados se ha debido a la alta participación. Un 74,2% de los 29 millones de votantes registrados acudieron a las urnas, superando en más de 11 puntos la participación de las elecciones generales de 1989, elecciones de cambio de régimen y, por tanto, determinantes para el futuro del país. Esta enorme movilización muestra la relevancia que la ciudadanía polaca le ha otorgado a este proceso electoral, por lo que estaríamos ante unas elecciones de cambio y no de continuidad. Este récord, además, le otorga una ingente dosis de legitimidad democrática a la mayoría parlamentaria surgida de ella, ya que, a pesar de la victoria electoral de Ley y Justicia, sin embargo, no consigue una mayoría parlamentaria que le permita conformar gobierno. Es, especialmente, relevante la movilización de colectivos tradicionalmente abstencionistas como son los jóvenes y las mujeres. En esta ocasión, decidieron hacer oír su voz en un momento en el que la fuerza en el gobierno pretendió movilizar a su campo electoral sobre la base de la convocatoria simultánea de un referéndum sobre inmigración, referéndum que fue boicoteado por buena parte de la población no llegando a alcanzar el umbral mínimo de participación del 50% para validar su resultado. Una vez más en Polonia, como también en España o Argentina, el voto femenino ha conseguido frenar a las opciones políticas más radicales.
Y, ¿ahora qué? Durante los últimos ocho años el partido Ley y Justicia se ha convertido, junto con el FIDESZ en Hungría, en la punta de lanza de los gobiernos que cuestionan de manera sistemática la legitimidad de la UE o la vigencia del Estado de Derecho. Durante estos años, el partido de los Kaczyński y Morawiecki, tomando como modelo a Budapest, ha ido minando de manera progresiva todos los controles y equilibrios sobre los que se sostienen las democracias liberales. Ha quebrado la división de poderes por mor de una reforma del poder judicial en 2017 donde el Poder Ejecutivo tiene capacidad de injerir y ha cuestionado uno de los principios básicos de la integración europea, la primacía del derecho de la UE sobre el nacional. Tampoco los medios de comunicación han escapado a su control, de este modo la televisión estatal se ha convertido en una suerte de órgano de propaganda de Ley y Justicia. En el plano de los valores, los colectivos más afectados por el catolicismo más ultramontano han sido las mujeres y el colectivo LGTBQ+. Los postulados provida y antiaborto han sido legalizados a través de un decreto presidencial validado por el Poder Judicial reformado, lo que pone en riesgo las vidas de muchas mujeres polacas, y varias ciudades se han autodenominado zonas libres de personas LGTBQ+. Y, por fin, de esta ola reaccionaria y represiva tampoco se han librado las personas migrantes procedentes de países africanos y asiáticos que son consideradas como personas non gratas en la sociedad polaca.
De todo ello, se desprende una concepción orgánica y esencialista de la nación polaca, una concepción que tiene sus orígenes en el propio concepto de nación polaca construida sobre el imaginario de la resistencia contra el nazismo y contra el estalinismo, pero también sobre el integrismo católico representado por el Papa Wojtyła y que aboga por la homogeneidad religiosa del país. Esta concepción nacional no es, en absoluto, un posicionamiento exclusivo de Ley y Justicia, sino que es compartido por buena parte del resto de partidos políticos y de la sociedad polaca en su conjunto.
¿Qué fue lo que hizo perder a Ley y Justicia las elecciones?
Sin embargo, y a la luz de los resultados, lo primero que se detecta es un sutil cambio en las tendencias sociales. En función de los datos de los que se disponen, por ejemplo, se observa una progresiva tendencia a la secularización de la sociedad. Según los datos del Pew Research Center de 2018, Polonia era el país que secularizaba más rápidamente, mostrando, además una disparidad creciente entre los jóvenes y los mayores. La influencia de la Iglesia se mostraba cada vez menor y, si bien, la mayoría de los polacos se consideraba católico, según el censo de 2021 (71,3%), esa cifra distaba mucho de la de 2011, 87,6%. Según las estadísticas de la propia Iglesia Católica polaca, el número de fieles que asisten a misa también ha caído siendo sólo del 28% (2023). Del mismo modo, según las encuestas realizadas por CBOs en 2021, también la sociedad polaca se ha vuelto más liberal en lo social y es más crítica en relación con la Iglesia. El apoyo al acceso legal al aborto llegó al 41% lo que suponía un incremento del 12% puntos desde 2019 y su cifra más alta desde 1999, al mismo tiempo que el 29% estaría a favor de la prohibición legal del aborto, 10 puntos por debajo que en 2019. También se han notado cambios en relación con las posiciones de la opinión pública polaca en relación con la legalización de las parejas del mismo sexo prohibidas en Polonia, pero cuentan con un 36% de apoyo, seis puntos más que en 2019 y diez desde 2015.
Todas estas tendencias observadas durante los años previos a estas elecciones parlamentarias podrían dejar ver que se aproximaba algún tipo de cambio en los resultados electorales que podría hacer tambalear el dominio de Ley y Justicia. A todo ello, además, habría que sumar varios episodios que han dañado, en términos de opinión pública, la propia campaña del partido del gobierno y su coherencia, tales como la venta de pasaportes polacos a personas procedentes del Sureste Asiático como vía de entrada a la UE, o la forma en la que durante los últimos meses se ha tratado en Polonia a los refugiados ucranianos.
Y a todo lo anterior, los profundos cambios en la sociedad polaca desde 2015 y los errores de calado del gobierno, hay que añadir la burda campaña electoral realizada por el partido del gobierno. La acusación sistemática a sus oponentes de ser enemigos del pueblo, de la necesidad de una Polonia grande rica en sus tradiciones, hostil a los migrantes del sur y a los homosexuales como elementos que pervertían el cuerpo nacional o la venta de su posición en relación con la UE como ganadora fueron sus principales ejes de campaña. Con ello, Ley y Justicia, pretendía alcanzar un tercer mandato consecutivo que consolidara su deriva iliberal autoritaria con el objetivo de convertir a Polonia en un Estado unipartidista regido por las normas de la más rancia Iglesia católica. Y todo ello sostenido sobre el enfrentamiento con la Unión que había retenido 36.000 millones de euros de los fondos de recuperación en función del mecanismo de Estado de Derecho.
Ninguno de estos argumentos ha conseguido darle la mayoría parlamentaria a Ley y Justicia en esta ocasión.
¿Gobierno de Tusk?
Con los resultados sobre la mesa, parecería que no habría necesidad de demorar el mandato para la conformación de gobierno en Polonia. Tradicionalmente, la persona encargada de formar gobierno es aquella que tiene la mayor representación en la Cámara. En las elecciones del 15 de octubre, sin embargo, Ley y Justicia perdió su mayoría parlamentaria y además no cuenta con ningún otro apoyo dentro de la misma que le permita alcanzarlo.
Con todo, es el presidente de la República el que debe tomar la decisión de a quién nombrar para intentar conformar gobierno. La Constitución polaca ofrece 30 días al presidente desde el día de las elecciones para convocar al Parlamento y otros 14 para nombrar al nuevo primer ministro. Los principales grupos de la oposición Coalición Cívica, Tercera Vía y Lewica declararon su voluntad para formar gobierno liderado por Donald Tusk. Pero, sin embargo, como todos se temían, el presidente Duda, afín a Ley y Justicia, está haciendo todo lo que está en su mano para retrasar la configuración de este gobierno. De este modo, Duda ha convocado la primera sesión del nuevo Parlamento para el 13 de noviembre, casi un mes más tarde, y que, posteriormente, anunciaría el nombramiento del primer ministro, explicitando en todo caso, que hay dos candidatos para el puesto Mateusz Morawiecki y Donald Tusk y que el que tiene el grupo más numeroso en la cámara es Ley y Justicia.
Todo este tipo de estrategias podrían estar motivadas bien por una maniobra de Ley y Justicia que estaría intentando convencer a algunos diputados para conseguir su apoyo en la votación o bien para que el partido del actual gobierno tuviera tiempo para destruir pruebas que pudieran incriminarle en materia de corrupción y otras cuestiones potencialmente judicializables.
En todo caso, no parece demasiado plausible que Tusk no llegue a ser primer ministro, si bien las cosas no serán sencillas en absoluto. En primer lugar, parece que todavía habrá que esperar semanas o meses para poder conformar gobierno. Pero, además, la posterior gestión de las relaciones con Bruselas, especialmente lo relativo a la descongelación de los fondos de recuperación tampoco será inmediato, ya que previamente el gobierno deberá acometer las reformas necesarias para deshacer las distintas reformas de Ley y Justicia, pero en especial la que afecta al Poder Judicial.
Todo ello tendrá que realizarse en el seno de una coalición política en la que la negociación no será fácil puesto que el único pegamento que une a Coalición Cívica, Tercera Vía y a Lewica es la aversión por Ley y Justicia. Y esto no necesariamente es suficiente.
