El grave ataque llevado a cabo por Hamás a principios de octubre en territorio israelí, y la respuesta en curso del gobierno de Benjamin Netanyahu, castigando masivamente a la población civil de Gaza mientras intenta destruir a Hamás, vuelven a plantear qué papel debería desempeñar la Unión Europea (y querrían sus Estados miembros).
Poco después del atentado terrorista de Hamás del 7 de octubre pasado, diversos altos cargos de la Unión Europea (UE), incluyendo a la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen, del Consejo Charles Michel, y el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell, manifestaron diferentes posiciones, mostrando las desavenencias no sólo entre ellos sino entre los Estados miembros hacia el conflicto palestino-israelí.
El consenso en la UE gira en torno a apoyar la denominada “solución de los dos Estados”. O sea, que junto al de Israel, declarado en 1948, los palestinos cuenten con el suyo en los territorios de Cisjordania (también conocido como West Bank y que incluyen Jerusalén Este) y Gaza, y que cese la ocupación israelí. Cómo alcanzar ese objetivo y de qué manera posicionarse tanto hacia el bloqueo sistemático de Israel a negociar y sus violaciones del Derecho Internacional, como hacia la debilidad y divisiones entre los palestinos queda, en general, oscurecido por ese consenso cada vez más vacío de contenido.
La escalada violenta actual muestra las divergencias entre las diplomacias de países del Este europeo y Alemania, por un lado, y España, Portugal e Irlanda, por otro. Mientras que los primeros están en favor de “pausas” en la ofensiva de Israel en Gaza con el fin de que pueda entrar ayuda humanitaria, los segundos piden una “pausa”. Para los primeros, esto equivale a un alto el fuego que le restaría posibilidades a Israel de defenderse a sí misma, posición que comparten Estados Unidos y Reino Unido.
El 22 de octubre Natalie Tocci, directora del Istituto Affari Internazionale (Roma) y ex asesora de los Altos Representantes Federica Mogherini y Josep Borrell escribió en X (antiguo Twitter): “No creo que “Israel tiene derecho a defenderse de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario (DIH)" (como ha dicho Ursula von der Leyden) signifique lo mismo que “Israel debe dejar de violar el DIH mientras se defiende contra Hamás".” Añadiendo: “¿Por qué es tan difícil mencionar también el imperativo de que Israel respete el Derecho Internacional Humanitario? ¿Por qué es tan difícil ver que no hacerlo socava gravemente la credibilidad europea, empezando por nuestro apoyo a Ucrania?”.
Europa en segunda línea
Para Europa el conflicto palestino-israelí es importante por razones históricas, por las comunidades judías y musulmanas que viven en este continente, la cercanía geográfica y las relaciones comerciales. Bruselas ha apoyado diplomática y económicamente la “solución de los dos Estados”. Mientras tanto Israel ha avanzado sin cesar en la ocupación de Cisjordania, Gaza y el Este de Jerusalén, violando una serie de Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, con asentamientos, carreteras, infraestructura y una intrincada arquitectura de control social y represivo. Europa, sin embargo, nunca ha querido tener el liderazgo o coliderazgo de las negociaciones sobre “los dos Estados”, o para actuar con voz propia en momentos de crisis, como el actual, aceptando que Washington teóricamente cumpla ese papel.
El Parlamento Europeo ha sido en diversas ocasiones crítico con Israel por sus políticas hacia los palestinos, e inclusive ha retrasado la finalización de acuerdos comerciales entre Europa y ese país como forma de protesta. Sin embargo, como explicó la fallecida investigadora Rosemary Hollis “en la práctica los europeos han procedido generalmente desde la perspectiva de que sólo EE UU tiene el peso necesario para lograr que las partes en conflicto alcancen un acuerdo”.
En 1980, la Comunidad Europea (CE) apoyó el derecho de autodeterminación de los palestinos en su Declaración de Venecia. En 1991, Europa participó como observadora en la Conferencia de Paz de Madrid y con posterioridad coordinó el grupo de trabajo sobre desarrollo regional que nació de ese evento.
El denominado proceso de Oslo que se inició en 1993, y en el que colaboraron de diversas formas Suecia y Noruega, dio lugar a una serie de acuerdos entre las partes en conflicto. La UE decidió financiar a la Autoridad Palestina (AP) creada en ese marco, pero EE UU mantuvo el control de las negociaciones, cada vez más complejas a medida que los acuerdos no daban lugar a la creación de un Estado palestino e Israel aceleraba la colonización de Cisjordania. Desde 2002, la UE apoyó formalmente la solución de los dos Estados, indicando que se debería llegar a ella mediante una negociación entre las partes. En 2003, la Unión pasó a formar parte del Cuarteto (con EE UU, la ONU y Rusia) cuyo fin era diseñar una “hoja de ruta” para el conflicto. Su mandato actual, tan limitado como sus actividades, es promover el desarrollo económico e institucional de los palestinos.
La crisis electoral con Hamás
En 2005, Israel retiró a los colonos y sus fuerzas militares de Gaza, pero impuso un bloqueo por tierra, mar y aire a ese territorio y a sus ahora casi 2 millones de habitantes palestinos. En 2006, Bruselas se hizo cargo de la organización de las elecciones legislativas palestinas. Hamás, que había sido incluido en la lista de organizaciones terroristas de la UE, triunfó. Observadores internacionales como el ex presidente de EE UU Jimmy Carter testimoniaron que las elecciones habían sido limpias y sin fraude.
EE UU y Europa le exigieron que reconociera a Israel y renunciara a la violencia. Hamás no aceptó y tomó el control de la Franja de Gaza después de un enfrentamiento armado con Fatah, a la que expulsó de ese territorio y, con ella, a la Autoridad Palestina. Desde entonces, Hamás es la autoridad de facto de la Franja. A continuación, Bruselas y Washington retiraron los apoyos económicos para Gaza, y legitimaron (y apoyaron económicamente) a la organización palestina Fatah para que gobernara Cisjordania a través de la Autoridad Palestina. Por su parte, Israel cortó los fondos de ayuda internacional que debían llegar a Gaza y retuvo los impuestos que habitualmente controla para los palestinos.
Entre tanto, Israel se enfrentó en una breve guerra con la organización político-militar Hezbolá en Líbano en 2006, y llevó a cabo varias operaciones militares y bloqueos a Gaza, que la UE denunció como “castigo colectivo”. En 2009, el Consejo de Ministros de la Unión se expresó oficialmente en contra de la “ocupación ilegal” de Israel. Esto coincidió con la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior de la UE, y el nombramiento de Catherine Ashton como primera Alta Representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. “Pero, explica Hollis, Europa falló en encontrar las vías efectivas para hacer que Israel rindiese cuentas por la continuada expansión de los asentamientos o aliviar el bloqueo a Gaza”. En 2012, la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y la Autoridad Palestina intentaron que la ONU reconociese al Estado palestino, pero solamente logró que fuese admitido como miembro observador. Varios países, entre ellos España, y el Parlamento Europeo, votaron en favor de su reconocimiento, pero manteniendo la posición de que esta decisión quedaba pendiente de que se alcanzaran negociaciones con Israel y de una posición europea común. Actualmente, 139 de los 193 miembros de la ONU reconocen el Estado de Palestina. La mayoría en Latinoamérica, África y Asia, y contadas excepciones europeas, como Suecia que lo reconoció en 2014. El pasado 11 de octubre, en respuesta al atentado de Hamás, el gobierno sueco de derechas ordenó a su agencia de cooperación suspender toda ayuda a Palestina, excepto la humanitaria y someterla a una revisión.
¿Una causa perdida?
La Primavera árabe en diversos países de la región y el fracaso de los intentos de negociación de la Administración de Barack Obama ayudaron a que diversos políticos, diplomáticos y comentaristas promovieran la idea de que la cuestión palestina había dejado de ser una prioridad. En 2021, el Alto Representante Borrell declaró “(E)s posible que algunos en Israel hayan tenido la sensación de que la cuestión palestina se había resuelto y que el statu quo podía continuar indefinidamente. Y ciertamente algunos argumentaron que el conflicto árabe-israelí estaba llegando a su fin. Pero esto no ha hecho nada por el conflicto palestino-israelí, que sigue siendo el núcleo del problema”.
Pero esa “sensación” no ocurría sólo en Israel. Como EE UU aparcó la diplomacia hacia la cuestión palestina en sus prioridades políticas en la región, Europa le siguió, aunque los signos de que volvería a haber estallidos no cesaron de aumentar. Por una parte, más asentamientos israelíes, más violencia contra los palestinos y el regreso de los atentados palestinos contra ciudadanos de Israel. Por otra, mayor deslegitimación de la Autoridad Palestina, nacimiento de nuevos grupos de resistencia en Cisjordania que rechazan el liderazgo de Fatah y crecientes enfrentamientos y provocaciones por parte de Israel, en torno a sitios sagrados para musulmanes, judíos y cristianos.
A partir de 2017, la Administración de Donald Trump intentó que la cuestión palestina quedará archivada en la historia. La Casa Blanca trasladó la Embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, en contra del consenso diplomático internacional y de las Resoluciones de la ONU. También en contra de Resoluciones, reconoció que el territorio de los Altos del Golán en Siria, ocupado por Israel en 1967 y 1973, le pertenece a éste, y redujo drásticamente los fondos para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA).
En 2020 EE UU presentó su “plan del siglo”: conceder a los palestinos de Cisjordania algunos beneficios económicos a cambio de la renuncia definitiva a contar con un Estado independiente. El primer ministro Benjamin Netanyahu lo celebró como un paso decisivo en la historia de Israel. Paralelamente, Washington promovió la firma de los Acuerdos de Abraham, una serie de tratados para normalizar las relaciones diplomáticas entre Israel, los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahréin, Sudán y Marruecos.
Estos países se unieron a Egipto y Jordania para firmar la paz con Israel. Los dos planes fueron pactados entre el equipo de Trump liderado por su yerno Jared Kuchner y el príncipe saudí Mohamed Bin Salam. Ambos coinciden en remodelar Oriente Medio a la medida de Israel, Arabia Saudí y la visión evangélica estadounidense. El príncipe saudí había declarado en 2018 en Nueva York ante un grupo de líderes judíos estadounidenses que “los palestinos deben aceptar hacer la paz con Israel o callarse la boca”.
Los Acuerdos de Abraham son el marco regional, liderado por Israel y Arabia Saudí para sellar la ocupación israelí de Palestina. Los firmantes abandonaron la Iniciativa de Paz Árabe que en 2002 y los parámetros de Bill Clinton de 2000 que planteaban a Israel una progresiva normalización diplomática a cambio de la paz con los palestinos. Ahora, en cambio, se estableció la cooperación económica y de seguridad con Israel a cambio de prebendas como, más armas de EE UU para los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y el reconocimiento de Washington de la anexión del Sáhara Occidental por parte de Marruecos. Frente a esta operación de Washington y sus aliados en la región, que Biden ha elogiado, Europa se ha mantenido cautelosa, pero en una serie de países, entre otros la República Checa y el grupo de eurodiputados en torno a la European Coalition for Israel comenzaron este año a presionar para que la UE se adhiera a los Acuerdos de Abraham.
La realidad de un solo Estado (judío)
Además del bloqueo sistemático de las negociaciones por parte de Israel, la debilidad de la Autoridad Palestina y las divisiones internas entre los palestinos, desarrollar un Estado independiente en Cisjordania se ha vuelto inviable, y menos aún en Gaza, territorio al que la ONU sigue considerando como “territorio ocupado” por Israel. Décadas de ocupación, el inmenso desarrollo de los asentamientos que fragmentan el territorio, el control policial, judicial y militar represivo de la población local por parte de Israel y la destrucción e impedimento para que Cisjordania y Gaza puedan ser económicamente autónomos hacen inviable el objetivo de convertirse en Estado.
Pero además de la fragmentación de Cisjordania y el bloqueo a Gaza, “la estructura represiva de la ocupación”, nos dice un funcionario de la UE que prefiere hablar anónimamente, “opera también dividiendo a los palestinos en grupos cada vez más pequeños: los palestinos de Cisjordania, los de Jerusalén Oriental, los de Gaza, los árabes israelíes y los del exilio. Así, es más difícil que se conviertan en una sola fuerza de resistencia que se base en los derechos comunes de los palestinos dentro de un solo Estado. Con la solución de los dos Estados destruida, esta recomposición entre los sectores parece ser el único camino viable para seguir”.
Un reciente trabajo de Michael Barnett, Nathan Brown, Marc Lynch, y Shibley Telhami, expertos estadounidenses sobre Oriente Medio, en Foreign Affairs, explica que los miembros ultraderechistas del actual gobierno de Netanyahu “no han tenido reparos en exponer sus puntos de vista sobre lo que es Israel y lo que debería ser en todos los territorios que controla: un Gran Israel definido no sólo como un Estado judío sino uno en el que la ley consagre la supremacía judía sobre todos los palestinos que permanecen allí. Como resultado, ya no es posible evitar la realidad de un solo Estado. El nuevo gobierno radical de Israel no creó esta realidad, sino que hizo imposible negarla. El estatus temporal de “ocupación” de los territorios palestinos es ahora una condición permanente en la que un Estado gobernado por un grupo de personas gobierna sobre otro grupo de personas”.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch se refieren también a Israel como un Estado de Apartheid. “La solución de dos Estados es inviable y lo ha sido durante muchos años”, nos dice el funcionario de la UE. “Así como Gaza ya no puede volver al status quo anterior, no veo cómo los parámetros de las negociaciones de paz podrían volver a años atrás”.
Europa y EE UU sin política
Esta situación debería obligar a Estados Unidos y a la UE a replantearse el objetivo de los dos Estados que han mantenido durante décadas. La guerra actual muestra que Washington y Bruselas no tienen política más allá de la contradicción de darle vía libre al gobierno israelí para arrasar Gaza en nombre del derecho a la legítima defensa y suplicarle, al mismo tiempo, que respete el Derecho Internacional Humanitario. Tampoco Israel tiene un plan para después de la ofensiva sobre Gaza.
Los expertos consultados para este artículo coinciden en que EE UU y la UE mantienen la retórica de “los dos Estados” pero que, en realidad, nadie cree en ella. Nathalie Tocci, dice que “trágicamente, no habrá una solución de dos Estados digna de ese nombre. Sin embargo, no reabrimos esa conversación en Europa porque si lo hiciéramos la conclusión sería devastadora (y terminaríamos aceptando que Israel sea un Estado judío a costa de la democracia). Entonces lo que hacemos es meter la cabeza bajo tierra y esquivar la pregunta (al menos así lo hemos hecho hasta este último estallido de violencia)”.
“El apoyo de la UE a un acuerdo de dos Estados ha pasado de ser un objetivo político a un eslogan vacío utilizado para justificar la inercia”, explica el codirector de Jadaliya Mouin Rabbani. “La verdadera pregunta para la UE es si adoptará o no medidas significativas para oponerse a las políticas israelíes sobre el terreno que están diseñadas para hacer impracticable cualquier solución que no sea la anexión. A menos que la UE haga esto, cualquier opción política que adopte carecerá totalmente de sentido”. Sin embargo, no ve cómo “la UE puede avanzar hacia ahí, dado que tal cambio de política requeriría, por ejemplo, que Hungría y Alemania se adhiriesen. Tal vez lo mejor que podemos esperar en este momento es impulsar un proceso mediado por la UE y la comunidad internacional que sea más abierto y tenga como objetivo dar un horizonte político a los palestinos”.
Una política diferente
Ante la evidencia que la solución de los dos Estados no es posible, la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos y Europa, deberían exigir a Israel lo mismo que a otros países que no cumplen con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre ocupaciones ilegales de territorio, desplazamientos de población y violencia contra civiles. “Cuando Israel viola las leyes internacionales y las normas liberales [dicen Barnett y sus coautores], EE UU debería denunciar a Israel por esas violaciones como lo haría con cualquier otro Estado. Washington debe dejar de proteger a Israel en organizaciones internacionales cuando enfrenta acusaciones válidas de transgresiones contra el Derecho Internacional. Y debe abstenerse de vetar las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que pretenden responsabilizar a Israel, dejar de resistirse a los esfuerzos palestinos por buscar reparación en los tribunales internacionales y movilizar a otros países para exigir el fin del asedio de Gaza, otra medida supuestamente temporal que se ha convertido en una realidad cruel e institucionalizada”. Estas recomendaciones valen también para Europa. En abril de 2023, con motivo de la escalada violenta entre fuerzas israelíes y manifestantes palestinos en el sitio sagrado para los musulmanes de la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén, el instituto Carnegie indicó que “(L)a UE necesita repensar su enfoque hacia Israel y el territorio palestino (…). Israel y la Autoridad Palestina han estado avanzando en direcciones antiliberales durante años, pero la UE nunca ha ajustado su política”.
Qué debería exigir la comunidad internacional
Un estudio de la jurista palestina Hiba Husseini y Omar M. Dajani, profesor de Derecho en la University of the Pacific’s McGeorge School of Law (EE UU ), indicó en 2014 que la comunidad internacional tendría que:
“1. Aclarar y prestar una atención más explícita a los aspectos legales y obligaciones de Israel y terceros Estados como marco para la gestión y resolución de conflictos, incluso mediante:
−− solicitar una opinión consultiva de la CIJ sobre las consecuencias legales de la prolongada ocupación de Israel;
−− realizar evaluaciones de impacto legal para confirmar que las políticas y prácticas de los donantes sean consistentes con sus obligaciones bajo el derecho internacional;
−− distinguir claramente entre las obligaciones legales de Israel, por un lado, y las medidas voluntarias que se han recomendado para promover la paz o el desarrollo, en el otro; y
−− presionar a Israel para que (…) aclare su comprensión del estatus legal de los Territorios Ocupados de Palestina y para reconocer explícitamente el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación;
2. Revisar las políticas que ayudan a perpetuar la ocupación y establecer incentivos tangibles para ponerle fin, incluso a través de:
−− presionar a Israel para que contribuya financieramente a los gastos de funcionamiento de la Autoridad Palestina acordes con sus obligaciones como potencia ocupante;
−− desarrollar mecanismos coordinados para el seguimiento –y responsabilizar a Israel por los actos ilícitos, destrucción y confiscación de bienes financiados por donantes activos, así como los costos incurridos como resultado de procedimientos de autorización de seguridad onerosos y arbitrarios;
−− garantizar que las entidades israelíes que operan en los Territorios Ocupados de Palestina no se beneficien de los privilegios de que disfrutan.
— promover la responsabilidad individual por violaciones de derechos de la población palestina.
3. Reorientar la asistencia internacional hacia la reconstrucción de la legitimidad de las instituciones palestinas ampliando su capacidad para servir y representar a los palestinos en todo el territorio ocupado y en la diáspora, y evaluar cómo los mecanismos e instituciones de coordinación existentes pueden ser reconfigurados para aumentar su capacidad de influir la política israelí;
4. Promover el consenso internacional en apoyo de la solución de dos Estados alentando a Estados Unidos a apoyar una Resolución del Consejo de Seguridad que pida a Israel que ponga fin a su ocupación del territorio palestino y la definición de parámetros para un acuerdo de paz negociado de acuerdo con los principios articulados por la ONU Asamblea General y la Iniciativa Árabe para la Paz (IAP, de 2013); y
5. Comprometerse a reimaginar la solución de dos Estados de maneras que lo hacen más receptivo a los problemas históricos de ambas partes, y al sentimiento religioso de toda Tierra Santa”.
Ante la resistencia de Israel a cumplir resoluciones de la ONU, la UE podría condicionar acuerdos comerciales, tecnológicos, políticos y culturales a que ese país cumpliese con estas obligaciones. Tendría, así mismo, que promover un concepto universal de ciudadanía para todos los habitantes de su Estado, igualdad y respeto de los derechos humanos de israelíes, palestinos y otras comunidades de identidad que viven en su territorio. Pese a que Israel no haya anexionado formalmente Cisjordania y se haya retirado de Gaza, funciona como potencia ocupante de facto. Por lo tanto, tiene obligaciones que no debe delegar en las Naciones Unidas ni en EE UU o en la UE. Igualmente, debería redoblar el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil israelí que en la actualidad se encuentran bajo un creciente ataque del propio gobierno israelí.
“Valdría la pena impulsar los condicionamientos, dice el funcionario de la UE entrevistado, incluso si fuera imposible”. Cuando en 2002 ocurrió la crisis del campo de refugiados de Jenin (Cisjordania), el Parlamento Europeo pidió la suspensión del Acuerdo de Asociación. El entonces Comisario Chris Patten utilizó la presión del Parlamento para persuadir a los Estados miembros de que aceptaran la celebración de un Consejo de Asociación de Emergencia con Israel que permitió ejercer cierta presión. “Pero el equilibrio del Consejo era diferente entonces, recuerda, en relación con Palestina/Israel. O sea, era antes de la ampliación, no había un presidente Orban (de Hungría) ni otros gobiernos del estilo”.
La UE es el principal socio comercial de Israel, no EE UU, y tiene los instrumentos para utilizarlos como palanca. De hecho, subraya Rabbani, “el acuerdo de asociación de la UE con Israel contiene cláusulas explícitas que le exigen utilizar esta influencia en respuesta a violaciones de derechos humanos. Pero es letra muerta porque Bruselas ha tomado colectivamente la decisión política de darle un cheque en blanco a Israel. En otras palabras, el problema no es la Hungría de Orban sino la propia UE. Los Estados miembros tienen un margen significativo para ejercer presión sobre Israel en un contexto bilateral, por ejemplo, sobre la compra/venta de armas y otros medios. Pero no han mostrado ninguna inclinación a hacerlo y sospecho que ven esta crisis como una oportunidad para mejorar el comercio con Israel en lugar de ejercer presión sobre él”.
El mito de la mediación de EE UU
Un papel diferente de Europa no será posible, además, mientras europeos y palestinos sigan creyendo en el mito de que sólo EE UU puede influir sobre las partes, y especialmente sobre Israel. Tres evidencias desmienten esta supuesta verdad. La primera es que Washington ha actuado desde 1960 hacia Israel como un garante diplomático incondicional, un proveedor masivo de armas y un aliado en Oriente Medio. Estas acciones derivan tanto de los intereses de EE UU en la región, como de las conexiones económicas y políticas entre sectores económicos y sociales de este país e Israel (desde la industria militar hasta la afinidad entre la extrema derecha israelí y los evangélicos estadounidenses). El conflicto israelí-palestino es, en realidad, una cuestión de política doméstica en EE UU.
Segunda, en ningún conflicto armado, y menos en uno de esta envergadura y complejidad, el principal valedor de una de las partes no puede ser, a la vez, el mediador clave. EE UU veta automáticamente toda resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU que afecte a Israel, presiona a los aliados europeos y regionales para que no adopten políticas contrarias a ese país. Y en momentos de crisis, en el pasado y actualmente, se alinea con el gobierno de Israel, aunque este practique políticas que Washington condena si son llevadas a cabo por otros países.
Tercera, durante décadas se ha considerado que precisamente debido al apoyo incondicional que EE UU provee a Israel, los gobiernos de este país serían receptivos a la influencia de Washington. De ahí que, llegado el momento, si la Casa Blanca y el Departamento de Estado indicaran a Israel que debe negociar y aceptar la existencia de un Estado palestino, este cedería. La realidad es totalmente diferente. La élite política y militar israelí considera que tiene el suficiente poder político, económico y militar como para desafiar a EE UU. Así lo hizo agresivamente Netanyahu durante la presidencia de Barack Obama, cuando los intentos de los enviados especiales George Mitchell y el secretario de Estado John Kerry fueron boicoteados. Además, en amplios círculos de Israel se considera a Obama como un traidor por haber alcanzado un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.
Mientras Obama intentaba mediar, el gobierno israelí aceleró su política de asentamientos en los Territorios Ocupados y la desposesión de palestinos mientras que la ayuda militar y económica estadounidense no se cortó. En 2017, Kerry dijo públicamente que “el status quo (en los Territorios Ocupados) se inclina hacia un Estado y una ocupación perpetua”, y Estados Unidos “no puede ser fiel a nuestros propios valores” y permitir que eso suceda. Pocos días después asumió la presidencia Donald Trump y revertió totalmente los intentos de Obama y Kerry.
El momento actual es muy grave, con serios peligros de escalada bélica en la región. Además de condenar a Hamás por los atentados, exigir la inmediata liberación de los secuestrados y pedir a Israel que retrasara la ofensiva terrestre y que respetara el Derecho Internacional, las políticas de la UE y EE UU pueden tener pésimas consecuencias. Al aceptar que Israel ejerza la legítima defensa contra el terrible ataque de Hamás con arrasar Gaza, desplazar a cientos de miles de personas, privarles de electricidad, agua y medicinas, y asesinar civiles, Washington y Bruselas se convierten en cómplices ante la región y, especialmente ante países del Sur. Castigar a la población civil por lo que ha hecho Hamás es un crimen.
Quizá es el momento para “aprovechar el impulso", dice el funcionario de la UE, “y proponer un salto en una dirección diferente. La Conferencia de Madrid de 1991, se produjo a raíz de la primera Intifada (levantamiento popular palestino) y en un contexto en el que Europa quería resolver el conflicto para permitir la cooperación euro-mediterránea (proceso de Barcelona)”. La propuesta del presidente Pedro Sánchez de una nueva conferencia de paz en seis meses debe partir de una revisión seria de la solución de los dos Estados, volver a lo básico de este conflicto que es el control territorial la ocupación militar y de que Europa tenga una posición propia. Creer que se puede ir hacia atrás varios años no es una opción.
“La UE debería trazar una distinción clara entre su propia política y la de Estados Unidos; aunque sólo sea para proteger su propia reputación. La crisis actual es también una oportunidad genuina para la UE. Sin embargo, teniendo en cuenta los antecedentes, es excepcionalmente improbable que actúe en defensa de sus propios intereses”, considera Rabbani.
La matanza por parte de Hamás y la respuesta de Israel arrasando Gaza pone en evidencia que ni EE UU ni los europeos, ni la élite política y militar israelí tenían, ni tienen, política hacia los palestinos. Al uso de la fuerza no le sigue ninguna idea de medio y largo plazo sobre cómo se va a gestionar Gaza, el futuro de la población civil desplazada, qué ocurre si el conflicto se expande regionalmente y qué pasará con las presentes y futuras generaciones de jóvenes palestinos sin futuro. Mientras Europa discute si aceptar una “pausa” o “pausas” en los bombardeos, Oriente Medio arde a sus puertas.
